Lilia Arellano
“Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”: Publio Cornelio Tácito
• Mal gobierno impacta comicios
• Corrupción e impunidad sellos de Peña Nieto
• Grave crisis de derechos humanos en México
• Reforma energética esfuma riqueza petrolera
• Este sexenio no habrá “despegue” económico
Ciudad de México, 25 de mayo de 2016.- La corrupción, la impunidad, la violación de derechos humanos, el empobrecimiento de la población, la mano dura contra movimientos sociales, el fortalecimiento de un Estado policial, la ralentización de la economía, el despojo de los recursos de la nación, particularmente energéticos, y el mantenimiento e incluso elevación de los índices de delincuencia y violencia, caracterizan la administración del presidente Enrique Peña Nieto y tendrán un impacto directo en las elecciones del próximo 5 de junio en 13 entidades del país y, por supuesto, en los comicios presidenciales del 2018. Un argumento más, el más socorrido para los partidos opositores al PRI en esta contienda gira en torno a la deuda, aunque de ella solo hacen referencia en las entidades al saberse la serie de aprobaciones por sus diputados hechas para incrementarla sin recibir explicaciones. O sea otra de las muchas complicidades en contra de México y los mexicanos.
La mayoría de la población reprueba la corrupción de la actual administración y su endeble combate, revelan las encuestas sobre la materia. Las repercusiones del escándalo de la Casa Blanca, así como las fastuosas residencias de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los acuerdos políticos para garantizar impunidad al gobierno de Felipe Calderón y sus principales operadores; la captación de los líderes de “oposición” del PRD y PAN para sacar adelante las reformas estructurales en el Congreso; y el empobrecimiento de la clase trabajadora como resultado de la política económica aplicada, tienen costos políticos muy altos, lo cual se refleja en el descontento generalizado de la población con su clase gobernante y la evaluación negativa al gobierno de Peña Nieto, la cual es cada vez más alta, como revelan los sondeos de opinión pública realizados y publicados por diarios de todo el país.
De poco o nada sirvió en el combate a la corrupción el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, después de 26 meses de permanecer acéfala esta dependencia. Lo único útil de este funcionario fue la exoneración a su jefe en el escandaloso caso de la Casa Blanca, donde se implicó a “la primera dama de México”, Angélica Rivera, cuya defensa la fue hundiendo cada vez más en estas peligrosas arenas movedizas. Tampoco sirvió de mucho la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo principal es la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Sus leyes principales siguen atoradas en el Congreso de la Unión ante la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en su alcance y elaboración. Y por la serie de complicidades ya referidas en las cuales ninguno está exento y mucho menos es inocente.
A nivel internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, posiciona a México con 35 puntos, en una escala que va de 0 puntos (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción). Nuestro país se encuentra entre los más corruptos a escala mundial. Los altos niveles de esta práctica han beneficiado lo mismo a autoridades de los tres niveles de gobierno, sin por ello excluir a los empresarios, nacionales y extranjeros, tiene consecuencias económicas, políticas y sociales para el país. El estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. Cl (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela los principales costos económicos de la corrupción: el descenso de hasta 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y una pérdida de ingreso de las empresas de hasta 5% anual.
En cuanto a los costos sociales, se asocian al bienestar: los hogares mexicanos destinan 14 por ciento de sus ingresos anuales a pagos extraoficiales; y en el violencia, existe una correlación positiva entre corrupción y sus altos niveles. Otra consecuencia relevante de la corrupción es la insatisfacción de la población con la democracia: sólo 19 por ciento de la población está satisfecha con la democracia; y la crisis de representatividad, pues 90 por ciento de los mexicanos no confía en los partidos políticos. En suma, la corrupción afecta la legitimidad y credibilidad de las autoridades. Todo lo anterior es, sin duda, el camino trazado para lograr la ingobernabilidad a plenitud.
IMPUNIDAD
México también sobresale entre los países con mayores índices de impunidad. En 2015 ocupó el segundo sitio a escala mundial, entre 59 naciones que fueron medidas y comparadas. El principal problema: tiene policías de sobra para detener personas sospechosas, pero faltan jueces que se encarguen de procesar los casos. En promedio, por cada juez se abren casi 500 expedientes nuevos al año. Hay un déficit de juzgadores. Esto explica la profunda y extendida impunidad, la cual crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo. En su última visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó: a partir de las cifras oficiales es posible detectar que la mayoría de los crímenes cometidos en nuestro país no se resuelven y en realidad nunca son investigados de manera adecuada.
La impunidad retroalimenta y multiplica los efectos negativos de problemas igualmente complejos como la inseguridad, la violencia, el acceso desigual a la justicia o la violación a los derechos humanos. También afecta el desempeño institucional y deriva en un profundo desprestigio de la clase política. Asimismo, es un problema extendido y generalizado en la mayoría de los estados del país. De acuerdo al Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), sólo los estados de Campeche y Nayarit registran una baja impunidad; San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas, tienen una impunidad promedio; Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos, resienten una impunidad alta; y Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, y México , resienten una muy alta impunidad.
Hay corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y de sus tres niveles (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad. Del total de delitos consumados, sólo existe un 4.46% de sentencias condenatorias, es decir, una impunidad cercana al 95% de los delitos acreditados por la autoridad como consumados. La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arroja: la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, está en los márgenes del 99% en México.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El país está considerado en el lugar 11 como nación con alarma en violación de derechos humanos. Lo anterior presenta un grave problema en temas de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios. Organismos universales como Amnistía Internacional mantienen una evaluación crítica de México en esta agenda.
No obstante, el gobierno ha recortado el presupuesto para atender el tema de derechos humanos y de atención a víctimas, aseguró la diputada María Concepción Valdés Ramírez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. “Se habla mucho en el discurso y se asegura que se están fortaleciendo las políticas de derechos humanos, pero la realidad es que el feminicidio, la desaparición forzada y el abuso del poder, es una constante en México”, destacó la legisladora.
Lo peor es que durante esta administración federal, en el marco de acciones contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. No hay avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de arbitrariedades cometidas por soldados y policías desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en el 2006.
En el caso de las desapariciones forzadas, el gobierno reconoció en 2014 no saber cuál había sido el destino de más de 22,000 personas, cuyo paradero se desconoce desde 2006. El número aumentó hasta 25,500 al cierre del año pasado. Por lo que toca a las ejecuciones extrajudiciales, en 2014, el Relator Especial de la ONU señaló “en México sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica”. Estos casos se han convertido en escándalos internacionales: Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; Tanhuato, en mayo de 2015; o Tlatlaya, en junio de 2014. Sin considerar la cadena de fosas clandestinas descubiertas reveladoras de crímenes y desapariciones-
Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CND) recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército –incluidas más de 1,700 durante el actual gobierno- y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó la participación de esta fuerza en graves violaciones de derechos humanos.
FRUTOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
La implementación de la reforma energética ya da “jugosos frutos”. Para empezar, la riqueza petrolera del país se esfumó. Las reservas probadas de hidrocarburos perdieron casi la mitad de su valor el año pasado, debido no sólo a la caída en los precios internacionales del crudo, sino a una importante reducción en el volumen de esos recursos.
Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) valuaban esos recursos, petróleo crudo y gas, en 2014, en 429 mil 138.8 millones de dólares. Un año después, perdieron su valor en casi 218 mil 860 millones de dólares, y al 1 de enero de 2016, el valor económico de las reservas probadas de hidrocarburos del país se ubicaron en 210 mil 278 millones de dólares.
Además, las reservas probadas registradas durante 2015, se redujeron 22.1%, “pasando de 12 mil 380 millones de barriles de petróleo crudo equivalente al 31 de diciembre de 2014, a 9 mil 632 millones al 31 de diciembre de 2015”, como señala el informe FORM20-F que Pemex envió a la Comisión de Valores de Estados Unidos el pasado 16 de mayo. El cómo se disminuyen estas reservas frente a una baja en la producción, exportación, venta del crudo, sigue siendo un gran misterio, o una renglón más de los muchos en los cuales a PEMEX nunca le cuadran las cuentas.
En otro ejemplo, a partir de este mes, Pemex dejó de importar gas LP para el consumo nacional, y ahora es el sector privado quien lo hace y se beneficia de los precios conseguidos en la frontera. Para los consumidores y en comparación con el precio ofrecido por la petrolera estatal en sus centros de producción los precios sufren permanentes incrementos. El mercado mexicano de gas LP consume diariamente 285,000 barriles diarios, de los cuales Pemex importaba 85,000 barriles al día y se producían en promedio 200,000. Ahora, con la apertura en la frontera, los privados ya importan todo e incluso han comenzado a desplazar al producto nacional.
DE LOS PASILLOS
De plano, el despegue económico no se dará este sexenio. El Banco de México mantuvo en un rango de 2 a 3 por ciento su previsión de crecimiento para este año y la disminuyó marginalmente a un intervalo de entre 2.3 y 3.3 por ciento para 2017, dos décimas menos que su consideración previa… Apenas el viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año en cuatro décimas de punto, a un rango de entre 2.2 y 2.3 por ciento. “La economía mexicana ha seguido enfrentando un entorno externo complejo”, dijo Agustín Carstens, gobernador del banco central…
El primer cuatrimestre de este año, México registró su peor déficit comercial. Tuvo un saldo negativo de 6 mil 65 millones de dólares, un alza de 174 por ciento en el déficit, de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)… Las exportaciones cayeron en el periodo 6.4 por ciento, a 115 mil 564 millones de dólares. En tanto, las importaciones bajaron 3.2 por ciento a 121 mil 629 millones de dólares…
La desconfianza de empresarios y ciudadanos en la economía mexicana y la actual administración federal provoca una permanente fuga de capitales. En el primer trimestre de este año, empresas y ciudadanos transfirieron a cuentas bancarias en el extranjero recursos por 10 mil 924 millones de dólares, una cantidad que superó 131 por ciento a la que enviaron en el mismo periodo de 2015, de acuerdo a datos del Banco de México… La cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual registra la diferencia entre el ingreso y salida de divisas del país por operaciones de comercio exterior, transacciones financieras, turismo y transferencias –como las remesas- registró en el primer trimestre del año un saldo deficitario de seis mil 991 millones de dólares.
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