Por Mouris Salloum George*
Desde Filomeno Mata 8
Salvo la especificidad de su nombre, Rosario Robles Berlanga no argumenta más en relación con presuntos desvíos de recursos públicos de las secretarias de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en los periodos en que ella despachó como titular de esas dependencias entre el 1 de diciembre de 2012, hasta la fecha en la segunda.
Ponerse bajo escrutinio de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, ciertamente no abona un gramo a la presunción de inocencia en la salida de la funcionaria para obtener su exoneración en las alusiones de su persona en una investigación del diario Reforma que aporta como base de su información reportes de tres auditorias forenses practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.
Se trata, en principio, de más de mil 300 millones de pesos que, según los resultados de aquellas auditorías, habrían pasado por una obra de arte de ingeniería financiera que permitió llevar esos recursos a más de media docena de países. En términos convencionales podría tipificarse ese trasiego como lavado de dinero.
La ruta de los recursos tendría como intermediarios en algunos casos los sistemas de Radio y Televisión de Hidalgo y Quintana Roo y en el affaire se da como actoras al menos a 13 empresas fantasma.
En ese nuevo escándalo aparece una constante en las revisiones de las Cuentas Públicas realizadas por la ASF en lo que va del sexenio: El uso por funcionarios federales y gobernadores de los estados de empresas inexistentes para la asignación de contratos y pagos de facturas falsas; incluso por obras o servicios no devengados.
En este enésimo episodio de corrupción, cobra relevancia la mención de la firma Monex, que cobró celebridad en las indagatorias sobre el financiamiento privado de la campaña presidencial del PRI en 2012.
Mano negra sobre recursos reservados a los más desvalidos
Lo indignante de las nuevas revelaciones, es la implicación de dos secretarías del gabinete presidencial responsables de políticas sociales para las que se etiqueta presupuesto destinado a responder a las necesidades más ingentes de la población marginada.
En semanas recientes se hizo del dominio público que casi dos mil millones de pesos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre bajo la gestión de Sedesol, fueron objeto también de malos manejos.
Ahora mismo, permanecen vivas las denuncias de población damnificada del estado de Guerrero, afectada por huracanes en 2013 y es tiempo de que no se les entregan satisfactoriamente viviendas y obras anexas consideradas en el Plan Nuevo Guerrero.
En ese proyecto la coordinación la compartieron la citada Sedesol y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
De esta Sedatur, que sustituyó a la Secretaría de la Reforma Agraria, fue titular hasta 2015 Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente saliente de la Cámara de Diputados y nominado recientemente por el PRI a una senaduría de la República.
Si no todo está podrido en Dinamarca, hace falta la Lámpara de Diógenes para iluminar ese espacio libre de corrupción.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.