“Confesar un error político es más costoso
que persistir en él”: Jorge Saldaña
- Inaceptable mordaza
- Derecho de réplica en manos de la Corte
- Avanza el remate petrolero y de ingenios
- Estrenan en el DF presidente del Tribunal
Diciembre 15, 2015.- Las acciones de inconstitucionalidad que demandan la invalidez de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional que regula el derecho de réplica, promovidas por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fueron admitidas por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Gelacio Pérez Dayán. La norma impugnada contiene disposiciones que podrían ser de naturaleza electoral y son contrarias a otros ordenamientos, a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con los quejosos.
El senador del PAN, Javier Corral, ha advertido que la Ley del derecho de réplica violenta incluso a la propia Constitución, en su Artículo 14, toda vez que excluye a los grupos sociales de inconformarse con informaciones inexactas, falsas o difamatorias. En la práctica, argumenta, anula el derecho de réplica.
Como se recordará, el pasado tres de diciembre, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, interpuso la acción de inconstitucionalidad 122/2015, en la que solicita la invalidez del decreto que expidió la Ley Reglamentaria referida, en materia de derecho de réplica, que adicionó el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre pasado.
Al día siguiente, también el presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, presentó la demanda 124/2015 en la que plantea la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracciones II y III; 3, párrafos segundo y quinto; 8; 10, primer párrafo; 16; 21, párrafos segundo y tercero; 36, segundo párrafo; 37 y los capít8ulos I y II, de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, así como el 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El mismo cuatro de diciembre, Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó la demanda 125/2015, en la que demanda la invalidez del artículo 4, en la porción que dice “y cualquier otro emisor de información responsable”, así como los artículos 38, 39 y 40 del decreto que expidió la Ley Reglamentaria.
El ministro de la SCJN, Alberto Gelacio Pérez Dayán, emplazó este martes al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que aleguen lo que a su derecho corresponda.
CUESTIONAMIENTOS
Los partidos PRD, Morena, la CNDH y organizaciones como la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) cuestionan que la ley resulta insuficiente porque deja indefensa a la persona o implica algún tipo de costo que afecta la gratuidad del derecho, ya que las inconformidades con los medios deben ser presentadas ante un juez, y los responsables de atender las solicitudes de derecho de réplica son agencias de noticias, medios de comunicación, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable de contenido original.
Argumentan que la norma, “judicializa” el derecho de réplica, ya que en lugar de ser un procedimiento ágil y expedito, quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta, deberán acudir al poder judicial, lo que implica un costo y tiempo.
Por si fuera poco, el Reglamento no define a la autoridad responsable de conocer y garantizar dicho derecho, porque si bien el Legislativo estuvo en condiciones de dotar de atribuciones en materia de derecho de réplica a organismos autónomos como los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la ley reglamentaria establece que son los tribunales de la federación y los jueces de distrito quienes resolverán las controversias.
AVANZA PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO
La reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión permite la privatización de la actividad de exploración, extracción y comercialización de hidrocarburos en territorio nacional, proceso que va muy avanzado a la mitad del sexenio, y que es aprovechado por los principales multimillonarios del país para acrecentar sus negocios y fortunas. Para México, esto representa un retroceso histórico de ochenta años y permite la reproducción de las adversas condiciones de la industria para los trabajadores mexicanos que detonó el proceso de expropiación petrolera de 1938 decretado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Eso sin contar con la apropiación de ganancias de esta industria por parte de empresarios particulares.
Este martes, inició el proceso de licitación para la extracción de hidrocarburos en 25 campos terrestres localizados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Este corresponde a la tercera convocatoria de la Ronda Uno, en donde se adjudicarán campos de extracción en tres zonas geográficas del país: Campos Burgos, Campos Norte y Campos Sur. El primero de los campos de extracción se ubica en territorio de los estados de Tamaulipas y Coahuila, en tanto que el segundo bloque se localiza en el norte de Veracruz. El tercer bloque de campos petrolíferos se encuentran en Tabasco y Chiapas.
Entre las empresas participantes en ese proceso, encabezado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, destacan Petrobal, del empresario Alberto Bailleres y dirigida por Carlos Morales Gil, ex funcionario de Pemex; y Carso Gas&Oil, del empresario Carlos Slim, dos de los hombres más acaudalados del país; y Grupo R, de Ramiro Garza. También los consorcios conformados por la estadounidense Max Energy, la panameña Galca y la mexicana Bin Administrativo, y el que conformaron las mexicanas Caabsa y Zenith Servicios Petroleros con la colombiana Oleoducto del Norte de Colombia. Asimismo, Petrobal, de Grupo Bal, Newpec, de Alfra, y la contratista tradicional de Pemex, Grupo Diavaz Offshore y Sun God Energía de México. Este es el mayor número de empresas registrado en cualquier concurso petrolero.
A la tercera licitación de la Ronda Uno, para 25 licencias en campos terrestres, la asistencia de licitantes cerró con 41 participantes con propuestas validadas, con 15 de los 18 consorcios precalificados para el evento, es decir, que llegó el 78 por ciento de los concursantes. El proceso inició con la licitación de cuatro campos tipo 2, con un volumen remanente de crudo equivalente superior a 150 millones de barriles y posteriormente los 21 contratos para campos de menor volumen de recursos.
Las grandes oportunidades de negocio que están abriéndose con esta licitación fue resaltada por Krishna Vathyam, director de operaciones de SubGod, en tanto que Jorge Contreras, director general de proyectos de la empresa DTSI, firma que va en consorcio con otras cuatro compañías, manifestó su entusiasmo por el proceso y señaló que hay más oportunidades además de esta licitación.
ASIGNAN LOTES PETROLEROS
Al escribir estas líneas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya había adjudicado al sector privado los primeros cuatro campos en tierra para la extracción de hidrocarburos, ubicados en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con reservas superiores a cien millones de barriles líquidos.
Las empresas ganadores fueron la mexicana Perseus, para el campo denominado Tajón, en Tabasco; la firma Lifting Mexicana para el campo Cuichapa Poniente, en Veracruz, y la empresa Diavaz Offshore, ganadora del campo Barcodón, en Tamaulipas. En tanto, la firma holandesa Canamex Dutch, en consorcio con empresas del país, obtuvo el campo Moloacán, en Veracruz.
INGENIOS A REMATE
Este martes, el gobierno federal también anunció que reanudará esta semana una subasta de cinco ingenios azucareros, los últimos en manos del Estado, que había sido suspendida a fines de noviembre debido a que un juez concedió un recurso a los antiguos propietarios para paralizar temporalmente la venta. Este 16 de diciembre se hará la presentación de ofertas de compra, así como la apertura de las ofertas.
Los cinco ingenios de referencia son El Potrero, San Miguelito, Plan de San Luis, El Modelo y La Providencia, cada uno en su propio portafolio, con un valor total de 3 mil 920 millones de pesos. Juntos produce el 10 por ciento del azúcar en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto busca concluir un largo proceso de reprivatización de 27 instalaciones que expropió en 2001 por problemas financieros.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, encargado del proceso, precisó que la suspensión dejó de tener efecto el 9 de diciembre porque quienes presentaron el recurso, Grupo Caze, no otorgaron una garantía que había sido fijada.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue notificado el 19 de noviembre de la demanda de amparo presentada en contra de la convocatoria de licitación y las bases de venta, la cual fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal con número de expediente 1995/2015. Luego, el 24 de noviembre, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito decretó la suspensión provisional de la licitación y el juez de la causa concedió la suspensión definitiva y se concedió el surtimiento de sus efectos al otorgamiento de una garantía, lo cual no ocurrió, de acuerdo con el DOF. La empresa tenia hasta el 4 de diciembre para exhibir la garantía.
La empresa promovió recurso de revisión contra los términos en que se concedió la suspensión definitiva y recurso de queja por el tema específico del monto de la garantía, pero el tribunal colegiado de circuito respectivo no ha resuelto, y los tribunales colegiados salen mañana de vacaciones. Aunque la suspensión quedó sin efectos, siguen a trámite los juicios de amparo para determinar la legalidad tanto de la primera subasta como de la actual.
DE LOS PASILLOS
El juez federal en materia administrativa Francisco Javier Rebolledo negó una suspensión de amparo a la magistrada María de Jesús Medel Díaz, por lo que Edgar Elías Azar sí podrá tomar posesión del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal… Medel Díaz fue la tercera juzgadora local en impugnar por vía del amparo la segunda reelección de Édgar Elías Azar al frente del TSJDF.
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