“Cuídate de los que sólo ven desorden en el ruido y paz en el silencio”: Otto Von Bismark
• Reversa fiscal
• Devaluación ensombrece el panorama
• Alza de tributos = cierre de negocios
• Oposición busca anular reforma fiscal
• Gran batalla en la SCJN por impuestos
• EPN pactará con líderes empresariales
Enero 24, 2014.- La escena es fácil de imaginar, unas horas antes de salir a Davos Suiza: en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto, con reportes de las afectaciones a empresarios y contribuyentes en general por las disposiciones de la reforma hacendaria en una mano y, en la otra, los informes sobre el elevado impacto a la inflación en los primeros días del año, tomó una determinación y ordenó a su más importante subordinado: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray: “¡enderézame ese desmadre!”. Apenas un par de días después, el importante funcionario anunció en esa ciudad europea, a donde seguían llegando información adversa, que la administración de su jefe firmará a principios de febrero un acuerdo de estabilidad tributaria con la iniciativa privada para fijar las reglas en materia de impuestos durante los próximos años, en un desesperado intento por enderezar el entuerto fiscal y económico.
El “desmadre” fue originado precisamente por la iniciativa de reforma hacendaria que el presidente Peña Nieto propuso al Congreso de la Unión, a la que el PAN se opuso y las organizaciones de la iniciativa privada en general, así como gremios importantes, incluida la Confederación de Trabajadores de México. No obstante, a pesar de la oposición a los cambios fiscales del mexiquense, la Ley de Ingresos se aprobó en los términos que quiso el titular del Ejecutivo Federal, gracias a la complicidad de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que comandan la organización delincuencial de los “chuchos”.
Con una inflación boyante y una profunda carestía que flagela a los mexicanos, y con un amplio porcentaje de causantes cautivos en franca rebelión, la crisis por la escalada de impuestos y la amenaza de cierre de millones de negocios -lo que sin duda alguna incrementará la informalidad, un fenómeno que se pretende eliminar con las nuevas reglas fiscales- se detonó a finales de la semana pasada, cuando un total de 172 diputados federales de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma hacendaria aprobada en octubre pasado por iniciativa del presidente Peña Nieto.
El enfado del inquilino de Los Pinos fue en gran parte generado por un documento que fue dirigido al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, a través del cual los legisladores iniciaron el camino legal para intentar echar abajo la reforma hacendaria que entró en vigor desde el 1 de enero de este año. Muy mal parado está en estos momentos Luis Videgary, toda vez que la acción de inconstitucionalidad va contra el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto del Valor Agregado (IVA), la cual encareció productos con alto contenido calórico, entre muchos otros. Por si fuera poco, también va contra la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y la Ley Federal de Derechos, que también sufrieron cambios con el decreto de Peña Nieto.
DIPUTADOS CONTRA REFORMA HACENDARIA
Dicho decreto lo buscan echar abajo 172 diputados que firman el recurso, de los cuales 110 son del Partido Acción Nacional (PAN), 25 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuya mayoría avaló la reforma, y el resto del Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, que en conjunto forman el 34.4 por ciento del total del pleno legislativo, y la SCJN requiere sólo 33.3 por ciento de los 500 diputados para dar entrada a una acción proveniente de San Lázaro en contra de una ley que también fue expedida por dicha Cámara.
En el posible caso de que los togados de la “Tremenda Corte” den entrada al recurso de los legisladores federales, los diputados y senadores que votaron a favor de las modificaciones a las disposiciones hacendarias tendrán 15 días para contestar los argumentos de la oposición en ese tribunal, que plantean que deberá declararse anticonstitucional la reforma hacendaria y regresar a la vigencia de las leyes anteriores.
Desde la semana pasada, Videgaray había reportado a su jefe que senadores y diputados federales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tres acciones de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal. Dos de estas acciones fueron iniciadas por senadores contra el endeudamiento para financiar el déficit público y el incremento del IVA en la frontera, y una por diputados contra diversas disposiciones fiscales, entre ellas en contra del ISR para personas físicas y el Régimen de Incorporación Fiscal para pequeños contribuyentes, antes llamados repecos.
El reporte de Videgaray a Peña Nieto también advertía la probabilidad de que adicionalmente las empresas privadas presenten ante Juzgados de Distrito un “volumen significativo” de demandas de amparo contra diversas disposiciones fiscales, a lo que se sumarían también organizaciones gremiales. Las estimaciones previas de cuántos recursos hablan de cantidades “masivas”, por lo que en la Procuraduría Fiscal de la Federación están preparando motores para intentar defender “el interés del Estado en materia fiscal”. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal de la Federación preparan la defensa legal de los “intereses” del Estado.
Videgaray tiene claro que los amparos se presentarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor de la norma, que fue el 1 de enero, y en los 15 días hábiles siguientes a partir del primer acto de aplicación que afecte al contribuyente. Es decir que en este momento las ventanas procesales para la presentación de los amparos están abiertas y se espera que la mayoría se concreten la próxima semana.
Al titular de la Secretaría de Hacienda le preocupa sobremanera la decisión que tomen los bien pagados ministros de la SCJN con respecto a las acciones de inconstitucionalidad que definirán criterios que influyan las resoluciones de los amparos, por lo cual no sería nada raro que por ahí les cayera otra lanota a los togados de la “Tremenda Corte” en estos días.
La semana pasada, los diputados del PAN, de la disidencia perredista y de las fracciones del PT y Movimiento Ciudadano defendieron en la Comisión Permanente dicha acción de inconstitucionalidad. Ahí presentaron un punto de acuerdo en el que exhortan a los ministros de la SCJN a que resuelvan sobre esa solicitud encaminada a anular algunas medidas del decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El diputado panista Marcelo Torres Cofiño argumentó que “la homologación del IVA al 16 por ciento en las zonas fronterizas no debe aplicarse porque coloca a los mexicanos en desventaja frente a aquellos ciudadanos de otros países con los que comparten frontera y cuya tasa impositiva es menor”.
Torres sostuvo que las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta violentan los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias al aumentar las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Advirtió que “la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) ocasiona un evidente perjuicio a la competitividad del país”.
En la Comisión Permanente también se solicitó al Ejecutivo realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franjas fronterizas.
Y para cerrar esta pinza, los diputados federales panistas anunciaron que presentarán un paquete de iniciativas para revertir la reforma fiscal, que, sostienen, “ha generado abusos, es recesiva e hizo repuntar la inflación” que, aseguraron, continuará aumentando y no será sólo transitoria, como argumenta el secretario de Hacienda.
IP SE AMPARA
Del otro lado del ring de esta batalla campal constitucional se encuentran los organizaciones más importantes de la iniciativa privada inconformes con la reforma fiscal y que preparan amparos contra diversas disposiciones como el limite de la deducción de las prestaciones sociales que pagan a sus trabajadores, así como el impuesto de un peso al litro de bebidas azucaradas y de ocho por ciento a los alimentos con alto contenido calórico.
Importantes despachos con especialistas en temas fiscales están ya integrando las demandas de los agremiados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), entre otros organismos cúpula empresariales, que buscan la protección de la justicia por la vía del amparo contra diversas disposiciones fiscales. Cabe aclarar que dichos organismos no cuentan con la personalidad jurídica para encabezar amparos colectivos, pero si brindan asesoría y asistencia técnica a las empresas que lo solicitan, toda vez que serán éstas en última instancia las que decidan si presentan las demandas de amparo.
VIDEGARAY EN LA ENCRUCIJADA
Cumplir las órdenes de su jefe -“¡enderézame ese desmadre!”- no será nada fácil para el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, toda vez que el posicionamiento de la IP, apoyada por un buen porcentaje de legisladores federales, tiene mucho sustento pues se ha generado un pago de impuestos mayor al vigente hasta 2013, aún con la exención del ISR paulatina aplicable del 100% hasta el 10%. Además, de acuerdo al acotamiento de la exención del ISR, a partir del 2015 el costo de impuestos irá en aumento, hasta llegar a un 100 por ciento de incrementos.
Adicionalmente, de acuerdo a las obligaciones fiscales que deberán observarse para la correcta deducción de los gastos, compras y demás erogaciones, es muy posible que existan partidas de deducción improcedentes, lo que motiva un pago mayor del ISR y menor acreditamiento del IVA trasladado al contribuyente. Otro factor sobresaliente es que el cumplimiento de la expedición de facturas digitales por Internet es un gran obstáculo para el cumplimiento de esta norma, sobre todo por las ventas a público en general y de menudeo. Y no se trata sólo de contar con una computadora o con el conocimiento técnico para manejarla, sino también de la disposición de la red de Internet, pues no hay que olvidar que el porcentaje del territorio nacional que cuenta con ese servicio está lejos de llegar al 100 por ciento.
Por si lo anterior fuera poco, el manejo de la contabilidad en base a flujo de efectivo, resulta muy complejo en su cumplimiento de acuerdo a las normas fiscales. Los contadores deben estar actualizados en torno a las nuevas reglas en todas y cada una de las empresas y las que no los tengan tienen que contratarlos con gastos extraordinarios que antes no tenían. Cabe destacar frente a esta necesidad que ni siquiera existe un registro de este tipo de profesionistas. Y que por otra parte no conocen las reglas del juego tributario porque aún no se establecen.
Por mencionar un ejemplo: los pagos a proveedores y a prestadores de servicios, que no estén debidamente amparados y requisitados por comprobantes fiscales correctos, tienen como consecuencia el no poder hacerse el acreditamiento del IVA trasladado al contribuyente en forma completa, lo que provoca que el acreditamiento del IVA no pueda efectuarse en forma integral al importe del IVA gravado por los ingresos del bimestre, provocando como consecuencia un mayor entero de IVA.
Por lo que toca a los costos extraordinarios del ISR, de acuerdo a los requisitos que se deben de cumplir para hacer deducibles las compras y gastos, se incurre en deducciones que no se pueden restar de los ingresos, ocasionándose mayor utilidad fiscal y como consecuencia un mayor pago del ISR. En cuanto al IVA y sus costos extraordinarios, de acuerdo a los requisitos que se deben de cumplir para hacer la deducibilidad correcta de las compras y gastos, se genera la improcedencia del acreditamiento del IVA trasladado al contribuyente, ocasionándose un entero de IVA mayor al que realmente corresponde, lo que provoca un mayor costo tributario al contribuyente.
PACTAR PARA ENDEREZAR EL ENTUERTO
Todo lo anterior explica la declaración de Luis Videgaray desde Davos, Suiza: “el presidente está trabajando y estamos haciéndolo con la iniciativa privada, lo que será un acuerdo de estabilidad tributaria, de lo que se trata es de dar certidumbre –que en estos momentos no tienen- a las empresas, a los trabajadores, sobre lo que serán las reglas de impuestos para los próximos años”. A lo que agregó: “los detalles los daremos a conocer en febrero, el objetivo es dar certidumbre, que las empresas, los trabajadores, puedan planear sabiendo cuáles serán las reglas del juego en materia tributaria –lo que se tendría que haber hecho desde antes de aprobar la reforma hacendaría-, es decir, en materia de impuestos en los próximos años.
Es muy lamentable que en general en las reformas estructurales aprobadas no se tengan ni las leyes secundarias ni las reglamentaciones respectivas y esto sucede tanto en la hacendaria como en la educativa, en donde Emilio Chuayffet, titular de la SEP, no cumplió con el compromiso de hacer la consulta popular para apenas elaborar el plan educativo nacional, documento que debió ser redactado antes de pretender cualquier modificación. Lo cierto es que tampoco hay reglas claras para las otras reformas y los legisladores siguen pensando a cuáles darle prioridad en este proceso, que por supuesto privilegia la reforma energética, por aquello de los moches que les implica, y si no pregúntenle a Madero y a Villarreal que mucho saben del tema.
Otras reformas estructurales que están en riesgo son la financiera y la energética. Por lo que toca a la primera, los legisladores del PAN anunciaron su intención de revertirla, mientras que diputados y senadores del Partido del Trabajo (PT) informaron que presentarán un amparo contra la energética, con el argumento de que se violaron procedimientos legislativos.
En el colmo de la desesperación ahora resulta que autoridades hacendarias señalan a “malos contadores” y a los medios de comunicación de ser los responsables de la creación de inconformidades en los contribuyentes por difundir “lineamientos confusos”. Uno se pregunta ¿cuáles lineamientos? ¿Qué no son los que apenas Peña Nieto le está ordenando hacer a Videgaray?
DE LOS PASILLOS
El peso sumó este viernes dos semanas con pérdidas. Ahora fue empujado a la baja por las especulaciones de que la Reserva Federal pueda anunciar en su próxima reunión una nueva reducción de su estímulo monetario y la oleada de ventas de monedas en economías emergentes. Entre el 17 y el 24 de enero, el peso cedió 25 centavos frente al dólar, una cantidad igual a la de la semana anterior. En la última sesión de esta semana, el dólar americano al menudeo aumentó 10 centavos a 13.75, su tercera alza consecutiva, para llevarlo a un nivel no visto desde julio de 2012.
El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, está empeñado en echarle tierra al escandaloso asunto de los moches en ese instituto político, luego de manifestar su apoyo y respaldo a Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados panistas, a quien se le acusa de cobrar un diezmo por gestionar los recursos para las alcaldías. El moche para Villarreal si que fue de consideración, pero no es al único legislador federal al que le han llegado estos recursos extraordinarios e ilegales por su labor de gestión: la organización civil Consúltame A. C. estimó en aproximadamente 6 millones de pesos las ganancias que el diputado federal del PRI, Salvador Ortiz García, obtuvo por posibles prácticas de moche en Michoacán.
Los representantes de las autodefensas en Michoacán rechazaron como era de esperarse la descabellada propuesta de Enrique Peña Nieto de sumarse a los cuerpos policiales. El coordinador de esos grupos en la región de Tierra Caliente, Estanislao Beltrán Torres, aseguró que no van a entregar las armas hasta que no terminen con el cártel de los Caballeros Templarios, de lo contrario los matarán a ellos y sus familias. A Peña Nieto le respondió que “no estamos pidiendo trabajo, estamos limpiando la casa y haciendo lo que le tocaba al gobierno desde hace por lo menos 12 años”. Ahora que Peña Nieto se vio muy audaz con el llamado a que las autodefensas se “legalicen” y hasta se capaciten porque esta propuesta podría resultar atractiva para millones de mexicanos que ya aborrecen tanto a las fuerzas del orden como a su lujoso gabinete de seguridad.
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