“No resuelvas los problemas cuya solución generará otros”: Jorge Saldaña
• Encubrimiento oficial
• Hedores en la procuración de justicia
• Burocratismo y débil argumentación
• Recriminan a Arely Gómez ineficiencia
• A mayor impunidad, crecen los delitos
• Inoperancia corrupta, el sello de la PGR
Octubre 28, 2015.- La comparecencia de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sirvió para mostrar descarnadamente la grave crisis de inseguridad pública que resiente México y la generalizada y sistematizada violación a los derechos humanos por parte de los aparatos de seguridad estatales. Diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, PRD y PAN, reprocharon a la funcionaria que en materia de administración y justicia exista un Estado débil, vulnerable a la acción del crimen, capaz de poner en vilo a toda la sociedad.
Torturas, vejaciones, secuestros, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres, contra periodistas, homicidios, son lastres de todos los días a los que el Estado mexicano no está haciendo frente. Los casos de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Villa Purificación y Ecuandureo, así como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la fuga del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, exhiben la podredumbre del sistema de administración y procuración de justicia en el país.
En una comparecencia programada para el martes a las 19 horas, con el fin de reducir lo más posible su impacto mediático, la procuradora Gómez González, con su nueva imagen “made in Televisa” -misma que se caracterizó por mostrarla como a la ex procuradora del DF Victoria Adato, famosa por su ineficiencia y las pañoletas con las que ocultaba las arrugas del cuello que delataban su edad-, demostró que es una burócrata, medianamente buena en el ámbito de la teoría pero con muchas deficiencias en la procuración real de justicia en el país.
Expuso que los cuatro ejes que conforma su plan de trabajo son: procuración de justicia eficaz, implementación del nuevo sistema de justicia penal, respeto y protección de los derechos humanos, además de transparencia y efectiva rendición de cuentas, renglones en los que, definitivamente, no ha presentado resultados palpables, tangibles para la población, que sigue reprobando a la dependencia que encabeza en todos los sondeos que se han realizado para medir su eficiencia.
La procuradora Gómez González presentó la creación de nuevas áreas en la PGR como avances en la consecución de los ejes transversales de su plan de trabajo; desmintió que la extradición de 50 personas reclamadas por la justicia de varios países, particularmente Estados Unidos, haya sido moneda de cambio por la fuga de “el Chapo Guzmán”; presentó como avances en su captura, la consignación de 29 personas presuntamente relacionadas con la fuga; sostuvo, sin presentar elementos de prueba, que se ha desmantelado la estructura financiera y de operación del capo sinaloense; dijo que lleva a cabo la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos humanos, no obstante que los informes de organismos nacionales e internacionales han sido contundentes y acusatorios a la administración de Peña Nieto; y exhibió que la investigación en torno a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se basa en los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
PARTIDOS A LA CARGA
Su informe fue destrozado en los momentos siguientes por diputados federales de oposición. El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, lo calificó de “poco objetivo, completamente alejado de la realidad cotidiana que viven los mexicanos”, con cifras que contrastan con indicadores e informes de organizaciones locales e internacionales. Le reclamó a la funcionaria que la violencia y al criminalidad mantengan un preocupante ascenso en delitos como el homicidio doloso, secuestros y otros llamados de alto impacto, entre ellos la desaparición forzada. Sostuvo que sondeos oficiales muestran que el 58.1 por ciento de la población afirma que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes que aquejan su lugar de residencia y que la cifra negra de delitos no denunciados es de 93.8 por ciento.
Destacó que a nivel mundial, Transparencia Internacional clasifica a México en el lugar 103 de 174 países evaluados, lo que lo lleva a pertenecer a los países más corruptos como Sri Lanka y Gambia. Precisó que la PGR es una de las instituciones más señaladas por su ineficacia. Resaltó que en México se denuncia cada dos horas una extorsión, de acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad. El legislador le reclamó a Arely Gómez que no han podido resolver el problema de la delincuencia organizada, que genera terror y violencia en las comunidades, a pesar de los enormes presupuestos que consumen las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia, particularmente la PGR, que ha presumido la detención de capos pero sus organizaciones criminales siguen intactas, al igual que sus estructuras financieras.
Sánchez Orozco subrayó que la ineficacia de la PGR quedó demostrada en la investigación del caso de los normalistas desaparecidos de Iguala. Aseguró que el GIEI evidenció las negligencias y omisiones de la investigación, falta de acuciosidad en un crimen de alto impacto, al grado que el día de hoy no se sabe cuál fue el móvil de las agresiones a los 43 normalistas y tampoco se sabe dónde están.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, le increpó a la titular de la PGR que “los mexicanos estamos cansados de que nos quieran ver la cara. Las autoridades encargadas de impartir justicia han querido mentirnos, la dependencia a su cargo ha estado muy empañada, empeñada también, en solapar, engañar, ser omisa y finalmente a nuestro parecer, cómplice de quienes deberían ser castigados por delitos diversos, que a la vista de la mayoría de quienes no observan, del escrutinio público, deberían estar en la cárcel”.
El legislador resaltó que a su antecesor, Jesús Murillo Karam, se le cayó la mentira de la gran fogata de Cocula, que era su verdad histórica; en Tlatlaya, un caso similar, con fotos, videos y testigos que contradicen la verdad oficial. Recriminó a Arely Gómez, la intención de solapar, de encubrir, de proteger a los delincuentes. También mencionó el caso de la masacre de civiles en Apatzingán, el 6 de enero d este año, que fueron ejecutados por fuerzas federales. Y para cerrar le recordó su conflicto de interés, cuando era senadora, en el caso de la empresa Oceanografía.
LA FUGA IMPERDONABLE
A su vez, el diputado del PRD, Arturo Santana Alfaro, le manifestó a Gómez González que “para el pueblo de México resulta verdaderamente ofensivo e insatisfactorio el hecho de que hasta el día de hoy no se tengan resultados concretos en las investigaciones llevadas a cabo por la PGR en los lamentables hechos ocurridos a 43 estudiantes de Ayotzinapa y seis personas más que perdieron la vida, porque pareciera que lejos de buscar la verdad histórica de los hechos, se trata de confundir más a los mexicanos”. El legislador perredista también se refirió a la fuga de “el Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto había señalado en una entrevista televisiva, el 26 de febrero de 2014, que “su fuga sería imperdonable”, sin embargo, ningún funcionario de primer nivel ha sido cesado, lo que exhibe el escenario de impunidad y corrupción, pues sólo se ha consignado a mandos medios del gobierno federal, como el director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y la coordinadora nacional de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra.
Le cuestionó a la titular de la PGR por qué no se ha tocado a Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad; o al director del CISEN o al propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que son los funcionarios que tenía a su cargo de manera directa la guardia y custodia de ese peligroso delincuente.
¿Por qué –le preguntó a Arely Gómez- el Estado mexicano no extraditó a Joaquín Guzmán Loera a los Estados Unidos y, tras su fuga si lo hizo con otros delincuentes como Edgar Valdez Villarreal, “la Barbie”; Jorge Cotilla Sánchez, “el Cos”, y Aurelino Montoya Peña, entre otros? ¿Por qué no se han podido desintegrar los grupos delincuenciales que se encargan de dañar la integridad y el bienestar de las familias mexicanas?. Es momento, dijo, de que se comiencen a ver los resultados en la materia y que no sigan creciendo las cifras de desaparecidos.
También el panista Javier Antonio Neblina Vega recriminó a la procuradora general de la República que se hayan quebrado los pilares que sostienen a una nación justa y democrática: la seguridad y procuración de justicia. “Un estado que no es capaz de brindar justicia es un Estado débil, vulnerable a la acción del crimen, capaz de poner en vilo a toda la sociedad”, subrayó.
Agregó que la “tortura, vejaciones, secuestros, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres, contra periodistas, homicidios, son unos lastres a los que el Estado mexicano debe hacer frente sin dilación alguna y con todos los instrumentos a su alcance”. Destacó que la verdadera procuración de justicia en nuestro país implica necesariamente terminar con la impunidad y con el encubrimiento del que gozan los altos funcionarios coludidos con los capos del crimen organizado.
Niebla Medina dijo que la desconfianza a las autoridades y en las instituciones de hoy, hace que miles de mexicanos no acudan a levantar denuncia, que no se acerquen al Ministerio Público por temor a que éste no cumpla con sus atribuciones de fiscalía u órgano acusador, como representante de la sociedad y que lejos de ayudar a las víctimas del delito las re victimice. Aseguró que la impunidad y la corrupción han avanzado por todas las ranuras del Estado mexicano y hoy el gobierno ha dado muestras constantes de su incapacidad para resolver estos problemas que aquejan a todos. Reprobó que haya inacción de la PGR en al persecución de los delitos de cuello blanco, de quienes han utilizado el poder para llevar a cabo actos de corrupción y que siguen libres y actuando en la impunidad.
MAS IMPUNIDAD, MAS DELITOS
Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, re criminó a Arely Gómez que hable de un país que no existe. Como botón de muestra mencionó el tema de los derechos humanos, en un país en el que alrededor de 100 mil personas están en la cárcel sin una sentencia. “Ese es el nivel de impunidad que tiene México y esa es la realidad de este país”, dijo. También señaló que ya se cumplieron 13 meses de la tragedia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la cual va a marcar este gobierno, y 13 meses de verdades a medias, de contradicciones y de mentiras.
La panista Patricia Sánchez Carrillo sostuvo ante la procuradora Arely Gómez que la impunidad, la ineficacia, la corrupción y la opacidad son aún el rostro de la PGR, mientras que la seguridad y la justicia continúan siendo los anhelos más apremiantes de los ciudadanos mexicanos. Recordó que el gobierno de la República afirma que ha logrado una procuración de justicia efectiva, pero en México por cada 100 mil delitos que se denuncian sólo en seis casos se tiene sentencia y se condena a los responsables. Es decir, que la mayoría de los delitos denunciados no son investigados y cuando son investigados los resultados son exiguos. Es por ello, concluyó, que la tentación de delinquir es cada vez más atractiva, pues la probabilidad de quedar impune es altísima.
También su correligionario Juan Pablo Piña Kurczyn sostuvo que la impunidad es causa de mayor incidencia delictiva, lo que forzosamente se traduce en menor confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. En el caso de las investigaciones sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, mencionó que hasta febrero de este año se habían encontrado 38 fosas clandestinas en Iguala, con un total de 87 cuerpos humanos, que presuntamente no son de los estudiantes. Entonces, preguntó, ¿a quién pertenecen? Agregó que además de este caso, hay otros en los que están involucrados servidores públicos en los que no se han concluido las investigaciones exitosamente o que la PGR no ha ejercido su facultad de atracción.
Tal y como se veía en el pasado, doña Arely no es sino una figura mediática dentro del gabinete de Peña Nieto. Su posición y resultados así como los argumentos presentados para justificar su estancia en la titularidad PGR son tan débiles que hicieron que la defensa emprendida por los legisladores priístas sonara a humor negro, a sátira, a buscar justificaciones en donde las verdades están tan a flor de tierra que lo que se diga despierta indignación. Sigue siendo esta dependencia y su labor una gran piedra en el zapato del mexiquense. A decir verdad, de piedra se ha convertido en una roca que lo tiene paralizado y con muestras de tizne que se mira desde dentro y lo contemplan afuera.
DE LOS PASILLOS
En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió hasta el 30 de abril de 2016 el mandato del grupo de expertos que han colaborado con el Estado mexicano para determinar el paradero de 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014. Las autoridades mexicanas ya se habían comprometido a relanzar la investigación tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por los expertos Carlos Martín Beristain, Ángela Buitriago, Francisco Cox Vidal, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia…
La organización Human Rights Watch (HRW) sostuvo que existe evidencia de que elementos de la Policía Federal cometieron ejecuciones extrajudiciales este año en Apatzingán y en Tanhuato, Michoacán. Aseguró que el 6 de enero, al menos ocho personas perdieron la vida en Apartzingán, luego de que elementos de la Policía Federal dispersaron un plantón de grupos de autodefensa. Y en Tanhuato, el 22 de mayo, 42 civiles y un agente fallecieron cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal…
La “tremenda corte” dejó en suspenso su decisión sobre permitir el uso “lúdico” de la mariguana para consumo personal. Los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN decidieron dejar para otra sesión el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar, el cual proponía amparar a cuatro personas. El amparo busca que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) concediera a los quejosos permiso para producir y consumir mariguana, sin incluir “actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución” de la hierba…
Si la creación de fiscalías, de nuevas dependencias, de sub oficinas de todo tipo fuera el remedio sin duda que viviríamos en el país del ensueño, en el territorio más envidiable, bajo el mejor gobierno del planeta. Sin embargo está demostrado que a cada anuncio de esta naturaleza llega una cauda mucho mayor de ineficiencia. Los guerrerenses nos darán la razón cuando tengan que enfrentar al nuevo grupo antisecuestros en Acapulco y se sepa que los empresarios y quienes tienen algún capital para pagar rescate sean asediados por quienes dicen que van a protegerlos.
Una vez repuesto del “jalón de orejas” por esas expresiones que denotan más desesperación e impotencia que ninguna otra cosa, Osorio Chong se suma a los anuncios que siguen haciendo los funcionarios como si estuvieran en campaña y no con la responsabilidad de sacar a un país con más de 120 millones de habitantes adelante con todo lo que ello implica en circunstancias como las actuales. Y pensar que en este aspecto, “sigue la mata dando”.
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