EU acusa red de sobornos en México que protegía a Ryan Wedding y facilitaba paso de cocaína

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a una presunta red integrada por funcionarios mexicanos y operadores del crimen organizado de proteger al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, facilitar el traslado de cocaína y obstaculizar investigaciones en su contra.

Según las acusaciones, la estructura utilizaba sobornos, filtraciones de información policial y contraseñas que cambiaban casi diariamente para permitir el paso de cargamentos de cocaína por retenes militares y policiacos en México.

Las autoridades estadounidenses identificaron como piezas centrales de la red a Roberto Gómez, presunto integrante de la pandilla Calle 38, y a Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias “El General” o “Mini”, señalado como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, con operaciones principalmente en la Ciudad de México.

Vázquez Alvarado, de 42 años, fue abatido por policías mexicanos la semana anterior al anuncio de las acusaciones, durante un enfrentamiento en el Estado de México.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, “El General” pagaba sobornos a servidores públicos mexicanos para retrasar investigaciones, eliminar o alterar evidencias incriminatorias y retirar cargos penales contra integrantes de la organización encabezada por Wedding.

También proporcionaba contraseñas a transportistas de cocaína para que cruzaran puntos de revisión sin ser detenidos. Las claves eran modificadas prácticamente todos los días y comunicadas a agentes desplegados en retenes policiales y militares, lo que presuntamente permitía el tránsito de los cargamentos.

La acusación federal sostiene que Vázquez Alvarado traficaba cocaína para Wedding y que, entre octubre de 2024 y enero de 2026, contribuyó a impedir que autoridades estadounidenses localizaran y detuvieran al exdeportista.

Wedding, ciudadano canadiense de 45 años, participó en competencias de snowboard en los Juegos Olímpicos antes de ser acusado por Estados Unidos de dirigir una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y ordenar asesinatos.

Gómez, de 51 años y conocido con los alias “Rob Flores”, “Fat Boy”, “Fats” y “Rooster”, presuntamente estableció contactos con personas que tenían acceso a información confidencial de corporaciones policiales mexicanas y estadounidenses.

Mediante esas relaciones, habría obtenido datos sobre detenciones, decomisos de narcóticos, ejecución de órdenes judiciales y presentación de acusaciones penales. Esa información era compartida con sus colaboradores, incluido Wedding, para anticiparse a acciones de las autoridades y evitar operativos contra la organización.

El Departamento de Justicia también atribuye a Gómez contactos con dirigentes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones con las que habría mantenido comunicación durante sus actividades criminales.

Según la investigación, entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gómez colaboró para obstaculizar los esfuerzos de autoridades estadounidenses para capturar a Wedding. Las acusaciones señalan que operó entre 2016 y 2026 como intermediario en el suministro de cocaína, metanfetamina y fentanilo para distintas organizaciones delictivas transnacionales.

Los cargamentos ingresaban a México por rutas aéreas y marítimas a través de Centroamérica, para después ser transportados por carretera hacia Estados Unidos y Canadá. Entre las operaciones investigadas figura un intento de venta de aproximadamente 453.6 kilogramos de metanfetamina a Wedding por alrededor de 550 mil dólares en criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Gómez, ciudadano de ese país, permanece prófugo en México desde que huyó de Los Ángeles en 2000, tras enfrentar cargos por robo. En 2018 también fue acusado de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

La nueva acusación federal contra Gómez contempla seis cargos, incluidos conspiración para distribuir e importar sustancias ilícitas, complicidad posterior al delito e intento de realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado. De ser declarado culpable de todos los delitos imputados, podría recibir una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una máxima de cadena perpetua, conforme a las disposiciones penales estadounidenses.