José Luis Parra
El juicio de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, puede que no termine en los tribunales sino en el escenario geopolítico donde Estados Unidos mueve piezas y México recoge consecuencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso el dedo en la llaga al advertir que si en el juicio estadounidense se imputan nombres mexicanos, tendrán que venir acompañados de pruebas. Suena firme, pero también suena tarde.
Recordemos: en el caso de Genaro García Luna se aplaudió la sentencia como si las declaraciones de narcotraficantes fueran evangelios. Ahora, con Ovidio negociando su destino con la justicia de Illinois, el tono cambia. De la euforia pasamos al recelo. Del aplauso fácil a la exigencia diplomática.
El gobierno de México –dice Claudia– no conoce los términos del acuerdo entre El Ratón y los gringos. Y no es menor. Fue México quien lo detuvo, lo entregó y, de paso, enterró soldados en ese operativo. Pero resulta que los términos los dicta el otro lado.
Sheinbaum se revuelca en el dilema: dice que hay colaboración, pero rechaza subordinación. Que hay coordinación, pero también dignidad. Y en medio, la violencia rampante en Sinaloa. La presidenta acusa: la inestabilidad se debe a las concesiones a Ovidio. Como si ella no fuera ya parte de la estructura que permitió, negoció y finalmente entregó al capo al vecino del norte.
Mientras tanto, Washington hace lo que sabe hacer: negocia con terroristas a los que llamó terroristas. Hipocresía con estrella y franjas. Allá no hay problema si se trata de lograr una confesión que abone al show judicial. Aunque eso implique omitir a México en los acuerdos, o despreciar las órdenes de aprehensión nacionales.
Y Claudia, que apenas empieza, recibe su primer revolcón diplomático. Exige respeto, exige pruebas, exige información. Pero también admite que no sabe nada. Ni del acuerdo, ni de sus implicaciones.
Pero hay que ser justos. No es Claudia sola. Es el Estado mexicano en su conjunto el que quedó reducido a espectador. A un convidado de piedra. A un socio menor que aporta cadáveres y recibe migajas.
Ovidio cantará. Lo hará en inglés, con traducción simultánea si se requiere. Y lo que diga tendrá efectos de este lado de la frontera. La pregunta es: ¿México pedirá pruebas esta vez? ¿O volverá a celebrar condenas sustentadas en testimonios de criminales?
Porque si la justicia estadounidense es buena para castigar a los de Calderón, también debe servir para indagar a los de López Obrador.
¿O sólo cuando le toca al adversario vale el testimonio del narco?
