MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Ayer, poco antes de reunirse en Palacio Nacional con integrantes de su gabinete para preparar el informe de los primeros cien días de su gobierno, que se presume rendirá el próximo 11 de marzo, Andrés Manuel López Obrador se enteró de un fallo judicial relacionado con su capricho de cerrar estancias infantiles mediante la asfixia financiera, que se significa como el primer round que pierde en este pleito.
¿Incluirá en su informe la suspensión provisional de amparo dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Renteria Cabañez, que ordena a su gobierno publicar las reglas de 2019 para que las estancias infantiles sigan operando tal como lo hacían hasta el año pasado?
En la mañanera conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional, al presidente López Obrador se le requirió opinar acerca de esa suspensión provisional de amparo, al recurso promovido por el senador de Movimiento Ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien lo dio a conocer en la víspera y lo consideró como el primer round ganado al mandatario en este litigio que de lo mediático avanza a tribunales, como han anunciado legisladores del PAN, PRI y PRD.
López Obrador admitió que desconocía ese fallo jurisdiccional, pero aunque dijo que se acatará la resolución insistió en que hay pruebas de irregularidades en las estancias.
En términos llanos, el señor Presidente no acepta esta derrota y le buscó una salida airosa cuando el senador García Sepúlveda lo puso contra las cuerdas.
Declaró no conocer los términos de la suspensión de amparo –a la que sin duda y conforme al procedimiento le falta un tranco para estar en posibilidad de ser declarada definitiva, pero ocurrió el primer episodio—y dudó de la existencia de éste porque dijo no creer que un juez avalara la irregularidad.
Y, para soportar su decisión personalísima de negar la reposición de los más de dos mil millones de pesos al programa de estancias infantiles, reiteró que el tema se politizó y debe aclararse por completo. Bueno, pues a su incredulidad a modo y la recurrencia de descalificar al que piensa y opina diferente a él, se le plantó la decisión de un juez. ¿El juzgador será fifí o conservador?
Insiste el Presidente en que el Programa de Estancias Infantiles operado desde la Secretaría de Desarrollo Social y ahora por la Secretaría de Bienestar, tenía padrones de beneficiarios adulterados, con censos fantasmas y, bueno, el mismo tema de la corrupción, aunque no ha mostrado las pruebas, nombres y lugares que directivos, responsables de estancias, maestras y madres de familia le han demandado.
Lo cierto es que la resolución jurisdiccional ordena al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresamente a la Secretaría de Bienestar que, en un plazo que ayer debió haber cumplido, publique las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles, cuya vigencia data del año 2010 y que implica el ejercicio del gasto etiquetado y presupuestado por la Cámara de Diputados en el gasto público de 2019.
¿Se atreverá López Obrador a instruir se viole la Ley de Amparo que le ordena acatar una suspensión provisional?
De ello dio cuenta ayer, en entrevista radiofónica a Pascal Beltrán del Río, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, ex diputado federal por el estado de Nuevo León,
“(López Obrador) tiene 24 horas para cumplir, de no hacerlo el delito de desacato (se sanciona) con tres a nueve años (de cárcel)”, dijo el legislador en la entrevista para Imagen Radio.
De acuerdo con el senador “sólo he visto que en una ocasión no se ha acatado una resolución y se aplicó cárcel”. Pero, refirió, “no es lo que queremos; queremos que, en un estado de derecho, el Ejecutivo respete las sentencias del Poder Judicial y cumpla con esta obligación de publicar el reglamento en 24 horas”.
Y, bueno, elemental, presumió este logro legal en beneficio de cientos de miles de niños en todo el país a los que se ha negado la posibilidad de asistir a las estancias infantiles, en un pleito legal que han advertido legisladoras del PAN y del PRI, que incluso han ofrecido solventar los gastos del litigio, o aportar el apoyo de sus abogados.
Por lo menos, citó el senador, se ganó el primer round a una decisión presidencial.
Cierto, cierto, en el resolutivo no se cita la obligación literal de que el gobierno federal libere y reasigne los dos mil millones de pesos y el presupuesto total demandados por las madres afectadas, a las estancias infantiles. Pero, la suspensión provisional implica que se mantenga el estado de cosas tal como estaba antes de la decisión presidencial. Y ello conlleva entregar los recursos porque se aplicaría el procedimiento administrativo y presupuestal vigente en 2018.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el Presidente no puede modificar programas, recursos ni etiquetados porque estaría violando una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
A esto, el senador le sumó otro punto: “Estaría violando (López Obrador) también el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe al Ejecutivo hacer programas sociales con recursos que no están previstos en el presupuesto”. Primer round; el pleito será largo, ¿tanto como la terquedad presidencial? Bueno, rumbo a sus primeros cien días de gobierno ya tiene una piedra en el zapato y hay otras que se sumarán. Conste.
JUEVES. ¿Qué le parece esta propuesta del diputado morenista Sergio Mayer de crear en la Cámara de Diputados la presea Elena Poniatowska? En ese ánimo de querer quedar bien con el mundo de la cultura presentó la iniciativa correspondiente y vale preguntar si La Poni, como le llamaba Carlos Fuentes a Elenita, como la llaman los zalameros, fue consultada. Digo.
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