Lilia Arellano
“Después del poder, nada hay tan excelso como el saber tener dominio de su uso”: Jean Paul Richter.
● Excesos de la Ley Federal de Austeridad Republicana
● Vetan a funcionarios contratarse en la IP por 10 años
● Oposición: cuenta al menos 11 inconstitucionalidades
● Donald Trump restringe derecho de asilo a migrantes
● Cruces a EU caen 50%; peticiones de asilo suben 73%
Ciudad de México, 15 de Julio de 2019.- Verdaderos excesos cometieron los legisladores de la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados al aprobar la Ley Federal de Austeridad Republicana, como la prohibición a funcionarios de contratarse con la IP por un periodo de 10 años. Los yerros fueron muchos y evidentes y ya se adelantan al menos 11 juicios de inconstitucionalidad así como una lluvia de amparos de los funcionarios y servidores públicos afectados. En tanto, Trump sigue presionando a México y Centroamérica y restringe más el derecho de asilo a migrantes, particularmente centroamericanos, mientras México hace “un buen trabajo” y logra, a una semana de cumplirse la tregua de 45 días fijada por el magnate, se reduzcan 50% los cruces a EU, mientras las peticiones de asilo en el país suben 73% en el primer semestre de este año. En los hechos, México es un tercer país seguro.
El pasado 2 de julio, por la madrugada, el Senado de la República aprobó por mayoría y con dos cambios, la Ley de Austeridad Republicana -cuya intención fundamental es hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios- y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tras cinco horas de una ríspida discusión en el Pleno senatorial, la minuta fue aprobada en lo general con 70 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones; y en lo particular con 60 votos a favor y 29 en contra. Como fue modificada, regresó a la Cámara de Diputados.
Los senadores, quienes clausuraron así el Segundo Período extraordinario de la legislatura, hicieron dos cambios a la minuta, uno de ellos de largo alcance: elevar de cinco a diez años el lapso en el cual ex funcionarios de alto nivel deben dejar de pasar para contratarse en empresas privadas, así como una propuesta del PT a fin de establecer el Poder Judicial y los sectores de salud y educación podrán constituir fideicomisos, con el permiso de la Secretaría de Hacienda.
La modificación al artículo 24 de la ley la realizó la fracción de Morena por conducto del senador Félix Salgado Macedonio y luego de una agrio debate, quedó así:
“Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos de empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.
Vanesa Rubio, senadora del PRI, advirtió al aprobarse con tanta rapidez ese dictamen en sus términos se deberá lidiar con los errores de la prisa, pues la legislación podrá ser motivo de diversas controversias constitucionales. Se perjudicará a 1.4 millones de servidores públicos, a quienes se impedirá ejercer su profesión luego de dejar de laborar en la administración pública federal. Puso como ejemplo los dos mil trabajadores despedidos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quienes no podrán trabajar en el sector privado, hasta dentro de 10 años, o los 240 cesados del IMER en junio pasado, quienes estarán impedidos de contratarse como locutores o productores, en otras estaciones de radio.
¿De qué van a vivir? Es la pregunta presente en los cerebros de todos estos ex trabajadores al servicio del Estado. ¿Y quién determinará su anterior desempeño de mando jerárquico? El camino a seguir sin duda será el amparo y estarán a la espera de la resolución de las controversias constitucionales a presentarse en breve.
Rubio y los panistas Damián Zepeda y Julen Rementería consideraron un exceso prohibir a los ex servidores públicos durante diez años contratarse en la iniciativa privada. Tanto los panistas como el coordinador del MC, Dante Delgado, advirtieron esa disposición viola el artículo quinto constitucional, el cual garantiza la libertad de los ciudadanos de trabajar en sus profesiones, en la industria y el comercio e insistieron acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Samuel Alejandro García Sepulveda, de Movimiento Ciudadano, destacó se contradice el dictamen de libre empleo, preceptos de inviolabilidad de división de poderes, porque invade atribuciones y puede ser impugnada ante la SCJN . Acusó a Morena de consumar un albazo y destacó el documento cuenta con al menos 11 inconstitucionalidades y 6 jurisprudencias de la Suprema Corte las cuales se violan.
Martha Cecilia Márquez, del PAN, puntualizó la ley no toma en cuenta las normas de transparencia, pues observa los recursos obtenidos de la política de austeridad se podrán utilizar de forma discrecional para impulsar programas sociales por parte del Ejecutivo federal, lo que calificó de “entregar un cheque en blanco”.
No obstante lo anterior, los morenistas insistieron: la Ley de Austeridad Republica se encamina a erradicar los privilegios y derroches de funcionarios y en general de la clase política gobernante y en aplicar los principios de racionalidad, honradez y transparencia en la programación del gasto público.
La senadora Lucía Meza destacó: “se acabaron los abusos, los excesos y el dispendio con recursos públicos. El nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo quedaron sepultados en el viejo régimen porque a partir de la Ley de Austeridad Republicana, nuestro país se ahorrará 50 mil millones de pesos, los cuales serán destinados a los más pobres del país”. Sin embargo, fuentes gubernamentales prevén el Ejecutivo federal obtendrá un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos anuales, cifra la cual será invertida en otros rubros de interés para la población.
Alejando Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró se generarán ahorros presupuestales al eliminar la contratación de seguros privados para los funcionarios públicos, eliminar las pensiones para los ex presidentes de la República, restringir el uso de escoltas y elementos de seguridad, así como cancelar, fusionar o modificar los programas que cumplan objetivos o estén duplicados.
La ley aprobada prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos; las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistema de cómputo se realizarán previa justificación; se prohíben la contratación de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado; se establece los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como el traslado de enfermos, entre otras disposiciones. Los lineamientos para regular las medidas mencionadas, serán elaboradas y remitidas por la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público.
Respecto al comportamiento austero y probo de los servidores públicos, se establece se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a su responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos. Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados. Sin duda alguna, entre los más perjudicados podrían estar los médicos y enfermeras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues ellos serán los encargados de atender a los funcionarios sin la prestación.
TRUMP RESTRINGE DERECHO DE ASILO A MIGRANTES
Este lunes la administración de Donald Trump inició gestiones para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos quienes llegan a su frontera sur, en un nuevo intento por frenar su flujo a territorio estadounidense. De acuerdo a una nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo quienes pasan primero por otro país, no podrán pedirlo en la frontera sur de Estados Unidos. Así, obligan a los migrantes pidan asilo en el primer país al que lleguen. México es obligado en la práctica a ser “Tercer país seguro”.
La normativa anunciada en un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, la cual entra en vigor este martes, tendrá tres excepciones: los extranjeros quienes demuestren solicitaron asilo en al menos un país y su petición fue denegada; quienes entren en la definición de “víctimas de una forma grave de tráfico de personas”; y quienes hayan transitado en su camino hacia Estados Unidos por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
El fiscal general Bill Barr aseguró Estados Unidos está completamente desbordado por la carga asociada a la detención y al proceso de miles de extranjeros detenidos en la frontera sur, por lo cual la reciente norma va a “desalentar a los migrantes económicos quienes buscan explotar” el sistema de asilo para Estados Unidos.
Durante el pasado mes de junio, más de 100 mil personas fueron arrestadas tras cruzar irregularmente la frontera sur de Estados Unidos. Esta cifra representa una caída del 28 por ciento con respecto a mayo, pero está muy por encima de las 43 mil aprehensiones registradas hace un año.
A una semana de cumplirse la tregua de 45 días fijada por DT a México y luego de que AMLO implementará medidas migratorias con la movilización de la Guardia Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) reveló: tres de sus nueve sectores fronterizos registraron descensos de detenciones de 46 a 60 por ciento. En el sector Big Bend bajó 60%; en El Paso, uno de los cruces más transitados, cifras se desplomaron de 38,646 a 18,879 detenidos en solo un mes, un 51% menos; en Yuma las detenciones descendieron 49%, al pasar de 13 mil 924 en mayo a 7 mil 197 en junio.
Mientras, las solicitudes de refugio de migrantes presentadas en México subieron 73% al pasar de 3 mil 949 a 6 mil 825, de enero a junio de 2019. Datos del Reporte de Cierre de Junio de 2019 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), indican el total de peticiones hechas en el primer semestre de esta año asciende a 31 mil 355, de las cuales 16 mil 371 fueron de hondureños (grupo mayoritario).
Marcelo Ebrad, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó las modificaciones a las nuevas restricciones al proceso de solicitud de asilo en la frontera sur de EU. “México es país pro del asilo y del refugio. México no coincide que limiten las medidas de asilo a aquellas personas que lo solicitan”, dijo el canciller en conferencia de prensa, mientras el Instituto Nacional de Migración daba a conocer la deportación vía aérea de 106 personas de nacionalidad hondureña desde el aeropuerto de Minatitlán a San Pedro Sula. A través de su cuenta de Twitter acompañó la notificación con un video donde se ve a las personas descender de un autobús y subir a la aeronave que los llevará a su país. ¿Quién paga estos traslados? ¿El gobierno de México?
Arturo Celorio Alcántara, consejero jurídico de la cancillería, explicó la medida no tiene implicaciones para México porque las restricciones afectarán sólo a los migrantes quienes no hayan solicitado asilo durante su trayecto.
Según Marcelo Ebrard, hasta hoy no hay un incremento del número de mexicanos detenidos en Estados Unidos ni tampoco repatriados. Esto se explica porque Trump pospuso las redadas una semana y con ello prolongó la agonía y el temor entre los migrantes residentes en EU. “Disculpen pero no los puedo dejar entrar al país” fue el mensaje de Trump –mientras jugaba golf- a migrantes la mañana del domingo, a raíz de las quejas de que los centro de detención están desbordados.
Los operativos anunciados por Trump son más bien “una herramienta para el gobierno actual, con los anuncios de las redadas diseñados para instalar el temor en la comunidad migrante”, señaló Camila Álvarez, abogada del Central American Resource Center en Los Angeles. Y el temor está bien instalado en las comunidades y barrios de migrantes en Chicago, Nueva York, Los Angeles, Denver y otras urbes estadounidenses.
DE LOS PASILLOS
Tras la renuncia de Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, la mañana de ayer se escenificó la primera batalla de trascendencia entre los miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Arturo Herrera, el flamante titular de Hacienda, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, confrontaron a Rocío Nahle, titular de Energía, y a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, para definir el futuro de la petrolera, la cual representa el problema fiscal más importante de la actual administración, y la viabilidad de la refinería de Dos Bocas…
Herrera y Márquez, según información disponible en medios financieros, consideran el proyecto de refinería en Dos Bocas es un error, porque Pemex necesita concentrar todos los recursos en exploración y producción, incrementar ésta y poder hacer frente a los vencimientos de una extraordinaria deuda. Por su parte, Nahle y Romero consideran la refinería va y las amenazas de las calificadoras son presiones del neoliberalismo para cancelar su principal proyecto y recuperar la soberanía energética y dejar de importar tanta gasolina desde Estados Unidos…
El Plan de Negocios de Pemex planteaba, hasta la semana pasada, una ayuda financiera de Hacienda de 90 mil millones para 2019; de al menos 47 mil para 2020; y de un mínimo de 91,600 millones para 2021. Gran parte de esos recursos se utilizarían para el pago del enorme pasivo en las pensiones de la compañía. De ser así, Pemex terminaría 2020 con una pérdida neta de 40,000 millones de pesos… El resultado de este significativo encuentro lo conoceremos en pocas horas…
Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó mantienen abiertas siete investigaciones en torno a posibles conflictos de interés de Carlos Lomeli, ex delegado de Programas para el Desarrollo de Jalisco y ex candidato de Morena al gobierno de esa entidad, por delitos los cuales van desde cohecho y conflicto de interés hasta enriquecimiento oculto y tráfico de influencias. El 8 de julio la SFP informó a Gabriel García, coordinador de los delegados federales, tenían indicios de irregularidades vinculadas con su participación de una red de farmacéuticos, los cuales se benefician con contratos del gobierno, explicó la funcionaria en conferencia de prensa. Las investigaciones siguen a pesar de la renuncia del ex candidato de Morena al gobierno de Jalisco. En caso de ser encontrado culpable, las sanciones van desde la destitución definitiva del cargo, una sanción económica y la inhabilitación de hasta por 20 años…
Alrededor de 2 mil 35 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, patrimonio de la humanidad desde 1987, fueron afectadas por dos incendios, reportó la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp). Esta reserva aloja a 103 especies de mamíferos, 336 aves e incluye alrededor de 180 mil pantanos, manglares y petenes en selvas medianas. Una de las zonas perjudicadas es conocida como Zona Muyil, donde las llamas representan un alto riesgo para la biodiversidad del sitio y para los brigadistas quienes combaten la conflagración. A pesar del apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el siniestro estaba controlado sólo en un 10 por ciento, y 5 por ciento había sido sofocado. Otro incendio ocurrió en la zona llamada Sabana Chumpón, donde la superficie dañada suma 35 hectáreas.
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