“Una llave de oro abre todas las cerraduras”: Christoph Wieland.
• Explotación minera
• Riqueza creada con abusos y violaciones
• Corrupción y muerte en nuestro subsuelo
• Exige la ONU adecuaciones y revisiones
• Fallido contra ataque de Andrés Granier
Mayo 24, 2013.- Las políticas de libre mercado, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio firmado en 1994; las concesiones del subsuelo, sustentados en la Ley Minera y la Ley Federal de Derechos; la falta de pago de regalías y el secreto fiscal; la reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992 que permitió que las tierras comunales y ejidos se convirtieran en propiedad privada, explican que un grupo de seis mineras canadienses controlen el 70 por ciento de la explotación del oro en México y posean en territorio nacional reservas de ese metal con un valor total de 83 mil millones de dólares, y que a pesar de los abusos que cometen con comunidades cercanas a los lugares de explotación salgan avantes en conflictos generados por su forma de operar, que se resume en bajos costos de operación, reducidos impuestos y cuotas ambientales, que les significan poca inversión y mucha ganancia.
En contraste, los mineros mexicanos son de los peores pagados del mundo. En nuestro país, un minero gana entre 2 y 3 dólares la hora; es decir, 24 dólares al día, mientras que en Canadá por la misma labor un trabajador recibe más de 20 y hasta 30 dólares la hora, esto es, 10 veces más. Además, los mineros mexicanos soportan una absoluta falta de respeto a sus derechos laborales y violación sistemática de los contratos colectivos de trabajo, y no cuentan con los mínimos de seguridad, sin que ninguna autoridad actúe. En México, los mineros resienten el “autismo” de las autoridades y el abuso sistemático de las empresas que obtienen una rentabilidad que es de las más altas del ámbito mundial.
A lo anterior hay que agregar que en territorio nacional, las mineras trasnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derechos, tan sólo cinco pesos anuales por hectárea explotada; cada año piden a la Secretaría de Hacienda crédito fiscal; tienen concesiones por 50 años renovables; pagan los salarios más bajos de Latinoamérica; han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades, y han provocado en ellas afectaciones sociales. A pesar de todo, los gobiernos federales han permitido que queden impunes los abusos, violaciones y sobreexplotación de recursos y trabajadores , que “se han convertido en un serio factor de inestabilidad política generalizada en el país”, como se ha denunciado incluso en el Senado de la República, en donde se ha exigido que las empresas mineras paguen derechos, como en todo el mundo; que no se dejen espacios en la legislación que les permitan evadir impuestos; que se les apliquen sanciones cuando no cumplan con los ordenamientos de impacto ambiental, y que se revisen todas las concesiones otorgadas y se les obligue a no violar derechos humanos y laborales.
Sin embargo, poco se ha avanzado en ese sentido y en tal vez en ningún lugar del mundo las compañías mineras se sientan tan a gusto como en México. Dentro del paquete de reformas estructurales que se han impulsado a través de las cúpulas partidistas que conforman el Pacto por México, no se tiene proyectada ninguna reforma legislativa que toque a las actuales dueñas del subsuelo mexicano ni siquiera con el pétalo de un gravamen o una sanción.
En México es común que pese a sus grandes ganancias, las empresas extractivas nacionales y trasnacionales fallen en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales. La mayoría de los conflictos se dan en la franja que ocupan las empresas canadienses, debido al modelo de explotación intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que producen pasivos ambientales.
Mejor del exterior se han generado recomendaciones al gobierno mexicano para mejorar la situación de los auténticos dueños de la superficie nacional. Un “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”, presentado ayer en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflictos sociales, que han ido incrementándose y escalando en intensidad en las últimas administraciones federales, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados por la actividad de las mineras, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas.
Dicho análisis recomendó aprobar una Ley Federal de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de armonizar la Constitución –de forma particular en los artículos 2, 26, 27 y 115- y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. La ONU pidió a este gobierno revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así como reforma la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos para que sean acordes a los derechos indígenas.
La ONU pidió al gobierno de Peña Nieto que las autoridades federales asuman su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Le solicitó también “detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.
La pelota mineral está en la cancha de la administración de Peña Nieto que tiene mucho que trabajar en la materia para demostrar que es merecedora de la confianza del electorado del país.
GRANIER TENDRÁ QUE EXPLICAR
El procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, anunció que el ex gobernador Andrés Granier será llamado a declarar como indiciado en el marco de la investigación del origen de los más de 88 millones de pesos decomisados a su ex secretario de Finanzas. También tendrán que declarar ante las autoridades judiciales tabasqueñas el propio ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz, y el subsecretario de Egresos.
Mientras, agentes ministeriales de la Procuraduría de Tabasco catearon por segunda ocasión el despacho del ex secretario de Finanzas del ex gobernador Andrés Granier en Villahermosa. El asunto volvió a captar la atención de los medios de comunicación porque la secretaria del ex tesorero, Marlees Cupil López, denunció que fue secuestrada y golpeada para forzarla a firmar una declaración en la que supuestamente proporciona el domicilio en el que fueron encontrados 88 millones 560 mil pesos en efectivos, ligados al quebranto de más de mil 900 millones de pesos que dejó la administración de Granier Melo.
La mujer se encuentra escondida en el Distrito Federal, donde permanece hospitalizad. Dice temer por su vida y sus abogados anunciaron que demandarán al actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Los dichos de Cupil López y de su abogado Xavier Olea Peláez, tendrán que ser demostrados ante las autoridades judiciales de la entidad. Ya el procurador tabasqueño, Fernando Valenzuela, refutó la afirmación de ambos en el sentido de que los millones de pesos en efectivo decomisados hayan sido sembrados por las propias autoridades.
Poco creíble es esa afirmación dados los antecedentes del actual mandatario tabasqueño que cuenta con una basta experiencia en materia política y electoral y en la conciliación de fuerzas políticas, pero se le desconocen historiales de torturador o violador de derechos humanos, como no sucede con otros destacados políticos de la actual administración federal y de anteriores que cobraron fama con asuntos como los de las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, los enfrentamientos en San Salvador Atenco, o las persecuciones, asesinatos y desapariciones de líderes sociales en Guerrero y Oaxaca, por sólo mencionar algunos.
El resultado de la investigación y juicio a Granier Melo y sus colaboradores será de importancia capital para un estado gobernado por un político probo como lo es Arturo Núñez Jiménez, que en más de una ocasión ha manifestado su deseo de convertir de nuevo a Tabasco en un edén, es decir en una entidad como era antaño, productiva en exceso y que le permitía ser uno de los primeros estados exportadores de productos agrícolas, antes de ser restringida a productora de petróleo, lo que junto con la corrupción y pillaje de los últimos gobiernos priístas lo convirtieron en una región con grandes rezagos, que ahora Núñez Jiménez intenta atender y resolver.
Papel preponderante habrá de tener en esa investigación no sólo la Procuraduría General de la República, sino sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray, quien se negó ayer a dar detalles sobre dicha colaboración toda vez que se trata de una investigación en curso.
DE LOS PASILLOS
Dado que en México tanto las autoridades federales como las del estado de Sonora fueron omisas en las investigaciones para dar con los responsables de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde fallecieron 49 bebés y más de 70 infantes registraron heridas de consideración, es factible que el FBI de los Estados Unidos investigue el caso, informaron padres de sobrevivientes a esa tragedia ocurrida el l5 de julio de 2009.
Gabriel Alvarado, representante legal de la organización “Manos Unidas por Nuestros Hijos”, explicó que entregaron el expediente del caso a un despacho jurídico norteamericano que, en su momento, lo va a someter a una Corte Federal en los Estados Unidos. Dijo que existen todos los elementos para que el FBI tome conocimiento del asunto a raíz de que dos de los niños afectados por esta situación tienen doble nacionalidad (mexicanos-norteamericanos).
Capitales golondrinos: mexicanos transfirieron en el primer trimestre de este año recursos al exterior por 20 mil 541.9 millones de dólares, la cifra más alta para un periodo similar desde 2008, de acuerdo con reportes del Banco de México. Ese periodo coincide con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que el monto de esos recursos transferidos a cuentas bancarias o para abrir negocios fuera del país multiplicó por cuatro la cantidad de inversión extranjera directa –la destinada a actividades productivas- que llegó a México en el mismo lapso, que fue de cuatro mil 987 millones de dólares.
El Banco de México también reportó que el ingreso por remesas familiares en el primer trimestre de 2013 fue de cuatro mil 847 millones de dólares, cifra 10 por ciento menor a la registrada en igual periodo de 2012. Dichos ingresos se originaron en 16.5 millones de transferencias, con un valor promedio por remesas de 294 dólares… Mientras tanto, en México la desocupación sigue incrementándose: el INEGI reportó que en abril de 2013, la tasa de desempleo fue de 5.04 por ciento de la Población Económicamente Activa, porcentaje superior al que se presentó en el mismo mes de 2012, cuando se ubicó en 4.86 por ciento.
Aunque la economía mexicana no se encuentra en su mejor momento, a partir del próximo 30 de junio, el 90 por ciento de los productos que intercambian los cuatro países de la Alianza del Pacífico: México, Chile, Colombia y Perú, quedará libre de aranceles y se establecerá un calendario preciso para el 10 por ciento restante. En los diversos escenarios de la cumbre de esa alianza, en Cali, Colombia, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto destacó que este acuerdo de “nueva generación” va más allá de un tratado comercial, toda vez que busca también permitir el libre tránsito de personas, compartir mercados de capital y una mesa de diálogo político.
En el exterior del hotel Misión de los Ángeles de la ciudad de Oaxaca, donde se realizaba el sexto pleno ordinario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde se definían candidatos a alcaldes, se escenificó una balacera que dejó cuatro heridos y seis detenidos. Todo parece indicar que a esos hechos antecedió la protesta de habitantes de los municipios de Santa María Huatulco y San Pedro Pochutla. La Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que los presuntos responsables fueron capturados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el acceso trasero del hotel. Los detenidos fueron identificados como los escoltas personales del secretario del Comité Directivo Estatal, Raymundo Carmona Laredo.
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