Lilia Arellano
“Bajo condiciones de tiranía es más fácil actuar que pensar”: Hanna Arendt
• Estado fallido
• Inseguridad, principal problema, dice Inegi
• Violencia cuesta al país $2.12 billones: IEP
• “Pronto” nueva estrategia de seguridad: SG
• EPN no ofrece cambios sustanciales: CIDH
• CJG: apoyos incómodos y malas compañías
Ciudad de México, 26 de mayo de 2016.- El 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto prometió una nueva estrategia de seguridad cuyos resultados no se ven 41 meses después. La percepción de inseguridad medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alcanzaba en el 2012 a un 66.6% de la población. Tres años y cinco meses después la situación es la misma: el 66.4 por ciento de la población colocó a la inseguridad en el primer lugar de sus preocupaciones; y el 50.9 por ciento señalaron a la corrupción, de acuerdo con la Tercera Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), levantada el año pasado por el Inegi. A lo anterior debemos agregarle el incremento de la pobreza, la depauperización del ingreso de los trabajadores, la desigualdad, el subdesarrollo y la grave crisis de derechos humanos, con lo cual el país camina hacia la ingobernabilidad y a un Estado fallido.
El impacto económico de la violencia en México fue de 2.12 billones de pesos el año pasado, lo que equivale a 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reportó el Índice de Paz en México 2016, el cual es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En los primeros días de su gobierno, Peña Nieto dio a conocer una “nueva estrategia de seguridad”, con el fin de reducir la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la actividad del crimen organizado no ha tenido variaciones significativas en la actual administración: se mantienen las altas tasas de homicidios dolosos, secuestros, violaciones, lesiones importantes, robos con violencia, extorsiones, etcétera. En estos rubros destacan el Estado de México, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Acapulco se mantiene como la ciudad más violenta del país. La creciente violencia y los altos índices de homicidios, secuestros y extorsiones en el Estado de México, principalmente en las zonas conurbadas con la Ciudad de México se refleja también en un aumento de delitos y crímenes en la capital de la República.
Ahora, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el segundo Diálogo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia México-Unión Europea, sostuvo: “México transita hacia un nuevo enfoque para atender la seguridad”, al pasar “del combate frontal al crimen a generar entornos de armonía en el mediano y largo plazos, a partir de un tejido social fuerte y oportunidades efectivas para el desarrollo individual y colectivo”. El funcionario confió en que “pronto” se defina una alternativa para avanzar con la velocidad que México merece en materia de seguridad. La transformación debe darse en materia de justicia, fortalecimiento del sistema penitenciario y la reinserción social, además de la protección de los derechos humanos, la coordinación en materia de inteligencia y el uso de la información, precisó.
Mientras eso sucede, México resiente una caótica confluencia de transgresiones: incidencia de homicidios dolosos por organizaciones armadas; acciones impunes de criminales a la luz pública; control territorial de los grupos delictivos; imposición de peajes; impunidad ante cobros periódicos; secuestros masivos; trata de personas sistemática; control de policía y coacción por delincuentes en actividades comerciales ilícitas; intimidación a medios de comunicación. A lo anterior debe sumársele el control de las cárceles por los propios delincuentes; los centros penitenciarios se encuentran en régimen de autogestión por los presos.
El territorio nacional se encuentra en un estado de grave inseguridad y alarma social y con tendencia hacia un Estado fallido. Los propios datos oficiales muestran la grave situación del país en materia de seguridad: el estudio detalla que el índice de satisfacción que tiene la población sobre la policía fue de apenas 25.3 por ciento y la gente más expuesta a la corrupción fue quien trató con funcionarios de seguridad pública, pues padecieron dicho problema más de la mitad (55.2%), seguidos de quienes hicieron trámites con el Ministerio Público (23.7%).
Desde hace años, el país atraviesa una grave crisis de violencia y seguridad, como lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su vista a nuestra nación en septiembre y octubre del año pasado. Ese organismo internacional, en su informe anual dado a conocer en marzo de este año, advirtió: esa situación se agravó y desató una mayor violencia contra la población civil, en gran medida por la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y la estrategia presidencial actual de Peña Nieto de conjugar las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y en labores de seguridad.
En México prevalecen las violaciones de garantías individuales e impunidad, recalcó la CIDH, la cual, dijo, no cambiará bajo el actual régimen debido a que no se ofrecen “cambios sustanciales” en políticas de seguridad, mientras continúan “las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”. La CIDH señala a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
De acuerdo al análisis de la CIDH, siete factores determinan la crisis que padece México en inseguridad y violencia: corrupción y crimen organizado, relación de autoridades con criminales, las autodefensas, la contratación de fuerzas privadas de seguridad, la desigualdad, la impunidad y el tráfico de armas. En el país, la corrupción y la impunidad han permitido a los grupos criminales establecer estructuras de poder paralelas, actuando coludidas con las autoridades. Estos grupos criminales se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo, “cobro de piso”, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y tráfico de armas. El crimen organizado es la principal fuente de violencia en territorio nacional y el Estado no ha dado una respuesta eficaz al problema.
El tráfico de armas es otro importante factor de la violencia en el país. Desde 2009, el porcentaje de armas ilegales (70%) traficadas a México de Estados Unidos se ha mantenido constante. Según especialistas, en territorio nacional podrían existir más de 20 millones de armas no registradas.
CJG: MALAS COMPAÑÍAS
El panorama del 6 de junio no es tan difícil de presentarse anticipadamente. El PRI, de las 12 gubernaturas en juego y sobre las locales en Baja California, obtendrá mayoría. Morena tiene su gran oportunidad en Veracruz y Zacatecas la tiene en la bolsa. Panistas hacen su lucha en dos estados y los perredistas habrán de sumar más derrotas a su organización carente de dirección. Es por ese rumbo perdido donde surgió la alianza desde la cual sólo mantienen el deseo de no perder y el objetivo de fondo no es el cambio o la garantía de mejores gobiernos, sino derrocar al existente bajo la consigna “quítate tú porque sigo yo”. Si a lo anterior le sumamos la etiqueta tricolor a dirigentes y candidatos, ya el encuadre es completo y da vida a una vieja referencia de Porfirio Díaz: “ya es hora de que dejemos de unirnos para atacar al presidente, ya es hora de que el proyecto de nación deje de ser quitar al que tiene el poder”.
Como la consigna, el reto, es sacar del poder a un partido, no se tiene una visión clara del rumbo a seguir, menos aún si se enarbola una alianza totalmente contraria en sus principios e incluso causante de división entre los militantes de los partidos que la conforman. Sobre ellas, en La Trama del Poder se relata claramente no sólo lo efímero de su existencia sino: “el resultado ha sido una clara inestabilidad de los cuadros dentro del gobierno, dadas sus explicables confrontaciones de origen, y una escandalosa ineficiencia. Ya sea que apliquen medidas de contención o represión, de cumplimiento de la ley o de anomia, de mano dura o suave, el caso es que el desgobierno entró por la ventana. En donde mandan muchos, nadie manda”.
La presencia de gobernadores aliancistas sólo despertó al inicio de la gestión esperanzas y estas se fueron diluyendo conforme transcurrió el tiempo y el tan ansiado cambio no llegó sino todo lo contrario. Cobra forma una expresión de Juan José Rodríguez Pratts dirigida a la penosa realidad en la cual se razona el voto: “el priísta es cínico simple, el panista es cínico compuesto. El priísta nunca nos ofreció ser honesto, el panista sí”. Y entonces surge: “lo peor que nos puede suceder es convertirnos en un país de cínicos”, pronunciado por el ex presidente José López Portillo. Es lo anterior atribuido al blanquiazul, pero el Sol Azteca tiene lo suyo cuando se decide por abanderar a un político apartidista, a Miguel Ángel Mancera.
Según relata Socorro Díaz: “la suma de acciones desvertebradas y la balcanización de la urbe a partir de los gobiernos delegacionales en manos de las fracciones perredistas, han agudizado la corrupción administrativa, la inseguridad y la ineficiencia de los servicios públicos pagados con el dinero de los contribuyentes. Uno de los hechos más llamativos de la administración de Miguel Ángel Mancera es la evidente distancia entre el capelo bajo el cual toma decisiones que afectan a centenares de miles de ciudadanos y la realidad que ve, oye, toca, huele y prueba toda persona de carne y hueso que transita, no sobrevuela, las calles de la urbe”. Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chiapas, son los más claros ejemplos de lo anterior, confirmándose esto cuando los ciudadanos de esas entidades no repiten su apoyo a las alianzas fallidas.
El miércoles anterior, en estas mismas líneas señalamos los pactos realizados entre el PAN y el PRI para cederse la presidencia, acto llevado a cabo con una cadena de traiciones denunciada y vista. La presencia de los Calderón –Felipe y Margarita Esther Zavala Gómez del Campo- se ha visto en mayor número de ocasiones en Quintana Roo que en ninguna otra entidad. El apoyo se ha ejercido de múltiples formas para la candidata a la presidencia municipal de Cozumel y para el abanderado PAN-PRD, Carlos Joaquín González. Ahora los afanes de los blanquiazules es lograr que esa misma alianza permanezca, se presente en el 2018 con el objetivo señalado anteriormente, quitarle el partido al poder en turno. Al saberse la existencia de un compromiso de EPN con Calderón y de la factura pagada por éste último con apoyos y la eliminación de Josefina Vázquez Mota, el análisis sobre la mujer quien pretende ocupar por segunda vez la residencia oficial de Los Pinos, debe contemplar todos los aspectos.
Doña Margarita ha venido trabajando su imagen desde hace cerca de 10 años a través de la empresa De la Riva Información Estratégica. El costo de los estudios para lograr comportamientos adecuados para cada ocasión ha sido con cargo al erario, como lo son las decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial a su servicio y de conformidad con lo dictado por su marido antes de abandonar el poder: “los ex presidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la facción IX del artículo 11 del Reglamento”. A lo anterior se agrega la garantía familiar para contar con atención médica gratuita en el Centro Hospitalario militar.
No es un secreto el apoyo brindado por este matrimonio al candidato de la alianza “de su futuro –el de los Calderón-”, otorgándole medidas de seguridad cargadas, en principio, a su medio hermano, pero se descubrió una asignación de este personal por parte de la ex pareja presidencial. Debemos utilizar mucha imaginación para ubicar a doña Margarita abrazando a cualquiera de los “Chuchos” o a Carlos Navarrete, o descubrirle un cambio en el discurso con respecto al aborto. Antes: “ahora veo con preocupación y más aún con la modificación al dictamen –la Suprema Corte avaló la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal- que una niña o un niño que tienen 12 semanas en el vientre de mamá, y que ya es posible verlo en la pantalla, que tiene corazón, pulmones, cabeza y brazos, no se le considere persona y se le niegue el derecho a vivir”. ¿También pintaría la fachada de Los Pinos en los tonos del arco iris?
Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala y Ricardo Anaya han sido cómplices en muchas ocasiones, todas ellas en franco encubrimiento de sujetos deleznables. Y, tal vez sea este el ingrediente principal en el cual basan sus relaciones con el PRD, en donde las últimas dirigencias lograron hacerlo casi desaparecer. Es en esas personalidades a las cuales el candidato de la alianza PAN-PRD en Quintana Roo, Carlos Joaquín, ha invitado a su campaña, en quienes finca un prestigio político distinto al otorgado a su persona por el PRI. En el punto clave, en el de las dudas, surge la presencia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y de ahí mismo se presenta otro de los muchos ligados de manera directa con quienes manifestaron su respeto al narco: el delegado Juan Pablo Adame Alemán, hijo del ex gobernador Marco Antonio Adame Castillo.
Como es sabido, el padre del delegado fue sucesor de Sergio Estrada Cajigal, conocido por mandar a los aires al “helicóptero del amor” y por los nexos con el cartel del narcotráfico dominante en la entidad. Adame Castillo no sólo se limitó a seguir en las mismas rutas trazadas por su antecesor, tampoco nunca actuó en su contra, escudando la protección con una amenaza de expulsión del partido. Graco Ramírez no ha levantado un solo dedo en contra de quienes le antecedieron, menos ahora recibiendo protección panista ante los embates ciudadanos por la inseguridad y corrupción reinante. Esta es otra de las muchas muestras de las grandes complicidades ejecutadas por los pregoneros de un cambio registrado sólo en sus patrimonios familiares y su multiplicación.
“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Así de claro, así de simple…
PROTESTAS MAGISTERIALES
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes fueron desalojados de un plantón sobre Bucarelí, en las proximidades de la Secretaría de Gobernación, se movieron hacia la Plaza de la Ciudadela. Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la Sección 18, condenó el desalojo de los maestros disidentes, quienes poco después de las dos de la mañana recibieron un “ultimátum de un comandante de la Policía Federal que dio 20 minutos para que se desalojara la vialidad”. “Nos parece sorprendente –dijo- que enfrentemos a un gobierno federal tan indolente, que se niega a abrir el diálogo con el magisterio, cuando enfrenta problemas sociales graves en otros estados, incluyendo Chiapas y Michoacán”.
En Chiapas, miles de maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de siete docentes detenidos durante los enfrentamientos con la policía, ocurridos el miércoles. Los detenidos son los maestros Juan Gálvez Velasco, Ricardo Hernández Cruz, David Barrios Pérez, Juan David Gordillo Hernández, Francisco Díaz Méndez, Pedro Gómez López y Roldán Domínguez Martínez. Están a disposición de las Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), pero la Procuraduría General de la República (PGR) exige se los entregue.
Y en Oaxaca, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron todos los accesos al aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, como parte de su plan de acción para demandar la instalación de una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales. Los mentores formaron una valla humana a alrededor de 10 metros de la reja principal, detrás de la cual se encuentran decenas de policías federales de la división de la Gendarmería, quienes cerraron los acceso a fin de evitar el ingreso de los mentores. También impidieron el ingreso de las personas que saldrían en algún vuelo de la región.
En Guerrero, docentes de la Coordinadora Estatal de la Educación en Guerrero (Ceteg), marcharon en la Autopista del Sol para expresar su repudio a la reforma educativa. Los contingentes se desplazaron en el carril que va de sur a norte, también en rechazo al anuncio del presunto despido de mil 280 de sus compañeros en esta entidad, notificados por no haber presentado la evaluación que establece la reforma educativa.
Y en Morelos, los maestros que dejaron de percibir sus salarios por parte del Instituto de Educación Básica de la Educación del Estado de Morelos (IEBEM), desde marzo pasado, por no haber presentado la evaluación educativa, se manifestaron en las oficinas de esa dependencia a fin de que se restituyan sus ingresos.
DE LOS PASILLOS
Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa rechazaron la propuesta del gobierno federal para que el mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala dure solamente seis meses; la idea es, subrayaron, que tenga una temporalidad indefinida o hasta concluir las investigaciones. Explicaron: no es posible admitir dicha propuesta presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) debido a que la investigación no concluirá en seis meses, además de ha quedado demostrado que México necesita la supervisión y el escrutinio internacional… A 20 meses de los hechos de Iguala, iniciaron una jornada de protesta en una veintena de embajadas para entregar una carta de denuncia, en la cual insistieron en la salida del director de la Agencia Criminal de Investigación (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por cometer serias irregularidades en la investigación del caso…
Los legisladores federales están en deuda con la sociedad porque han incumplido con la aprobación de las leyes anticorrupción, admitió Roberto Gil, presidente del Senado de la República. Sin embargo, justificó la tardanza por la complejidad política para la construcción de las reformas y la existencia de varios procesos electorales en marcha… Recientes encuestas publicadas señalan que 9 de cada 10 mexicanos piensan que la corrupción es una práctica frecuente y, a pesar de ello, los legisladores no aprueban la iniciativa anticorrupción.
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