Lilia Arellano.
“La estupidez insiste siempre”: Albert Camus
• Corrupción nacional
• Militarización prevista por legisladores para 2017
• Total indefensión en comunidades sin Ejército: IP
• Regreso a los cuarteles, debe ser gradual: Mancera
• Aumenta la pobreza y desigualdad en el país: Inegi
• Inicia gobierno de Q. Roo con tráfico de influencias
• Miles de taxistas marchan en la CDMX contra UBER
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2016.-Cuando van sumándose corruptelas sobre un solo funcionario ya no se sabe a ciencia cierta si es a los de cuello blanco a quienes debieran los militares y su equipo de inteligencia dirigir sus baterías, al haber quedado perfectamente demostrado son también delincuentes y han resultado tan dañinos como la mafia y también son responsable de un buen número de muertos. Porque los hay víctimas de la falta de medicamentos, de la hambruna, de la desnutrición, de la nula atención en los hospitales, de la carencia de servicios médicos, a lo cual se suma, inclusive, el despojo patrimonial.
La SEDATU, actualmente bajo la tutela de Rosario Robles -al ser interrogada sobre la posibilidad de actuar en contra de su antecesor sostuvo: “el presidente no me deja y causas, hay muchas-, tiene dentro de sus registros fatales los ocurridos en Guerrero, en donde convirtieron una tragedia en todo un galimatías financiero. Víctimas de los embates de la naturaleza vieron destruirse casas habitación, guarniciones, parques, calles, edificios comunitarios y supieron también de los apoyos económicos manejados a fondo perdido con el fin de llevar a cabo la reconstrucción.
El encargado fue el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín quien, haciendo malabares con los dineros destinados a obras y recuperación de espacios, arrancó otras etapas de construcción en los fraccionamientos de los cuales son sus socios el ingeniero Barrastachea y un personaje célebre en la península apodado “El Mosco” de apellido Pereyra, junto con Tito Basulto, ubicados en Michoacán, Colima y Guadalajara. Y es que para quien o quienes manejan la SEDATU, obtener tierras y comisiones por adjudicaciones de diversa índole es lo “normal”, lo que les permite enriquecerse. Tan es así que hasta las propiedades en Mérida de Armando Manzanero resultaron fáciles de adquirir por este personaje.
Como debe ser, Ramírez Marín cuenta con transporte aéreo, puede llegar a una casa de verano en Miami, tiene las relaciones que se necesitan en organismos descentralizados como CORETT y, ni que decir del control sobre el RAN, el Registro Agrario Nacional. Parcelas ejidales, solares urbanos conurbados con municipios de alta plusvalía, resultaron botines con asamblea incluida en donde la más baja utilidad eran millones de pesos perfectamente canjeables por tierra.
En la medida en la que Luis Videgaray va haciéndose de un sitio en la competencia por la candidatura presidencial, don Jorge Carlos ve disminuir sus posibilidades de llegar a ser el elegido por su partido para la contienda por la gubernatura yucateca al ser informado el ex titular de Hacienda que, sin mediar petición o autorización alguna, llevaba a cabo una “colecta” dizque para su campaña presidencial. El entonces miembro del gabinete lo mandó investigar y una vez comprobado había realizado ese pase de charola y al multiplicarse las denuncias en contra decidió debería actuarse conforme a la Ley. Sin embargo, Videgaray se topó con una red de protección tendida en favor de quien hoy presume ser la voz triunfadora de acuerdos en donde puede lucirse César Camacho, líder de la fracción tricolor en la Cámara de Diputados, y de esta forma ha quedado registrado otro caso de impunidad y amparo del fuero.
De fuera y dentro de Yucatán los admiradores no son de Ramírez Marín, sino de sus casas y su rancho, al mostrar contar con un grupo de arquitectos cuyo buen gusto está a la vista.
FUERZAS ARMADAS A GALOPE
Para la iniciativa privada, si los integrantes de las Fuerzas Armadas del país regresan a los cuarteles de inmediato, se dejaría en “total indefensión” a muchísimas comunidades en México, ante la inexistencia de fuerza policíacas confiables. Políticos quienes buscan cuidar su posicionamiento rumbo a la elección presidencial del 2018, como Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sostienen debe ser gradual el regreso a los cuarteles de los elementos del Ejército quienes participan en el combate al crimen organizado. Mientras tanto, en el Congreso de la Unión, siguen realizándose los “amarres” para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, pero hasta el próximo año.
Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado anunciaron se reunirán con sus homólogos de la Cámara de Diputados para trabajar de manera conjunta las leyes respectivas demandadas por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, anunció se reunirá con Francisco Martínez Neri, presidente de la Jucopa en San Lázaro, a fin de definir la ruta de análisis, discusión, dictaminación y votación de las disposiciones reglamentarias en torno a la labor de militares y marinos en funciones de seguridad.
Las reuniones podrían realizarse la próxima semana para afinar los detalles e iniciar el procedimiento parlamentario, una vez se determine cuál será la Cámara de origen. “Hemos acordado en la Junta establecer contacto con la Cámara de Diputados para definir de manera conjunta el camino a seguir en esta discusión. Hay iniciativas presentadas en las dos Cámaras y la idea es trabajar en conferencia, iniciar a la brevedad las consultas con los involucrados y tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible”, dijo Herrera, quien destacó existe un acuerdo en el Senado para realizar foros y consultas con todos los actores involucrados en el tema, con la finalidad de escuchar diversos puntos de vista y legislar con la seriedad requerida.
Sin lugar a dudas, dijo, se llevarán a cabo foros de consulta porque el tema de la seguridad del país es uno de los de más alta prioridad y eso requiere un amplio consenso. El panista explicó no existen condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en este mes de diciembre, y agregó los trabajos extras podrían llevarse a cabo en enero y no descartó el texto final pueda ser formalmente dictaminado y votado hasta el periodo que arranca en febrero de 2017. “Iniciaremos la discusión la próxima semana, con orden, para tratar de tener un dictamen en el mes de enero. En este periodo ordinario no hay posibilidad, así lo hemos definido, en cuanto tengamos el dictamen convocaremos, en extraordinario o en ordinario”, señaló.
En la Cámara de Diputados, la bancada del PRI busca sea en ese órgano donde se discuta de origen la nueva Ley de Seguridad Interior. César Camacho, coordinador de ese grupo parlamentario, señaló: “estamos justamente platicando con el Senado; yo creo que podemos ser la cámara de origen, en el entendido que tenemos que mantener un puente tendido y una comunicación fluida con la Cámara de Senadores, que en una especie de conferencia de facto, hay una iniciativa que tiene más coincidencias que diferencias con la que está radicada aquí… Hoy mismo platiqué con el senador Gamboa esta mañana y creo que estamos en condiciones, además como los grupos parlamentarios mayoritarios, de acordar que la cámara de origen en este debate sea la Cámara de Diputados”. Durante una entrevista, Camacho manifestó el tema de respeto a los derechos humanos está garantizado en la nueva (ley), así como la rendición de cuentas en el ejercicio de una nueva facultad por parte del Ejército y la Marina.
En otra dirección, para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, debe ser gradual el regreso a los cuarteles de los elementos del Ejército quienes participan en el combate al crimen organizado. Al encabezar el festejo por el Día del Policía dijo: “de ninguna manera” se le puede achacar a las fuerzas armadas toda la violencia y las muertes que ha traído la llamada guerra contra la delincuencia organizada que inició hace 10 años el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. La vuelta a lo cuarteles se debe dar una vez que “se haya construido policía, porque nuestro país se olvido de construir policía”.
Por otro lado y luego de que el PRI presentó en el Senado la misma iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados para normar la actuación de las fuerzas armadas en el desempeño de las tareas de seguridad interna, Enrique Solano Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), externó su preocupación porque el Ejército pudiera regresar a los cuarteles sin resolverse el problema de la inseguridad y de la reingeniería de las fuerzas policíacas.
“En ningún lugar del país (…) se tiene hoy credibilidad, confianza y tranquilidad cuando ven que llegan las fuerzas policíacas. Un poco menos a la Policía Federal, pero por supuesto con los efectivos que tienen sería imposible que pudiera cubrir todo el país”, comentó Solano Sentíes en conferencia de prensa, donde se pronunció por darle garantías al Ejército para operar conforme a derecho y no corra el riesgo de acusaciones por acciones de lesa humanidad.
POBREZA Y DESIGUALDAD
México padece una clase política voraz, rapaz y extraordinariamente bien pagada, la cual consume gran parte del presupuesto federal, mientras su población es sumida cada día más en la pobreza. En el país, 80 por ciento de los niños de seis meses a cuatro años de edad no comen carne y sólo la mitad consume vegetales, pero entre 62 y 90 por ciento ingieren dulces y refrescos, reporta el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG).
Una razón de fondo es que los trabajadores reciben cada vez menos salarios. En un año, el número de empleados del país con un salario mínimo se incrementó 14 por ciento, reportó el Inegi. Al tercer trimestre de 2016, 7 millones 850 mil 761 trabajadores percibían sólo un salario mínimo, casi un millón más que hace un año. Y el año entrante el panorama empeora, pues se espera encarezcan las mercancías por efecto del gasolinazo.
Los pésimos salarios de los trabajadores mexicanos se reflejan en una inadecuada alimentación de sus familias. Un tercio de niños viven con sobrepeso y obesidad, y tienen riesgo cuatro veces mayor de desarrollar diabetes, destaca Salvador Villalpando, jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del HIMFG. Además, 38 por ciento de los infantes de uno a dos años tiene anemias por deficiencia de hierro a causa del bajo consumo de carne y vegetales. Por ese motivo, el país enfrenta un grave problema de salud, el cual se resolverá sólo garantizando que desde la gestación y el nacimiento los niños consuman nutrimentos necesarios para un sano desarrollo.
Los trabajadores mexicanos se siguen empobreciendo. Al tercer trimestre de 2015, quienes ganaban un salario mínimo eran 6 millones 880 mil 693 trabajadores, y al tercer trimestres de 2016, los mexicanos con apenas un salario mínimo por su trabajo sumaron 7 millones 850 mil 761, es decir, 970 mil 68 trabajadores más con esa percepción. En contraste, los mexicanos con ingresos de más de cinco salarios mínimos decreció 2.4 por ciento en el mismo lapso, al pasar de 3 millones 244 mil a 3 millones 164 mil, es decir, una reducción de 79 mil 880 puestos de trabajo con ese nivel de ingresos.
Además hay un amplio grupo de trabajadores sin acceso a los servicios de salud y aquellos que, pese a ser asalariados, carecen de otras prestaciones sociales. De los 52 millones 43 mil mexicanos que contaban con un trabajo hasta septiembre pasado, 62.47 por ciento carecían de acceso a instituciones de salud, es decir, 32 millones 511.4 mil mexicanos. Y los trabajadores subordinados y remunerados sin otro tipo de prestaciones laborales, sin considerar el acceso a las instituciones de salud, subieron 3.1 por ciento en el periodo citado, al pasar de 12 millones 862.7 mil a 13 millones 270.8 mil, de acuerdo con cifras del Inegi.
Alrededor de 30 millones de mexicanos laboran en el sector informal de la economía, es decir, sin acceso a ninguno de los beneficios de la seguridad social. Comparado con hace un año, se trata de más de 300 mil mexicanos que se suman a esas condiciones. La cantidad de mexicanos laborando en el sector informal representa el 57.2 por ciento de la población ocupada, la cual es de 53.5 millones. En el país, el 23.6% del PIB es generado por la economía informal, mientras el 76.4% lo genera el sector formal. Así, menos de una cuarta parte del PIB lo genera el 57.2% del total de empleados, mientras el otro 42.8% de empleados formales generan más tres cuartas partes del PIB, de acuerdo a los datos más recientes del Inegi. ¿Qué pasaría si se lograra que todos los empleados tuvieran los mismos niveles de productividad?
Y el año entrante la situación no mejorará, al contrario. De acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, el precio del diesel subirá entre 15 y 20 por ciento para el siguiente año. El aumento será trasladado al costo del flete, el cual podría subir entre 6 y 8 por ciento. El combustible representa en promedio entre 30 y 50 por ciento de los costos operativos de los transportistas, y en algunos casos llega al 40 por ciento.
DE LOS PASILLOS
Al protestar contra aplicaciones móviles de transporte, taxistas marcharon sobre avenidas principales de la capital de la República. Se manifestaron en contra del servicio de UBER al cual consideran como ilegal, pues no tienen concesión para operar como transporte público… Bloquearon carriles centrales de Paseo de la Reforma, en dirección oriente, a la altura del Auditorio Nacional. En la zona oriente de la Ciudad, los conductores bloquearon Avenida Central, a la altura del Metro Oceanía y Metro Nezahualcóyotl. En el sur, marcharon sobre calzada de Tlalpan… “Esas aplicaciones están generando un sin fin de pobreza”, señaló Joaquín Gómez Rodríguez, uno de los líderes de la Asociación Nacional de Taxistas organizados, quienes bloquearon Avenida Insurgentes, a la altura del Acueducto de Guadalupe… “Las autoridades no han hecho absolutamente nada. Siguen amparando a las aplicaciones, están violando la ley de autotransporte urbano de la Ciudad de México”, reprochó Gómez Rodríguez. Con esta acción y en vista de la inconformidad manifestada en prácticamente todos los estados del país, en Quintana Roo debieran poner las barbas a remojar. Justo de esa entidad partió el llamado de unidad a este gremio para evitar la entrada de cualquier aplicación que ponga en peligro miles de empleos, destruya patrimonios, genere inseguridad y, sin inversión alguna, reciba utilidades hasta del 25 por ciento operando, por si fuera poco, al margen de la Ley…
Tras considerar que en los hechos registrados en Tanhuato, Michoacán, en 2015, donde murieron 42 civiles y un policía federal en un presunto enfrentamiento entre esta corporación y miembros del crimen organizado, se registraron violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar las versiones públicas de las declaraciones de los policías federales contenidas en la averiguación correspondiente. En ese caso, la CNDH y la CIDH señalaron hubo ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena, disparos en la cabeza a algunos de los delincuentes fallecidos y uso excesivo de la fuerza, entre otras irregularidades…
A raíz de hacerse público un fiestón para celebrar los 50 años de vida del titular de Hacienda en Quintana Roo y luego de conocerse es a la vez propietario de una productora de televisión con tres canales al aire a través del sistema de cable, uno de ellos dedicado a temas de salud, el otro a temas generales y el primero de ellos con información turística, se dice la explicación para justificar semejante gasto en tiempos por ellos -su jefe el gobernador Carlos Joaquín, por cierto invitado de lujo y otros funcionarios– determinado de “austeridad”, girará sobre la realización de un convenio en el cual se gestionó el pago del lugar y de los consumos con publicidad del hotel en México y en España. Con ello también quedará demostrado, además del derroche, la existencia de un tráfico de influencias ejercido a plenitud en los inicios del mandato.
¿Se pueden tener negocios y ejercer la función pública? Es pregunta.
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