¿Extradición, infundada?

Togados y no togados han hecho alusión a la figura del deber infundamentado de protección a la extradición de muchos de los miembros prominentes del Movimiento de Regeneración Nacional, que en la actualidad manejan los Poderes de la Unión, para proteger con ello a los grandes afectos de Andrés Manuel López Obrador.

Esa infundamentada, improcedente, ilegal y absurda posición jurídica, se utiliza para tratar de justificar mediante un complejo arsenal político, la insalubre política que le fue heredada a la Primera Magistrada de la Federación; frente a una petición formulada (con pruebas jurídicas) por los Estados Unidos de Norteamérica, en la vertiente de una “detención provisional con fines de extradición”.

La abogacía independiente de la República se manifiesta en contra de esa impropia disposición, toda vez que se encuentra derivada del carácter objetivo de los hechos fundamentales investigados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no obstante ello, hoy connotados políticos del poder, todos ellos afines a la manera de gobernar del ex presidente, pretenden hacer valer una figura de protección que no se encuentra contemplada en la Constitución.

Para esos estudiosos del derecho, los hechos investigados más allá de nuestras fronteras, no se le atribuyen a unos inocentes, se le imputan a ciertos funcionarios y ex servidores de la Nación que con su hacer, voluntariamente se afiliaron a la narco-política. Ese “quid” del Tratado Internacional de Extradición, ha puesto en severos aprietos a la Presidenta Constitucional, pues en el caso de pretender, querer o prometer cumplir con su deber “infundamentado, de proteger a esos deleznables políticos, con ello se incumpliría con el mandato de protección a los intereses de México, en otras palabras, fallaría a la obligación positiva de contribuir a la efectividad del Estado de Derecho que le fue encomendado.

La historia jurídica Patria, hasta antes del neoliberalismo y de la Cuarta Transformación de la Nación, repudiaba a la narco-política y le reclamaba genérica y específicamente al Poder Ejecutivo Federal que coadyuvara con la Justicia, para obtener con ello la satisfacción de servir con dignidad y honor a México.

En suma, si se cumpliera verdaderamente del deber de otorgar esa “detención provisional con fines de extradición” y se investigara a fondo el fenómeno de la narco-política, se sabría el porqué se le ha brindado tanta impunidad al responsable de la misma.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..