“En la política, lo único creíble es la mentira”: Jorge Saldaña
• Urge la respuesta de EPN
• ONU: desapariciones generalizadas en México
• Alrededor de 13 mil asesinatos en este gobierno
• 11 mil desapariciones forzadas en 26 meses: AI
• PGR, falsas versiones oficiales sobre Ayotzinapa
• Concluyen tricolores y verdes su primera novena
• “Saldremos del despeñadero…”: López Obrador
Febrero 13, 2015.- Durante una entrevista para los diarios Por Esto! de la península de Yucatán, el responsable de la seguridad nacional de México, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, admitió que se registran alrededor de 500 homicidios al mes relacionados con la delincuencia organizada, por lo que si nos atenemos únicamente a sus cifras, durante la actual administración de Enrique Peña Nieto se han registrado al menos 13 mil homicidios en esas circunstancias, una cifra espeluznante y más alta que las bajas de cualquier país en una guerra regular. Además, el alto funcionario no mencionó que alredor de 11 mil desapariciones forzadas se registraron en lo que va de este gobierno federal, sin que se hayan contabilizado bien, mucho menos investigado y, por supuesto, que no se han resuelto.
En México se resiente un grave problema de impunidad, no hay indagatorias adecuadas, no existen bases de datos exhaustivas y protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas. No hay atención a las víctimas, mucho menos reparación adecuada. En estas circunstancias, es imposible hablar de que nuestro país está en los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años, como lo sostiene el político hidalguense sin ningún rubor, en cuanto micrófono le ponen enfrente.
Fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) registran alrededor de 24 mil personas desaparecidas en México desde el 2006 a la fecha. Amnistía Internacional tiene registros de más de 22 mil 600 casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en territorio mexicano en los últimos 20 años. AI destaca que, según cifras oficiales, casi el 50 por ciento de las 22 mil 600 desapariciones se produjeron entre 2012 y 2014, con el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien siguió con la misma tendencia que tenía la administración de Felipe Calderón, quien inició la “guerra contra el crimen organizado”.
Por eso es que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó ayer de un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del país, por lo que recomendó al gobierno de Peña Nieto la creación de una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas”. En un informe difundido por la mañana se específica que dicha unidad debería funcionar “en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)” y contar “con personal específicamente calificado”, así como tener “una perspectiva estratégica nacional y transnacional” que nutra “las tareas de búsqueda”.
Tras examinar el caso mexicano en el contexto de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el comité pidió al gobierno de Peña Nieto “redoblar sus esfuerzos” para atacar el problema de las desapariciones “generalizadas” que resiente el país. “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, subrayó.
Diez expertos independientes integran el comité de la ONU, quienes examinaron a México a principios de febrero en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas, y este viernes emitieron un documento donde detallan sus preocupaciones y recomendaciones. Entre estas últimas resalta la creación de “un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.
La ONU también pidió al gobierno mexicano avanzar “a la brevedad” en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país sobre desapariciones forzadas, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Para la directora del Programa de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, “las recomendaciones (de la ONU) al gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan por esta tragedia”.
OTRAS VOCES
Mucho se ha escrito y reproducido sobre los estudios realizados por peritos en medicina forense, tanto nacionales como extranjeros. Ni que decir de las recomendaciones de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y otras más de la sociedad civil. Las críticas en los diarios extranjeros han llegado al extremo de hacer parecer a nuestro país como el más inseguro, con la delincuencia organizada más sangrienta que ha existido y, por ende, se habla de la incapacidad gubernamental para enfrentar éste y otros problemas que surgen como producto de la inseguridad, entre ellos la falta de inversiones que genera aumento en el desempleo y ni que decir de las condiciones de pobreza que van haciendo cada vez más numeroso el ejército al servicio de todo tipo de mafias.
En todos ellos sólo se encuentran opiniones muy diferentes a las que emite la Procuraduría General de la República y abismalmente opuestas a los dichos de su titular Jesús Murillo Karam. Como tales no han sido escuchadas de manera seria y, por lo tanto, tampoco se toman en cuenta ya que no cambia el discurso sobre la “verdad” de los hechos, nos dimos a la tarea de ir a donde no se esperan que puedan surgir voces que, con otros elementos, contribuyan a confirmar que lo que se divulga oficialmente en torno a la cremación de los cuerpos de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa carece no sólo de credibilidad sino de certeza con todo y la cara seria de quien emite declaraciones y presenta videos.
Los huesos, nos revelan jóvenes embalsamadores, nunca logran desintegrarse, ni siquiera en los hornos crematorios. Resisten altas temperas tanto las piezas dentales como el fémur, este par son prácticamente indestructibles por lo que una vez que se tiene limpio el esqueleto, es decir que ya ha sido consumida por el fuego tanto la grasa como la carne, los huesos se pasan por un triturador y son esas las cenizas que se les entregan a los deudos. Es prácticamente imposible que en una “fogata” lograran calcinar hasta hacer desaparecer 43 cadáveres. Lo único cierto en todas las versiones que hemos leído es que los jóvenes no aparecen, no están y sus cuerpos, tampoco.
Aunado a lo anterior señalan que tan sólo un cuerpo en el horno crematorio produce un olor que se distingue hasta en 10 manzanas a la redonda y que para quienes tienen esa tarea resulta imposible permanecer en el área por lo que va desprendiéndose. Habrá que tomar en cuenta que ese olor sale de un lugar completamente cerrado, herméticamente cerrado y, aun así, se dispara un aroma muy parecido a la carne de cerdo quemada. De ahí que estos jóvenes no puedan concebir que se pudiera permanecer cerca de la hoguera, vigilándola, alimentándola con llantas o con más combustible durante tantas horas. Una persona joven, agregaron, tarda su cuerpo en desintegrarse entre 2 y 3 horas y conforme pasan los años el tiempo aumenta hasta 5 horas. Tratándose de un área a cielo abierto, la quema de 43 cadáveres tendría que haber llevado muchas más horas que las que tiene un día y aun así los huesos y dientes mencionados permanecerían intactos.
Lo dicho sobre el destino de los cuerpos no tiene argumento que lo sostenga. Ni oficial, ni histórica. Simplemente no hay verdad.
NOVENA PRIISTA
Con la designación de Roberto Loyola Vera como candidato al gobierno de Querétaro, el PRI cerró el rígido calendario establecido para la postulación de sus abanderados a los nueve gobiernos estatales que se disputarán el próximo 7 de junio, sin que se hayan registrado disputas internas de relevancia gracias a la disciplina que por años han caracterizado a los políticos de ese instituto político, cuya máxima es “el que se mueve no sale”, expresada por el líder histórico del sindicalismo corporativo, Fidel Velázquez.
Los estudios pre electorales que se han publicado hasta el momento nos señalan una marcada disminución de la preferencia del partido de Enrique Peña Nieto, el PRI, que actualmente controla el 42.6% de la Cámara baja. Todo parece indicar que ese porcentaje disminuirá radicalmente para la próxima legislatura, dado el avance de Acción Nacional, que ya no tiene el lastre de la figura de Felipe Calderón, y el avance que sin duda registrará el partido de Andrés Manuel López Obrador, MORENA, ante el desmembramiento del PRD que se convertirá en un partido mediano, del tamaño del PVEM.
Los estudios de la preferencia electoral previos al inicio de las campañas señalan que los partidos pequeños tendrán serias dificultades para mantener el registro oficial y disfrutar de las prerrogativas que marca la ley y que se traducen en grandes recursos económicos para esas franquicias políticas que son dominadas por familias y pandillas cerradas, que nada tienen que ver con un real juego democrático. Movimiento Ciudadano (MC), el “Partido Anal” (Panal); el del Trabajo (PT), el Humanista y Encuentro Social (PES) podrían desaparecer al no pasar la prueba del ácido en las urnas durante la elección intermedia, donde estarán concentrados en alcanzar el 3 por ciento mínimo requerido por la legislación electoral para conservar su registro como instituto político nacional.
El PRI inició el 12 de enero del año en curso, en la Ciudad de México, el “destape” de sus candidatos a los gobiernos estatales con la senadora Ivonne Álvarez García, aspirante única a la candidatura por Nuevo León y que pretende sustituir al pésimo mandatario estatal actual, Rodrigo Medina de la Cruz, emanado también de las filas del partido tricolor. Álvarez García, quien fue alcaldesa de Guadalupe, en la zona conurbada de Monterrey, dejó en el camino a sus compañeras de bancada Cristina Díaz y Marcela Guerra, así como a los diputados Héctor Gutiérrez de la Garza, Jorge Mendoza Garza y Pedro Pablo Treviño.
La rival a vencer por la legisladora con licencia del PRI será otra dama, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, presidenta municipal de Monterrey, quien desde la Navidad del año pasado pidió licencia al cabildo para separarse definitivamente de su cargo y buscar el registro del Acción Nacional.
En Nuevo León se espera una elección cerrada entre priístas y panistas, con una ligera ventaja, hasta el momento, para Ivonne Álvarez.
El segundo destapado en esta lista, el sábado 17 de enero por la noche, fue el senador José Asención Orihuela Bárcenas como abanderado priísta para la elección de gobernador en Michoacán, con lo que se quedaron en el camino Jaime Darío Oseguera, Víctor Manuel Silva, Alfredo Anaya Gudiño –que ya fue candidato al gobierno estatal y perdió con Lázarito Cárdenas Batel, el cual pudo ganar gracias a los malos oficios de Rosario Robles y la traición del gobernador priísta Víctor Manuel Tinoco Rubí a su partido-, Wilfrido Lázaro Medina y Adrián Huerta Leal, quienes se comprometieron a respaldar a Orihuela Bárcenas.
“Chon” Orihuela enfrentará una elección muy complicada, no sólo por su ausencia de carisma y de apoyos al interior de su partido sino porque tendrá enfrente a dos rivales con fortalezas importantes. Por un lado, está el abanderado del PRD, Silvano Aureoles, quien parece contar con la bendición de Enrique Peña Nieto tras su desempeño como asistente de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, donde trabajo para sacar adelante todas las reformas estructurales. Como se ha visto en la pantalla chica, Aureoles también tiene el respaldo de Televisa por lo que se perfila como favorito. Pero no hay que dejar de lado a la hermana del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, Luisa María, conocida como la “Cocoa”, quien es la candidata de “unidad” de Acción Nacional, y quien ganó la nominación a el senador Salvador Vega Casillas y el ex senador Marko Cortés Mendoza.
Michoacán es un “foco rojo” en el tablero electoral del PRI, por la grave crisis política y de seguridad que resiente desde hace varios años.
El jueves 22 de enero, el PRI anunció a mediodía que Juan Manuel Carreras López, secretario de Educación en San Luis Potosí, es su abanderado al gobierno de esa entidad. Todo parece indicar que será un candidato con todo el apoyo del actual gobierno que encabeza Fernando Toranzo Fernández. Muchos lo consideran su delfín pues antes de ser titular de la Secretaría de Educación Estatal, Carreras fungió como secretario de Programación y Presupuesto y de Desarrollo Social y Regional de la entidad.
Un día después, el viernes 23 de enero, la dirigencia priísta que encabeza César Camacho, informó por la noche que el senador con licencia Ricardo Barroso Agramont volvería a competir por el gobierno de Baja California Sur. El abanderado priísta ya fue derrotado por alrededor de siete puntos por el actual gobernador sudcaliforniano, Marcos Covarrubias, del PAN.
Barroso dejó en el camino a la alcaldesa del municipio de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, y al senador Isaías González Cuevas, dirigente croquista.
El sábado 24 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, el dirigente priísta, César Camacho, dio a conocer que el candidato de su instituto político al gobierno de Campeche es Alejandro Moreno Cárdenas, quien, sostuvo, contó con la aprobación de los otro cuatro aspirantes.
Moreno Cárdenas es actualmente diputado federal y se ha desempeñado como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. En las urnas habrá de enfrentar al perredista Fernando Dante Imperiale García; al panista Jorge Rosiñol Abreu, y a la senadora Layda Sansores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En el papel, el PRI parece enfrentar una elección fácil en Campeche.
La senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se convirtió el lunes 26 de enero en la primera mujer que el PRI postula como precandidata al gobierno de Sonora.
Pavlovich, quien ha sido regidora del ayuntamiento de Hermosillo, diputada local y presidenta estatal del PRI, enfrenta una elección difícil porque el actual gobernador, el panista Guillermo Padrés Elías, es conocido por su afición a intervenir en los procesos electorales a favor de su partido.
El viernes 30 de enero, por la noche, el PRI anunció a José Ignacio Peralta Sánchez, como su candidato a la gubernatura de Colima. El abandero priísta se desempeñaba en el actual gobierno como subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; fue coordinador de Proyectos Especiales del equipo de transición de Peña Nieto; alcalde de Colima; y subgerente de Cambios Internacionales y Metales en el Banco de México.
Este integrante del equipo tecnócrata que actualmente dice gobernar al país, parece enfrentar una elección sin alto grado de dificultad.
Una entidad que es otro foco rojo para el PRI es el Estado de Guerrero. El miércoles 4 de febrero, el Revolucionario Institucional eligió al diputado local Héctor Astudillo como su candidato a gobernador en Guerrero, quien dejó en el camino a Héctor Apreza Patrón, Mario Moreno Arcos, Cuauhtémoc Salgado y el diputado federal Manuel Añorve.
Astudillo, quien ha sido senador y alcalde Chilpancingo, es un político acostumbrado a la derrota. Ya compitió por el gobierno estatal en 2005, cuando fue derrotado por Zeferino Torreblanca del PRD. Como dirigente partidista suma un gran número de pérdidas en su expediente personal.
La elección en Guerrero para el PRI será sumamente complicada, sobre todo si logran convencer al senador Armando Ríos Pitter para que se convierta en el candidato del PRD, además de que el alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, será el candidato del partido Movimiento Ciudadano al gobierno guerrerense.
Ante las protestas de estudiantes y profesores que exigen la suspensión del proceso comicial en represalia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades electorales toman medidas para continuar con la organización de los comicios en la entidad.
El contexto es sumamente complicado. El gobernador Ángel Aguirre renunció en octubre pasado tras el ataque a los estudiantes por parte de policías coludidos con el narcotráfico. Varios de sus familiares están detenidos acusados de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Por otro lado, el alcalde de Iguala y su esposa se encuentran en prisión y son investigados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
El procurador Jesús Murillo Karam dijo que en el caso de los colaboradores y parientes del ex gobernador Aguirre Rivero, llegó ya a 18 el número de presuntos responsables de desviar recursos públicos. Serán las investigaciones y declaraciones de los detenidos los que indiquen si sus resultado llevarán hasta el gobernador con licencia.
Guerrero es un estado ocupado por la fuerza del Estado. Ha resentido un constante despliegue de fuerzas de seguridad, que involucra a la policía federal y militares, los asesinatos se duplicaron entre 2008 y 2013, año en que la entidad registró la mayor tasa de homicidios del país con 63 por cada 100 mil habitantes.
El miércoles 11 de febrero, el PRI cerró su calendario de “destapes” con la designación de Roberto Loyola Vera como su candidato al gobierno de Querétaro, quien buscará que su partido conserve el poder en la entidad. En este Estado, el PRI parece no tener muchas dificultades para salir con el triunfo.
DE LOS PASILLOS
Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó un nuevo anuncio televisivo en el que recuerda que advirtió que el actual gobierno iba a llevar al país “al despeñadero”. En plena calle, en una imagen tomada en primer plano, el dos veces ex candidato presidencial exclama: “Lo advertimos. Dijjimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista, ahora hay un despertar ciudadano”. El mensaje de 30 segundos será pautado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se podrá ver en los tiempos oficiales en los próximos días.
Un funcionario de la PGR, Luis Felipe Molina García, contratado en la Delegación de la dependencia en Guadalajara, aprovechó su cargo para seleccionar y secuestrar a personas de altos recursos económicos que acudían a presentar denuncias a su oficina. El caso se reveló luego de que el 9 de septiembre pasado, Julio Diego Velasco Muñoz, joven de 23 años de una familia dedicada al mármol, acudió a las oficinas de la delegación de la PGR en Guadalajara para denunciar la pérdida de su licencia de piloto. Pasados 19 días, Molina García, quien atendió a Velasco y firmó su acta como testigo de asistencia, lo secuestró y lo ejecutó de tres balazos en la cabeza, luego de cobrar un rescate de 3.5 millones de pesos. Cabe destacar que este asesino disfrazado de funcionario, que no fue detectado por los exámenes de control de confianza de la PGR, pertenecía a una banda de plagiarios cuyo sello característico era cobrar los rescates y después asesinar a sus víctimas.
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