“En política nunca las cosas están tan mal como
para que no puedan ponerse peor”: Jorge Saldaña
- Ausencia de autoridad moral
- México ante el negro espejo egipcio
- Opacaron los festejos septembrinos
- Se acumulan 26 mil desapariciones
- Con EPN, suman 56 mil ejecuciones
- Devaluación provoca encarecimiento
Septiembre 16, 2015.- Todos los festejos por el 205 Aniversario de la Independencia de México fueron opacados por la tragedia, por el miedo, la incertidumbre y el coraje ante la corrupción e impunidad que han prevalecido en la actual administración federal. En algunos municipios las fiestas simplemente fueron desairadas por los pobladores. Hechos lamentables como el asesinato de 8 mexicanos por las fuerzas armadas de Egipto se han utilizado como cortina de humo para tapar desventuras nacionales como la deficiente investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que a un año de ocurrida aún no se sabe qué pasó con los estudiantes. Las exigencias de una investigación a fondo sobre el homicidio de los turistas mexicanos pierden fuerza porque que son hechas por un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que carece de autoridad moral.
La carta abierta a México del ministro de relaciones exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, en donde ofrece una investigación imparcial sobre el ataque que sufrió el grupo de turistas mexicanos, con un saldo de ocho muertos y seis heridos, hace énfasis en que El Cairo, al igual que México ha sufrido de violencia a gran escala, uno a causa del terrorismo y el otro a causa del crimen organizado. El funcionario egipcio le recordó a la administración de Peña Nieto que ”la guerra contra las drogas en México ha causado la muerte de decenas de miles de personas inocentes, una gran parte de ellas agentes del orden. Grupos del crimen organizado han asesinado sin piedad a figuras políticas y funcionarios estatales. En todo caso, esto demuestra que Egipto y México enfrentan retos similares”. O, en sabias palabras, “no exijas lo que no puedes dar”, y le agregan la lección de cerrar todos los frentes, incluyendo los de la prensa.
Shoukry tiene mucha razón respecto al gobierno mexicano pero su interés está enfocado a demostrar que el convoy de turistas, entre los que estaban los mexicanos, simplemente se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que se cometió un error en el operativo en contra de terroristas en esa zona al momento en que el que el convoy transitaba por el área. Esa es su verdad histórica, la cual habrá de ser refutada o confirmada por las investigaciones que se realicen sobre los hechos si es que en verdad se llevan a cabo con la imparcialidad ofrecida ya que no es un secreto que en Egipto, en el presente, el apoyo de la milicia al gobierno es imprescindible por lo que nada hace prever que entregarían a quienes cometieron la “equivocación”. En México, tampoco se hace.
La “sopa de su propio chocolate” que el recetaron los egipcios al gobierno mexicano no les cayó nada bien. El primero en respingar fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien al ser entrevistado al término del desfile militar del 16 de septiembre, cuestionó los argumentos de Shoukry y afirmó que “son dos contextos totalmente distintos y hoy, lo que nos debe ocupar es la investigación a fondo de lo que ocurrió”. Es inexplicable la inexistencia de toda esa rabia en la respuesta cuando el cuestionamiento surge para demandar se aclaren todos los asuntos que sobre ejecuciones y crímenes tiene pendientes en su agenda tanto este funcionario como su jefe.
El todavía presidencial Osorio Chong aclaró que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que fije la postura del gobierno mexicano al respecto, pero insistió en que la demanda de esta administración va en el sentido de pedir la investigación y el castigo correspondiente a los responsables. Seguramente se pensará que la sobrina del ex presidente Carlos Salinas tiene las tablas suficientes para atender un asunto internacional porque como su experiencia tiene que ver con el turismo, de este sector a la rama diplomática considerarán que no hay mucho trecho. Es así como siguen y permanecen las acciones y expresiones que revelan ignorancia.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, tuvo que ir hasta El Cairo para que su homólogo egipcio, Sameh Shoukry, le reafirmara el compromiso del gobierno de su país de “llevar a cabo una investigación expedita, exhaustiva y transparente que determine las circunstancias, responsabilidades y causas de este lamentable incidente, y asegure la adecuada consideración e instrumentación de las averiguaciones”, de acuerdo con un comunicado de la cancillería. Con cara de aflicción la funcionaria da cuenta, de nuevo, que el gabinete de Peña Nieto lleva a cabo otro capítulo de este drama telenovelero en el que han convertido todo un trienio… y lo que falta.
El funcionario egipcio reiteró sus condolencias por los sucesos y reafirmó el compromiso de su país de ayudar a la atención médica de los heridos y la repatriación de los cadáveres de los mexicanos que resultaron víctimas del ataque del domingo. Las dos cancillerías aprovecharon para declarar su “voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en todos los campos” y de mantener la coordinación en asuntos internacionales de interés muto.
DESAPARICIONES SIN RESOLVER
Mientras, a los mexicanos nos queda claro la poca autoridad moral que tiene la administración federal actual, toda vez que tiene una larga cola que le pisen: de acuerdo con datos oficiales, hay alrededor de 26 mil personas desaparecidas de las que simplemente no se sabe nada, aunque cada vez se descubren más fosas clandestinas con cuerpos irreconocibles. El ritmo de asesinatos contabilizados por las autoridades no cede, aunque el manejo tramposo de las cifras los lleve a declarar que los índices de ejecuciones han disminuido. Como sea y a pesar de eso, los homicidios suman este año más de 13 mil 500, en 2014 se registraron 19 mil 669, y en 2013 fueron 23 mil 62 ejecuciones.
Así, pese a cifras amañadas suman más de 56 mil ejecuciones a mitad del sexenio, la gran mayoría sin resolver, tan sólo con averiguación previa levantada, pero sin investigaciones que lleven a su resolución y mucho menos al castigo de los responsables. Ser sicario en este país conlleva menos riesgos que ser periodista, líder social o defensor de los derechos humanos. La ausencia de Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad han sido el sello de la presente administración federal. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UdlAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), México es el segundo país de un total de 59 analizados con mayor índice de impunidad.
Los abusos y la corrupción exhibida por la clase política quedan en total impunidad lo que representa “problemas serios” en México, advirtió el gobierno de Estados Unidos en las conclusiones incluidas en el reporte sobre los derechos humanos en el mundo, dado a conocer en junio pasado por el Departamento de Estado estadounidense. El documentó resaltó que “los problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de policías y miliares en abusos serios, como ejecuciones, torturas, desapariciones y abuso físico. La impunidad y la corrupción permanecen como problemas serios, particularmente en los niveles (de gobierno) estatal y local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial”.
Ese reporte destaca problemas como la falta de garantías para juicios justos, los límites a las libertades civiles y la discriminación. Cabe recordar que la respuesta de la administración de Peña Nieto a dicho reporte fue calificarlo de “un ejercicio unilateral” y regresar a la retórica al señalar que “México reitera su indeclinable compromiso con la protección de los derechos humanos en nuestro país y el Estado reconoce los retos actuales y reafirma su voluntad de continuar intensificando sus esfuerzos para dar cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia”.
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el gobierno mexicano debe demostrar con actos y no con palabras que está comprometido en la lucha contra las desapariciones forzadas y en la resolución de los miles de casos existentes en el país. Ariel Dulitlzky, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, recalcó que se requieren pasos concretos “no sólo retórica”. Insistió en que el gobierno mexicano debe asumir la dimensión del problema de las desapariciones forzadas y acusó que el gobierno mexicano hasta ahora ha fracasado en asumir la gravedad de la dimensión del problema.
Dulitzky indicó que “después se debe establecer un proceso de reconocimiento de la verdad, crear una base de datos genética, que haya juicios contra los responsables de estos crímenes, que haya condenas, que haya reparaciones para las víctimas”. Recordó que nadie sabe ni siquiera cuántos desaparecidos hay en México. El experto destacó que una de las principales conclusiones del último informe del Grupo sobre México incidía en “la impunidad generalizada”. Subrayó que “en México existe un padrón de impunidad generalizada y es muy preocupante porque México es una democracia establecida”.
Dulitzky pidió “un cambio de cultura” del gobierno y sobre todo, un cambio de actitud, que permita avanzar en la resolución de los casos.
DE LOS PASILLOS
Hasta ahora no se ha visto que la devaluación del peso frente al dólar influya en la inflación. Todo parece indicar que esto se debe a que las empresas no trasladan el aumento por temor a una disminución de la demanda. No obstante, según los expertos, el alza del tipo de cambio amenaza la recuperación que han tenido las ventas de las cadenas de autoservicios y departamentales a lo largo de 2015, tras dos años de estancamiento. Por tanto, anticipan un encarecimiento de al menos un porcentaje de los productos, especialmente aquellos que van dirigidos a la clase media…
Para poder hacer una revisión de ingresos y gastos más profunda de los partidos políticos es necesario redefinir integralmente el modelo de fiscalización que operó el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los plazos no estén tan “estrechos”, en opinión del consejero Arturo Sánchez. Recientemente el Tribunal Electoral consideró que el INE incumplió con los tiempos para que los magistrados pudieran tener toda la información necesaria a fin de determinar anulación de elecciones por la causal de rebase de topes de gasto de campaña.
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