Por Aurelio Contreras Moreno
Junto con el de la seguridad, el principal reto de la administración estatal que inició funciones hace poco más de siete meses en Veracruz es el de reactivar la economía y reordenar las finanzas públicas, hechas trizas por el derroche y el saqueo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo, y como en el caso de la seguridad, tales premisas no se han cumplido. La economía del estado de Veracruz sigue hundida en un bache profundo. En varias ciudades es común observar un cada vez mayor número de negocios que cierran, de inmuebles que aparecen en renta sin que haya interesados en ocuparlos.
No hay dinero circulando en el estado y ello ha contribuido especialmente al recrudecimiento de la incidencia de la delincuencia común, de los asaltos cada vez más violentos a casas-habitación, negocios particulares y a transeúntes. El círculo vicioso de la marginación que deriva en criminalidad.
En ninguno de los temas, seguridad y economía, ha sido ya no digamos efectiva, sino siquiera palpable, alguna estrategia del gobierno estatal para revertir esta situación, que si bien no fue causada en este periodo de gobierno, sí debería ser solucionada. No sólo porque así lo prometieron en campaña, sino porque, simple y llanamente, es su responsabilidad.
El gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares no puede argumentar que no le dieron herramientas para salir del estancamiento. El Congreso del Estado le autorizó reajustar el Presupuesto de Egresos que le dejó la administración interina de Flavino Ríos Alvarado, que mantenía los vicios y problemas deficitarios del duartismo. Y por si no bastase, también aprobó la reestructuración de la deuda pública.
Pero nuevamente, en ambos casos seguimos en las mismas. El gobierno yunista no reajustó el Presupuesto y opera con el que le dejaron, que a decir de varios legisladores mantiene la mala práctica financiera conocida como la “licuadora”, que concentra los recursos de diferentes partidas en cuentas diferentes, con lo que se desvanece la etiqueta con la que el dinero federal fue transferido a la entidad. Lo cual, por cierto, es un delito.
Asimismo, a pesar de que la reestructuración fue aprobada hace exactamente cuatro meses, no existe avance alguno en la renegociación de los plazos y montos de la deuda a amortizar a las instituciones bancarias, por lo que los compromisos de pago siguen ahogando a las finanzas estatales.
La única medida tomada por el gobierno estatal fue el despido masivo de burócratas a inicio del bienio. Sin embargo, se trató de una mera mascarada para incorporar a la administración a nuevo personal, como pago de facturas de campaña y cuotas políticas, manteniéndose, por ende, una estructura gubernamental abultada y, por si fuera poco, ineficaz, ya que quienes llegaron no saben hacer nada.
Desde hace varias semanas era comentado en los corrillos políticos del estado que la salida de la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, era inminente. Tanto porque no había encontrado la manera de cuadrar los números como porque su relación con el gobernador Miguel Ángel Yunes se había deteriorado, aunado a que la enorme presión que debía soportar había comenzado a minar su salud.
La salida de Clementina Guerrero se concretó este sábado. Tomó su lugar Guillermo Moreno Chazzarini, quien se desempeñaba como contralor general del estado y es de los pocos integrantes del gabinete yunista que ha demostrado capacidad administrativa.
Pero necesitará mucho más que eso para navegar contracorriente en la dependencia donde se abrió un boquete que, literalmente, se está tragando a Veracruz. Hasta ahora, la de las finanzas es una prueba no superada.
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