Lilia Arellano
“La cobardía es la madre de la crueldad”: Michel E. de la Montaigne
• Tráfico
• Drogas, armas, personas, órganos, de moda
• 2.12 billones de pesos, costo de la violencia
• Se vive total ausencia del Estado de derecho
• Indolencia de autoridades frente a crímenes
• Incitan enojo, antipatía y frenan inconformes
Ciudad de México, 7 de abril de 2016.- Traficar, en cualquiera de sus concepciones, es el negocio de hoy, el mundial, el mal presente en toda la geografía del planeta. Lo mismo se trata de discos, de material pirata, de personas, de órganos, de drogas, de armas, de animales, de vehículos, de materias primas, de dinero, de todo aquello con lo cual se pueda comerciar. El concepto ilegal de tráfico está ligado en México a la corrupción y la impunidad, alentado por la ausencia de un Estado de derecho eficiente. Todos ellos son delitos cuya incidencia de impunidad es alarmante y demuestran el fracaso de las políticas oficiales en materia de seguridad, a pesar del discurso oficial persistente: “estamos bajando los índices de delincuencia”, el cual no concuerda con la realidad del país. El impacto económico de la violencia el año pasado fue de 2.12 billones de pesos (unos 134 mil millones de dólares), equivalentes al 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Pese a propaganda oficial, la tasa de homicidios se incrementó 6.3 por ciento el año pasado, de acuerdo a los datos reportados por el Instituto de Economía y Paz en México. En el reporte 2015 se exhibe: “cada vez hay mayor discrepancia” entre los informes oficiales sobre los homicidios, y las cifras presentadas por diversas instituciones llegan a diferir hasta en 20%. Además, existe un creciente número de casos sin investigación. Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra homicidios a través de actas de defunción, el Sistema Nacional de Seguridad Pública toma los datos de las fiscalías estatales, por lo cual se requiere una verificación de las cifras oficiales. Por ejemplo, en estados como Jalisco, cuando se encuentra una fosa clandestina y hay decenas de cuerpos, se abre una investigación previa como si sólo hubiera un cuerpo o un homicidio.
Un aspecto resaltado por el Instituto de Economía y Paz es el aumento en la tasa de presos sin condena en el país, motivado por la frecuente utilización en México de la figura de la prisión preventiva, la cual provoca el encarcelamiento de personas sin ninguna sentencia y muchas veces resultan inocentes. Las cárceles son lugares de hacinamiento, en las cuales las personas salen conectadas con el crimen organizado. De ahí la necesidad de concretar la instrumentación total de la reforma de la justicia, a fin de recurrir a otras herramientas (como la mediación) y no pasar necesariamente por la prisión preventiva.
El impacto económico de la violencia en 2015 fue de 2.12 billones de pesos (unos 134 mil millones de dólares), equivalentes al 13% del PIB. El gasto gubernamental para la contención de la violencia sigue ascendiendo, pero esto no se ha reflejado realmente en una reducción. En el país, 90% de las extorsiones y 83% de las violaciones no se denuncian ante las autoridades. La desconfianza de los ciudadanos guarda relación con las altas cifras de impunidad: mientras en 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, partir de 2013 se pasó a una sentencia por cada cinco asesinatos.
TRÁFICO DE DROGAS
Los cárteles mexicanos de la droga reciben aproximadamente ente 19 mil y 29 mil millones de dólares al año por ventas en suelo estadounidense. El 90 por ciento de la cocaína ingresada a Estados Unidos se hace a través de territorio mexicano, desde donde también se provee mariguana y anfetaminas al vecino del norte. En ese país hay 6,700 vendedores de armas de fuego a lo largo de la frontera con México. Alrededor del 70 por ciento de las armas recuperadas de actividades criminales en territorio mexicano desde 2007 hasta 2011 y rastreadas por el gobierno estadounidense se originaron a partir de ventas en el vecino del Norte.
El negocio del tráfico de drogas en México y la violencia provocó el asesinato de más de 60 mil personas de 2006 a 2012. La frecuencia de homicidios relacionados con el narcotráfico se mantiene en esta administración e incluso se incrementa. En ese periodo, 26 mil 121 personas desparecieron en el país, pero las autoridades ni siquiera tienen información sobre cuántas de estas desapariciones están relacionadas con el crimen organizado.
Las principales organizaciones criminales enfocadas en el tráfico de drogas son: Cártel de Sinaloa, considerado como el principal proveedor de estupefacientes a Estados Unidos. Hasta su última recaptura, era dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán; el cártel de los Beltrán Leyva, fundado por los hermanos Beltrán Leyva: Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor; el cártel de Los Zetas, conformado por ex miembros élite del ejército mexicano; el cártel del Golfo; el cártel de Juárez; el cártel de Tijuana; el cártel Jalisco Nueva Generación; y la Familia Michoacana. Estos grupos se disputan los territorios de producción y tráfico hacia Estados Unidos de estupefacientes.
No hay una sola entidad de la República donde no se encuentre asentada una organización criminal. En cerca de una tercera parte del total se libran luchas encarnizadas por el control de dichas plazas entre dos o más cárteles. Con facilidad, los cárteles corrompen las instituciones encargadas de combatirlas. Guerrero es el estado donde opera mayor número de cárteles, cinco. Le sigue Baja California, donde operan tres; en al menos 7 entidades hay una disputa entre dos cárteles: Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Nayarit.
El cártel del Golfo domina el estado de Quintana Roo; el cártel de Jalisco Nueva Generación opera en Morelos, Colima, Distrito Federal y Veracruz; el cártel del Pacífico tiene presencia mayoritaria en Sinaloa, Durango, Sonora, Aguascalientes y Baja California Sur. El cártel de los Beltrán Leyva opera en Zacatecas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas, Tlaxcala, Campeche, Yucatán e Hidalgo. Los Caballeros Templarios operan en Querétaro y Michoacán.
El fracaso de la guerra contra las drogas en México obligó al gobierno de este país a establecer un posicionamiento -a presentarse el próximo 19, 20 y 21 de abril en Nueva York, ante la Organización de las Naciones Unidas- para combatir el problema de la drogadicción por medio de una política integral basada en la salud pública y no sólo con medidas punitivas. De acuerdo con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, la experiencia mexicana demuestra la insuficiencia del enfoque punitivo contra el consumo de drogas y el narcotráfico, por eso son necesarias políticas más integrales, más equilibradas.
Para Antonio Mazzitelli, representante para México de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, “la guerra contra las drogas declarada hace 35 años se ha acabado o tiene que acabarse, sobre todo en determinadas circunstancias y perspectivas”. Para la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU 2016, se proyectan nuevas visiones para abordar el tema de las drogas, el cual es más un problema de salud y no de seguridad.
TRÁFICO DE ARMAS
Un problema estructural en la relación México-Estados Unidos es el tráfico de armas, el cual es un factor determinante del narcotráfico, la violencia y la inseguridad en territorio mexicano. No obstante y a pesar del discurso del presidente Barack Obama en la materia, no hay voluntad política del gobierno de Estados Unidos de avanzar en estrategias eficaces contra el tráfico de armas. No se han elaborado legislaciones más efectivas ni mucho menos planes de prevención.
El tráfico de armas ha generado el empoderamiento de la ilegalidad y la violencia; muertes violentas o accidentales por el uso de armas; la vinculación de jóvenes a grupos y prácticas delictivas; el uso de armas en grupos de jóvenes y adolescentes; y la expansión de la cultura de la violencia a través de los medios de comunicación. El 70 por ciento de las 104 mil 850 armas de fuego –la mitad largas- decomisadas en México entre 2009 y 2014 provenía de Estados Unidos, reveló un reporte presentado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), brazo de investigación del Congreso estadounidense. El reporte del 2009 de la misma GAO registró: 87 por ciento de las armas de fuego incautadas en México eran de origen estadounidense. En territorio mexicano se estima hay 15 millones de armas circulantes, de las cuales el 85 por ciento es ilegal.
Los cárteles del narcotráfico han logrado frustrar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear el flujo de armas, enviándolas en piezas hacia México, para ensamblarlas luego en este país. Texas sigue siendo la entidad desde donde surten la mayoría de las armas de origen estadounidense decomisadas en México. En las zonas fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas existen al menos 6 mil 700 armerías. Unas 2 ml armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día.
TRATA DE BLANCAS
La trata de personas, un delito de lesa humanidad y el cual viola los derechos humanos, es el propósito ilegal de personas con fines de explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, servidumbre o cualquier forma de esclavitud. Esta ubicado como el tercero a nivel mundial en un ranking de delitos luego del tráfico de drogas y armas. En el mundo se estima existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata de personas, en un negocio de más de 32 mil millones de dólares en todo el orbe.
México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, a través del Norte y Centroamérica con fines de explotación sexual y trabajo forzado, lo cual genera alrededor de 10 mil millones de dólares al año, de acuerdo a estimaciones de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe. Los grupos más vulnerables son mujeres, niños, migrantes indocumentados, personas indígenas, campesinos, obreros, trabajadores informales, jóvenes y personas analfabetas o con bajos niveles educativos. Los migrantes en tránsito por territorio mexicano se ven acosados por los cárteles mexicanos, los cuales secuestran personas, piden dinero a sus familiares a cambio de su liberación, y muchas veces los hombres terminan trabajando para esas organizaciones criminales y las mujeres son explotadas sexualmente en manos de estas redes.
Luego de Tailandia, México es el segundo país proveedor de víctimas de trata a Estados Unidos. Las rutas de migración hacia EU coinciden con las de mayor concentración de trata en este país. Uno de los mayores sitios de enganche de mujeres y niñas para la explotación sexual en México se da en la ciudad de Tenancingo, Tlaxcala, las cuales son esclavizadas y entregadas a proxenetas en EU. De acuerdo a datos oficiales, unos 20 mil niños son víctimas de la explotación sexual en manos de la trata, particularmente en zonas fronterizas, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, y turísticas, como Puerto Vallarta, Acapulco y Cancún.
Los cárteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas, de armas, secuestros, asesinatos y lavado de dinero, han ampliado sus operaciones al contrabando de inmigrantes y tráfico de niños especialmente hacia Estados Unidos. Mujeres y niñas son raptadas por esas organizaciones criminales para ser usadas como esclavas sexuales. Muchas de las matanzas de inmigrantes se dan por desacuerdos con los cárteles, al negarse a cooperar con ellos.
TRÁFICO DE ÓRGANOS
En México se desconoce la cifra exacta de cuántos niños robados son destinados al tráfico de órganos, aunque estimaciones extraoficiales calculan son alrededor de 50 mil. No hay denuncias, expedientes o casos verificados para documentar el tráfico de órganos en el país, refiere Juan Salvado Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). La situación de pobreza, la creciente demanda de órganos y los vacíos legales favorecen la impunidad y son aprovechados por los delincuentes para traficar distintos órganos desde riñones hasta páncreas o hígados, advierte la Interpol México.
El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de drogas y de armas. De acuerdo con datos de la Unicef, el número de niñas y niños desparecidos cada año en todo el mundo es de un millón 200 mil. Los traficantes pagan entre mil y seis mil dólares por un órgano y lo venden entre 100 mil y 250 mil dólares, de acuerdo con datos de la Interpol en México. Es un delito a investigarse con mayor profundidad, alertó. “Para castigar este delito se debe investigar toda la logística, es una logística en donde lastimosamente se ven involucradas clínicas privadas, autoridades de Aduanas, una infinidad de actores porque definitivamente hay mercado y ese mercado lo demanda”, señala Irving Vidal, titular de la Interpol México.
Cobijados por la indolencia de las autoridades, las bandas de secuestradores operan con mayor intensidad en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y las zonas fronterizas del norte y sur del país. Prácticamente en todo el territorio nacional se roban a menores de cualquier edad a través de personas solitarias o bandas pequeñas, las cuales las venden a los traficantes de órganos y de explotación sexual.
Redes del crimen organizado le sacan a sus víctimas pasaportes y credenciales. Los niños son llevados vivos a Estados Unidos, donde hay clínicas y médicos corruptos, los cuales operan y les extraen los órganos. Los niños robados nunca aparecen, sus cuerpos son triturados y como carne molida son echados a los perros, denunció la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos. El crecimiento de este delito hizo que la Interpol comenzara a elaborar fichas de personas desaparecidas y cadáveres, a fin de rastrear a bandas de traficantes de órganos.
Activistas y defensores de los derechos humanos exigen al gobierno mexicano tomar cartas en el asunto ante este delito, cuya “industria” está creciendo, porque el secuestro y el tráfico de órganos les resulta mucho más rentable. Las principales víctimas del tráfico de órganos son los migrantes en su paso hacia Estados Unidos. En el norte de México hay lugares donde se escoge a las personas secuestradas a las que les van a quitar los órganos.
DE LOS PASILLOS
Una encuesta del periódico “El Universal” de la capital de la República concluye: “si hoy fueran las elecciones para gobernador de Quintana Roo, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde de Solidaridad, obtendría una cómoda victoria de casi 15 puntos porcentuales”. Según este sondeo, la intención del voto para Góngora Escalante es de 32.1 por ciento, seguido del abanderado de la alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín González, con 17.7%; de José Luis Pech Vázquez, de Morena, con 8.7%; de Alejandro Alvarado Muro, del PT, con 2.3%; y de Rogelio Márquez, de Encuentro Social, con 0.9%.
¿Alguien puede explicar los escenarios actuales en México, por lo menos dos de ellos? En el primero aparecen los escándalos como el de los Papeles de Panamá y el alza en productos alimenticios de primera necesidad en plena jornada electoral con declaraciones oficiales provocadoras de una ira social mayor a la cual se le aplica la dosis de control con la desempolvada de la Ley 29. ¿Se trata de medir el aguante de los mexicanos? Por el otro lado se les esconde un Caro Quintero a quien no le permiten una “fuga” sino de plano lo dejan en libertad; es encarcelado Joaquín Guzmán Loera protagonista principal de su propia telenovela y para rematar dejan libre en EU al “Güero” Palma. ¿Están en plena formación del nuevo cártel? ¿Cuál mano está meciendo semejante cuna?
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