“La verdad no beneficia a nadie…”: Jorge Saldaña
- Impunidad, mortal epidemia.
- 30 de 32, entidades con altos índices de corrupción
- Estudio revelador de incapacidad en los 3 Poderes
- Arrepentidos en la SEP por erróneas evaluaciones
- A tropezones, Aurelio Nuño pierde la candidatura
Ciudad de México, 3 de Febrero de 2016.- Instituciones mexicanas padecen una enfermedad gravísima, contagiosa, epidémica, demandante de terapia intensiva, de cirugía a fondo: impunidad. La falta de aplicación del derecho, la tergiversación de las leyes, las ambiciones, complicidades, amiguismos, compadrazgos, la han convertido en el mayor problema para el país. Los índices en las entidades federativas confirman este hecho. Del total de delitos solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, es decir, un impunidad cercana al 95% de fechorías acreditadas por la autoridad como consumadas.
Deben agregarse diversos tipos de ilícitos que no fueron denunciados por los ciudadanos, resultando esta nefasta práctica elevada al 99 por ciento. Con estas cifras podemos hacer el balance correspondiente y explicarnos el porque México se encuentra en crisis recurrentes, sin la infraestructura suficiente, con empresas estatales quebradas y mermado el patrimonio nacional. En conclusión, menos del uno por ciento de los delitos “de cuello blanco” cometidos en territorio nacional son castigados.
Los estados de Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California y Estado de México, resienten una “muy alta impunidad”, destaca el reporte sobre la materia presentado por el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), Andrea Ambrogi Domínguez; el trabajo fue coordinado por el doctor Juan Antonio Le Clercq Ortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de esa casa de estudios.
De acuerdo con el IGI-MEX, primer modelo estadístico complejo de medición de esta funesta práctica como un proceso para los 32 estados de la República mexicana, con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, los estados de Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos, padecen una “impunidad alta”, mientras que San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas, se ubican en el grupo de “impunidad promedio”. Con “impunidad baja” sólo hay dos entidades: Campeche y Nayarit. El Estado de Michoacán está considerado por dicho análisis como un caso atípico porque existe evidencia por parte de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que esta entidad no reportó para 2013 las estadísticas de delitos graves.
El Estado mexicano, en su conjunto, es responsable de los altos niveles de impunidad. No sólo el Poder Ejecutivo, cuyo titular es Enrique Peña Nieto-, con la responsabilidad del sistema de seguridad, el eslabón de la investigación de los delitos (PGR), la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos – sino partes estructurales de su gabinete, una de ellas a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. Comparten el compromiso tanto el Poder Judicial como el Congreso de la Unión, ambos encargados de adecuar el sistema legal para impedir la existencia de vacíos permisibles a la impunidad; de asignar el presupuesto a las instituciones de seguridad y de justicia; y auditar el buen ejercicio del gasto y los resultados de las mismas.
La buena marcha del servicio público también recae en los Congresos locales, los cuales deben velar por presupuestos suficientes para la seguridad y justicia y mejorar los mecanismos de evaluación de resultados y supervisión del gasto correcto en estas materias. Asimismo en los gobiernos estatales y poderes judiciales locales, primeros responsables de atender las demandas hasta la fecha incumplidas: seguridad, justicia y protección de derechos humanos, todo ello con la finalidad de ponerle freno a la impunidad existente.
Hay relación entre la delincuencia organizada y la impunidad, subraya el reporte. En seis estados solicitantes de apoyo a la Federación para combatir a la delincuencia organizada, establecieron durante el 2007 operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales. Los resultados no fueron los esperados y el estudio de la UDLAP encontró “impunidad muy alta” en Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Otros dos estados, Sinaloa y Chihuahua, presentaron estadísticas de “impunidad alta y media”, respectivamente.
La seriedad con la que fue elaborado el reporte levantó ámpula no sólo en el centro del país sino en cada una de las entidades mencionadas al resaltar: “la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia”. Los países con altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de violaciones graves a los derechos humanos. Tales son efectos presentes en el país.
SILENCIO POR DESCONFIANZA
Los mexicanos no denuncian los delitos porque lo consideran una perdida de tiempo y desconfían de la autoridad. El sistema de justicia tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos. El rezago en investigaciones y expedientes es enorme y refleja la situación que viven los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados del IGI (Índice Global de Impunidad) es de 17.
El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los centros de readaptación social estatales es totalmente insuficiente. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. En México este porcentaje se multiplica y reclusos sin sentencia en primera instancia suman promedios nacionales vergonzosos.
La UDLAP recomienda, para avanzar en la solución del grave y complejo problema de impunidad generalizada que se resiente en el país, implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local. Advierte: “el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados y cuentan con un sistema de profesionalización funcional que reduzca los espacios de corrupción e impunidad”.
También exhorta revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones, de justicia en los estados. Subraya: “los magistrados y jueces a nivel estatal deben garantizar su independencia de los poderes políticos de la entidad”. Exige se respete la autonomía política de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Justicia estatales con base en los mandatos de las reformas a la Constitución. Asimismo, demanda evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario a la luz de los cambios derivados del nuevo sistema de justicia penal; y revisar la auténtica autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos al poder político.
ERRORES DE LA SEP Y AURELIO NUÑO
Errores, fallas, “inconsistencias”, se siguen acumulando en las decisiones del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, lo cual contribuye a cancelar sus posibilidades para convertirse en el candidato del PRI a la Presidencia de la República, no sólo por el impacto que tienen a nivel nacional en la formación educativa de los niños, sino también por el efecto negativo presente en el magisterio nacional y por el cual se llevaron a cabo un sin fin de protestas. Ahora, es la jerarquía de la SEP a la que no le ha quedado de otra y públicamente reconoce equivocaciones, es decir, los maestros en todo momento tuvieron la razón.
Hace exactamente tres semanas, al realizar un balance a la Evaluación Docente aplicada al magisterio, los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) admitieron: “tuvo inconsistencias que deben eliminarse antes de aplicar el procedimiento a un segundo grupo de docentes”. En un comunicado conjunto, se informó que el análisis lo encabezaron Silvia Schmelkes del Valle, presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, y el presidente del gremio magisterial, Juan Díaz de la Torre.
Ante las “inconsistencias”, léase fallas y errores, Díaz de la Torre propuso “comunicarlos individualmente, sólo a los maestros”, seguramente para no hacer más olas en un gremio concientizado y combativo, reprimido con la fuerza de los cuerpos policíacos en varias entidades de la República. Schmelkes del Valle se justificó señalando: el INEE no es el responsable de dar a conocer los resultados de la evaluación del desempeño, aunque reconoció la necesidad de informar sobre dichos resultados con claridad y mostrar que sirven para la mejora profesional. Pero con tantos errores poco pueden contribuir a ese objetivo.
La funcionaria adelantó: el INEE, en coordinación con las autoridades educativas estatales, realizará grupos focales con maestros que ya participaron, a fin de detectar “áreas de oportunidad y mejorar el proceso”. También subrayó la necesidad de cuidar la confidencialidad -es decir el secreto- de los nombres de los profesores y los resultados obtenidos en los procesos de evaluación. ¿Por qué tanta secrecía? ¿Por qué tanto temor a reconocer que se equivocaron? ¿Temen se difunda su ineficiencia, su inutilidad al frente de instituciones responsables de la educación en el país? ¿Le temen al juicio de la opinión pública?
Tanto los integrantes del INEE (Margarita Zorrilla Fierro, Teresa Bracho González, Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla), como del SNTE (Silvia Luna Rodríguez, José García Mora, Leopoldo Rodríguez Gutiérrez, María Antonieta García Lascurain y Jorge Antonio Alfaro Rivera) coincidieron en la urgencia de fortalecer el Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela (SAT) y las tutorías.
A esos garrafales errores se adicionó, el martes pasado, el anuncio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): “este año no se va a aplicar la prueba PLANEA a los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria”. La información también la proporcionó Sylvia Schmelkes del Valle considerando hasta el 2017 la “moderna” aplicación de la prueba PLANEA. Los resultados no tienen muchas variaciones año con año, dijo y señaló: la Secretaría de Educación Pública aplicará los exámenes del INEE sólo como un ejercicio al finalizar el ciclo escolar, pero los resultados obtenidos no serán considerados por el organismo en la evaluación. Las escuelas podrán aplicar el examen desarrollado por el instituto, pero los resultados no serán publicados. ¿Les avergüenza el desmadre hecho a la educación?
Esta decisión fue reprobada totalmente por la organización “Mexicanos Primero”. En un amplio desplegado en diarios de circulación en la Ciudad de México, consideraron: “el anuncio de la SEP y el INEE de suspender la evaluación nacional del logro de aprendizaje de los estudiantes es una decisión negativa” porque: “Daña la transparencia y rendición de cuentas en la educación. ¿Cómo saber si el Estado cumple su parte si se suspende la medición?”; “Impide saber que funciona o no en el aula. Sin evaluación ¿cuál es el esfuerzo preciso que necesita cada alumno para aprender?”; “Es incoherente decir que “no hay presupuesto”. PLANEA es una inversión para poder corregir y gastar mejor. Además, se ha dicho que hay ahorros al suspender pagos a comisionados, entonces ¿por qué hay que escatimar en ella?”; y “Muestra la poca fuerza del INEE. Suspender PLANEA por indicaciones de la SEP es una señal de deterioro en la independencia de este órgano constitucional autónomo”.
Por todo lo anterior, “Mexicanos Primero” rechazó rotundamente “este atentado al derecho de las familias, alumnos, maestros y ciudadanos de conocer el logro de aprendizaje”, y consideró: “Repetir la crisis de la suspensión de ENLACE es poner de nuevo la lógica política por encima del derecho de los niños”. Y, a don Aurelio Nuño totalmente fuera de la carrera por la candidatura presidencial. ¡Y pensar se consideró que todo estaba de cabeza con Emilio Chuayffet en esa titularidad! No cabe duda: estábamos mejor cuando creímos estar peor.
DE LOS PASILLOS
A fin de evitar su detención, la actriz Kate del Castillo tramitó ante un juzgado federal un amparo contra cualquier acto que implique la privación de su libertad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). El recurso legal fue admitido por el Juzgado Tercero de Amparo en materia penal del Distrito Federal. El juicio de garantía se registró con el expediente 60/2016. La PGR difundió que se investigaba a la protagonista de la serie “La Reina del Sur” por sus presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa…
Omar Fayar fue seleccionado como “candidato de unidad” a la gubernatura de Hidalgo por la dirigencia nacional del PRI. Manlio Fabio Beltrones, presidente del CEN de ese instituto político, informó la decisión a favor del ex presidente municipal de Pachuca y político cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El sonorense hizo un amplio reconocimiento a los que se quedaron en el camino: senador David Penchyna, y Nubia Mayorga, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lástima, ninguno de ellos contrajo matrimonio con integrantes del mundillo artístico. La relación Rivera de Peña-Rufo de Fayad, tuvo su peso y habrán de cobrarlo en oro.
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