Lilia Arellano
“El derecho y el deber son como las palmeras: no dan frutos sino crecen uno al lado del otro”: Robert de Lammenais
• Estado impune
• Cómo perder la Presidencia de México
• AMLO aventaja con un amplio margen
• Abrogar reforma educativa: magisterio
• Represión oficial sin penas ni culpables
• Mattarella: otro jalón de orejas para EPN
Ciudad de México, 6 de julio de 2016.- Existe una agenda muy abultada de casos sin resolver y lo mismo se tienen en el renglón político, particularmente en el área legislativa, que en otros rubros como son las investigaciones y castigos para quienes han ordenado masacres. De ahí la extrañeza de la celeridad de reformas, de contrarreformas, de modificaciones a modo para sacar adelante los planes -nunca benéficos para las mayorías- puestos en marcha en los últimos tiempos. Si bien se ha constatado el resultado insatisfactorio y perjudicial de las modificaciones constitucionales en energía, educación y laborales, habrá de resaltarse la cortina de impunidad extendida a los empresarios, dejando satisfecha su posición aún y cuando quienes consiguen concesiones, contratos, surten las necesidades del gobierno, sean liquidados con dinero proveniente del erario. Toda la cadena de determinaciones causantes de marchas, manifestaciones, inconformidades, conforma la base sobre la cual Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador encabeza con amplio margen las encuestas, fórmulas con las cuales algunos aspirantes pretenden ser permanentemente nombrados en ávida busca de empezar a ser reconocidos bajo el esquema de ser seleccionados por grupos selectos encargados de imponérselos al electorado, sin tener en su haber ninguna decisión o siquiera iniciativa y mucho menos proyecto de país.
Andrés Manuel López Obrador, aliado con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano –casi cadáveres solo resucitados formando con el tabasqueño un bloque- están a la cabeza con sólo un par de puntos de ventaja sobre los “grandotes”, los del PRI con el Verde y el Panal, y en otra fórmula el PRD –lo restante de ese partido- y Acción Nacional, empoderados a raíz de las gubernaturas inesperadamente obtenidas y sin dejar de enarbolar la bandera de la corrupción –eximiendo de ella a los empresarios, a los principales abanderados de la derecha, con lo cual manifiestan su parcialidad hacia asuntos ejemplificados en adversarios políticos criticados-. Los escándalos generados en torno a los gobernadores salientes le han generado puntos a los blanquiazules, no así a los amarillos, aunque tales no obedezcan sino a la formación de una cortina de humo con la cual se auto eximen de las responsabilidades sobre la aprobación de las reformas estructurales cuyo resultados han sido totalmente en contra de los mexicanos y, de ahí, su permanente rechazo.
Acostumbrados como han estado -y demostrado- los partidos beneficiados con el poder absoluto de México, el impuesto a los otros dos, tanto al Judicial como al Legislativo, ponen al tiempo como el remedio a sus señalamientos, a la “solución” sexenal de los conflictos y así va siendo cada vez más abultada la cartera de pendientes. Aún y cuando mostraron gran celeridad en el caso de la Ley 3de3 y su modificación acorde con la decisión presidencial imponiendo veto, la fórmula para llevar a cabo estas decisiones sigue siendo del todo errática, impositiva e ignorante. No sólo hicieron de lado los textos firmados por decenas de miles de ciudadanos, sino al momento de tomar decisión no se hicieron asesorar por contadores, auditores, abogados penalistas y constitucionalistas, etcétera, a fin de llevar a cabo un dictamen acertado. Lo mismo sucede cuando hacen aprobaciones de textos a tontas y a locas, sin leerlos, como pudo observarse en el caso de la mencionada y recién modificada Ley.
Al conflicto magisterial, tanto Miguel Ángel Osorio Chong, como el propio Aurelio Nuño, le dan plazos, vueltas, no toman determinaciones de fondo para encontrar soluciones definitivas. El titular de la SEP, con el fin de disminuir la participación de mentores, hace alianzas con un sindicato muestra de grandes daños y corruptelas y le acerca fondos económicos en una intentona fallida de acallar voces. Son más de un millón 200 mil trabajadores de ese ramo y no parece sea el dinero la solución para detener sus muestras de inconformidad sino todo lo contrario, sabedores éstos del enriquecimiento de su líder y sus compinches. Ya presentaron la posibilidad de regresar a la Cámara de Diputados la reforma para hacer adecuaciones, en el fondo lo pretendido es evitar otro ridículo más para el titular del Ejecutivo Federal y de paso salvaguardar sus ambiciones de participar en la boleta electoral en el 2018. No se ha visto ni escuchado la voz de los legisladores y su aceptación a conformar un equipo completo con investigadores, pedagogos, maestros, historiadores, etcétera, a fin de realizar efectivamente una reforma educativa, presentar un proyecto de enseñanza transexenal con determinaciones y evaluaciones muy precisas sobre los mentores, con el total y pleno conocimiento de la realidad actual del país y sus habitantes.
La nueva cita para lleva a cabo otro diálogo es el próximo 11 de julio y si los mentores y la dirigencia de la CNTE aprueban estos aplazamientos y sostienen la existencia de la mesa de diálogo con Gobernación, es para evitar sigan haciéndoles señalamientos en los cuales hasta los involucran con los grupos guerrilleros colombianos, con las FARC y, como se ha visto, el encarcelamiento de Rubén Núñez tiende a formar una imagen y percepción de sus luchas tendiente al desprestigio total. Las marchas y plantones de ayer tuvieron lugar en zonas de mucha fluidez vehicular, partiendo de esos puntos para llegar al Zócalo. Las referencias a este conflicto vertidas por Gregorio Ortega Medina no conocen renglón para desperdicio. Habla de la gran diferencia entre unos líderes y otros, los de corbata y traje y los de camisa y pantalón, de la lujosa existencia de unos y la forma en la que habitan los maestros rurales, del comportamiento de sus vástagos para, finalmente, señalar “todos, absolutamente todos, disponen de las cuotas sindicales como Dios les da a entender, y no por ello lavan recursos de procedencia ilícita”.
ABROGAR REFORMA
El régimen de Enrique Peña Nieto endureció el puño para doblegar al magisterio disidente, pero logró el efecto contrario. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió en la semana se acababa el tiempo para los docentes y deberían regresar a las aulas, de lo contrario serían cooptados por la fuerza del Estado. La respuesta de los mentores fue intensificar sus movilizaciones y bloqueos carreteros en varias entidades y lograr se sumará a su causa la capital de la República. El respaldo ciudadano obligó a Bucarelí a intentar distender el conflicto con la apertura del diálogo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Aurelio Nuño, en torno al modelo educativo.
El movimiento magisterial contra la reforma educativa de Peña Nieto no se diluye y crece con el respaldo de otras organizaciones sociales y populares. Esta disputa del magisterio con el Estado neoliberal del mexiquense determina en alto grado el futuro de México, porque de éste habrá de derivarse un nuevo modelo educativo para el país, el cual nada tiene que ver con la actual reforma educativa. El régimen intenta empujar hacia la privatización con una reforma laboral que atenta contra los derechos históricos alcanzados por los maestros y, sobre todo, pretende el control político de una importante fuerza, decisiva en épocas electorales.
Este nuevo modelo educativo deberá responder a otro proyecto de Nación tal y como en su momento lo hizo Jaime Torres Bodet y un destacado grupo de maestros de la Normal Superior y otras instituciones de alto nivel académico, logrando plasmar en los contenidos de los libros de texto gratuito el triunfo ideológico del proyecto de la Revolución. Ahora, el reto es garantizar la educación gratuita, laica, popular y nacional, en un entorno de globalización mundial. El riesgo es con los reaccionarios y conservadores quienes desean la privatización de la educación, la cual sólo produciría empleados y trabajadores a modo, en un sistema de moderna esclavitud. La apertura de Segob por la presión social es importante, pues permitirá la aportación del magisterio disidente de la CNTE en el nuevo modelo educativo, considerando las diversidades culturales y las particulares regionales.
La lucha en estos momentos está en las calles del país. En la capital de la República, al escribir estas líneas, integrantes de la CNTE, docentes de escuelas primarias y preescolares de la Ciudad de México, padres de familia y diversas organizaciones sociales, bloqueaban vialidades principales. Las autoridades reportaban más de 15 bloqueos simultáneos y marchas hacia el zócalo capitalino, desde diversos puntos de la ciudad. Del norte, desde el Monumento a la Raza por avenida de Los Insurgentes; en el oriente, desde Ermita Iztapalapa, entre avenida Tláhuac y Santa Cruz Meyehualco y desde el Metro Boulevard Puerto Aéreo, por avenida Fray Servando Teresa de Mier; en el sur, desde Tlalpan, a la altura de Xola; y desde el Ángel de la Independencia, desde donde los profesores partieron rumbo al zócalo.
El entusiasmo de los maestros se deriva de la posibilidad real de lograr se derogue la reforma educativa, luego de las declaraciones del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para reiniciar el diálogo en torno a los temas educativos; “o si no por lo menos reformularla, porque no es una reforma educativa, es laboral; nosotros no estamos en contra de ser evaluados, sino de que sea una evaluación punitiva para justificar el despido masivo de maestros”, como lo señalan maestros de la Sección 9.
Los maestros disidentes argumentan: el gobierno ya debe de entender que debe dar marcha atrás a la reforma educativa, pues afecta a los maestros y la calidad de la enseñanza. Los maestros no nos oponemos a la evaluación, pero esta reforma no trata de eso, es una reforma laboral que nos está afectando y la cual ya no puede sostenerse más”.
NINGUNA RESOLUCION
Recurrir a eventos históricos puede llevar al cansancio, muchos de los sobrevivientes de las primeras décadas del Siglo pasado ya no los tienen en el recuerdo. Pero a partir del mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el registro no se ha perdido, salvo entre quienes perdieron por razones de salud la memoria. De la masacre cometida contra estudiantes –oficialmente maquillaron las cifras al reportar entre 300 y 500 con cerca de 2 mil detenidos y un número “indeterminado” de desaparecidos- fue suficiente con la declaración del poblano: “asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Así, en su quinto informe -1969- se dejó de aplicar la justicia y no hubo castigo a ninguno de los causantes de las muertes, los ejecutores, quienes dispararon las armas, y sobre los desaparecidos jamás iniciaron investigaciones serias para dar con un paradero conocido por el gobierno y enterrado también.
Luis Echeverría aprendió muy bien la lección de l968, finalmente también fue artífice de tales hechos y en su sexenio se presentó el “halconazo” en un Jueves de Corpus. Paramilitares pertenecientes el equipo formado por Manuel Díaz Escobar, creador del Batallón Olimpia, arremetieron contra estudiantes marchistas en apoyo a inconformes por la reforma improvisada al plan estudiantil en Monterrey. El general Hermenegildo Cuenca Díaz giró órdenes atribuidos posteriormente al entonces regente Alfonso Martínez Domínguez. Sobra resaltar la falta de aplicación de la Ley en los responsables de la muerte de estudiantes y las heridas provocadas a decenas de ellos. No hubo uno solo de los participantes en la cárcel.
Durante la llamada “guerra sucia”, el esquema es similar. Desaparecidos, ejecutados, acallados y disueltos movimientos de oposición política por parte de autoridades federales de las cuales se dieron el lujo de no ofrecer siquiera nombres. Estuvieron en los frentes los del Partido Comunista Mexicano, los del movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo y bajo el mismo esquema se atacó a los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por razones de seguridad se fueron al archivo –también muerto- nombres y operaciones de ambos bandos, aunque hasta 1980 el registro de desaparecidos sumaba 530, según reveló el Comité Eureka.
Sobre los muertos del EZLN, tampoco se abrieron investigaciones sobre los responsable. De la matanza de Acteal se inventaron todo tipo de historias para llegar al punto de la no aplicación de la ley y, por lo tanto, ninguna aclaración y mucho menos castigo a responsables, ni siquiera conociendo los nombres de los ejecutores de la Operación Arcoiris. El señalamiento de terrorismo no se hizo esperar y la opinión pública quedó satisfecha con ello. Las dudas permanecen en torno a los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, el Cardenal José de Jesús Posadas Ocampo y José Francisco Ruiz Massieu, habida cuenta de la relación lo mismo con grupos disidentes que con narcotráfico o asesinos solitarios o complotistas portadores de severo “lavado de cerebro” inductor de extremismos. Hasta quienes tuvieron a cargo las investigaciones, como es el caso de Pablo Chapa Bezanilla, sucumbieron en el misterio.
Ninguna conclusión se ha entregado sobre el asesinato del general Mario Arturo Acosta Chaparro, tampoco de los políticos “accidentados” en los sexenios de Vicente Fox o de Felipe Calderón, sumando con este último, tres titulares de Gobernación fallecidos, acumulando a esta cifra a todos sus acompañantes. A todo lo anterior se suman los suicidios sospechosos, aquellos sobre los cuales recae la paternidad de la frase: “se suicido de 7 puñaladas en la espalda. Solo una resultó mortal”.
Y ese proceso sigue a toda marcha en esta administración federal, de acuerdo a las informaciones de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, quienes acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas, las cuales cada día aumentan su número al mismo ritmo de la impunidad en cada caso.
DE LOS PASILLOS
Comentan en Nuevo León es parte de la estrategia de El Bronco apoyar las demandas de aclaración de utilización de fondos de Margarita Arellanes, la panista ex alcaldesa de Monterrey, para dejar muy claro su filiación independiente, no priísta como su origen. Aunque en el fondo le esté haciendo el favor al tricolor… Joaquín Guzmán Loera ha interpuesto una lluvia de amparos y trae de cabeza hasta a la Suprema Corte… De la pareja femenina disputando la presidencia del PRD, Beatriz Mojica y Alejandra Barrales, dicen saldrá un humo blanco amenazante y solo eliminado si Pablo Gómez alcanza la nominación…A los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se les ocurrió otra interesante propuesta: “desarme a domicilio”. Canjearán todo tipo de armas por apoyos almacenados en un grandioso “centro de canje”. Supondrán son los capitalinos los portadores de R15, o de Cuernos de Chivo, o gustan de las armas de uso exclusivo del Ejército o sepa cual es el origen de semejante ideota…
Las peticiones de auxilio del gobierno de Peña Nieto ya llegaron a Italia, a la cuna de las mafias mundiales de sobra conocidas, al igual que la Rusa o la China. Si Obama hizo un público regaño, Mattarella no se quedó atrás señalando el interés de enseñarles como se manejan los derechos humanos, se llega al estado de derecho y se atacan criminales. Todo ello con cargo a la empresa Hidrocarburos de Italia, ganadora de una licitación de la ronda Uno para extraer petróleo y gas en campos del Golfo de México. O ¿usted creyó en asistencias gratuitas?..
Sobre las enmienda al texto de la Ley 3de3 en el terreno empresarial no se ha manejado información concreta sobre el Artículo 44 que establece la obligación de los privados que firmen contratos con el gobierno a manifestar los vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés bajo el principio de máxima publicidad. No hacerlo puede llevar a multas de 100 a 140 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización –¿cuál es esa?-, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas no menor de 3 meses y no mayor a 8 años y al pago de indemnización por daños y perjuicios contra la Hacienda Pública federal, estatal o municipal o a los patrimonios de los entes públicos… ¿A poco esa es información privada, violadora de garantías constitucionales?..
El aumento a las tarifas eléctricas pegará de lleno a las familias de menores recursos. Afecta directamente a la industria panificadora, la cual abastece de un alimento consumido por la población de menores recursos. En torno a los 660 millones de pesos será el costo del alza decretada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para esa industria, y llega en un momento en que comenzaban a remontar el efecto que sobre sus ventas representó el aumento de impuestos de 2014, como bien lo destacó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Jonás Murillo González.
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