“Las ganancias guárdalas para ti; los sacrificios distribúyelos entre el pueblo”: Jorge Saldaña
• Sin esperanza
• Diputados con historial delictivo
• Por “cuota” integran Comisiones
• Preparan a “juniors” del mañana
• Partidocracia, enfermedad incurable
Octubre 5, 2015.- No es exagerado pensar que todavía falta mucho tiempo para que los ciudadanos veamos un cambio radical, uno que permita vislumbrar la llegada de funcionarios de todos los niveles, de legisladores, de gobernantes que sepan y sientan lo que es el servicio público y que, por lo tanto, busquen no sólo el beneficio de las mayorías sino que se recupere la soberanía y los índices de desarrollo y bienestar que el país en su conjunto exige. Y no es solo palabrería porque basta con analizar la conformación de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados. En un primer apunte aparece que gran parte de los 500 nuevos diputados federales de la LXIII Legislatura, 129 para ser exactos, tienen un negro historial que incluye señalamientos públicos de corrupción, denuncias por nexos con el crimen organizado y acusaciones de enriquecimiento ilícito, entre otras.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos 15 nuevos diputados han estado involucrados en procesos penales; unos 12 han sido señalados por corrupción; por presuntos nexos con el crimen organizado, han sido acusados 8; otros 8 fueron denunciados de presunto enriquecimiento ilícito y a 21 se les ha señalado de uso indebido del cargo; gestiones polémicas han tenido 14; acusados de nepotismo hay 11; hijos de políticos prominentes son 16, la mayoría sin méritos legislativos o políticos previos; de improductivos han sido calificados 6; han cambiado de partido 14; colaborado en alguna televisora 4. Es así que de ninguna manera puede ser esperanzador el futuro y mucho menos la presentación de iniciativas o la expedición de leyes que nos lleven a recuperar el tan ansiado Estado de Derecho.
Estos nuevos y cuestionados legisladores ni siquiera tuvieron que hacer campaña: 70 de los 129 legisladores con señalamientos ocuparán la curul por asignación directa de sus partidos políticos. De ese total, 33 nuevos diputados llegan por el PAN; por el PRI-PVEM 28; por el PRI 27; por el PRD 11; por el PVEM 8; por el Panal 8; por Movimiento Ciudadano 6; por PRD-PT 4; por el PES 3; por Morena 1. Ahora que, ninguno de estos señalamientos tendría la exacta validez si no se proporcionan nombres. Podríamos empezar por David Sánchez Guevara, diputado de la alianza PRI-Verde, detenido por peculado por el presunto desvío de recursos cuando fue alcalde de Naucalpan.
Jesús Valencia, ex delegado de Iztapalapa que fue acusado de tráfico de influencias al recibir vehículos de empresas contratistas en su demarcación. Un caso que destaca en este lodazal político lo es sin duda el del diputado federal electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, quien entró al Congreso de la Unión con la sombra de haber sostenido nexos con el crimen organizado. El oriundo de Soledad de Doblado, quien desea ser candidato panista al gobierno de Veracruz, fue señalado en 2011 “por presuntos nexos con la familia Colorado Cessa, vinculada al cártel de los Zetas”. Otro caso más de esta calaña lo es el de Baltazar Hinojosa Ochoa del PRI, a quien se le menciona como uno de los ex ediles que fue apoyado por el Cártel del Golfo, en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, otros dos pájaros de cuenta que han sido protegidos por un largo manto de impunidad.
Una perla más la constituye el priísta Carlos Federico Quinto Guillén, que en 2013 le fue difundido un video en el que el presunto narcotraficante Carlos Campos Hernández, alias “el comando”, lo acusa de recibir dinero de “los caballeros templarios” a cambio de permitir desembarcos de droga. Y en las filas de los “honestos” panistas destaca Ulises Ramírez Núñez, quien fue acusado de ser socio de Francisco Héctor García Cárdenas, a quien la PGR detuvo en 2011, acusado de ser el líder financiero de la banda delictiva “los carcachos”.
Por lo que toca a las filas de la alianza PRI-PVEM, sobresalen Armando Luna Canales. El periodista Miltón André Martínez Galindo lo acusó de tener nexos con sicarios, a quienes ordenó privarlo de la vida; y Salomón Fernando Rosales, a quien se le acuso de ser uno de los 14 alcaldes electos que, en 2007, acudieron a una reunión con “la familia michoacana”, durante la cual el grupo criminal les cobró el apoyo económico brindado durante las campañas. También Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela. En 2010, el exedil apareció en las narconóminas pagadas por “la familia michoacana”; y Salomón Majul (PRI-PVEM) figura en la lista de 25 alcaldes y ex alcaldes de Guerreo presuntamente vinculados con el crimen organizado, entregada a la PGR y a la CNDH por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal en 2014.
Al panista y ahora perredista Julio Saldaña Morán, se le acusa de haber amasado una fortuna a partir de que se convirtió en regidor en Veracruz. Antes se dedicaba a la venta de leche casa por casa. Entre los juniors de la política se cuenta el diputado priísta Tomás Montoya Díaz, hijo de Cristina Díaz, ex presidenta interina del PRI y actual senadora, y del ex diputado y ex alcalde Tomás Montoya Pereyra, así como Octavio Herrera Borunda, del PVEM, hijo del ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera.
Entre los tránsfugas destaca Gonzalo Guízar Valladares (PES), ex diputado federal por el PRI y ex candidato del PAN al municipio de Coatzacoalcos.
Los hay que abandonaron las delegaciones del Distrito Federal para integrarse a la Cámara buscando abiertamente el cobijo del fuero por las acciones delictivas realizadas. Uno de ellos es el ex delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo a quien se le señala en una primera revisión del desvío de 46 millones de pesos en obras pagadas y no realizadas, además de lo costoso de las obras sobre la avenida Presidente Mazaryk, para lo cual se dedicaron a extorsionar a los comerciantes de la zona y a buscar quien les ayudara a lavar el dinero. En un afán de conservar la demarcación en poder del PRD no dudaron en ofrecer y pactar con dinero la declinación de candidatos de otros partidos a quienes hasta las fecha no les han reintegrado lo ofrecido y mucho menos liquidado lo gastado en las campañas. Romo se esconde detrás de las curules y los de su partido se lo permiten porque, dicen, compartió ganancias con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
REPARTO DEL BOTÍN LEGISLATIVO
El reparto del botín legislativo en la actual legislatura de la Cámara de Diputados no se realizó en base al mérito, la especialidad o a los conocimientos de los nuevos presidentes de las comisiones que la integran, sino al peso de la pandilla política que los respalda. Así, el diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, no sólo es el legislador de más edad, 74 años, es también presidente de la Comisión de Asunto Indígenas. En Oaxaca se le conoce como cacique en la Sierra Norte. Desde sus primeros cargos en el Instituto Nacional Indigenista, en el sexenio de Luis Echeverría, hasta el más reciente como director del Colegio de Bachilleres, con Ulises Ruiz, ha explotado las causas de las comunidades.
Armando Luna Canales del PRI, fue designado presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Como Ombudsman de Coahuila respaldo la pena de muerte a secuestradores. Fue secretario de Gobierno en las gestiones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés. Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, es presidenta de la Comisión de Vivienda. Todo queda dentro de una “bonita familia” de coahuilenses señalados por el alto grado de corrupción que los acompañó en sus respectivos mandatos.
El primo del presidente Enrique Peña Nieto e hijo del ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, Alfredo del Mazo Maza, es presidente de la Comisión de Infraestructura. El hijo del ex gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, José Ignacio Pichardo Lechuga, es presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. El hijo del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, Pablo Gamboa Miner, es presidente de la Comisión del Deporte. Un reparto que a todas luces beneficia a un sector político que se prepara para los próximos sexenios.
La hija del dirigente vitalicio de la CTM en Chihuahua, Jorge Doroteo Zapata, Georgina Zapata Lucero, es presidenta de la Comisión del Trabajo. En este punto habrá que hacer hincapié en que doña Georgina cuenta con amplia experiencia en el manejo sindical, además de contar con un aceptable currícula académico. El hijo del fundador de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Leonel Domínguez Rivero, Raúl Domínguez Rex, es presidente de la Comisión de Desarrollo.
Entre las que algo tuvieron que ver en cuanto a los antecedentes está el líder de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Germán Escobar Manjarrez, es el presidente de la Comisión de Agricultura; para la Comisión de Ganadería se decidieron por el empresario ganadero en Veracruz, Guillermo Cházaro Montalvo; en la Comisión de Economía se designó al presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Enrique Dávila Flores; en Desarrollo Social al ex subsecretario del ramo Javier Guerrero. Para dar otro ejemplo de impunidad pusieron en la Comisión de Justicia, nada menos que al secretario de Gobierno de Nuevo León en el gobierno de Rodrigo Medina, Álvaro Ibarra Hinojosa. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, se designó a uno de los denominados “cachirules”, Víctor Manuel Gorgiana; en la Comisión de Presupuesto se decidieron por Baltazar Hinojosa, economista y, obviamente priísta ya que esta comisión ha estado en poder de ese partido 3 sexenios.
Las cuotas políticas dentro del PRI fueron evidentes en este reparto de comisiones. Por ejemplo, Georgina Trujillo Zentella, ex colaboradora de Roberto Madrazo, fue designada presidenta de la comisión de Energía y es menester preguntar cuantas veces sea necesario que tanto sabe la tabasqueña de este renglón que tiene vital importancia y que tiene en jaque el bolsillo de millones de mexicanos a través del uso de la energía eléctrica y a otros tantos millones por lo que respecta a los combustibles; la ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, es presidenta de la comisión de Comunicaciones; y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del Sub comandante Marcos, es presidenta de la comisión de Gobernación.
En esta Legislatura las mujeres consiguieron el mayor número de comisiones, el que nunca antes se había visto y ello sin duda fue merced a la labor que realizara la yucateca Ortega Pacheco. Incluso la comisión de Hacienda que por años ha pertenecido al PAN quedó en manos de Andrea Cruz Blackledge, ex cónsul en Calexico y quien seguramente tendrá que prepararse para esta encomienda que le es totalmente desconocida. Al ex dirigente panista Gustavo Madero, la comisión de Atención a Grupos Vulnerables; en Cultura, al ex asambleísta Santiago Taboada Cortina; en Reglamentos, a Jorge Triana, del grupo del ex presidente Felipe Calderón; en Transportes al empresario de Nuevo León, Alfredo Rodríguez Dávila.
A la “chiquillada” también les tocaron comisiones: al impune PVEM le correspondieron seis. Destacan la Comisión de Radio y Televisión será presidida por Lía Limón, ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación y la que le garantiza a ese partido el negocio del Siglo, la de Recursos Hidráulicos que recayó en el imberbe Remberto Estrada; al Panal le tocó una, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se le asignó a Bernardo Quezada Salas, dirigente de la Sección 60 del SNTE; a Encuentro Social se le asignó otra, la de Asuntos Migratorios, que encabezará Gonzalo Guízar Valladares, personaje cercano al cuestionado gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Para MORENA, 4 comisiones entre las que destaca Transparencia y Corrupción y Movimiento Ciudadano alcanzó 3, destacando la de Marina.
PARTIDOCRACIA EN PLENO
Durante la actual administración federal el ejercicio de la partidocracia y los acuerdos cupulares en el Congreso lograron trasquilar la Constitución Política del país y aprobar las denominadas reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, que en los hechos culminaron un largo proceso neoliberalizador iniciado en la gestión de Miguel de la Madrid por Carlos Salinas de Gortari. La finalidad de dicho proceso en palabras simples es quitar al pueblo de México sus recursos, naturales y de infraestructura productiva, adelgazar al Estado, y dejar esta inmensa riqueza en manos de una cuantas famitas aliadas con el poder político.
Para ello, en los primeros tres años de gobierno contaron con la complacencia y complicidad de los partidos de “oposición”, PAN y PRD, que se sumaron a esos esfuerzos al firmar el llamado “Pacto por México”, que le arrebató al Congreso la facultad de decidir sobre los recursos patrimoniales del país. La Cámara de Diputados en la pasada legislatura actuó como simple oficialía de partes. Las reformas ya se concretaron y sólo faltan detalles legislativos para consolidarlas, las cuales no tendrán ningún problema dado que la Cámara de Diputados, como ha quedado demostrado, quedó nuevamente bajo control del PRI y sus aliados, con una oposición disminuida y salpicada de la dosis de impunidad y corrupción que se requieren.
El pueblo, en el Poder Legislativo, perdió poder para hacer leyes, facultad que implica la posibilidad de regular en su nombre los derechos y obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales, que ya fueron totalmente invertidas. Con el ejercicio de la partidocracia se ha corrompido la función legislativa propiamente dicha, así como la de ser órgano de control, que presuntamente consiste en vigilar la acción del poder ejecutivo y la conducta de los funcionarios del mismo, y del poder judicial que estén sujetos a juicio político.
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