“El poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna”: Gonzalo Torrente Ballester
• Estado de excepción
• Masacre, “legitima defensa”: FCH
• Giras de cierre sexenal sin brújula
• ONU exige a México abolir arraigo
• Lo dicho: Murillo Karam va a PGR
• ¿Burla o inconsciencia de Saynez?
• “Todos al Ángel”, convoca Morena
Noviembre 23, l2012.- Las últimas giras de Felipe Calderón, realizadas sin ton ni son, se han convertido para el michoacano en un amargo adiós, en el que el tema central, al igual que a lo largo de su gestión, fue su “guerra al narcotráfico”. No puede ser de otra manera pues no hay otro rubro que destacar, su sexenio tuvo el signo de la muerte, desde el principio hasta el final. Lo mismo en Sinaloa, que en Veracruz, Michoacán o Quintana Roo, el inquilino de Los Pinos ha dedicado los últimos días de su gestión a justificar su fracaso en materia de seguridad, la carnicería que desató su declaración bélica a los cárteles de la droga y las múltiples violaciones a los derechos humanos que se cometieron a lo largo su administración, con frases elaboradas por sus propagandistas como “el Estado Mexicano actúo en legitima defensa” y “se golpeó como nunca antes” las estructuras logísticas y financieras del crimen organizado, las cuales no se apegan para nada a la realidad.
En Michoacán, uno de los cárteles que no logró desarticular, el de “Los Caballeros Templarios”, lo despidió esta semana con narcomantas; volantes y carteles se distribuyeron en comunidades rurales y cabeceras de al menos una decenas de municipios de Guanajuato, Guerrero y el Estado de México, en los que le reprocharon la guerra emprendida en contra de los grupos delictivos. Los recorridos para presuntamente inaugurar obras de salud o de infraestructura vial, menores todos ellas que no justifican el enorme gasto federal, fueron opacadas por las justificaciones del michoacano que no encontró argumentos para disculparse ante el pueblo mexicano, pero si siguió insistiendo en que “cumplió” con su deber.
En Veracruz, felicitó a las fuerzas armadas por secundarlo ilegalmente en labores policíacas que no les corresponde; en Quintana Roo, sólo fue a supervisar el puente fronterizo Subteniente López II “Chactemal”, en el que dice que se invirtieron 180 millones de pesos, y que servirá para fortalecer el intercambio comercial entre México y Belice. En Chetumal volvió a defender su “ocurrencia” de cambiar el nombre al país de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México; en Ciudad del Carmen, Campeche, tuvo otra “genial” ocurrencia, poner en marcha la obra de un boulevar que llevará el nombre de Juan Camilo Mouriño, quien fuera su secretario de Gobernación y a quien le tuviera un gran cariño. No importa que la actuación en la administración pública federal del funcionario fallecido en un lamentable y todavía no aclarado accidente aéreo fuera sumamente cuestionada, sobre todo por favorecer los intereses económicos de su familia, ligados a empresas españolas.
Hacia mucho tiempo que un gobierno federal no gastaba tanto para alcanzar tan pobres resultados. Los saldos que deja y los pendientes que hereda son muchos, particularmente en el área de seguridad pública, sin dejar de destacar una Nación completamente endeudada con una economía en franca desaceleración que sigue golpeando al empleo y a los trabajadores mexicanos.
GRAN DESAFIO EN SEGURIDAD
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, será el procurador general de la República al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto. El hidalguense solicitará licencia a su encargo a partir del martes 4 de diciembre, una vez que haya presidido, el día 1 de diciembre, la sesión solemne de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Su trabajo, coordinado con el de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, será delicado y sumamente complejo por las condiciones de inseguridad que imperan en todo el país y las violaciones a los derechos humanos que deja la gestión calderonista, en la que prevalecieron y se incrementaron los casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una grave crisis penitenciaria y fugas de reos, entre otros, que metieron a México en un régimen de “estado de excepción” de facto, aunque no se hayan cumplido los requisitos legales para tal efecto.
Como consecuencia de la ilegal utilización de las fuerzas armadas contra los cárteles de las drogas, durante el agónico sexenio calderonista hubo un grave retroceso en este rubro porque el área de seguridad pública no dio el resultado al verse relacionada a casos de violaciones en la materia. Ante este escenario, Felipe Calderón deja un enorme reto al grado que tanto al interior del país como desde el exterior urgen atender, comenzando por mejorar la impartición y procuración de justicia, porque han imperado la corrupción, el influyentismo, la complicidad y la impunidad.
Se ha demostrado fehacientemente que a lo largo del régimen calderonista hubo un incremento exponencial de casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, entre otras, no obstante el gasto exagerado para seguridad pública. En entidades de la República que ya enfrentaban condiciones inusitadas, con regiones en donde la gente vivía con gran tranquilidad, ahora sobreviven en condiciones de inseguridad que no tenían. Para el Ombudsman nacional Raúl Plascencia “la incidencia delictiva se fue a las nubes, la violencia por parte de los delincuentes se vio cada vez más acentuada, las violaciones a los derechos humanos se incrementaron”. Añadió que “no hubo el éxito esperado, no hubo resultados y lo que si hubo fue un gasto exorbitante destinado a la seguridad pública y resultados verdaderamente contrarios a lo que la sociedad esperaba”.
Un buen inicio para la administración de Peña Nieto sería atender cabalmente la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU de abolir la figura del arraigo e impulsar la aprobación de una Ley general sobre desapariciones forzadas. Hay que recordar que la administración calderonista impulsó en 2008 elevar a rango constitucional la figura del arraigo, la cual también fue avalada en varias entidades de la República. Este hecho tuvo un efecto contraproducente al que dicen se buscaba, es decir que propició un aumento progresivo de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuaron con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en amplias regiones del país, entre las que destacan los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Se abandonó así la investigación de casos de desapariciones forzadas, las cuales únicamente fueron archivadas y congeladas. Los responsables de dichas desapariciones fueron cubiertos por la negligencia de las autoridades (in) competentes y eludieron fácilmente cualquier tipo de sanción. La indolencia exhibida por los tres niveles de gobierno permitió un alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detenciones arbitrarias por efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco de la guerra contra los cárteles de la droga. Se hizo una costumbre que durante el periodo anterior a la entrega al Ministerio Público se infligiese tortura y malos tratos a los detenidos con el propósito de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron utilizadas para encubrir múltiples irregularidades cometidas durante la detención.
Ante estas prácticas, el CAT de la ONU urgió al Estado mexicano a modificar su Código de Justicia Militar de conformidad con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya militares involucrados. Pidió a las autoridades mexicanas permitir la realización de exámenes médicos independientes cuando así lo solicite el sospechoso ante el tribunal. En el ámbito legal, demandó modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura a fin de que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pidió que las entidades federativas tipifiquen los actos de tortura; que garanticen que el delito de tortura no prescriba y que se conforme un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos.
La lista de recomendaciones del CAT es amplia: cumplir con el Protocolo de Estambul; aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes; mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros para migrantes; redoblar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género y llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese ámbito; instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas; pidió acelerar el mecanismo de protección previsto en la ley en la materia.
Los políticos hidalguenses a cargo de la SG y la PGR están obligados a trabajar eficientemente para encabezar los esfuerzos a fin de atender la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abolir la figura del arraigo e impulsar una ley general sobre desapariciones forzadas. El cambio de fisonomía del área de seguridad pública al mando de la Secretaría de Gobernación, que quedará a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam al frente, tienen que dar mejores resultados. Sin embargo, hay riesgos que deben tomarse en cuenta, como el que se refiere a la incorporación de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación que puede llevarla a convertirse en una “Policía política”, tal y como lo han denunciado dirigentes de oposición.
DEROGAR ARRAIGO: MC
En la Cámara de Diputados ya se presentó una iniciativa para que la figura de arraigo sea derogada por considerarse que constituye una forma de detención arbitraria que viola los derechos de libertad personal, legalidad y presunción de inocencia, así como las garantías de debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. El vicecoordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Mejía Berdeja, presentó dicha iniciativa con el fundamento de que durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos, sus familias, abogados y servicios médicos independientes que agravan su aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por tortura o tratos que no son ajustados a derecho.
Mejía sustentó que en el gobierno de Calderón el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público federal aumentó de 542 en el 2006 a casi dos mil en el 2010. Además, dijo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2009 y 2011. El legislador coahuilense reprobó que la figura del arraigo implica que “primero te detengo y luego te investigo”, con lo que la persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, “ya que no es indiciada ni inculpada; lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la liberad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora”.
¿BURLA O INCONSCIENCIA?
Si no se tratara de un asunto de extremada seriedad provocaría risas y burlas la declaración del secretario de Marina Armada de México, Mariano Francisco Saynez Mendoza, a Felipe Calderón, durante un acto en la escuela naval en Veracruz, donde le expresó: “Gracias mi Comandante, misión cumplida”, y le aseguró que los marinos se sienten orgullosos de haber servido a la Patria bajo su mando, cuando los resultados de la dirigencia del “comandante Calderón” en la guerra contra los cárteles de la droga son a todas luces adversas para el país.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico que emprendió la administración calderonista desde diciembre de 2006 –y hasta octubre de 2012- soldados, marinos, cabos, sargentos, subtenientes, tenientes, capitanes y coroneles forman parte de los 395 elementos que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México (Semar) admiten que fueron asesinados, sin contar con los 137 efectivos de las fuerzas armadas que fueron reportados como desaparecidos en 28 entidades del país. Los militares y marinos perdieron la vida en una guerra estúpida y cayeron bajo impactos de arma de fuego y punzocortantes, por descargas eléctricas, ahogados, asfixiados, por contusiones en la cabeza, por golpes de calor, atropellamiento, deshidratación y accidentes automovilísticos, aéreos o en alta mar.
Todo lo anterior sin contar los más de 150 mil cadáveres que dejo esta guerra irregular de baja intensidad pero graves perdidas, no sólo materiales, sino sobre todo humanas. Felipe Calderón sigue justificándose, sin que por equivocación se le ocurra pedir disculpas al pueblo de México, señalando falazmente que el crimen organizado representaba la principal amenaza para la seguridad interior del país por lo que como titular del Ejecutivo federal actuó en “legítima defensa”. Nada más falso. También miente cuando señala que “se golpeó como nunca antes” las estructuras logísticas y financieras de los cárteles de la droga, cuando los reportes de inteligencia señalan que las organizaciones criminales aumentaron su fortaleza y capacidad de fuego y sus recursos financieros fueron ampliados exponencialmente durante esta administración.
DE LOS PASILLOS
Andrés Manuel López Obrador informó en su cuenta de Twitter que las manifestaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República se realizarán a partir de las 11 horas en las capitales de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México… Todos al Ángel de la Independencia el sábado 1 de diciembre a las 10 de la mañana. ¡Peña Nieto no ganó las elecciones; las compró!, escribió en su cuenta de Twitter Martín Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El dirigente opositor señaló en una entrevista de radio que realizarán ese día protestas en las 32 entidades de la República contra Enrique Peña Nieto. Explicó que en el monumento a la Independencia se leerá el dictamen de un tribunal popular y denunciarán las presuntas irregularidades en la pasada elección presidencial.
Los datos que presentó Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública (SFP), son sólo la punta del iceberg de la corrupción que inundó al país en el sexenio de Felipe Calderón. No obstante, son muestra de la dimensión de la misma que será heredada al gobierno de Enrique Peña Nieto. Según el funcionario, al menos 2 mil procesos “vivos” en materia de actos de corrupción, que están en manos de jueces para su resolución, serán heredados a la gestión federal que sigue. Lo peor es que hay el riesgo de que con la eventual desaparición de la Función Pública, los procesos iniciados queden sin efecto. Según Morgan, en este sexenio se castigaron a 50 mil funcionaros públicos por actos de corrupción, y de ellos 9 mil “fueron serios” y 600 “peces gordos”, es decir, directores de área para arriba.
Un incendio en el tren conocido como “La Bestia”, provocó que miles de migrantes permanezcan varados desde hace tres días en las vías férreas en el Estado de Chiapas. Alrededor de 2 mil 500 migrantes centroamericanos han estado durmiendo a la intemperie, a la espera de que los trabajadores ferroviarios reemplacen un motor que estalló en llamas a principios de esta semana… Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) retiraron los bloqueos que mantenían en 37 puntos carreteros del Estado de Oaxaca para exigir al gobierno estatal la desaparición de la Sección 59 del SNTE, la renuncia del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, del director de Seguridad Pública y la destitución del alcalde de Mitla… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
