“La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”: René de Chateaubriand
• A la expectativa
• Se complica más el escenario nacional
• Tic…tac: ningún acuerdo con maestros
• Con Peña Nieto van 12,595 homicidios
• México en “fuerte bache” económico: ML
• Videgaray reconoce menor gasto público
• Empieza la defensa contra Dragón Mart
• Baja el peso y aumenta el precio del gas
Agosto 30, 2013.- Pese a que se ha tratado de buscar que las modificaciones en fecha, hora y escenario del mensaje presidencial anual disminuyan presiones y cambien perspectivas de imposición, sigue siendo complicado el poder entregar cifras de resultados concretos ya que el entorno económico, político y social en que habrá de entregarse al Congreso el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra totalmente alterado. “La economía mexicana está en la parte más profunda del bache”, reseña Merril Lynch; la moneda mexicana se ha devaluado hasta los 13.60 pesos por dólar; al igual que las actividades productivas que conforman el PIB, el empleo no crece y, por el contrario, se deprime y prevalece el trabajo informal; la inseguridad pública no se ha resuelto y en mucho rubros se ha agravado; la pobreza y la desigualdad crece y el salario de los trabajadores sigue deteriorándose; hasta el principal aliado político del mexiquense, el Partido Acción Nacional, recrimina que la actual gestión ha sido: “9 meses de promesas sin resultados”. Decepción es el sentimiento que prevalece en la población en torno la primera etapa de la presente administración federal.
La antesala de la evaluación de la administración de Peña Nieto fue la agudización del problema magisterial que al cierre de estas líneas se encaminaba a la confrontación y, por consecuencia, a la represión, así como la conmemoración del Día Internacional de Desaparecidos, un tema que el gobierno federal había logrado dejar de lado con su estrategia informativa de no destacar los hechos de violencia en el país, pero que tarde o temprano tenía que surgir porque esta gestión también ha fracasado en su intento por garantizar la seguridad pública en general y, en particular, en localizar a personas desaparecidas y sancionar a los responsables. Los propios informes oficiales confirman que en lo que va de esta gestión los secuestros y extorsiones se incrementaron, aunque destacan que disminuyeron los homicidios dolosos y el robo de vehículos.
El informe presentado por el gobierno federal en el formato acordado con las organizaciones de la sociedad civil, señala que los homicidios dolosos se duplicaron durante el sexenio pasado pues mientras en 2007 se denunciaron 10 mil 253 asesinatos, para 2012, el último del gobierno de Felipe Calderón, la cifra se incrementó a 21 mil 700. En tanto, los secuestros se duplicaron en 21 por ciento y las extorsiones 14 por ciento comparando el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y julio de 2013 –correspondiente a la gestión de Peña Nieto- con el de diciembre de 2011 y julio de 2012, el mismo periodo de la administración de Calderón Hinojosa. Según ese reporte, en los meses de inicio del actual gobierno federal, los homicidios dolosos disminuyeron 13 por ciento y el robo de vehículos con violencia 12 por ciento y sin violencia 8 por ciento, respecto del mismo periodo del gobierno anterior.
Sin embargo, el PAN que encabeza Gustavo Madero sostiene que los homicidios “dolosos” registrados en los primeros seis meses de gobierno de Peña Nieto se han incrementado en comparación con las administraciones panistas. Refiere que en los primeros seis meses con Vicente Fox se llegó a tener arriba de ocho mil homicidios dolosos; con Felipe Calderón se tuvo arriba de seis mil; y con Peña se tienen más de 10 mil. Subraya que “no hay una estrategia eficaz para disminuir los homicidios dolosos, los resultados de Peña Nieto son los peores en tres administraciones”. Sobre el particular, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que se han cometido un total de 12 mil 595 homicidios dolosos durante la administración de Peña Nieto. Abril fue el mes con mayor registro: mil 649.
Por lo que toca a los desaparecidos, las cifras oficiales son “escalofriantes”, como las calificó la organización Amnistía Internacional. El Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó el mes de febrero pasado que pudo constatarse la existencia de un listado con un total de 26,121 registros de personas desaparecidas. La cifra esta basada en los reportes de las procuradurías locales. Esa base de datos contiene información básica como fecha de la desaparición, género, señas particulares, tatuajes de la persona desaparecida y ministerio público que registró la desaparición.
Ese listado, dado a conocer en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que entró en vigor el 18 de abril de 2012, es insuficiente al no traducirse en investigaciones que determinen “en cuales desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y policiales”, como lo señaló Amnistía Internacional, que reprobó que las autoridades “no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes”. Insistió en que falta por definir cuáles personas de esa relación son víctimas de desaparición forzada, es decir, de “desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos”.
El informe de Al denominado “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en Mëxico”, divulgado el pasado mes de junio, lamenta que a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir al crimen organizado las desapariciones siguen ocurriendo en el país por una razón: porque, en su mayoría, son perpetradas por funcionarios públicos. Ante “la pasividad del Estado que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición”, los familiares de las víctimas han tenido que luchar para saber qué paso con sus seres queridos.
AI advierte que el principal desafío que enfrenta el gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos es poner fin a las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, sean delincuentes o funcionarios públicos. También refiere que “el nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encarga de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad” política necesarios para abordar esta crisis nacional”. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que investiga 2 mil 443 casos de presuntas desapariciones forzadas con indicios de participación de funcionarios o agentes de alguna corporación policial o militar.
En las últimas semanas, el foco sobre las miles de desapariciones pendientes fue puesto por las investigaciones en torno a la desaparición de 12 jóvenes en mayo en un bar en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Apenas el martes pasado las autoridades federales y del Distrito Federal confirmaron que 12 de los 13 cuerpos encontrados la semana pasada en una fosa clandestina a las afueras de la capital fueron identificados como las víctimas del secuestro en el bar After Heaven, aunque sus familiares ponen en duda que sea cierto. La organización Human Rights Watch destaca que “las autoridades hacen el esfuerzo de investigar en aquellos casos en que las familias hicieron suficiente ruido para que el costo de negligencia sea demasiado alto para ignorarlo”. Ese secuestro ha sido el de más alto perfil mediático desde que Peña Nieto asumió la Presidencia.
El revelante caso anterior aún no ha sido aclarado a pesar de las prisas de las autoridades del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República por cerrarlo. Ayer más de 50 personas, entre ellas familiares de los 13 secuestrados en el bar Heavens se congregaron en el Hemiciclo a Juárez para exigir justicia a las autoridades, en el marco del Día Internacional del Desaparecido. Reclamaron que hasta el momento, las autoridades no les han dado pruebas de que los cuerpos hallados en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México, corresponden a los de sus seres queridos, por lo que están desaparecidos.
BACHE ECONÓMICO
Por lo que toca al panorama económico no podría ser más sombrío: este viernes, a unas horas de presentarse en el Congreso de la Unión el documento del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Bank of America Merril Lynch advirtió que la economía mexicana “está en la parte más profunda del fuerte bache” que comenzó a finales del 2012, debido a los choques externos (disminución de las exportaciones) y fiscales (contención del gasto por parte del gobierno federal).
Frente a estas críticas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, comprometió que este año habrá un ejercicio integro del gasto público. Tras una reunión con la bancada de senadores de Acción Nacional, sostuvo que el Presupuesto se mantendrá sin ajustes, pese al comportamiento de los indicadores de crecimiento. El funcionario aseguró que no está en puerta un recorte al gasto público. No obstante, reconoció que el gasto que ejerce el gobierno federal disminuyó entre enero y julio pasados en 14 mil 172.5 millones de pesos en comparación con el ejercicio en el mismo periodo de 2012.
Ente enero y julio pasados, el gasto programable del sector público se redujo a un billón 724 mil 933 millones de pesos, cantidad menor en 14 mil 172.5 millones de pesos al ejercicio en el mismo periodo de 2012, una disminución de 4.6 por ciento en términos reales, informó el funcionario.
Como resultado de la “fuerte desaceleración” económica en la primera mitad del año, Merryl Linch redujo de 2.5 a 1.5 por ciento su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en este año. Para el 2014 lo ajustó de 4 a 3.5 por ciento. Explicó que “nuestros pronósticos consideran que el impacto, más grande de lo esperado, de los choques externos y fiscales que afectaron a la economía en el primer semestre, y que el cambio de base en el sistema nacional de cuentas le restaron alrededor de 60 puntos base (0.6 puntos porcentuales) a las cifras de crecimiento”.
BoA-ML se refirió a la propuesta del gobierno de Peña Nieto de reforma energética y consideró que será aprobada en los próximos meses “sin mayores modificaciones”. Sin embargo, expertos y analistas esperan que la aprobación enfrente serios escollos ante la inconformidad social que está provocando esta iniciativa a la que se opone la izquierda mexicana y amplios sectores de la población.
Por lo que toca a la paridad peso-dólar, en la última jornada cambiaria de la semana, bancos capitalinos vendieron el dólar libre hasta en 13.60 pesos, sin variación respecto al cierre de la víspera, en tanto que el menor precio a la compara fue de 12.48 pesos. El Banco de México reportó que el tipo de cambio fix cerró el mes en un nivel de 13.3415 pesos por dólar, con lo que la moneda mexicana se depreció 0.23 por ciento. En la semana, el peso perdió 2.64%, con lo que alcanzó su peor nivel en 10 semanas.
La dirigencia nacional panista también criticó el crecimiento económico de la actual administración federal y lo calificó como “el más pobre de los últimos cuatro trimestres”. Refirió que en el 2010, se creció 6.7 por ciento; en 2011 a 3.2%; en 2012 a 4.2%; y en este 2013 apenas se alcanzará el 1.5%.
CONFRONTACIÓN O NEGOCIACIÓN
Este viernes, declaraciones del coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, en el sentido de que entre la noche del viernes y la madrugada del domingo el Gobierno realizará un operativo policíaco para reprimir a maestros de la CNTE, impulsó a los mentores a realizar una marcha desde el Zócalo capitalino a la sede de la Secretaría de Gobernación para exigir que no se les reprima y que las autoridades del gobierno federal se unan a las mesas de negociaciones.
Ante el mismo riesgo, y con motivo de las diversas manifestaciones que se realizarán este fin de semana en la ciudad de México, 15 brigadas de Visitadoras, Visitadores y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se desplazarán en distintos puntos de la capital del país para observar y vigilar que se respeten los derechos de los distintos actores implicados en estas movilizaciones.
Alrededor de cinco mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cercaron ayer la Secretaría de Gobernación. Una comisión de profesores se reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para pedirle que la dependencia se una al diálogo que mantienen con legisladores. Los maestros salieron sin acuerdos de la dependencia por lo que anunciaron que mantendrán las movilizaciones.
La CNTE radicalizó su posición y exigió la presencia de los secretarios de Gobernación, Educación y de Hacienda y Crédito Público o de lo contrario amagaron con una confrontación. Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la Sección 18 (Michoacán) de la CNTE, explicó que su objetivo no es solo el retiro, en el Congreso, de la Ley del Servicio Profesional Docente. Dijo que si no se pospone la aprobación de dicha ley y no se toman en cuenta sus opiniones podrían asumir una resistencia pacífica.
Diputados y senadores que se reunieron con dirigentes de la CNTE advirtieron que los maestros podrían romper el diálogo con los legisladores sobre la reforma educativa, luego de que ningún funcionario del gobierno federal ha querido sentarse a la mesa de negociación. A su vez, Rubén Núñez, el dirigente de la Sección 22 del magisterio disidente, expuso que la coordinadora responsabiliza al gobierno federal y al Congreso de cualquier acto de represión.
Mientras, los dirigentes del PRI, PAN y PRD coincidieron en que la Ley del Servicio Profesional Docente se apruebe la próxima semana, entre el lunes y el martes, una vez que el Congreso se instaló.
CHINOS EN ACCION
La determinación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo en el que se asienta la orden al Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, para entregarle a la empresa Dragón Mart Cancún, que dirige Juan Carlos López, las licencias de construcción solicitadas a fin de que pueda iniciar este que ha sido uno de los más polémicos y rechazados proyectos, ha desatado entre representantes de todos los sectores en la Entidad fuertes señalamientos en contra de los tres niveles de gobierno y no menos advertencias de movilizaciones ciudadanas que impidan que pueda llevarse a cabo la edificación de un inmueble que altera, por una parte, la ecología de la zona; genera condiciones de explotación laboral; provoca efectos negativos en la planta industrial y mostrará afectaciones sociales sin precedente.
Según argumentan la inversión será de 150 millones de dólares, de los cuales la aportación directa será de 50 y todo lo demás serán financiamientos. Esa es la última versión, porque habrá que tener presente que se han modificado todos los planteamientos y exposiciones iníciales para irlos adaptando conforme surge el rechazo y con estos cambios han pretendido tranquilizar y darle giros a sus presentaciones a fin de lograr convencer a empresarios y trabajadores mexicanos de las bondades de esa instalación.
Este asunto ha rebasado la influencia quintanarroense. El rechazo y la inconformidad se hace presente en diversas entidades de la República, sobre todo en aquellas en donde se afectará la planta industrial. Un ejemplo está en el acero en donde China está a punto de lograr un total control. Este sector en nuestro país genera más de 700 mil empleos y se tienen en puerta los proyectos de reinversiones que generaría 240 mil más en un máximo de 3 años. Eso siempre y cuando se impida la llegada de los orientales, mismos que a través del centro que pretenden establecer aseguran la creación de solo 18 mil puestos laborales. La diferencia hasta en este terreno es clarísima.
Así, las afectaciones en el terreno económico están a la vista. Un poco más sofisticadas son aquellas reveladoras de alteraciones al medio ambiente aunque existen las fácilmente comprensibles y comprobables como es la instalación de las redes de agua, de tratamiento de desechos, los daños que a mantos freáticos provocará la edificación en la zona que tienen marcada. Este perjuicio ya comenzó con la deforestación de una amplia zona, así a la malagueña, sin autorizaciones y sin que las instancias responsables tanto a nivel municipal como estatal y federal hubiesen interpuesto queja o sanción alguna.
Se habla de la posibilidad de derrumbar el fallo de este Tribunal y se argumentan uno y cien pasos a seguir para lograrlo que incluyen la nueva Ley de Amparo. Sin embargo, es inocultable y se tiene pleno conocimiento de que este, como muchos otros casos más, se encuentra alejado de la legislación, se trata de decisiones políticas en donde, aún y cuando se habla del imperio de la ley, del estado de derecho, prevalecen muchos otros argumentos e intereses por encima de reglamentos y tratados y sobre todo del bien común y de la protección ciudadana.
Así, se muestran los inconvenientes tanto en el renglón económico como en el ecológico y en lo social nada mejora. Queda clara la instalación de una zona “prohibida” de una ciudad “amurallada”, de la creación de un país dentro de nuestro país. Y no hay ninguna exageración al tener como antecedente que los chinos se rigen bajo sus propias reglas, tienen sus formas de castigo a las alteraciones de sus normas, una cultura y religión que se mantiene secreta y aparte. Así se manejan en los asentamientos que tienen en otras Entidades y en el propio Distrito Federal.
China y su sistema de gobierno ha sido exitoso a juzgar por los analistas y expertos en geopolítica. La forma en la que se han impuesto en su país es una condición de respeto exterior y de aceptación de su pueblo. Sin duda que habrá muchos renglones plausibles, pero cada Nación tiene su propio desarrollo y ese cuento de que se trata de atraerlos turísticamente, de venderles porque son un gran mercado no hay quien lo compre porque ¿qué le puede vender una industria en recesión, que podemos exportar que no sean materias primas que se cotizan y venden barato porque estamos imposibilitados de procesarlas y entregar producto terminado? Es al revés, sus chácharas son bienvenidas y han logrado impactar negativa y brutalmente a la industria textil, a la del vestido, calzado, material eléctrico, acero y nada impedirá su participación petrolera de lograr instalarse formalmente.
El lado bueno de quienes se oponen a esta instalación en Cancún es que pueden recibir gran respaldo nacional, que incluye no solo a la sociedad sino a los hombres de negocios, a los líderes de las Cámaras, a los industriales y hasta a gobernadores que se oponen a que una primera instalación se convierta en invasión y que cobre realidad permanente lo que fue un planteamiento ante el bajo costo de todos sus prendas y productos: invirtieron para lograr penetrar en un mercado en donde se destruiría su industria y se quedarían como los únicos y grandes proveedores. Nos llevan milenios de experiencia en este terreno y no menos conocimiento de las mafias, del lavado del dinero, de la crueldad, del dominio, de la esclavización.
Para impedir que se causen daños al país y a sus ciudadanos seguro que habrá un lado que ni dude ni juegue, sino todo lo contrario. Y no se trata de otorgar licencias, de buscar recovecos en las leyes, de manipularlas, de encontrar salidas “legales e inapelables”, de si se llega al límite de plazos o se cargan las autorizaciones a los que ya no tienen ni voz ni voto, sino de ir al fondo, de distinguir entre el oro y los espejitos, en imponer lo que se esté cierto será para el beneficio actual y futuro de los ciudadanos a los que se gobierna, y contar con la certeza de que se podrá aplicar una rectoría que hasta ahora no se ha logrado en ningún renglón aunado a un control a prueba de corruptelas.
DE LOS PASILLOS
En otro golpe más al bolsillo de los trabajadores mexicanos, a partir de este sábado el precio del kilogramo de Gas Licuado de Petróleo (LP) costará 12.51 pesos en el Distrito Federal, así como en algunos de los municipios del Estado de México e Hidalgo. En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía dio a conocer que el cilindro de 20 kilogramos del energético pasará de 248.40 pesos a 250.20 pesos, lo que representa una diferencia de un peso con 80 centavos más respecto a este mes que concluye.
En el Estado de Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) pidió que se lleven a cabo las investigaciones para esclarecer el asesinato del regidor por ese instituto político en el municipio de Cabo Corrientes, Héctor Javier Salazar García. El crimen ocurrió el jueves por la noche en la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara.
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