Ante la falta de energía eléctrica desde hace 16 días en la planta de Tula, Hidalgo, cooperativistas de La Cruz Azul llevan a cabo distintos bloqueos en diversas vialidades.
Algunas de las zonas incluidas en el “carrusel lento” son la autopista México-Querétaro, de ida y vuelta, el entronque Arco Norte, y las inmediaciones de Tepotzotlán.
La protesta se centra en exigir que se restablezca la energía eléctrica en la planta de Hidalgo. Denunciaron que Ricardo Hernández responsable de asuntos jurídicos en CFE y suministrador de Servicios Básicos ha hecho todo lo posible por entorpecer sus trámites. Consideran que ha actuado con dolo en contra de la causa de los cooperativistas.
Asimismo, cuestionaron la actuación del juez 5º. de distrito en la CDMX, Alejandro Dzib Sotelo, que primero les otorgó un amparo y más tarde, de manera sospechosa, se los revocó. Lamentaron que la corrupción sea el sello distintivo del Poder Judicial, y recordaron que el mismo presidente López Obrador ha criticado el proceder de muchos jueces.
Se quejaron de que Dzib Sotelo no ha permitido que se cumpla en dos ocasiones la reconexión, y lamentan que esté actuando en contubernio con la disidencia que encabezan José A. Marín y Víctor M. Velázquez, que pretende apoderarse de la unidad operativa de Tula, para lo cual han utilizado recursos legaloides a los que les ha dado validez el supuesto impartidor de justicia.
Federico Sarabia Pozo, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, y que encabeza el grupo de socios que tiene en su poder y opera la planta de Hidalgo, aseguró que con “chicanadas” jurídicas, disidentes han impedido la reconexión de la energía a La Cruz Azul.
La planta cementera La Cruz Azul, al encontrarse sin servicio de energía eléctrica, registra pérdidas económicas de aproximadamente 130 millones de pesos. Esto afecta a más de 5 mil familias de la región.
Los socios cooperativistas de La Cruz Azul y administradores legales de la planta de Tula de Allende informaron en un comunicado, emitido la víspera, que la CFE está obligada a cumplir con una resolución judicial que le ordena suministrar ya el servicio de luz eléctrica a la empresa.
Afirmaron, además, estar al corriente con los pagos como lo mandata la constitución y que cuentan con diversas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su favor, que de no ser cumplidas, implicarían un desacato.
Los cooperativistas, por último, manifestaron su preocupación por el actuar de la CFE, que pese a estar involucrada en una de las peores crisis de este gobierno, por el caso de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, por lo visto no entienden y de nueva cuenta vuelven a ponerse en contra de los trabajadores. Defienden a grupos de interés, lo que menos les importa es la ciudadanía, concluyeron.
