Estado de los ESTADOS
“Levántate, en pie, defiende tus derechos. Levántate, en pie, no dejes de luchar”: Bob Marley
- Focos rojos: reformas a la Ley de Amparo
- Dejaría sin defensa a empresas ante bloqueos del SAT y UIF
- Límites al interés legítimo en juicios de amparo, dicen ONGs
Ciudad de México, 9 de octubre de 2025.- La Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex manifestó sus preocupaciones sobre los posibles efectos de la reforma a la Ley de Amparo, la cual se discute en la Cámara de Diputados. Domingo Ruiz, presidente de dicha comisión, alertó en una entrevista radiofónica sobre el debilitamiento de mecanismos clave de protección ciudadana frente a actos de autoridad. También reiteró que la iniciativa presidencial tiene por objetivo “limitar el acceso al juicio de amparo”, mecanismo definido como “el instrumento que tenemos los ciudadanos para, cuando hay un acto de arbitrariedad de la autoridad, poderlo frenar”.
El Senado hizo correcciones a la iniciativa original, pero introdujo un transitorio que generó controversias por sus efectos retroactivos. El dictamen más reciente en la Cámara de Diputados elimina dicho transitorio y también suprime una disposición que permitía a las autoridades no cumplir con sentencias de amparo por “imposibilidad económica o jurídica”.
A la Coparmex le preocupa la modificación a la figura de la suspensión, la cual protege a los ciudadanos mientras se resuelve el juicio de amparo. En la reforma, “se quita la suspensión provisional, solamente puede ir hacia la definitiva”, lo cual deja desprotegidos a los ciudadanos ante actos que podrían ser violatorios de derechos humanos. Además, no se permite la suspensión cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquea cuentas bancarias o cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT), restringe un certificado de sello digital, afectando directamente la operatividad de empresas. “Una empresa que tiene sus cuentas congeladas, no puede emitir facturas; sería la asfixia”, advirtió Ruiz.
Para obtener una suspensión en materia fiscal, el dictamen plantea que el contribuyente deberá depositar la totalidad del adeudo en el Banco del Bienestar, pero esta medida excluye a muchas pequeñas y microempresas que no cuentan con esa liquidez. “Si no tienen esa liquidez, no podrán disfrutar de defenderse, de tener algunas suspensiones, y eso representará prácticamente la asfixia, el ahorcamiento de la empresa”, dijo Ruiz. Ante la necesidad de combatir la evasión fiscal, “cerrar las puertas a la justicia es indebido porque todos los ciudadanos tenemos derechos a ser oídos y vencidos en juicio”, indicó.
Otro punto que inquieta a la Coparmex es la posible desaparición de la figura de prescripción de adeudos fiscales. Hoy, el contribuyente puede solicitar se declare prescrito un adeudo por el paso del tiempo. Si la autoridad no lo reconoce, es posible ir a juicio. Pero con esta reforma, “esta posibilidad de ir a juicio también estaría desapareciendo”, por lo que muchas empresas no podrían defenderse hasta enfrentar un embargo.
Para Coparmex, la reforma representa un retroceso en materia de derechos humanos. Con estas modificaciones “estamos regresando a 20 o 30 años atrás de cómo estaba el juicio de amparo”, lo cual va en contra del principio constitucional de progresividad de derechos humanos. Por eso, Ruiz hizo un llamado a los legisladores para “tomar en cuenta el interés general de la sociedad” y considerar que “la empresa es de interés social porque genera empleo, genera bienestar, genera riqueza”.
El doctor Domingo Ruiz destacó existe una narrativa presidencial que ha puesto en la mira el uso del amparo, no sólo en temas fiscales, sino también en aquellos donde la ciudadanía ha exigido derechos fundamentales. “El juicio de amparo resulta incómodo cuando los ciudadanos se organizan para exigir sus derechos frente al Estado (…) El amparo es el instrumento para poder equilibrar, en una relación de igualdad de armas, el poder del Estado contra el ciudadano”, subrayó.
La convocatoria hecha por la Cámara de Diputados para discutir la reforma espera Ruiz no se trate solo de una “libertad de expresión de nuestra parte, con poca escucha del otro lado”, sino de un diálogo real. El doctor Ruiz recordó: muchos de los políticos que hoy impulsan estos cambios formaron parte del movimiento que defendía estas mismas garantías. “Es momento solamente de un acto de congruencia política y de que sigamos avanzando en favor del Estado de derecho y la democracia”, concluyó.
ALERTA CIUDADANA
Un proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa relacionado con la Ley de Amparo, alertó a 40 organizaciones de la sociedad civil pues representa un serio retroceso en la protección del derecho al medio ambiente sano y en el acceso a la justicia para la defensa de derechos colectivos al limitar el concepto de interés legítimo en materia de amparo. Con relación a la contradicción de criterios 217/2021, propone establecer un nuevo estándar para que las organizaciones civiles puedan promover juicios de amparo por violaciones a derechos humanos, particularmente en el ámbito ambiental. La propuesta, advierten, limita la figura del interés legítimo, uno de los principales mecanismos que han permitido a colectivos y asociaciones acudir al juicio de amparo para la defensa de causas de interés público, sin necesidad de acreditar una afectación directa o personal.
Esa propuesta, advierten las organizaciones, limita la figura del interés legítimo, uno de los principales mecanismos que han permitido a colectivos y asociaciones acudir a juicios de amparo para la defensa de causas de interés público, sin necesidad de acreditar una afectación directa o personal. “El proyecto sostiene que es insuficiente el objeto social contenido en el acta constitutiva para acreditar el interés legítimo y acudir al amparo, dejando de lado su jurisprudencia respecto de la legitimación con la que cuentan organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos”, indicó el comunicado firmado por 44 organizaciones de derechos humanos y ambientales.
DE LOS PASILLOS
El colectivo Pena Sin Culpa acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la prisión preventiva oficiosa, medida que actualmente afecta a más de 43 mil personas detenidas sin sentencia y bajo presunción de inocencia. Solicitarán al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz se utilice la figura de audiencia pública, y sostener reuniones con las y los ministros para informar sobre el proceso de cumplimiento ante la Corte Interamericana. Además, platearán el impedimento de dos ministras para conocer del caso, debido a declaraciones previas que podrían indicar prejuzgamiento.
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