Redacción MX Político.- El exgobernador Mario Anguiano Moreno aseguró hoy que no puede pagar la sanción económica de 515 millones 174 mil 928 pesos que le impuso el Congreso local por daños a la hacienda pública, por lo que anunció que la tarde de este jueves irá a entregarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En rueda de prensa ofrecida esta mañana en un restaurant al norte de la ciudad, en la que estuvo completamente solo, Anguiano instó al gobierno estatal y a las instancias responsables de realizar el cobro a ir contra sus bienes, pero advirtió que el monto de su patrimonio no alcanza para cubrir “ni el uno por ciento” de la sanción, pues “no llega ni a dos millones de pesos”.
Indicó: “no la voy a poder pagar (la sanción) ni en ésta ni en cinco vidas para adelante”.
Poor ello dijo que realizará una caminata a la que invitó a la población, desde el jardín de la colonia El Moralete hasta las instalaciones de la Fiscalía, para que “si tienen elementos” de una vez procedan a detenerlo.
Anguiano Moreno dijo que su caso se trató de una persecución política, porque “normalmente cuando termina un gobernador le hacen una auditoría del último año, y en el caso nuestro fueron cuatro auditorías: un juicio político primero, la auditoría normal 2015, una auditoría excepcional de 2013 a 2015, y una auditoría especial al crédito por 638 millones de pesos”.
Resaltó que en los tres primeros casos fue exonerado por el Congreso local. En el último, que motivó la sanción, afirmó que él solicitó el crédito con el acuerdo de José Ignacio Peralta, entonces gobernador electo, quien incluso habló con algunos diputados para que dieran su voto a favor. Añadió que los recursos fueron ejercidos por el gobernador interino que lo sucedió, reportó Apro desde la Ciudad de Colima.
Anguiano reconoció que ese crédito estuvo relacionado por préstamos de corto plazo solicitados con anterioridad, pero dijo que de no haber solicitado el crédito de 638 millones no habría podido operar el siguiente gobierno.
Causales de la sanción
Entre los actos atribuidos a Mario Anguiano, por los que se le aplicó la millonaria sanción económica y 14 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, figuran “distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la ley; presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del 10 de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda, y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente”.
Otra anomalía detectada por el organismo fiscalizador fue el pago de un crédito del 8 de diciembre de 2014, con ingresos de otro crédito del 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización del Congreso, “simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.
Al respecto, en la rueda de prensa el exgobernador aseguró que no sustrajo recursos para su beneficio personal ni de terceros, pues las anomalías señaladas sólo se trataron de “movimientos contables”.
Añadió: “Decían que iban a demostrar que nos habíamos robado el dinero y que iban a presentar pruebas, lo que presentaron con los dictámenes no es lo que decían, pero además aseguraban que teníamos propiedades en Texas, en Colombia y en varios países de Centroamérica y otros estados. Si acusan deberían presentar pruebas”.
Tras afirmar que hubo inconsistencias del Congreso y que no hubo dinero que él se hubiera llevado, sostuvo: “no nos hemos ido de Colima, no nos vamos a ir, que sepan que vamos a seguir dando la cara y que sepan que lo hacemos con la frente muy en alto”.
Que investiguen a Peralta
A la vez, Mario Anguiano señaló que si el Congreso del Estado fuera congruente investigaría varias operaciones inmobiliarias y crediticias del actual gobernador, José Ignacio Peralta, entre ellas el manejo del crédito por 410 millones de pesos, de los que 200 millones se destinarían para la compra de las instalaciones de la antigua XX Zona Militar, pero que finalmente se supo que el inmueble fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al gobierno estatal a título gratuito.
Otro asunto que consideró que debería ser investigado por el Congreso es el de los créditos de corto plazo que tiene actualmente el gobierno estatal, que al parecer dejará problemas financieros al siguiente gobierno similares a los que él recibió.
Asimismo, estimó que debe aclararse lo ocurrido con la compra, por parte del gobierno de Peralta, de los terrenos de la zona arqueológica La Campana, una superficie de 93 hectáreas intervenidas por el INAH, en 170 millones, cuando apenas dos años antes le habían ofrecido al gobierno de Anguiano 110 hectáreas en 90 millones de pesos.
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