José Alberto Sánchez Nava
“En una democracia, el poder de un servidor público no debe ser usado para intimidar a quienes lo cuestionan; hacerlo es traicionar la confianza del pueblo y vulnerar sus derechos.”
1.-El Altercado.
En una era en la que el discurso de austeridad y cercanía con el pueblo se ha convertido en bandera de la Cuarta Transformación, el comportamiento de algunos de sus más fervientes defensores, como Gerardo Fernández Noroña, pone en tela de juicio la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Recientemente, este personaje fue increpado por un ciudadano en la zona VIP del aeropuerto de la Ciudad de México, específicamente en un área de American Express. Este hecho no tendría mayor relevancia si no fuera porque Noroña, autoproclamado defensor de la austeridad y crítico de la “vida de lujos” que, según él, sólo los “fachos de derecha” pueden permitirse, fue sorprendido disfrutando de los mismos privilegios que tanto denigra en público.
El altercado escaló cuando el ciudadano decidió confrontar a Noroña, quien reaccionó sacando su celular para tomarle fotografías al Civil, en un claro acto de intimidación. El ciudadano, evidentemente molesto, exigió que las imágenes fueran borradas porque no tenía derecho de fotografiarlo, lo que derivó en un forcejeo en el que según Fernández Noroña, las fotos fueron eliminadas de manera violenta y en cuyos videos de los hechos el Senador arguye que si puede tomar fotos a un ciudadano. En una jugada que refleja el uso del poder para protegerse de las críticas, Fernández Noroña decidió presentar una denuncia en contra del ciudadano, buscando un revés legal que, sin embargo, parece no tener sustento jurídico. Irónicamente, quien infringe la ley no es el ciudadano, sino el propio Noroña, al vulnerar los derechos fundamentales de la persona que lo confrontó.
2.-Derechos constitucionales bajo amenaza
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, es clara al señalar que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo cuando se ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros o se provoque algún delito. Además, el artículo 7º garantiza la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio. El hecho de que Fernández Noroña decidiera grabar y tomar fotografías de un ciudadano sin su consentimiento es una clara violación de estos principios.
Por otro lado, la Carta Magna establece, en su artículo 16, que las comunicaciones y las imágenes privadas son inviolables, salvo que haya autorización de alguna de las partes involucradas. Al tomar fotografías de un ciudadano sin su permiso, Noroña no sólo vulneró este derecho, sino que incurrió en un acto intimidatorio impropio de un servidor público. Es claro que la denuncia presentada contra el ciudadano es una estrategia para desviar la atención de su propia infracción y tratar de victimizarse ante la opinión pública. Caso contrario un particular si puede videograbar o tomar fotografías a los servidores públicos siempre y cuando no se obstruya el desempeño de sus funciones.
3.-¿La intimidación como arma de la Cuarta Transformación?
Lo que Fernández Noroña hizo no es un caso aislado. En múltiples ocasiones, servidores públicos, desde altos funcionarios hasta policías, han recurrido a grabar o fotografiar a ciudadanos que ejercen su derecho de petición o protesta, amparados en la Constitución. Este tipo de conductas son una forma de intimidación que tiene el objetivo de disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que los funcionarios tienen la obligación de actuar con respeto y legalidad, evitando cualquier abuso de poder.
Es especialmente preocupante que un funcionario de tan alta investidura recurra a estas tácticas de acoso, en lugar de respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los ciudadanos. En este caso, Noroña ha utilizado su posición de poder para presentar una denuncia improcedente, un acto que debería ser severamente cuestionado, ya que no sólo desvía la atención de su propia incongruencia, sino que también viola los derechos constitucionales del ciudadano que lo confrontó.
4.-El doble discurso: ¿austeridad o privilegios?
El discurso de austeridad, tan defendido por Fernández Noroña, cae por su propio peso cuando se le ve disfrutando de los mismos privilegios que él critica. Este incidente no es más que otro ejemplo de la incongruencia entre lo que algunos funcionarios pregonan y lo que realmente practican. En un país donde el acceso a ciertos servicios y comodidades está reservado para unos pocos, la presencia de Noroña en una sala VIP no sólo evidencia una contradicción, sino también un desprecio por los principios que supuestamente defiende.
Además, al presentar una denuncia contra el ciudadano que lo increpó, Noroña no sólo intenta desviar la atención de su comportamiento, sino que perpetúa la narrativa de abuso de poder y falta de responsabilidad. Esta acción no sólo es improcedente, sino que también es un claro abuso del sistema de procuración de Justicia, utilizado para amedrentar a quienes se atreven a criticar a los poderosos. Este tipo de acciones no sólo evidencian el doble discurso de austeridad, sino también un desprecio por los derechos ciudadanos.
5.-Responsabilidades de los servidores públicos
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios están obligados a actuar con respeto y rectitud, tratando de manera justa a quienes interactúan con ellos en el ejercicio de sus funciones. El comportamiento de Fernández Noroña claramente contradice estas disposiciones. En lugar de actuar con dignidad y respeto, optó por intimidar al ciudadano y luego utilizar a la Fiscalía General de la República para defenderse de una crítica legítima. Al hacerlo, no sólo violó los derechos de la persona, sino que también mostró una preocupante tendencia al autoritarismo y la prepotencia, algo que debería ser sancionado.
6.-Conclusión
El incidente protagonizado por Fernández Noroña no es solo un caso aislado de abuso de poder, sino que pone en evidencia un problema más profundo: la creciente erosión de las instituciones democráticas en México. Cuando un servidor público, en este caso el presidente del Senado, utiliza su posición de poder para intimidar a un ciudadano, no solo se trata de una falta ética, sino de una amenaza directa al equilibrio de poderes. Este tipo de acciones reflejan un preocupante intento de subvertir el rol del poder judicial, especialmente en un contexto donde la Cuarta Transformación ha impulsado reformas que buscan cambiar la estructura de la judicatura mediante la creación de los llamados “jueces del bienestar”.
Estos nuevos jueces, propuestos por el movimiento de AMLO, han generado dudas sobre su independencia y capacidad para actuar de manera imparcial frente a abusos de poder cometidos por figuras políticas afines al gobierno. El temor es que, bajo esta nueva estructura judicial, acciones como las de Fernández Noroña queden impunes, pues la justicia podría estar subordinada a intereses políticos. Este ataque al poder judicial amenaza con debilitar las garantías constitucionales, ya que los jueces que deberían proteger los derechos de los ciudadanos podrían estar sujetos a presiones políticas que comprometan su imparcialidad.
La Cuarta Transformación corre el riesgo de consolidar un sistema en el que el poder judicial se vea incapaz de frenar los abusos de autoridad, y donde servidores públicos, desde altos funcionarios hasta legisladores, puedan actuar con impunidad. En este sentido, el abuso de poder del presidente del Senado no solo es una afrenta a los derechos de un ciudadano, sino un símbolo de los peligros que enfrenta la democracia mexicana si se permite que estas dinámicas autoritarias avancen sin control. La justicia, en su esencia, debe ser ciega e imparcial, y cualquier intento de manipularla socava los principios básicos de la democracia y la libertad.
