“Si hubiese una secretaría para el control de la corrupción,
es seguro que habría menos”: Jorge Saldaña.
- Encubrimiento
- AI señala al gobierno de Peña Nieto
- Ayotzinapa hunde a gestión federal
- Impunidad, favorecedora de corrupción
- Senadores, cancelan derecho de réplica
- En Nuevo León y Sonora darán ejemplo
Septiembre 23, 2015.- Sin testigos, sin que pueda conocerse de manera directa el tono en el que se llevarán las pláticas, las demandas que se planteen, se conozca si existe algún avance real en las investigaciones o se dé fe de los rostros y de lo que esconden las máscaras, será la reunión que sostengan los padres de los alumnos de la rural de Ayotzinapa y el titular del Ejecutivo Federal. Mientras la organización internacional defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) acusó que desde los más altos niveles del gobierno de México existe un “escandaloso encubrimiento” de los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, en la Presidencia de la República decidieron que la reunión de este jueves del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no se realice en la residencia oficial de Los Pinos y que se lleve a cabo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
AI advirtió que esta tragedia “es uno de los peores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México” y sostuvo que deja en evidencia que “cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas”. El organismo internacional resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto va a seguir siendo visto en todo el mundo “como el facilitador de los horrores”, a menos que tome una acción real, que debería de verse este jueves. Y, sobre el cambio en la ubicación de la reunión, las razones que no se dan a conocer tienen mucho que ver con el miedo, con la inseguridad que también reina en lo que ya se conoce como el Palacio de Parque Lira.
Para Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “la inquebrantable decisión del gobierno mexicano de convencer al mundo que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero, está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación”. Con esta opinión coinciden muchas otras organizaciones e incluso el mismísimo Vaticano en donde, hasta ahora, tienen las puertas “emparejadas” y así se hace notar cuando se expresa el dolor por no poder ver a la Guadalupana.
En tanto, en el Senado de la República, la sesión se cerró sin que los grupos parlamentarios lograran un acuerdo sobre la creación de una comisión internacional o fiscalía nacional para la investigación del caso Ayotzinapa. Petistas y perredistas tomaron la tribuna, por lo que el panista Roberto Gil, presidente del Senado, manifestó que ante esas condiciones no podría continuar la sesión y convocó para el próximo jueves.
Al momento de escribir estas líneas no se había confirmado quienes asistirán, además de Peña Nieto, al encuentro por la parte oficial. Se espera que acuda el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán; y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.
LEY MORDAZA A LA VISTA
Ahora la tirada es para los ciudadanos, esto como un primer paso para dirigir las baterías a donde les importa: acallar a los medios de información independientes. Se trata de la aprobación para negar el derecho de réplica a los mexicanos mediante excusas que obliguen a judicializar el proceso y se atenta contra un derecho que debiera ser expedito, gratuito y equitativo, según consta en los renglones sobre derecho internacional. PRI, PAN y Verde votaron en favor y el PRD y el senador Javier Corral en contra. Se puede negar el derecho de réplica cuando se trate de transmisiones en vivo, cuando el interesado no se limite a aclarar datos, cuando la información se base en datos oficiales o la declaración provenga de alguna agencia de noticias.
Según Alejandro Encinas lo que se está generando es un nuevo mercado en los medios de comunicación, en donde habrá que pagar para ejercer ese derecho ante un agravio cometido ya sea por la autoridad o por un particular. Un dictamen de esta naturaleza fue presentado a los legisladores únicamente para su firma y no se aceptó ningún renglón expuesto por partidos ajenos al tricolor. Si se empiezan a aceptar las pérdidas de derechos como el de réplica, lo que sigue es el de la información y que no se diga que no se advirtió a tiempo.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
La razón de que la corrupción florezca en México es, sin duda alguna, la impunidad. En nuestro país, sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, y esto porque son cometidos por mandos inferiores. De las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en este siglo, sólo el 1.5% fueron consignadas. La estructura judicial y sus ligas con el poder político y económico no permite el combate a los delitos de corrupción, sobre todo los cometidos a través de órganos de gobierno. México es uno de los países que hacen poco o nada por perseguir delitos de corrupción.
Los ejemplos abundan: entre los más recientes destaca el de Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro Distrito Federal (PMDF), a quien el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedió un amparo contra la orden de aprehensión que libró en su contra un juez. A este ex funcionario sólo se le fijó una garantía de 200 mil pesos, que deberá exhibir en los próximos días con el fin de no ser detenido. Horcasitas, es uno de los ex servidores públicos sujetos a procedimiento por irregularidades en el uso de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro. Fue el encargado de llevar el proceso constructivo de dicha línea, que incluyó el diseño y la realización de la obra, contratación del proceso constructor, formado por las empresas ICA, Carso y Alstom, así como la entrega de la misma. Horcasitas se encuentra prófugo, posiblemente en Estados Unidos, Canadá o Alemania.
Otro caso de corrupción es el de Víctor Hugo Romo, ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo y actual diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a quien se la han detectado irregularidades por 46.2 millones de pesos durante su gestión en la demarcación. Las anomalías se concentran en obras que utilizaron fondos federales, de acuerdo con auditorías de la Secretaría de la Función Pública. Entre éstas se encuentra la construcción del nuevo edificio delegacional que contó con un presupuesto de 24.3 millones de pesos en 2014. Aquí se infló en más de mil por ciento la superficie de excavación y se pagó en exceso por ese concepto, según la SFP. La obra, que está en fase de cimentación, se le adjudico a la empresa Phomsa Construcciones, propiedad del perredista Carlo Herrera Tello.
Un caso más es el del ex alcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, quien se encuentra preso por el delito de peculado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó a través de la fiscalía a cargo de la investigación que alrededor de 60 millones de pesos de recursos públicos fueron desviados durante la gestión de Sánchez Guevara. Durante la investigación se han encontrado una serie de irregularidades como la contratación de bienes y servicios, así como una inversión en Ficrea, que ya han sido integradas a la indagatoria. El ex alcalde fue detenido el pasado 20 de agosto acusado de peculado por sólo 400 mil pesos.
En la actualidad es un problema que en lugar de resolverse se agrava. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones. En el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, los mexicanos confirman que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.
La corrupción también impacta a las empresas. En el país, el 44% de las empresas reconoce haber pagado un soborno. El 75% de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Una tercera parte de estos pagos se entrega a dependencias municipales y delegacionales.
SONORA Y NUEVO LEÓN
Claudia Pavlovich, nueva gobernadora de Sonora, admite que en la entidad hay “un nivel de corrupción nunca antes visto en todos los niveles de gobierno”. Al arrancar su administración, instruyó a sus colaboradores a presentar su declaración patrimonial, de conflicto de interés y de impuestos, tal como ella lo hizo durante su campaña.
La mandataria sonorense pretende conformar una “fiscalía anticorrupción independiente”, que investigará y castigará a los funcionarios deshonestos. Pavlovich pretende investigar y encarcelar a su antecesor, el panista Guillermo Padrés, a quien se la ha detectado un sobregiro de 10 mil millones de pesos, aumento del doble de la deuda del estado y pagos no hechos por seis mil millones de pesos. Advierte que “si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevo, que lo piense dos veces. Nadie, absolutamente nadie, se va a salir con la suya”.
En Nuevo León, la corrupción de la familia del gobernador Rodrigo Medina y su nueva riqueza permitieron por primera vez en la historia del país el triunfo de un candidato independiente en la elección por la gubernatura del estado. Jaime Rodríguez, alias “el bronco”, tomará posesión el próximo 4 de octubre, y ha generado una gran expectativa de que combatirá la corrupción de la administración saliente. Hay que recordar que en campaña firmó varios acuerdos anticorrupción frente a representantes de la sociedad civil y sostiene que irá a fondo en contra del gobernador saliente y de su familia.
A nivel federal, los poderes constitucionales han evitado iniciar y ejecutar procesos penales en contra de servidores públicos corruptos, por lo que los poderes locales en Sonora y Nuevo León pueden ser los primeros en llevar a cabo una agenda anticorrupción. Guillermo Padrés y Rodrigo Medina pueden ser los dos ex gobernadores (uno del PAN y otro del PRI) que sean procesados y sentenciados por actos de corrupción, lo que elevaría la popularidad tanto de Claudia Pavlovich como de Jaime Rodríguez.
DE LOS PASILLOS
El peso se hunde. Este miércoles, en operaciones de menudeo o de ventanilla, el dólar se vendió en promedio alrededor de 17.43 pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, el dólar interbancario cerró en 17.1325 unidades a la venta, lo que implicó para el peso un retroceso de 1.54 por ciento. La moneda nacional acumula una caída de 3.91 por ciento en cuatro sesiones. La presión a la baja sobre el peso generó las condiciones para que se activarán las subastas con y sin precio mínimo. El Banco de México inyectó en el día liquidez por 400 millones de dólares, con lo que acumuló una venta de mil 200 millones en tres días consecutivos.
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