* A pesar de que la Ley de Responsabilidades Oficiales sanciona el delito de nepotismo con cinco años de inhabilitación para los servidores públicos que abusando de su cargo, coloquen en puestos administrativos a consanguíneos, en Tizayuca, la alcaldesa, su ex esposo y su Secretaria Municipal, Citlali Lara Fuentes, desacatan este ordenamiento por lo que se hace necesaria una revisión de las nóminas de ese ayuntamiento, por parte de la Contraloría del Estado
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
A la vista de propios y extraños y sin pudor alguno, funcionarios del municipio de Tizayuca encabezados por la alcaldesa, Susana Ángeles Quezada, están burlándose de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo al cometer el delito de nepotismo; es decir, colocar a sus familiares en cargos públicos para que cobren en la nómina del ayuntamiento.
Es así que mientras cientos de profesionistas y técnicos capacitados no encuentra un empleo en su municipio, los familiares de la edil, lo mismo que de su secretaria municipal, Citlali Lara Fuentes y hasta de su ex esposo de Susana, Jorge Luis Martínez Ángeles, actual director de vivienda municipal, no sufren por esta situación pues, gracias a la corrupción, se encuentran cómodamente instalados en la estructura administrativa, sin hacer colas ni examen de aptitudes.
Como funcionaria de primer nivel, Citlali Lara difícilmente podrá fingir demencia sobre el tema pues si nos apegamos a su información curricular de ser una capaz y prestigiada abogada, no podrá desconocer lo que dice al pie de la letra la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, pero por si sufre una leve afectación en su memoria de corto plazo, le recordaremos de manera textual el contenido vigente de dicha ley:
“Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
Y ojo, esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años.
Veamos parte del engranaje de este tráfico de influencias que se configura en un inocultable delito:
En la lista de nepotismos de la alcaldesa, Susana Ángeles, se encuentran su tío Eric Roberto Ángeles Navarrete, quien aparece como Jefe de Departamento de Comunicación Social de la Dirección de Finanzas municipales, con un sueldo de 19 mil 806 pesos mensuales, pero es realmente el asistente personal de la alcaldesa.
Otro de sus tíos, de nombre Adrián Alemán Quezada, funge como herrero en la dirección de servicios municipales, con un sueldo de 8 mil 190 pesos mensuales
El Director de Vivienda de Tizayuca, Jorge Luis Martínez Ángeles (ex esposo y primo de la alcaldesa), colocó a su hermano Gorka Alberto Martínez Ángeles, como Coordinador Jurídico del Instituto de Vivienda. Este personaje tiene un sueldo de 13 mil 450 pesos
Y la Secretaria Municipal, Citlali Lara Fuentes que debiera ser la primera en respetar la ley, ubicó a su tío Máximo Fuentes Arenas, como el responsable del parque vehicular del municipio de Tizayuca, cuenta con un sueldo de 11 mil 004 pesos mensuales.
Otra tía, Irma Fuentes Sánchez es auxiliar administrativo de la Dirección General, mensualmente cobra 10 mil 308 pesos; por su fuera poco, su medio hermano Alejandro Olvera Fuentes, fue designado encargado de pozos y tanques del Sistema de Agua Potable Municipal, cobrando mensualmente la cantidad de 11 mil 004 pesos.
Su primo Elihu Jorim Santillán Fuentes, es auxiliar administrativo con un sueldo 8 mil 799 pesos mensuales. Y la pareja sentimental de Citlalli –dicen que viven en concubinato– Darwin Rodrigo Tapia Arredondo, es Coordinador Jurídico de la CAAMTH, con un sueldo mensual es de 10 mil 556 pesos.
Pero nos dicen que la lista de recomendados y amigos con los que no precisamente comparten apellidos, es mayor, por lo que bien haría la Contraloría del Estado en echar una revisada a las nóminas del municipio, que se han convertido en algo así como la Bolsa de Trabajo de la familia de la alcaldesa y de sus cercanos colaboradores.
Y al respecto la ley es bien clara para quien cometa esta falta administrativa, mejor conocida como delito de nepotismo: “se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años”, a los funcionarios que la cometan.
