“Gobernar es repartir lo posible y quedarse
con lo existente”: Jorge Saldaña
- México: reino de la corrupción
- Manto de impunidad para Arturo Escobar
- Ciudadanos exigen seguir juicio vs PVEM
- Deshonestidad e inmoralidad, sin género
- Inexistente reforma educativa: Wiechers
Diciembre 9, 2015.- A una década de la promulgación de la Ley de Transparencia y de la fundación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemoró en todo el mundo este 9 de diciembre, en México se celebró contradictoriamente con un amplio manto de protección para el presunto delincuente electoral, Arturo Escobar, ex vocero del PVEM y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Aunque habrá que tomar muy en cuenta que a otros que han cometido ilícitos les extendieron el manto de la impunidad otorgándoles fuero al instalarlos en las curules.
En estas mismas líneas, el martes, un día antes de la fecha que mundialmente establecieron para celebrar la lucha contra la corrupción, iniciamos con una lista de féminas cuyos comportamientos las ligaron a procesos penales. Siguen los varones y después muchos otros que han cometido tanto ilícitos como abusos. Una buena fecha para darnos cuenta de en manos de quienes estamos. En esta lista negra sobresalen: Emilio Enrique Salazar Farías (PRI-PVEM), quien fue denunciado por los delitos de tráfico de influencias. Durante su gestión como secretario municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chipas, se adjudicó permisos para la instalación de gasolineras; Juan Alberto Blanco Saldívar (PAN), a quien se le otorgó un crédito por 2 millones de pesos del gobierno federal para sus negocios, que no cubrió, por lo que en 2013 el caso fue turnado a un despacho jurídico para su recuperación vía judicial.
En esta misma lista destacan Fernando Arévalo Espino (PRI), quien en el año 2000 fue denunciado penalmente por el presunto fraude de 500 millones de pesos por concepto de cuotas; Jesús Valencia Guzmán (PRD), quien es indagado por presunto tráfico de influencias, luego de accidentarse a bordo de una camioneta propiedad de una empresa a la que le asignó contratos como delegado en Iztapalapa; Guianni Raúl Ramírez Ocampo (PRI), quien fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Se le acusa de haber adquirido al menos 10 predios durante tres años que fungió como secretario de Obras Públicas de Nayarit; José Guadalupe Hernández Alcalá (Izquierda Progresista), quien al ser investigado por el delito de peculado por la Procuraduría de Michoacán, interpuso una demanda de amparo; Alfredo del Mazo Maza (PVEM), a quien la Secodam lo denunció ante la PGR, en 2012, por el presunto cobro a Pemex de una beca para estudiar en Harvard, pese a que no era empleado de planta y llevaba sólo tres meses laborando; y Erick Juárez Blanquet (Izquierda Progresista), quien fue denunciado penalmente en 2012 por la “desaparición” de más de 2.5 millones de pesos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
En tan “distinguida” lista negra, también sobresalen Baltazar Martínez Montemayor (PAN), a quien en 2012, el presidente del Congreso de Nuevo León, Luis David Ortiz, lo acusó de exigir dinero a los alcaldes a cambio de cabildear recursos cuando era diputado federal; Javier Guerrero García (PRI), a quien medios locales acusaron en 2005 que durante su periodo como tesorero estatal, incrementó sus bienes al adquirir, presuntamente a precios por debajo del mercado, tres lotes y una casa de campo de contado; José de Jesús Hurtado Torres (PAN), a quien lo acusaron habitantes del municipio Unión San Antonio, Jalisco, de utilizar una fundación administrada por su familia para quedarse con los recursos que el gobierno les canalizó a través de programas sociales.
Juan Carlos García (PAN), a quien se le vinculó, en 2012, a una red de moches detectada en el área de Comercio del municipio de Monterrey y al financiamiento de campañas políticas con lo recibido por dichas extorsiones; Julio Saldaña Morán (PRD), a quien se le acusa de haber amasado una fortuna a partir de que se convirtió en regidor de Veracruz. Antes de ocupar ese cargo se dedicaba a la venta de leche casa por casa; Isaura Ivanova Pool Pech (PRD), quien fue incluida en la lista de funcionarios del municipio de Benito Juárez que, en menos de tres años, lograron adquirir viviendas millonarias; Eukid Castañón Herrera (PAN), quien acusado, en 2012, de adquirir a nombre de la asociación civil que dirige, 18 millones de pesos, donación que está relacionada con la afiliación de unos 80 mil poblanos al PAN; y Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), quien fue acusado, en 2010, cuando era diputado federal, de adjudicar recursos del Fondo de Pavimentación a Municipios a un puñado de alcaldes a cambio del pago de una comisión.
Asimismo, han sido señalados: Manuel Alexander Zetina Aguiluz (Panal), porque cuando fue diputado local (2008-2011), lo acusaron de amasar una fortuna inexplicable con recursos sindicales y venta de plazas; Angélica Reyes Ávila (Panal), a quien se reportó que contaba con dos plazas magisteriales en Michoacán y cobraba 107 mil 198 pesos sin dar clases, pues es comisionada del SNTE; Beatriz María Rodríguez Casanovas (PRI), quien en 2012 fue investigada por la Contraloría de Oaxaca por del desvío de más de 23 millones de pesos; Marisela Echeverry Aranda (PRI), a quien en marzo de 2014, la Contraloría de León detectó desvíos por más de 1 millón 800 mil pesos en el DIF municipal en el periodo en el que fue presidenta de dicho organismo; Rafael Yerena Zambrano (PRI), quien en 1996 estuvo preso por el cobro de un cheque que era del DIF. Tres años después fue señalado como uno de los 25 ex alcaldes que generaron daño al erario y, en 2011, una empresaria lo acusó de fraude.
Carlos Sarabia Camacho (PRI), quien tiene un procedimiento resarcitorio abierto de la Auditoría Superior de Oaxaca, debido a que no comprobó 19 millones 700 mil pesos cuando era alcalde de Santiago Pinotepa Nacional; María Eugenio Ocampo Bedolla (Panal), a quien en 2012, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, la acusó a ella y a Elba Esther Gordillo, de mantener tratos con bancos para obtener comisiones por permitir el manejo de las nóminas magisteriales; y Matías Nazario Morales (PRI), quien en 2012 estuvo involucrado en el desvío de 10 millones de pesos de la campaña del ex candidato del PRI al gobierno de Morelos, Armando Orihuela Trejo.
Y si de las curules pasamos a los liderazgos partidistas en el DF con Cuauhtémoc de la Torre acusado de trata de blancas y de proxeneta al rentar “edecanes” para finales felices y su compañera de fórmula, la hija de doña Rosario Robles a la cabeza, ya veremos que lo que viene no puede ser mejor sino todo lo contrario y para ello solo se necesitan un par de años más.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Diversos estudios internacionales y nacionales y sondeos de opinión entre la población mexicana señalan que la corrupción y la impunidad son los problemas más graves, profundos y complejos de México, y tienen una grave incidencia en el terreno económico, porque reduce el crecimiento y los flujos de inversión privada. La extensa red de complicidades que se extiende a los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han hecho imposible el combate a una cleptocracia que se extiende y se consolida en el país.
El último ejemplo de esto lo es sin duda el caso de Arturo Escobar, acusado de delitos electorales, probados en diversas instancias electorales, sin embargo, la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión que solicitó hace dos semanas la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). En días pasados, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, sostuvo que en el caso de la consignación en contra de Arturo Escobar “la fiscalía desarrolló su trabajo; desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos (el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; el expediente) y se consignó ante el juez”.
La consignación de su destacado militante, llevó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a enfocar sus baterías en contra del fiscal Nieto, a quien acusaron de haber violado el derecho de presunción de inocencia de Escobar, y de haber consignado el expediente sin haber comparecido el acusado, lo que fue rechazado por el titular de la Fepade, quien explicó que “en todos los casos que ha abordado la fiscalía, su resolución la hacemos ajustados al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos, y de las víctimas”.
Cabe destacar que en el pliego de consignación de Arturo Escobar, la Fepade también solicitó órdenes de aprehensión contra los empresarios relacionados con las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV, por las aportaciones en dinero y en especie al PVEM, Luisa María Robles, María Guadalupe Robles y Pablo Líder Robles.
A pesar del trabajo de la Fepade, y de la serie de denuncias de panistas, perredistas y ciudadanos en general relacionadas a la distribución de tarjetas Premia Platinum en las que los mencionaba como afiliados, por lo que protestaron por el uso de sus datos personarles, con lo que existe la presunción de que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, la jueza Cervantes Mejía, titular del juzgado décimo primero de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, consideró que el Ministerio Público federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar en los mismos. La juzgadora determinó que las pruebas con las que la Fepade intentó demostrar el delito imputado a Escobar fueron “insuficientes”.
Ahora se espera que el ministerio público federal presente un recurso de apelación ante la negativa de conceder una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, ex voceo del PVEM y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, a quien se acusa de haber violado la ley electoral al contratar servicios y recibir beneficios de una compañía que no estaba aceptada como proveedora por el Instituto Nacional Electoral.
El juzgado 11 de distrito en materia penal también negó el mandamiento judicial en contra del ex secretario general de Gobierno del estado de Colima y los abogados del candidato del PAN al gobierno de esa entidad, Jorge Luis Preciado. Asimismo, negó la orden de aprehensión en contra de los empresarios y representantes de las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV, quienes habían sido acusadas también de cometer delitos electorales.
No obstante la Fepade había asegurado que las acciones de las que se acusa a Escobar generaron al PVEM tanto dinero como beneficios en especie de esas empresas. El envío que hizo el PVEM de cada tarjeta fue por mensajería y se acompañó de una carta informativa que enunciaba los establecimientos participantes en las campañas electorales y solicitaba mantener el apoyo al Partido Verde.
Por lo que toca a la elección para gobernador de Colima, la Fepade ejerció acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, a favor de un partido político, y contra abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios. Sin embargo, tampoco pudo obtener las órdenes de aprehensión solicitadas.
Por otro lado, integrantes de la Coalición Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia exigieron continuar con el juicio contra el ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar, por la probable comisión de delitos electorales para la compra y coacción del voto. Demandaron que se agoten todas las instancias del proceso judicial contra el ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y se garantice un proceso apegado a derecho para que sea sancionado.
Así que señalamientos y denuncias hay para aventar para arriba, muchas, demasiadas, de todos los tamaños y colores y sin embargo seguimos en el país del “no pasa nada” y menos si hay dinero y poder de por medio.
NO HAY REFORMA EDUCATIVA: UNAM
La reforma administrativa en materia de instrucción académica que está imponiendo en todo el país el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Aurelio Nuño, en los hechos “no es una reforma educativa”, sino que se trata de modificaciones en algunos procesos administrativos para el sector, sostuvo Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien se suma así a la opinión que sobre ese tema tienen pedagogos y especialistas en educación.
Durante una entrevista previa al inicio de la última sesión del año del Consejo Universitario de la UNAM, Graue Wiechers destacó que “esperamos ver la verdadera reforma educativa pronto”, al reiterar que lo que aplica el gobierno federal a la fuerza, con el apoyo de las fuerzas armadas del país, sólo “es una reforma en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos”.
En la Antigua Escuela de Medicina, en donde el Consejo Universitario analizó la aprobación de su presupuesto para el 2016, que asciende a 39 mil 381 millones de pesos de los cuales 35 mil 81 millones son recursos federales y, el resto, ingresos propios, el nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios del país advierte que falta reformar la educación en México, a través de modelos educativos, contenidos, materias, “eso es una verdadera reforma educativa y está por verse. Es el paso que sigue”.
Cabe destacar que esos recursos representan un aumento de cerca del 1 por ciento con respecto a este año, lo que, dijo, serán suficientes para atender las tareas de la Universidad Nacional. Graue ratificó como coordinadora de Difusión Cultural a Teresa Uriarte. En la Secretaría General quedó Leonardo Lomelí; como secretario de Servicios a la Comunidad, César Astudillo; y en la Secretaría de Desarrollo Institucional, Key Oyama; como Abogada General está Mónica González Contró; en la Coordinación de la Investigación Científica, William Lee, y en la Coordinación de Humanidades, Alberto Vital.
REFORMA O CÁRCEL
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, ya mostró su estilo personal de administrar, en al menos cuatro entidades de la República: Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde confrontó con las fuerzas armadas al magisterio para garantizar la evaluación de los docentes. Durante una entrevista radiofónica, el funcionario que aspira a la candidatura presidencial del PRI, reiteró a los maestros que la denominada reforma educativa “se realizará sin ningún pretexto” y llamó al magisterio a hacerlo por el camino de la ley. Les advirtió que si escogen el camino de no aceptar la reforma, violando la ley, dejando a los niños sin clases y protestando de manera violenta, “nosotros estamos listos para enfrentarlos con la ley”.
Por ello, los conminó a aceptar la ley, la reforma educativa, que, dijo, tiene muchos beneficios, “ahí encontrarán un gobierno abierto para dialogar cómo vamos a avanzar juntos en la reforma”.
EXIGEN LIBERAR A DETENIDOS EN CHIAPAS
En tanto, la Sección 7 del SNTE se movilizó en la Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de tres profesores, dos estudiantes normalistas y un padre de familia, detenidos la víspera por participar en el boicot a la evaluación docente. Policías federales y maestros de Chiapas se enfrentaron en el primer cuadro de la ciudad.
Manuel Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de dicha sección, reportó que tras la reunión efectuada anoche entre la dirigencia magisterial y funcionarios federales y estatales, no hubo acuerdos concretos, sólo el compromiso del gobierno de Chiapas de intervenir para que sean puestos en libertad los seis detenidos que están en poder de la PGR.
Según el dirigente, el magisterio chiapaneco no retirará el plantón masivo que desde el lunes pasado mantiene en el centro de Tuxtla Gutiérrez, ni detendrá sus movilización hasta que sean liberados sus compañeros; el gobierno federal se comprometa a cancelar definitivamente la evaluación; se haga cargo de los gastos médicos de dos maestros heridos durante el enfrentamiento del martes pasado, y castigue a los responsables “del asesinato” del profesor David Gemayel Ruiz Estudillo.
Este miércoles, durante una marcha de maestros, del monumento a la Diana Cazadora al Parque Central, éstos se enfrentaron con policías en las calles Segunda Norte y Quinta Poniente. En el lugar se lanzó gas lacrimógeno, gas pimienta, así como piedras y palos.
DE LOS PASILLOS
México tiene los niveles más altos de corrupción en estudios internacionales, nacionales, de la sociedad civil y de instituciones financieras. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, el Barómetro Global de lo Corrupción, el Índice de Fuentes de Soborno, el Índice de Competitividad Global, el Reporte de Integridad Global, el reporte Latinobarómetro, los Indicadores Globales de Gobernabilidad, el Índice de Estado de Derecho y el Índice Global de Impunidad, el país se ubica en los últimos lugares o, en el mejor de los casos, apenas a la mitad de las clasificaciones.
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