Lilia Arellano.
“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”: Charles Bukowski
• Rumbo a la dictadura
• México va de mal en peor en la gestión de EPN
• PRI: se opta por mano dura y la militarización
• Camacho y Tamayo: Ley de Seguridad Interior
• “Mal humor social” por pobreza y desigualdad
• Seguridad en riesgo por recorte a presupuesto
• Gobernadores del PRD unidos contra Mancera
Ciudad de México, 22 de Noviembre de 2016.- A lo largo de la administración federal de Enrique Peña Nieto, los índices internacionales reflejan cómo México va de mal en peor. En el más reciente estudio de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos (OCDE) sobre bienestar, México sale reprobado en casi todos los rubros estudiados y muy abajo en la tabla de países analizados. El “mal humor social” se convierte en repudio abierto a la gestión del mexiquense; las protestas sociales ante el saqueo de las arcas públicas realizado por los mismos gobernantes se multiplican y la paz social y la gobernabilidad están en peligro.
Frente a estos riesgos, el régimen priísta opta por la mano dura y la militarización del país, es decir, por una dictadura. En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRI ya presentó una ley de seguridad interior, a fin de otorgar a las fuerzas armadas un marco jurídico para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que “pongan en riesgo la estabilidad, seguridad o la paz pública”, contra el narcotráfico o incluso la corrupción. El ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz, actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara baja, y la legisladora Martha Sofía Tamayo, son los autores de la iniciativa que prevé la participación del Ejército y la Marina en “acciones de orden interno”, que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Las acciones que incluye la propuesta son: destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y “las demás que se consideren necesarias”. Entre las amenazas concretas que ameritarían la intervención del Ejército y la Armada se consideran fenómenos por cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, entre otros.
Esta iniciativa ya cuenta con el visto bueno del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, confirmaron diputados de la Comisión de la Defensa Nacional. Su propuesta propone distinguir la seguridad nacional de la interior y prevé que militares y marinos puedan “hacer uso de cualquier método de recolección de información” y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar todos los datos requeridos. La seguridad interior, según esa iniciativa, “deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza”. Para ello, indican, “en primer término debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadas como la ultima ratio del poder nacional”.
Los diputados priístas consideran necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la seguridad interior, y responder a cuestionamientos o confusiones sobre el alcance y las tareas de seguridad pública. “Los asuntos en materia de seguridad pública son atendidos por las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno; por su parte, la complejidad de los fenómenos de seguridad interior requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo federal, así como de la participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios”, subrayan.
La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de que el presidente de la República, como comandante supremo de las fuerzas armadas, disponga de la totalidad de la fuerza armada permanente, esto es Ejército, Armada y Fuerza Aérea, “para hacer frente a fenómenos que impacten a la seguridad interior”. Su iniciativa prevé el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional para determinar la intervención de la Federación en temas de seguridad interior, así como del secretario de Gobernación, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo, para coordinar el análisis estratégico de las amenazas.
Precisa: ésta intervención se hará a partir de “acciones de seguridad interior” y de “acciones de orden interno”. Las primeras son aplicadas previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, que no tendría los efectos de una suspensión de garantías y consisten en “operaciones de restauración del orden y operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres”. Las segundas serán de carácter permanente, como el eje preventivo de la seguridad interior, “fundamental para anticipar la acción del Estado frente a fenómenos que pretendan vulnerar el orden interno”.
RAZONES DEL “MAL HUMOR SOCIAL”
El “Mal humor social” tiene su origen en la pésima administración federal y la carencia de satisfactores a la población en general por parte del actual gobierno. De acuerdo al más reciente estudio de la OCDE se comprueba el bajo nivel de vida de la población mexicana en este régimen neopriísta. En el rubro de acceso a la vivienda, el país tiene una calificación de 3.9 donde 0 es la mínima y 10 la máxima posible. En ingresos anuales por persona, México tiene una calificación de 0.8, casi tres veces menos al promedio de los países de la OCDE. En el tema del acceso al empleo, la calificación es de 6.1 y eso porque el índice no mide si son o no empleos bien remunerados. En el rubro de comunidad, el cual se refiere a la identidad y al trabajo en grupo, México obtiene una calificación de 0.0, la más baja de la OCDE. Este aspecto, que pone de relieve la individualidad sobre la importancia de la unión o coordinación para temas de bienestar común, explica la apatía, la falta de compromiso cívico y la persistencia de la resignación como destino fatal e inevitable.
En materia de educación, el país tiene una calificación de 0.7 también muy baja si se considera no alcanza ni el 1 en la escala de 0 a 10. En salud, México está entre los más bajos lugares en el universo de países analizado, al tener una calificación de 6.1. En seguridad no sorprende se tenga una calificación de 0.7, una de las más bajas de los países de la OCDE. En el tema de balance de vida y trabajo, también refieren una bajísima calificación: 2.1. En todo el país hay al menos 53 millones de mexicanos hundidos en la pobreza, y una cifra similar se encuentra en riesgo de caer en esa situación, pues en los últimos años aumentó la población vulnerable con ingresos de 4 a 10 dólares, que representan el 43.1 por ciento de los mexicanos.
Además, el 16.2 por ciento de los mexicanos vive en pobreza extrema, con 2.5 a 4 dólares diarios. El informe Progreso multidimensional, bienestar más allá del ingreso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte que de 17 indicadores que miden hay once que tienen un rendimiento menor al esperado, se trata de pensiones, tasa de homicidios, embarazo adolescente, participación laboral de las mujeres, desigualdad de ingresos, días de maternidad, participación laboral, energía renovable y razón de alumnos y maestros en primaria. El coordinador del estudio, George Gray, advierte: “más de lo mismo no ayudará a reducir la pobreza”.
SEGURIDAD EN RIESGO
La falta de preparación de los diputados federales provoca que el Estado renuncie a aspectos claves de la seguridad, la justicia y la prevención en el país. Con el presupuesto aprobado para el próximo año, la Plataforma México, creada para compartir inteligencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de una manera eficaz y oportuna, será inoperable y el país entrará en una crisis de seguridad al no contar con el sistema de información del Estado más importante en materia de seguridad, que genera productos estratégicos para el combate y prevención del delito.
En 2016, la Plataforma México tuvo mil 102 millones de pesos para su operación y para este 2017 se autorizaron sólo 386 millones 633 mil pesos, es decir, 716 millones menos. Tiene una reducción de 65 por ciento al presupuesto, lo que prevé prácticamente su desmantelamiento, pues carecerá de recursos para su funcionamiento. Con lo aprobado para este año, “se marca un retroceso serio en materia de seguridad que afectará a nivel nacional”, lo cual podría aumentar la violencia en el país. Este sistema cuenta con más de 100 bases de datos, 600 millones de registros y 60 sistemas de información, mismas que no podrían ser consultadas a partir del próximo año por las más de 800 dependencias conectadas y 13 mil 500 usuarios activos.
Cuenta con registros de criminales, huellas dactilares, registros de internos, armas de fuego y autos robados, entre otros que pueden ser consultados por los estados con grados de relación de manera automática. El año pasado, una evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Universidad Nacional Autónoma de México a siete programas de la Secretaría de Gobernación calificó con 90 por ciento a Plataforma México por sus logros en metas y objetivos; seguido de la Política y servicios migratorios del INM, con 82.8%, y el Registro de Identificación de Población, con 67%.
Así, Plataforma México no debe ser desmantelada; por el contrario, se debe invertir para mejorar su funcionamiento, coincidieron especialistas en la materia como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano; y Armando Rodríguez, especialista en temas de seguridad.
PRD: TODOS CONTRA MANCERA
Parece no detenerse este retroceso en el país, mismo en el cual está inmersa no sólo la economía, sino los valores, los principios y ahora hasta el orgullo de nuestra historia. Desfiles del 20 de noviembre fueron cancelados en diversos municipios argumentando razones carentes de validez. Ni que decir de aquellos en donde no se vio al Ejército ni a la Marina, obviamente tampoco aparecieron los multiaplaudidos charros. Nos estamos acostumbrando también a ver al agua y al aceite juntos, como si fueran una sola mezcla y ello ejemplifica el acontecer político, el escenario en donde aparecen sin ningún rubor y muy juntos, semejando una única pandilla, quienes fueron dotados del poder de la representación y la conducción, no del dominio y mucho menos de la facultad de sentirse dueños de vidas y haciendas.
El pasado lunes, tratando de verse muy cumplidores de la ley marcando para su reunión una fecha puente, cuatro gobernadores, abanderados por los perredistas algunos, otros con la consabida base priísta y uno con un pie ahí y otro en el partido blanquiazul, se dieron a la tarea de hablar sobre la unidad en torno a ese partido para hacer frente al gobierno de Trump, al cual califican de amenaza para los migrantes. Ese fue el intento de fabricar una cortina de humo para tapar la intención real: sacar a Miguel Ángel Mancera de la jugada del 2018 y, de ser posible, lograr de una vez y por todas la definición de su militancia. Con esto último recobrarían la tranquilidad porque los ataques, de decidirse por participar como independiente o bajo las banderas de otros partidos, no se harían esperar y tendrían sustento.
Si esa eliminación forma parte del objetivo, habrá de verse quienes se sienten con posibilidades: Graco Ramírez, gobernador de Morelos a quien su partido, tan minucioso para denunciar actos de campaña anticipados, se ha hecho de la vista gorda respecto a los múltiples espectaculares puestos en las ciudades más importantes de cada entidad. Siguiendo el renglón político, el morelense ha sido señalado por un sucio manejo, por nepotista, de autoritarismo y comercialización de cargos públicos y curules. Como mandatario los señalamientos se multiplican y tan es así que es el campeón de las manifestaciones en contra, ya sean éstas por la inseguridad y criminalidad reinante, como por la corrupción e impunidad rampante o los hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cadáveres en su interior y de las cuales ordena el análisis para poder argumentar no son de su época. La fealdad del rostro mucho tiene de reflejo sobre el pensamiento y lo interno.
Arturo Núñez Jiménez tuvo una llegada al gobierno de Tabasco respaldada por apoyos ciudadanos sin antecedente. La experiencia dentro de la política, en los resultados presentados en temas harto difíciles de resolver, la formación de un instituto para garantizar la democracia como el IFE y la permanente estancia y preocupación por los sucesos en su entidad natal, eran la base sobre la cual los votantes construyeron su confianza. Bastaron los dos primeros años para darse cuenta de la presencia de un sujeto desconocido viviendo en La Quinta Grijalva, enfrentado abiertamente con el priísmo, peleado con quien lo apoyó hasta lograr su candidatura: Andrés Manuel López Obrador, sin relaciones con piezas clave dentro del panismo, con el tema de su antecesor saturado y terminado con la estancia de Andrés Granier en la cárcel y, para cerezas del pastel, brutal incremento de los secuestros, de robos, sello al hundimiento de las actividades agrícolas y ganaderas al alcanzar su desaparición. Acuerdos oscuros con Pemex y, para remate, cero obras, ningún avance, desempleo y pobreza en abundancia.
En Michoacán prácticamente no ha cambiado nada con la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura, quien alcanzó esa posición gracias a los servicios a la bancada del PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados y a su servilismo con Manlio Fabio Beltrones. La entidad se encuentra con los mismos rezagos no superados en el gobierno de Fausto Vallejo. El cambio más bien ha sido en reversa y se confirma en la violencia criminal en la entidad, la cual aumentó con la llegada del perredista al palacio de gobierno estatal. Las víctimas de homicidios dolosos aumentaron casi 40 por ciento, de acuerdo a las cifras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va de la administración de Aureoles, se han incrementado las cifras de ejecuciones presuntamente vinculada a grupos del crimen organizado, la mayoría en los municipios de Tierra Caliente, pero también en Lázaro Cárdenas, en la zona costera, y Uruapan. Uno de los puntos donde la violencia ha recrudecido es en la zona occidente, en Zamora, en los límites con Jalisco, donde han registrado ejecuciones al estilo del crimen organizado en las últimas semanas. Los dificultades en su administración, lo obligaron el mes pasado a relevar a ocho de sus principales colaboradores al frente de las secretarías de Seguridad Pública, Educación, Cultura, Desarrollo Rural y Agroalimentario, Salud, Turismo y Pueblos Indígenas. El contrabando está en todo su apogeo y el saqueo chino de metales no tiene límites. Silvano no puede con la sombra de Mireles.
Se les unió el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien sin duda requiere de estrategias para evitar alcancen a la entidad algunas revanchas de Donald Trump. Sin embargo, no parece ser a través del perredismo las encuentre, ni siquiera la federación con todos los poderes bajo su mandato cuenta con ellas de manera clara y digna. Pero apareció en la reunión y en una foto en la cual se puede señalar el padecimiento de más de uno de los males característicos de sus homólogos. La fabricación de cortinas de humo como la de este grupo el lunes, tiene gran parecido con la extendida permanentemente en los medios locales y de circulación en la CDMX, señalando a su antecesor de diversos ilícitos de los cuales su propio equipo se encarga de disminuir los supuestos ilícitos al llevarlos de acusaciones penales a faltas administrativas. Dirigen sus baterías hacia miembros del equipo anterior o responsables de paraestatales con deducciones, presentimientos, sobre posibilidades. Todo ello con tal de ocultar ese brutal endeudamiento, la cifra con la cual se duplica el satanizado heredado y hasta ahora desconocido a cabalidad.
Como si se tratara de una ”misión imposible”, la realización de la suma de los empréstitos contraídos con los bancos y dar el nombre de éstos así como señalar los porcentajes de interés pactados, han ido de un monto a otro, de 19 mil y pico de millones supuestamente a prolongar en su pago, hasta la aseveración permanente de ser posiblemente 22 mil o más de 25 mil o llegar a los 30 mil millones según lo declaró el propio Carlos Joaquín a una televisora nacional. Nunca me sentí más vieja que cuando me enteré de los 30 años de plazo para pagar la deuda estatal, seguramente ya no veré esa liquidación, como tampoco podrán verla mis nietos porque una vez aplicados los nuevos intereses y con el tiempo otorgado para el pago, ninguna cifra de las mencionadas será la real. Se deberán 40 mil millones de pesos y sin recibir ningún dinero extra. Ahora que, es el monto calculado para el presente, porque en 3 décadas puede haber otras reestructuraciones y tal vez entonces sepamos a cuánto asciende el porcentaje de las participaciones federales comprometido y a cuánto asciende el abono al capital. Del dizque ahorro más vale irse despidiendo y, eso sí, el pago de comisiones será mucho más puntual que el ofrecido a otros deudores. De ahí estén creando, fabricando una pared de humo y no se dude en involucrar a los familiares y amigos. Mientras tanto, denostar a los mensajeros se ha convertido en deporte, seguramente bajo la vieja referencia de liquidar a quien lleva las malas noticias… o hace referencia de los errores.
A dos de los participantes en la reunión les llevó un tiempo lograr el rechazo de sus antiguos simpatizantes. Otro va por el camino corto. Pero todo apunta el de Quintana Roo ha tomado la ruta crítica, la directa. El sector hotelero está muy molesto por la referencia, la acusación, el calificativo de “evasores fiscales”, por la negativa a utilizar sus aportaciones en un 100 por ciento para la promoción, por la imposición de los 20 pesos como nuevo impuesto dedicado a quien sabe quién o para qué, por la cerrazón de imponer a quien maneja la OVC; a los ambientalistas por el tibio manejo en la protección ambiental y la alteración de ésta en Tajamar, en la “vista gorda” hacia la construcción de centros de hospedaje depredadores; a los inversionistas por su negligencia para atender fraudes e imponer el derecho en donde se garantizan los patrimonios familiares y se da el registro de las empresas; a los taxistas y el doble manejo con UBER y, a los ciudadanos con la inseguridad, con el registro diario de actos sangrientos; para acabar de amolar el panorama, con las mujeres y la negativa a lanzar la tan solicitada alerta de género ante la violencia que va convirtiéndose en característica de la entidad. Por cierto ¿cuál es el partido de don Carlos? ¿Resultará independiente para el 2018? ¿Cuándo lo veremos con el PAN y en la eliminación de Margarita?, ¿de Moreno Valle?, ¿de Anaya?
Al parecer, Miguel Ángel Mancera debe agradecer a semejante cuarteto la eliminación, lo demás ya es su decisión. ¿O no?
DE LOS PASILLOS
“Los llamados genéricos a la tranquilidad”, la reiteración de fraseos nacionalistas, los llamados a la unidad sin contenidos concretos o la invocación a nuestra “solidez macroeconómica” no sólo no inyectan certidumbre sino que exhiben una orfandad estratégica”, señaló el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), al llamar al gobierno mexicano a diseñar una estrategia nacional y asumir la vasta emergencia que plantea la llegada de un personaje como Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos… A través de un pronunciamiento con 13 principios que propone medidas concretas para comenzar la discusión nacional a fin de proteger a los 35 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, el IETD pidió emprender medidas consulares inmediatas a la altura de un contexto que plantea riesgos para México…
Para el ex canciller Bernardo Sepúlveda, México debe definir una estrategia integral en pro de los mexicanos que viven en Estados Unidos desde antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y a defender los interés nacionales con base en el derecho internacional y el derecho interno estadounidense. “La incertidumbre que padecemos erosiona la tranquilidad de todos los mexicanos. Hoy tenemos que establecer líneas fundamentales de defensa (…) y eso lo tenemos que hacer no el 20 de enero; no dejemos pasar los 100 días desde la elección, sino que hagámoslo en este momento”, dijo el diplomático…
El martes, maestros bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir el pago inmediato de diversos adeudos por trámites administrativos… Las autoridades acordaron cubrir estos en la quincena, pero no sucedió, acusaron los integrantes de la Coalición de Sindicatos Estatales del Magisterio Veracruzano.
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