Cuando se estudia la historia jurídica patria se sabe, se aprende, se comprende que a ningún Fiscal General de la República, o de donde sea, le resulta admisible y/o permisible fundamentar sus imputaciones en sospechas, deducciones, elucubraciones, hipótesis o conjeturas para, sin pruebas eficaces, sólidas, motivadas, fundamentadas, contundentes. Para acusar a un justiciable, sea cual sea su delito se requiere que las demostrativas de responsabilidad, presentadas ante el órgano jurisdiccional sean viables, reconocidas por la ley, no fabricadas, espontáneas, verdaderas, sin montajes, contestes con los hechos referenciados, congruentes y eficientes.
En el estudio a retro señalado también se entiende que las fiscalías de procuración de justicia no deben bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo dar pábulo objetivo a que el justipreciable le tenga desconfianza. Aquí en éste preciso instante cabe traer a colación el pensar jurídico del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, compartido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuál dice que es suficiente constatar que la imparcialidad de un recinto de justicia puede ser sometida a duda, “pues los templos de justicia deben de inspirar a los ciudadanos la confianza que es indispensable en una sociedad democrática”.
Desde siempre y aún ahora en ésta Cuarta Transformación de la República, la abogacía independiente exhorta y le exige a las Fiscalías de toda la Nación le pongan un coto a la impunidad, corrupción, ignorancia en la aplicación de la ley, a la delincuencia del poder, con primordial interés a aquella proterva hermandad del delito creada por la narcopolítica, a la fabricación de pruebas, a la implicación de inocentes. No parece lo más adecuado que se siga manteniendo esa injusticia en aquellas fiscalías que deben ser modelos de limpieza.
No es precisamente ejemplar el hecho de que Alejandro Gertz Manero en defensa de su pretendida competencia, señale como responsable de dicha desconfianza a funcionarios de la etapa del neoliberalismo y de ésta Cuarta Transformación de la República, incluyendo en ello al Sr. Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o incluso a la Drug Enforcement Administration (D.E.A., por sus siglas en inglés). Valga sólo recordarle a dicho Fiscal, que la procuración de justicia se imparte en nombre del pueblo; que sus deberes para con él hasta la fecha no han variado, tienen la misma grandeza, debería pues tener, para cumplirlos, la plenitud que otorga, que concede la auténtica inteligencia, que Luis Cabrera definió: “Como la facultad de conocer, es decir, de comprender, de ver la cuestión en su integridad, de conocer su resistencia, de admitir la parte válida de los argumentos expuestos por la contraparte invocando, suplicando, solicitando justicia”.
La actuación de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República y no obstante que Andrés Manuel López Obrador opine lo contrario, no responde adecuadamente a la necesidad de una regeneración institucional y democrática frente al poder de la corrupción y de la narcopolítica, cuyas raíces están en la propia fiscalía. Alentar, estimular o permitir que el señalado ministril continúe burlándose del derecho, substrayendo a la justicia y logrando la impunidad para la delincuencia política es colaborar directa y eficazmente con la corrupción y con la ignorancia en la procuración de justicia.
No es bueno para la imagen y credibilidad de la justicia que su Fiscal General sea tan proclive a proteger a esa delincuencia del poder que tanto afectó a la credibilidad y confianza de esa Representación Social que hoy dirige y que sea omiso en indagar aquellos casos de mayor notoriedad política, las sospechas se tornan en objetivamente inevitables.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
