Claudia Rodríguez
Mucha paja pocos resultados
No hay más que leer uno a uno los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad para advertir que hasta ahora, no se ven bases ni transformaciones significativas de los rubros a modificar: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios y trabajar en pleno en la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz.
Hasta las estrategias puntuales se ven fallidas: nuevo modelo policial, prevención del delito, estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, estrategia de combate a la mercado ilícito de hidrocarburos, estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estrategia para combatir el robo de autotransportes y pasajeros en carreteras y la estrategia para abatir el tráficos de armas.
El poder de Durazo
El centro de mando administrativo para el combate al crimen y la recuperación de la paz y la seguridad en todo el territorio, fue destinado de manera hegemónica a un mando civil, sobre los de las fuerzas armadas; además de desplazar a la encargada de la política interior, de los asuntos competentes de preservar la paz nacional –no obstante se apunta en el decreto publicado el 16 de mayo del presente, que la secretaria de Gobernación, no ha sido alejada del trabajo conjunto en contra de la criminalidad.
Es así, que en el cuerpo de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública se destaca “que como Gobierno se tiene la obligación de responder las demandas ciudadanas a través de políticas públicas que se puedan llevar a cabo mediante acciones que aseguren que la sociedad disfrute del respeto a sus derechos y que cuente con mejores condiciones de vida”.
Para cumplimentar lo anterior, se señala que se da vida jurídica a una autoridad especializada en la materia, capaz de plantear propuestas para resolver los temas en materia de seguridad, surgiendo así la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le transfirieron la totalidad de las atribuciones que estaban asignadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional, sin que eso signifique que dejen de trabajar de manera coordinada en beneficio de la sociedad.
Así o más claro, el peso específico y que igual tiene en sus hombros, pero sobre todo en sus decisiones a tomar e implementar, el secretario Alfonso Durazo, precisamente el de la silla más importante en materia de seguridad.
Y el no poder dar resultados
El país hace agua por muchos frentes, y los funcionarios públicos de la 4T intentan vendernos mediáticamente el diagnóstico, cuando las reformas a la Constitución en materia de seguridad pública ya fueron sujetas al análisis de las necesidades urgentes para reestablecer la paz en el país.
Que están analizando, que les demos más tiempo, que el país va bien, que todos los males, incluso los presentes se los debemos a los malvados –eso sí— gobiernos neoliberales.
Otra vez nos van a engañar con el diagnóstico que ya se les hizo verdadero entresijo, mientras uno ya no sabe si arriesgar a la familia en las calles, o encerrarse a piedra y lodo, aunado a que las oportunidades de empleo se van constriñendo cada vez más.
De nada sirve la libre expresión, si juegan al torero con las críticas.
Acta Divina… El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que ni se busca ni se renuncia a los puestos del servicio público, sino se asume la responsabilidad.
Para advertir… Un mandato constitucional en razón de la seguridad exige resultados positivos.
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