MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
¿Alguien duda, que la PGR ha ocupado un papel estelar en la obra sexenal del cobro de facturas políticas?
Por supuesto, cuando al presidente Enrique Peña Nieto le preguntaron si la maestra Elba Esther Gordillo Morales fue perseguida política de su administración, lo negó. Elemental respuesta a pregunta de botepronto.
Y es que, ¿alguien, en la conferencia de prensa ofrecida por Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pensó que el Presidente respondería: “Sí, por supuesto, a la maestra le cobramos una factura política”? ¡Vaya!
A la derecha de Peña Nieto estaba su sucesor, el Presidente electo, quien rechazó que la maestra vaya a formar parte de su gobierno, asunto que no sorprendería si de incorporar personajes poco populares se trata, pero manifestó que la respeta.
El caso es que Peña Nieto le dio la vuelta a este asunto que más temprano que tarde lo alcanzaría. Y lo enfrentó con esa respuesta elemental, pulsada que, no obstante, lo seguirá durante el resto de sus días porque nadie se traga esa explicación de que “el Poder Judicial es un poder autónomo y es inadmisible e inaceptable el afirmar que el juicio que enfrentó (la maestra) fue por una percepción de orden político, nada más falso que ello”.
Incluso, indudablemente hubo sonrisas y cejas arqueadas entre los asistentes al acto con el que, en Palacio Nacional inició formalmente el proceso de transición de gobierno, cuando el presidente Peña sostuvo: “Aquí nunca ha habido un encono personal para con quien fuera líder de los maestros”.
Lo cierto es que, aun cuando la maestra Gordillo no estuvo recluida en una celda del Reclusorio Femenil de Tepepan o en la sección femenil del Reclusorio Sur, el hecho de haber sido detenida y privada de la libertad durante más de cinco años, fue ejemplo de cómo se ejerce el poder desde la Presidencia de la República para cobrar facturas políticas o acallar oposiciones incómodas.
Y el presidente Peña Nieto, más allá de esta expiación pública en versión nada creíble, sabe que en adelante formará parte de la galería de quienes, dueños del poder en México, desde todos los tiempos han aplicado esta especie de venganza que, hasta el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari encontró su adjetivo de “quinazo”, en alusión a la captura y encarcelamiento de Joaquín La Quina Hernández Galicia, quien fuera poderoso líder moral y formal del sindicato petrolero, hasta ese día de enero de 1989, cuando el largo brazo de la venganza política lo alcanzó.
¿Ocurrirá lo mismo en la administración de Andrés Manuel López Obrador?
Desde su espacio de cercanía y confianza con el Presidente electo, la ingeniera Rocío Nahle García, senadora electa y propuesta como secretaria de Energía de la entrante administración federal, atajó versiones relativas al cobro de facturas de arranque sexenal.
Apenas hace unos días, la ex diputada federal por Morena sostuvo que en el gobierno de López Obrador no habrá “quiñazo” ni persecución política al estilo Elba Esther. Y es que, en su ámbito, la pregunta es si el aún senador priista Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, está en la mira de la justicia de la próxima administración federal.
Rocío Nahle fue específica mas no por ello determinante. No tiene la bola de cristal y correría el riesgo de ser cómplice de pillerías, pero, vaya, acotó:
“A ver, debemos entender todos los mexicanos que el triunfo que se le dio a Morena y a Andrés Manuel López Obrador es precisamente para un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de cómo se hacían las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo”.
Y rechazó que vaya a desplegarse la consabida “cacería de brujas” sexenal. En el caso de Romero Deschamps comentó un punto elemental y soportado legalmente, por cuanto a que los trabajadores sindicalizados corresponde determinar si su líder es o no responsable de ilícitos.
Pero, la ingeniera Nahle peca de ingenua cuando, de su experiencia política y legislativa debe saber que cuando el sistema, vaya, el Presidente en turno, decide cobrar una factura los mecanismos sobran, los pretextos abundan y, lo elemental, no hay nadie, nadie, que se oponga a torcer el brazo a la ley si de acabar con una carrera política se trata.
Esta es la historia cíclica y López Obrador, margen aparte de su “amor y paz” está lo que diga su dedito –como suele asumir el simplismo del César en el Coliseo cuando se trata de decidir el destino de un gladiador–.
Ahí el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuyo futuro lo ha puesto a disposición de la muchedumbre que, enardecida por la corrupción galopante en la administración que fenece, apoyará cualquier posibilidad que lleve a la hoguera al que se atraviese, no precisamente al responsable de una obra a la que quieren encamisar como botín de precios inflados, tráfico de influencias y atentado ecológico. Conste.
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