Lilia Arellano.
“La nación más grande y más potente es débil si le falta la justicia”: Manuel José Othón.
• Peña Nieto se blinda
• Copia las intenciones de impunidad de los Duarte
• Cervantes será el Fiscal durante próximos 9 años
• Cambios en gabinete para chantaje político 2018
• Nepotismo, malas mañas y fracasos en el cambio
• Procuradores ineficientes; rezago en expedientes
• Se alarga la lista de los mandatarios delincuentes
• Urnas y cenizas, otro gran negocio con la muerte
Ciudad de México, 26 de Octubre de 2016.- Antecedentes nada confiables, marcado nepotismo y la sospecha de maniobras policiacas con vistas a las elecciones del próximo año así como las del 2018, aparecen en la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República de los nombramientos de Arely Gómez González como nueva secretaria de la Función Pública, y de Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República. Queda también exhibido otro fracaso del gobierno federal actual en materia de administración y procuración de justicia y en combate a la corrupción y al imperio de la impunidad.
Con Cervantes Andrade son ya tres los titulares de la PGR en el actual sexenio. Ni Jesús Murillo Karam ni Gómez González lograron éxito en las investigaciones del caso más relevante en material judicial del actual sexenio: la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el cual marca la gestión del mexiquense, pero es sólo uno de los más de 25,500 acumulados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, la gran mayoría de los cuales permanecen sin resolverse y en total impunidad. A eso deben sumársele las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; los miles de abusos militares recabados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todos en total impunidad; las miles de denuncias sobre torturas; las decenas de ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos los registros anteriores tienen sumido a México en una grave crisis de derechos humanos, seguridad y justicia que el gobierno peñanietista se niega a reconocer.
Presuntamente, la llegada de Cervantes a la PGR es para “trabajar con el Congreso, la sociedad civil y la academia para desarrollar el mejor modelo de fiscalía general de la República, para que la justicia penal esté a la altura de las exigencias sociales y necesidades del país”. Cervantes podría convertirse en el próximo Fiscal General de la República, una dependencia en el papel autónoma del Poder Ejecutivo y estaría en el cargo por nueve años, lo cual garantiza al mexiquense total impunidad durante ese tiempo. En los hechos duros se trata de otro intento del peñanietismo de someter primero a la PGR y ahora a la FGR, y convertirla en un instrumento faccioso al servicio del grupo político actualmente en el poder.
Analistas políticos destacan que Cervantes Andrade “ha sido un dócil servidor del peñismo”, y resaltan su conocimiento jurídico al servicio del “Pacto por México”, para afinar sus propuestas y cuidar sus votaciones, como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Sobresale también el intento frustrado de Peña Nieto de convertirlo en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, son de señalarse sus vínculos familiares: es primo de Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado de Peña Nieto para gobernar de facto Michoacán, y quien ahora despacha en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde ha realizado una pésima labor.
La jugada política de Peña Nieto con el desplazamiento de Gómez González a la SFP y la colocación de Cervantes Andrade primero en la PGR y luego en la FGR tiene como fin último, una vez más, garantizar la impunidad. Especialmente en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en donde hará actualizaciones a la “verdad histórica” planteada por Murillo Karam y defendida por Arely Gómez, iniciando con las revelaciones de Felipe Flores, ex jefe policiaco en Iguala. El cambio de administración federal servirá también para dilatar y enredar el caso y, sobre todo, no llegar a la cruda verdad de este crimen de lesa humanidad que afecta toda la gestión del mexiquense.
La otra vertiente de la destitución disfrazada de Arely Gómez y su colocación en la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia totalmente desacreditada por Virgilio Andrade, parece encaminada en el mismo sentido: impunidad para la voraz clase gobernante y la obtención de cartas para la negociación futura con el PAN y el PRD en casos emblemáticos de corrupción y desviación de recursos públicos. La lógica política podría apuntar su nueva designación obedecería al seguimiento de los expedientes armados a gobernadores salientes y ex mandatarios en la PGR sobre los escándalos de tráfico de influencias, uso de bienes del estado para uso particular, desvió de recursos, vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito, particularmente los referidos a los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro, sobresalientes en denuncias por corrupción, a los cuales se deberían agregar las entidades federativas que este año renovaron la gubernatura.
Habrá de puntualizarse en la aplicación política de expedientes policíacos mal fundamentados. Hasta ahora las investigaciones llevadas a cabo por la PGR resultaron un fracaso. El caso más publicitado es el del gobernador veracruzano con licencia, la presentación de la relación de propiedades, de adquisiciones de todo tipo incluyendo joyas de muy alto valor, fueron del conocimiento de la autoridad por el miedo y las amenazas en torno a uno de sus prestanombres, del amigo de la escuela de otro personaje decidido a hablar y revelar los conectes y las operaciones realizadas a favor de Javier Duarte. De no ser por las revelaciones de Alfonso Ortega López en donde queda claramente expuesta la complicidad tanto de Moisés Mansur Cisneros como de la esposa del ex mandatario, la dependencia a cargo en esos momentos de la procuradora televisa no tendría nada sino otro fracaso más en el reporte.
Un ejemplo de este fracaso en las investigaciones se sitúa en las adquisiciones hechas en Cancún y en la Riviera Maya en Quintana Roo, las cuales fueron realizadas por otra persona igualmente ligada a Manzur. Ortega López reveló los domicilios de las 30 casas adquiridas pasada la burbuja inmobiliaria en los EU que originó fueran rematadas, las cuales se encuentran rentadas; cinco tiempos compartidos en el Hotel St. Regis de Nueva York: otro departamento en Woodlands, Texas, uno más en Arizona y un piso en Madrid. Habló del edificio comprado en una de las principales avenidas de la capital del país, presidente Mazaryk; 3 departamentos en el Club de Golf Bosques de Santa Fé, en las Lomas de Chapultepec; casa en Tlacotalpan; el rancho El Faunito; en Córdoba, la famosa torre Pelícano en Boca del Río; el rancho Las Mesas en Valle de Bravo en el Estado de México; la plaza comercial en Metepec y unas bodegas en Ocoyoacac, en la misma entidad. Dos departamentos en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero y parcelas ejidales en Campeche. En la PGR sólo checaron la información y demostraron su inutilidad al dejar sin aclarar las adquisiciones en tierras quintanarroenses.
Desde el caso del gobernador priísta de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, pasando por el mandatario sonorense Guillermo Padrés Elías; los guerrerenses Ángel Heladio Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez; el michoacano Fausto Vallejo Figueroa; el sudcaliforniano Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor; el colimense Mario Anguiano Moreno; el potosino Fernando Toranzo Fernández; el queretano José Eduardo Calzada Rovirosa; y el campechano Fernando Ortega Benés, los casos han pasado a mejor vida creando otros escándalos para la distracción, entre los cuales bien puede incluirse “joder a México”. En este tenor deberá citarse también a César Duarte de Chihuahua, aclarar el tema quintanarroense y definir la situación en la que se encuentran los tamaulipecos y sus operadores financieros vigentes.
Precisamente en dictámenes de los congresos locales de Veracruz y Chihuahua, el mes pasado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, invalidó las leyes anticorrupción, las cuales fueron cuestionadas por los partidos de oposición y organizaciones sociales, al considerar que con estas normas los gobernadores Duarte Jáquez y Duarte de Ochoa, respectivamente, pretendían blindarse ante posibles denuncias en su contra por corrupción al término de sus mandatos. Seis ministros determinaron que los congresos locales no estaban facultados para emitir dichas leyes mientras no entraran en vigor las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Habría de verse cual será la determinación en el caso del nombramiento de un Fiscal como Cervantes quien realizaría exactamente la misma tarea de blindaje. Esto siempre y cuando se genere el requerimiento para llevar a cabo la acción, el cual obviamente no sería presentado por quien se presume asumiría el cargo.
JUSTICIA AUSENTE
En México, el sistema penal no proporciona justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos, debido a la corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente la ausencia de administración y procuración de justicia en el país, al revelar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abusos militares, tortura, y la impunidad. Ha precisado la implicación reiterada de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, en el marco de acciones contra el crimen organizado; las fallas en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; los más de 25,500 casos de desapariciones forzadas; el alarmante número de asesinatos ilegales en un clima de impunidad “sistémica y endémica”, como en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, y Tlatlaya, Estado de México; la persistente práctica de la tortura para obtener información y confesiones bajo coacción, las cuales incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual.
Dentro de este contexto también se ubican las persecuciones y agresiones a numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios. En lo que va del presente siglo han sido asesinados más de 103 periodistas y otros 25 fueron desaparecidos. Las autoridades en general no investigan adecuadamente delitos contra periodistas y descartan de manera prematura estén vinculados con su profesión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que el 89 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes.
A lo anterior debe sumársele los embates oficiales. En el más reciente, la intención de la SCJN de proteger y garantizar el derecho de réplica se vería desvirtuado si para ello afecta otros derechos como la liberad de expresión, al eliminar los conceptos de información falsa o inexacta en la ley, coinciden especialistas en la materia, quienes advierten sería “catastrófico” si se aprueba el proyecto de la Corte puesto que afectaría el quehacer de los periodistas, al correrse el riesgo de “judicializar” el derecho de réplica. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una propuesta para el derecho de réplica en medios de comunicación promovida por el PRD y Morena, con el fin de poder responder cualquier información periodística si el aludido se siente agraviado, aunque la misma sea verdadera. La propuesta prevé eliminar del artículo tercer de la ley los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, ante el medio y los tribunales. El fallo será votado el próximo 7 de noviembre.
DE LOS PASILLOS
Según el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, gente cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán fue la responsable de la emboscada a militares en Culiacán, Sinaloa, el pasado 30 de septiembre, que terminó con la muerte de cinco soldados. El funcionario aseguró descubrieron el móvil del ataque, al grupo criminal e identificaron a las personas que participaron en el ataque a los militares… Como se recordara, en dicho ataque murieron cinco elementos del Ejército mexicano y resultaron heridos 10 soldados más y un paramédico de la Cruz Roja mexicana, mientras los atacantes huyeron en diversos vehículos llevándose con ellos al presunto delincuente que iba a bordo de la ambulancia. Tras la emboscada, el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la III Región Militar de Sinaloa, acusó a los hijos de Guzmán Loera como los autores del ataque, aunque éstos se deslindaron del mismo… ¿Dónde está la verdad?…
A pesar de que su esposa Emma Coronel y sus abogados han denunciado en constantes ocasiones que las autoridades torturan a “El Chapo” y que su estado de salud es precario, Sales Heredia asegura que Guzmán Loera “está bastante bien”, además de que “su estado de salud es aceptable para un hombre de casi 60 años”. El comisionado reportó: “se le realiza la toma de signos vitales que resultaron 120/80 de presión arterial, 80 palpitaciones por minuto de frecuencia cardiaca y 16 respiratoria, su peso es de 73.9 kilogramos y tiene una estatura de 1.77 metros”. No obstante, apenas el lunes pasado, Emma Coronel anunció presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por maltratos hacia su esposo, el cual, aseguró, podría perder la razón para finales de este año…
Con una firmeza digna de mejores causas, el presidente Enrique Peña Nieto se opone a la segunda vuelta electoral propuesta por el PAN. Señala no es viable en nuestro país porque, dice, construiría mayorías ficticia, y la califica de inoportuna, dada la cercanía del proceso de 2018… Además, presume, su gobierno ha logrado concretar acuerdos políticos (el Pacto por México) sin tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, lo cual permitió la aprobación de las reformas estructurales.. No mencionó ni por casualidad que dicho pacto anuló la división de poderes al subordinar al Poder Legislativo a los deseos del presidente de la República, mediante negociaciones cupulares con las dirigencias de los partidos políticos con mayor representatividad en el Congreso, los cuales acabaron muy “maiceados”…
Por cierto que la partidocracia le sigue saliendo muy cara a México. Los partidos políticos le cobran a los mexicanos hasta por cuidar el padrón. En efecto, por vigilar el proceso de integración y depuración del padrón electoral, representantes de los nueve partidos políticos cuentan este año con una bolsa de casi 70 millones de pesos. Además del financiamiento público para actividades ordinarias que se entrega anualmente a los partidos, los representantes en las comisiones de Vigilancia y Grupos de Trabajo del Padrón reciben ese “apoyo subsidiario”. En el país existen 33 comisiones de vigilancia: una nacional, 32 estatales y 300 distritales, a las cuales se añaden grupos de trabajo…
Y hablando de negocios, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano diseñó otro muy bueno para la Iglesia católica a nivel mundial, al determinar que las cenizas de los difuntos católicos cremados ya no podrán estar en la sala ni ser esparcidas en el mar. Con esta prohibición, presuntamente pretenden evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, según el texto “Instruccion Ad Resurgendum Cum Christo”, redactado por dicha congregación y firmado por el Papa Francisco. El texto señala: “no se permite la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de cenizas en recuerdos conmemorativos en piezas de joyería. En el caso de que el difunto fuera sometido a la cremación y su dispersión en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le ha de negar el funeral”. Así se establece otro gran negocio para la Iglesia católica, la cual ha visto mermado sus ingresos por la disminución de sus feligreses ante el avance de los credos evangélicos y otras religiones. Para darnos una idea de la dimensión del nuevo negocio, cabe destacar el valor de los nichos: en la Basílica de Guadalupe cotiza entre 100 mil a 180 mil pesos para 4 a 6 urnas; y en la Catedral Metropolitana se cotiza en 80 mil pesos para 12 a 14 urnas. En el panteón de Las Lomas sube hasta 300 mil pesos para 8 urnas. Seguramente las numerosas iglesias a lo largo y ancho del país harán modificaciones estructurales para entrarle al negocio y construir sus propios nichos o llegarán a acuerdos comerciales con los panteones para tal efecto. Los panteones tanto particulares como públicos se convertirán en una especie de competencia para el clero católico y sus disposiciones, aunque eso no los dejará fuera de la percepción económico al tener que llevar a cabo ceremonias para bendecir las zonas en donde habrá urnas y otorgar los permisos correspondientes; de otra forma no habrá publicidad efectiva…
Finalmente y como se esperaba, el PRI expulsó de sus filas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado por la PGR de lavado de dinero y delincuencia organizada. La noche del martes pasado, la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor decretó la expulsión del mandatario veracruzano, quien hace dos semanas solicitó licencia al cargo. “Es una persona que, con su desempeño o mal desempeño como gobernador de Veracruz, no solamente violó el código de ética, sino también las disposiciones de justicia partidaria y afectó derechos e intereses de militantes, así como de nuestro partido”, indicó el senador Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Justicia Partidaria. Duarte de Ochoa, a quien se le bridó todo el tiempo para huir, es prófugo de la justicia.
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