Los ex dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la reciente XXIV Asamblea Nacional del partido.
Esta asamblea, celebrada el pasado domingo, avaló la posibilidad de reelección de sus dirigencias, una medida que ha generado controversia dentro de las filas priístas.
Según un comunicado conjunto emitido por los ex líderes del tricolor, la impugnación se fundamenta en diversas irregularidades detectadas durante el proceso de convocatoria y realización de la Asamblea Nacional.
Entre los principales puntos de discordia se encuentra la violación a la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, lo cual, según argumentan, contraviene los principios básicos de transparencia y democracia interna.
«Esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomaremos», afirmaron los ex dirigentes, quienes también expresaron su intención de presentar otras acciones legales con el mismo objetivo. En su calidad de priistas destacados y ex presidentes del partido, sostienen que actúan en nombre de miles de militantes que han manifestado su descontento por las decisiones adoptadas bajo la actual administración de Alejandro Moreno.
Una de las críticas centrales se dirige al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, liderado por Alejandro Moreno Cárdenas, al cual acusan de incompetencia para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional. Según el artículo 83, fracción X del Estatuto partidario, esta atribución corresponde exclusivamente al Consejo Político Nacional, una omisión que, según los impugnantes, invalida de raíz las decisiones tomadas en la asamblea.
Otro punto de conflicto subrayado por los ex dirigentes es el tiempo insuficiente otorgado para el análisis y discusión de los documentos presentados durante la asamblea. Con apenas 16 horas disponibles para revisar un extenso dictamen de 300 páginas, la participación efectiva de la militancia se vio seriamente comprometida, lo cual, según los impugnantes, limitó el ejercicio democrático y la adecuada representación de los intereses de la base priísta.
Las irregularidades señaladas por los ex dirigentes tienen el potencial de invalidar los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional, una situación que podría tener repercusiones significativas en el futuro inmediato del PRI.
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