“Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría”: Albert Camus
• Macabra realidad
• A los cadáveres se agregan los billones
• Por crimen se pierde el 27.7% del PIB
• Corrupción e impunidad registran alza
• EPN, “decepcionante”, indica WOLA
• “Cocoa” es relacionada con “La Tuta”
• PRD abandona el “Pacto por México”
Noviembre 28, 2013.- Tal y como lo hemos señalado en diferentes ocasiones a través de estas líneas, organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), destacaron esta semana que a pesar de las promesas del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, de que se apartaría de la estrategia de seguridad aplicada por Felipe Calderón, su gobierno ha mantenido en gran medida las mismas tácticas y ha producido los mismos resultados: más de 17 mil muertos en los primeros once meses de su gestión. Los costos en vidas humanas son incalculables pero los económicos superan los 4.4 billones en los últimos años, lo que representa el 27.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin que exista hasta el momento ni un sólo responsable de esta masacre en las esferas oficiales en donde predomina la corrupción y, con ella, el imperio de la impunidad, misma que ya se extiende en su liga con las organizaciones criminales hasta el Senado de la República al señalar uno de los principales capos michoacanos a Luisa María Calderón como beneficiaria de entregas económicas.
De acuerdo con un informe del Institute for Economics and Peace (IEP) difundido este jueves, el costo indirecto de la violencia en México ha sido conservadoramente de 333 mil millones de dólares por año, cantidad que representa casi una tercera parte del PIB nacional, por los efectos indirectos y directos de las víctimas –cifra que se supera la que dio hace unas semanas la secretaria de Salud, Mercedes San Juan, que la situó entre 8 y 15% del PIB, y quien luego tuvo que recular al ser corregida por su propia oficina de prensa que redujo dichos costos a sólo 1.3% del PIB-. Las evaluaciones de IEP llevaron a México a caer al lugar número 133 entre 168 países, en los indicadores de paz en el país, lo que se refleja en los niveles de corrupción, que ubica a nuestra nación en los últimos sitios a nivel mundial, la impunidad de quienes cometen un crimen y la debilidad del sistema judicial. Y, en este renglón, habrá que citar que no hace ni 48 horas que el Ejecutivo Federal aseguró al presidente de Israel que este era un territorio de paz y armonía cuando en la opinión internacional estamos por los suelos y con señales de alarma que ya también provocaron la caída en el renglón turístico.
El estudio de este grupo alerta que la policía mexicana registra los niveles más altos de corrupción, con más del 90 por ciento, y que otras instancias que enfrentan el crimen, las Fuerzas Armadas, han mejorado al reducir esta percepción en más de un 50 por ciento. Durante la última década, según el Índice de Paz México, que mide el grado de paz a nivel nacional y estatal, en el país se redujo 27 por ciento dicho nivel, a causa de la ola de violencia y los homicidios derivados de la estrategia de seguridad contra el crimen organizado que se sigue aplicando. Los estados más violentos son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Morelos, mientras que la entidad más pacífica es Campeche. En 2011 y 2012 se apreció una leve mejoría de la paz en México, que sin embargo se vio mermado por el 90 por ciento de impunidad que hay en la persecución de los homicidios, además de una percepción de corrupción en el sistema judicial. Una medición en estos días arrojaría muchos más elementos para asegurar que en nuestro país se tienden mantos protectores a las actividades de la mafia que han logrado penetrar hasta a las posiciones políticas y en las denuncias se tienden mantos de impunidad que en cualquier otro lugar del Mundo son inconcebibles.
Durante los últimos doce años, es decir en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, se ha deteriorado el control de la corrupción, el estado de derecho, la estabilidad política y la rendición de cuentas. Destaca también el hecho de la desconfianza de la población hacia sus autoridades, lo que se refleja en el elevado índice de cifra negra en la denuncia de delitos, en tanto que el tráfico ilegal de armas se triplicó durante la última década, además del detrimento de los niveles de pobreza y acceso a la educación.
El Índice de Paz México, elaborado por IEP, fue construido tomando en cuanta las tasas de homicidios, violencia, delitos con armas de fuego, financiamiento de los cuerpos policíacos y encarcelamiento, todos por cada cien mil habitantes, además de tasas de delincuencia organizada y eficiencia del sistema judicial. Los resultados corroboran las apreciaciones de otras organizaciones como la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y de Human Rights Watch (HRW), que destacan que en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y derechos humanos, toda vez que se siguen cometiendo una enorme cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad.
A tan sólo unas horas de que HRW denunciara en una carta dirigida a Peña Nieto que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente “retórico”, WOLA sumó señalamientos a la gestión del priísta en los mismos términos. A través de un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo destacó que a pesar de las promesas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, los resultados de su administración en estos meses “han sido decepcionantes”, y subraya que tras una leve caída en septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre. Apunta que “la violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y al extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa”.
WOLA critica que el gobierno de Peña Nieto “ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres”, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en medio de acusaciones de abusos y corrupción. Lamenta también que la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil víctimas de desaparecidos revelada a inicios de este año por la Secretaría de Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia Militar. Asegura que se siguen cometiendo violaciones graves a derechos humanos de forma generalizada –muchas de ellas cometidas por el Ejército y la Policía Federal- y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún son víctimas de intimidaciones y ataques. Puntualiza que “las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas”. El discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, concluyó.
Y el problema preocupa al gobierno de Peña Nieto sólo en términos de imagen pública más que en resolver las cuestiones de fondo. Ayer, en Mazatlán, Sinaloa, durante los trabajos de la XXX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que “no pueden seguir existiendo casos que se litiguen en instancias internacionales por falta de resultados en nuestro país ni casos de violaciones al debido proceso o de personas que son revictimizadas al momento de denunciar un delito”. Entonces ¿hacia dónde o con quién hay que buscar que se apliquen las Leyes? Porque ahora resulta que se corre el riesgo de que al inconformarse por la inseguridad y las masacres reinantes se termine siendo señalado como delincuente.
No se toma en cuenta que, solamente para muestra, en las últimas horas una Senadora fue señalada directamente por “La Tuta” de ser beneficiaria de las actividades de Los Templarios. El dirigente nacional panista, Gustavo Madero, salió en su defensa argumentando que no puede darse credibilidad a un delincuente y ¿si a quien buscó con medios nada legales, ni ortodoxos, la gubernatura de Michoacán? Porque resulta ya hasta sospechoso que doña María Luisa se aventurara a señalar que los michoacanos que se apersonaron en el inmueble senatorial eran de ese grupo y pidió la intervención inmediata de Gobernación. ¿Tan bien los conoce que pudo afirmar que los quejosos eran mafiosos? Iris Vianey Mendoza, también senadora pero perredista, está dispuesta a ir a declarar a la PGR que a ella la buscaron porque desde hace años que los conoce y siguió el procedimiento normal que se lleva para recepcionar a visitantes en el Senado.
En dicha conferencia celebrada en una de las Entidades señalada por los registros a la alza en violencia, la atención de los funcionarios federales se centró en la instrumentación del nuevo sistema penal que, subrayaron, permitirá mejorar la procuración e impartición de justicia, ya que dotará con instrumentos ágiles y eficaces la investigación de los delitos y evitará que haya casos que se litiguen en instancias internacionales, que es lo que ocupa la preocupación de la actual administración federal.
Si la ropa sucia debe lavarse en casa, antes hay que crear el ambiente de confianza que permita que sólo se registren casos aislados y liquidar la impunidad reinante. El que pudieran surgir acusaciones en contra de Peña Nieto similares a las que han enfrentado Zedillo y Calderón y que son del conocimiento mundial es su prioridad, no los ciudadanos mexicanos y la conservación de la paz, de sus vidas, de sus patrimonios.
Destacaron también el hecho de que el plazo para implementar totalmente el nuevo sistema de justicia penal concluirá en junio de 2016 y hasta la fecha sólo tres entidades lo han establecido; 17 más registran avances, por lo que “se avanza lento” en la construcción de los mecanismos. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, resaltó que “si alguna tarea es crucial para el país y verdaderamente importante para que el desarrollo pueda darse asociado a la justicia” es que las procuradurías de justicia generen confianza en los ciudadanos, ya que “la legitimación de la confianza es una tarea central de quienes encabezan las instituciones”. En este tenor olvidaron que los esfuerzos de esas Entidades se han ido al caño al establecerse un Código Único y que hasta ahora, nos reportan, nada se ha hecho por la formación de cuadros de policías investigadores preparados, quedando también pendiente el que puedan contar con laboratorios criminalísticos que por lo menos reciban el señalamiento de “básicos”.
PRD FUERA DEL PACTO POR MÉXICO
Las reuniones en privado entre dirigentes y legisladores del PRI y PAN para pulir el dictamen de la reforma energética que habrá de entregar a trasnacionales el control de las reservas petroleras y la explotación y comercialización de los hidrocarburos, y el hecho de que panistas y priístas sacaron el tema de la “consulta ciudadana” de la reforma política, obligó a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que encabeza Jesús Zambrano, a anunciar su salida del “Pacto por México”. Según declaraciones del dirigente, a raíz de las negociaciones entre tricolores y blanquiazules en las que quedaron excluidos, es claro que ya no participan en ese Pacto en el que, advierten, el propio Peña Nieto aceptó y firmó que los hidrocarburos son propiedad de la Nación, por lo que hoy no se explican el cambio que lo lleva a pretender reformar la Constitución y entregar este patrimonio.
El miércoles pasado, los presidentes de las comisiones encargadas de dictaminar la reforma política mantuvieron encuentros hasta la madrugada del jueves con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, en donde también participó el senador perredista Alejandro Encinas, quien reveló que el tema de la “consulta ciudadana” no se incluyó en el texto del dictamen. En San Lázaro, los diputados del Sol Azteca denunciaron que el PAN está entregado al PRI para poder dar un “albazo” este fin de semana y aprobar la reforma política para entrar a un proceso acelerado de votación de la reforma energética. Esto último fue denunciado oportunamente, cuando se conoció de esa farsa en la que la izquierda apoyaría la reforma hacendaria para dejarse como bandera electoral el rechazo a la energética y los panistas harían lo propio saliéndose de la enviada por Videgaray para respaldar la de los hidrocarburos, dejándose también argumentos de rechazo de la primera para poder convencer al electorado de su posición de proteger su economía.
Es tal la prisa de esos partidos por privatizar Petróleos Mexicanos, que Acción Nacional aceptó una reforma política “mutilada, rabona, mocha, que nada tiene que ver con lo que se propuso, como los derechos ciudadanos y la limitación de un nuevo órgano electoral para que no este sujeto a los caciques y a los gobernadores en los estados”, explicó el coordinador perredista en la Cámara baja, Silvano Aureoles, quien advirtió que su fracción parlamentaria recurrirá a cualquier método de protesta que sea necesario para defender al petróleo. En esta cadena bien vale la pena recordar el análisis de Jesús Silva Herzog-Márquez sobre el cabildeo, la operación política y la chequera abierta.
“COCOA” Y LOS TEMPLARIOS
Servando Gómez, alias “La Tuta”, considerado como líder de la “Familia Michoacana”, acusó que fue la senadora del PAN y hermana del ex presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón, alias “Cocoa”, la que tuvo acercamientos con esa organización criminal durante la campaña por el Gobierno de Michoacán en el 2011, a través de Francisco Girón del Toro. Por medio de un video que se difundió en Youtube, el miembro de “Los Templarios” y uno de los delincuentes más buscados en el país, sostuvo que la entonces aspirante panista a la gubernatura les mandó decir con Girón del Toro “que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara, y que íbamos de la mano por que ella ocupaba el triunfo”. Según “La Tuta”, los líderes de ese cártel “mandamos a decirle que nosotros no queríamos tratos con nadie, con ningún partido político, y que ganara el que mejor fuera”. Por esa acusación en dicho video, la Procuraduría General de la República (PGR) prepara un citatorio para que comparezca por escrito Luisa María Calderón, tras una denuncia penal presentada en su contra y para que sea interrogada respecto a las acusaciones de “La Tuta”, quien sostiene que los tratos con la actual senadora del PAN iniciaron en 2006 y continuaron en 2011. Hablar de que se separe del cargo para realizar las investigaciones correspondientes está prohibido y no hay manera de que pueda ponerse en práctica este ordenamiento porque los panistas retirarían el apoyo a la reforma energética que tanto urge y por supuesto nada de lo recibido tendría devolución.
En el Senado de la República, el coordinador de la bancada panista, Jorge Luis Preciado, manifestó su apoyo a Luisa María Calderón y consideró que no es posible darle más credibilidad a un delincuente que a una senadora. Gustavo Madero hizo lo mismo y el grupo calderonista también se mantuvo firme en su apoyo. Habrá que esperar la opinión vía twitter del ex presidente y hermano de la “Cocoa”. Lo que piensen o puedan comprobar los michoacanos no tiene ninguna validez, siendo quienes han resultado víctimas de tanta corrupción y malos gobierno son los que no tienen ni voz ni voto y ahora los llevan al extremo del terror al enfrentar señalamientos de mafiosos si tienen la osadía de quejarse.
DE LOS PASILLOS
Jueves de protestas: ayer un grupo de campesinos se enfrentó con policías capitalinos a las afueras del edificio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cuando intentaron ingresar a las instalaciones de esa dependencia. Los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas instalaron un plantón frente al inmueble de la Sagarpa para exigir la aplicación de 262 millones de pesos de diversos programas comprometidos con la organización.
Por otro lado, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) marcharon a la Secretaría de Gobernación para exigir una mesa de negociación. Los docentes señalaron que mantendrán su exigencia de que el gobierno federal y el estatal atiendan su pliego de peticiones, porque “no es posible que pretendan regresarnos a dialogar con las autoridades locales que son quienes se niegan a atener nuestras peticiones”.
Frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), amas de casa y usuarios del Metro se manifestaron en contra del aumento a la tarifa del STC-Metro por considerar que afectará a la economía de millones de capitalinos. Los manifestantes rechazaron enérgicamente el incremento del 66 por ciento al precio unitario del boleto de ese sistema de transporte y lo compararon con el aumento de sólo 3.9 por ciento al salario mínimo este año.
En Guadalajara, Jalisco, al menos 16 sucursales bancarias fueron tomadas desde el amanecer por integrantes del Barzón Popular, en reclamo por la reforma fiscal, así como por los altos cobros de intereses de las instituciones bancarias. Esos bloqueos forman parte de una movilización en varias ciudades del país.
Fuentes oficiales confirmaron que tras los enfrentamientos en Apatzingán y Aguililla, Michoacán, donde perdieron la vida dos policías federales y resultaron heridos al menos 13 más, grupos armados prendieron fuego a diversos vehículos en la comunidad de Uspero, en el municipio de Parácuaro y los limites de Apatzingán.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
