Lilia Arellano.
“Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad”: Luis Donaldo Colosio
• Galimatías legal
• Instalaron una puerta giratoria a la aplicación de justicia
• Falló capacitación y esfumaron 5 mil millones de pesos
• Conago propondrá otras reformas al Sistema de Justicia
• Pretenden evitar generar hipergarantismo a delincuentes
• Peligra el 2018 al anular elecciones por exceso de gastos
• Por espionaje en México, piden en el NYT investigación
Ciudad de México, 11 de Julio de 2017.-Dos asuntos van marcando el futuro cada vez más incierto en torno a la seguridad y a los procesos electorales. Está suficientemente expuesta la crisis en la cual han puesto al nuevo sistema de justicia penal en donde la desaparición de la prisión preventiva ha causado un gran revuelo. Sin menoscabo de la gravedad de este asunto se presenta el anuncio de probable anulación de las elecciones en Coahuila, lo cual si bien pudiera ser un evento justo, también sienta peligrosos precedentes para el 2018 y va preparando el terreno para que, quienes se decidan a “reventar” los procesos –la violencia es un factor-, puedan tener bajo la manga el nombre de un interino a modo, con poder hasta cuando se tengan las seguridades de llevar a cabo comicios pacíficos.
Los delitos “borrados” -por los cuales podrán obtener su libertad quienes ahora están tras las rejas- son 30 de 45 antes existentes y se podrán nulificar a quienes estén acusados de portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada agravada, evasión de reos, sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos, asalto en carreteras o caminos, robo calificado, extorsión, contrabando equiparable, ataque a las vías de comunicación, violación a la Ley de Instituciones de Crédito, violación a la Ley de Propiedad Industrial, violación a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares.
Por el desvío u obstaculización de las investigaciones, falsificación y alteración de moneda, lesiones, contra el ambiente, en materia de derechos de autor, introducción clandestina de armas de fuego que no están resguardadas, tortura, tráfico de indocumentados y de la Ley del Mercado de Valores. Se incluyen lesiones, aborto, lesiones por contagio, daño a la propiedad, ejercicio ilegal del servicio público, evasión de presos, suministro de medicinas nocivas o inapropiadas, ataques a medios de comunicación.
Siete delitos graves en materia de fraude y que permanecen son: fraudes específicos, insolvencia fraudulenta en perjuicio de los acreedores, administración fraudulenta. Estos cuando se cometan en perjuicio de dos o más víctimas. Defraudación fiscal con inmuebles, en materia de suministros de agua potable, relacionados con los padrones de contribuyentes, delitos de falsificación y asociación delictuosa en materia fiscal. Se perseguirán de oficio cuando se vean involucrados servidores públicos, además se perseguirán delitos contra regulación urbana. También: genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y pornografía de menores, turismo sexual, lenocinio de menores, pederastia, tráfico de menores y contra la salud.
Entre las interrogantes se encuentra la ligada a la posibilidad de dar la libertad a miles de sujetos señalados por la comisión de delitos. Sin embargo, en los Tribunales Colegiados de Circuito presentaron y publicaron el viernes 7 de julio una tesis aislada con el registro 2014726 en donde se lee: Libertad Personal. Atento al principio de supremacía constitucional es ilegal aplicar las disposiciones que regulan el sistema procesal penal acusatorio a los actos que deriven de procesos iniciados en el sistema de justicia tradicional, aún cuando el gobernado afirme que aquéllas le otorgan una mayor protección para el ejercicio de dicho derecho de libertad personal, lo anterior obedece en primer lugar, a que el artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene tal prohibición, ya que esa reforma no tuvo como propósito favorecer a quienes se encuentran sujetos a un procedimiento penal, sino la implementación de un sistema procesal distinto cuyas reglas son incompatibles con las del sistema tradicional.
En segundo, porque los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo primero constitucional, son inaplicables a la libertad personal, ya que si bien ese derecho es fundamental por estar previsto constitucionalmente, lo cierto es que no puede considerarse un derecho humano, porque además de ser inherente a la naturaleza de todo ser humano, debe ser absoluto o sin limitaciones; cualidad esta última que no satisface la libertad personal, al no formar parte del listado de los derechos que, conforme al artículo 29 de la Constitución federal, no pueden suspenderse o restringirse bajo ninguna circunstancia, en cambio, la libertad personal si es dable limitarla por el ejercicio de las facultades de la autoridad judicial en casos de responsabilidad criminal o civil; de ahí que afirmar que es un derecho humano, implicaría aceptar que los juzgadores están impedidos para emitir cualquier acto encaminado a restringirlo, como serían las órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, penas privativas de la libertad, entre otros.
Tal tesis, pese a su publicación fue calificada de falsa. Permanece aún en las páginas del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la SCJN. Independientemente de todas las interrogantes surgidas no solamente entre los ciudadanos sino en quienes trabajan con la Ley en la mano, existe un renglón económico al cual, evidentemente, lo han saqueado. Se destinaron 5 mil millones de pesos para la preparación de policías, ministerios públicos, jueces, defensores de oficio, para su capacitación con el fin de poder poner en práctica el nuevo sistema e inclusive los juicios orales. Tal encomienda simplemente no se cumplió y la directamente responsable, María de los Ángeles Fromow Rangel, dirige la mirada hacia los gobernadores a quienes acusa de haber recibido los recursos pero no “hicieron su tarea”. “Haiga sido como haiga sido” la cuestión es que el dinero desapareció y se advierte no es directamente el nuevo sistema el responsable de una mayor inseguridad y una impartición de justicia invisible.
Resalta se permita la defensa de los moradores cuando se ven amenazados de asalto, robo con violencia, etcétera, en cuyo caso se podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y estará amparado por la Ley. Pero esto solamente aplica para el domicilio, no en el caso de encontrarse en el negocio, en la calle o en el auto. Según la legisladora Libia Denisse García Muñoz Ledo, la iniciativa aprobada se prevé pueda ser ampliada y cubra los espacios ahora negados. Este proceder defensivo va también cuando se trate de la entrada de policías para cometer abusos o ilícitos.
Al respecto, conocedores en la materia señalan se hacen reformas para hacernos creer que están haciendo algo cuando no están atacando los problemas de fondo. De entrada, la legítima defensa existe desde que existe el derecho. Dejar la seguridad en nuestras manos es la más clara muestra de abdicación o de impotencia del Estado para cumplir con una responsabilidad marcada en la Carta Magna. Al llegar a la posesión de un arma de fuego habrá que señalar si esta debe registrarse ante la SEDENA y debieran informar en donde se van a comprar, la tramitología para adquirir una con registro en proverbial y ¿se puede tener sin el permiso para portarla?
Así las cosas, todo quedó en la imaginaria, sin estar debidamente fundamentado, causando estragos, confusión, insatisfacción e incrementando los temores si se deja a juicio de cada juzgador aplicaciones para entrar o para salir de los penales.
AUTORIDADES SIN CONTROL NI MANDO
La ola de violencia se acrecienta en el país y el Estado, en sus diversos niveles, es incapaz de contenerla y hacer prevalecer el Estado de Derecho. En muchos sentidos, elude asumir sus responsabilidades. Amplias regiones de México y millones de personas padecen este flagelo y a la fecha las instituciones de justicia, el sistema en su conjunto, se han evidenciado incapaces de resolverlo. Todo parece indicar se requiere un cambio radical, no de Estado pero si de sus representantes, quienes rehúyen olímpicamente sus responsabilidades justificando las causas de la violencia se deben a los reacomodos entre las bandas del crimen organizado, tras el descabezamiento de las mismas por la estrategia contra los cárteles aplicada durante este y el anterior sexenio.
El problema persiste y políticamente se intenta responsabilizar al nuevo sistema de justicia penal, el cual no funciona adecuadamente por la falta de capacitación entre los elementos que lo integran: policías, ministerios públicos, procuradurías y jueces. No existe un procesamiento adecuado de las leyes ante el incremento de la ola de violencia, como consecuencia de la arraigada corrupción que desemboca en impunidad. Hay abandono de responsabilidades precisas en cada nivel de gobierno y de cada poder. Por ejemplo, en el Legislativo se pospone la aprobación de leyes en materia de seguridad y no se ha logrado concretar un modelo policíaco adecuado a la realidad del país. Debe ser diseñado por los legisladores para hacer funcionar adecuadamente todo el sistema de administración y procuración de justicia.
Tras realizarse las primeras evaluaciones al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), funcionarios del gobierno federal, de las instancias de justicia de la Ciudad de México y organizaciones civiles y no gubernamentales se han pronunciado por realizar cambios, modificaciones e incluso reformas, a fin de garantizar el acceso a la justica. Especialistas coinciden que un año no es suficiente para emitir juicios acerca del funcionamiento del SJPA y señalan es necesario mejorar la calidad de la capacitación que se le brinda a los operadores para asegurar resultados exitosos.
Las debilidades no están en el sistema acusatorio, sino en la falta de capacitación de los operadores y fallas que existen en el sistema anterior. “Tenemos un sistema mucho mejor, no nada más para el imputado, en general, para la sociedad, para la víctima, para las autoridades, es un sistema que genera menos impunidad”, sostiene Bertha Alcalde, de la organización Borde Jurídico. A su vez, María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), indica: “el sistema no es el problema. Hay un problema con las capacidades del policía como primer respondiente y de cómo le pasa la estafeta al Ministerio Público, quien no ha logrado establecer argumentos sólidos para que el juez tome decisiones”. Y agrega: “el sistema no se cumplió al 100%, hay muchos vacíos y pendientes. La autoridad debería asumir su responsabilidad del proceso y tomar acciones respecto a la capacitación de los operadores”.
En contra del SJPA uno de los principales argumentos es que la portación de armas de fuego no está considerada en el catálogo de delitos que requiere prisión preventiva oficiosa, cuestión que, de aprobarse, podría promover la “siembra” de armas en los imputados, advierten los especialistas. La falta de capacitación en los policías, puede empujarlos a que tomen la decisión de colocar armas en los informes de los detenidos para asegurar su permanencia en prisión si el delito de portación de armas de fuego asegura prisión preventiva, alerta Bertha Alcalde. La decisión de ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa son “incentivos perversos”. Los jueces son quienes deben emplear su criterio para definir quiénes deben enfrentar el proceso en privación de libertad.
Martín Carlos Sánchez, director de fundación Renace, considera que la mayoría de las veces la libertad de los imputados depende de la falta de capacitación de los operadores del SJPA y el manejo de información y las unidades de seguimiento. “Si estas personas vuelven a delinquir, el juez tendría que aplicar una prisión automática por haber fallado en esta libertad que le dieron a la persona. Si el agente del Ministerio Público no lleva la información al juez, éste no podrá tomar una decisión por reincidencia y se le dará trato como si fuera una persona nueva, que no tiene antecedentes”, señaló el especialista.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Mario Uribe Olvera, considera que “el sistema ésta funcionando y va bien, lo que no está funcionando es el trabajo de los Ministerios Públicos, de la policía”. En torno a los comentarios en el sentido de que SJPA ha permitido la salida rápida de los delincuentes y que se prevén otras cuatro mil liberaciones, señaló: “si se da el caso de la puerta giratoria es porque los agentes del MP y los policías no están haciendo bien su trabajo”. El éxito de la implementación del SJPA depende del desenvolvimiento de los operadores quienes deben ser capacitados de nueva cuenta para asegurar el buen desempeño de su trabajo.
Para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, “si un sistema funciona es porque alguien comete un delito, recibe una consecuencia, se protege al inocente, y se da la no repetición, y lo que estamos viendo son grandes fallas”. Subrayó que “no queremos una contrarreforma. Alto al Secuestro aprueba la reforma, pero no aprobamos las condiciones en las que está”.
¿CONTRARREFORMA?
Ante la posibilidad de que miles de reos salgan de la cárcel si solicitan una revisión de su caso para seguir su proceso en libertad, como lo determinó la Suprema Corte, integrantes de la Conago pedirán el lunes al Congreso de la Unión cambios legales al nuevo Sistema de Justicia Penal.
Los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; de Durango, José Rosas Aispuro; de Querétaro, Francisco Domínguez; y de Nuevo León, Jaime Rodríguez, adelantaron que analizan propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar “hipergarantismo” que permita a presuntos delincuentes enfrentar sus procesos en libertad, en menoscabo del derecho de las víctimas a tener justicia. Los gobernadores rechazaron busquen señalar fallas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio para evadir responsabilidades.
Omar Fayad estableció la necesidad de revisar, en particular, la reclasificación del delito de portación de armas de fuego como no grave, razón por la que los indiciados a causa de este ilícito no pisan la prisión, tema que “preocupa”, indicó. Buscamos, dijo, “exacto equilibrio entre los derechos de los imputados, que deben respetarse todas sus garantías en eso no vamos a retroceder, pero tenemos que garantizar que no se vayan a poner por encima de los derechos de las víctimas”.
El mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, adelantó: “vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida (de presuntos delincuentes) de esa manera”. Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, específico van a mandar una carta pública, suscrita por todos los gobernadores, para urgir primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado, para que todo lo que determinó la SCJN respecto a que los criminales sigan su proceso en libertad, se revisen, porque es uno de los defectos del nuevo Sistema de Justicia Penal. Excarcelar a personas que quebrantaron la ley podría volver a dañar a la sociedad, por ello se requiere urgir a que la ley vuelva a cambiarse, para llevar a estas personas dentro de la cárcel, “porque de lo contrario esto será una puerta giratoria que nunca va a terminar”, advirtió.
Manelich Castilla Cravioto, comisionado de la Policía Federal, sostuvo en el Senado que se deben revisar figuras del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para hacerlo mejor como la prisión preventiva para las personas que porten armas de fuego de alto poder. “Nos resulta un poco complicado entender el que una persona que detenemos con armas como las Barret, lanzacohetes, lanzagranadas, que necesariamente van a emplear, no con fines de esparcimiento, lo cual es un hecho obvio, salgan libres y no enfrenten prisión. Este tipo de casos se tendría que revisar en beneficio de la sociedad”, dijo en un foro sobre ciberseguridad.
La violencia es un flagelo complejo que azota a México el cual no tiene soluciones simples. El Estado debe invertir en educación, capacitación y profesionalización de quienes administran e imparten la justicia, así como en instituciones fuertes y legitimas, las cuales no saldrán de autoridades cuestionadas desde el origen de su elección en procesos electorales fraudulentos.
EL PELIGRO PARA EL 2018
Fiscalizar los gastos de campaña está a punto de convertirse en la principal causa de nulidad de elecciones, con lo que esto pudiera representar en el 2018, proceso dentro del cual se verá una singular lucha haciendo prevalecer el dinero como motor principal de la obtención de triunfo. Curiosamente y para notar mejor como pueden darse estos movimientos, resulta ser en Coahuila acepta el INE se rebasaron los gastos, no así en donde se vio claramente el derroche: el Estado de México. Hay una abierta y clara intención de cancelar el proceso en la entidad de la familia Moreira, pero no se asoma ni tantito hacer lo mismo en la tierra del mexiquense inquilino provisional de Los Pinos.
Este singular manejo puede hacerse presente en el 2018 y carece de antecedentes ya que de las 29 elecciones anuladas, solamente tres de ellas han sido a la gubernatura y no han tenido como causal el rebase de topes de gastos de campaña. Dicen, de los procesos de este año, han revisado los gastos de 3 mil 256 candidatos a todos los cargos en disputa y presentados por todos los partidos. Se gastaron 796 millones en las campañas llevadas a cabo en 4 entidades y se supone fueron rebasados los gastos por 264 millones. Coahuila y Nayarit si registraron más gastos y, curiosamente, el Estado de México no se rebasó ni tantito el tope.
Si de por sí las versiones de los mexiquenses decididos a denunciar la serie de irregularidades presentadas, que van desde la entrega de despensas, de tarjetas rosas, de tarjetas de supermercado, de pantallas de televisión, de vales por becas, de una serie de beneficios en los cuales solamente faltaron exenciones tributarias para la mayoría –para los empresarios siempre dispuestos a contribuir al momento de pasarles la charola no se sabe-, causaron irritación y críticas al por mayor con lo cual se advierte perdieron los priístas más de lo que están ganando, ahora con estas determinaciones de nulidad en una entidad, en la otra aceptación y en una más total negación, nadie sabe a qué atenerse cuando se lleguen los conteos y las fiscalizaciones al proceso del 2018.
Nada será igual porque todo se verá y vendrá mucho peor.
DE LOS PASILLOS
El periódico estadounidense New York Times señaló en uno de sus editoriales que el “obvio” abuso de la tecnología Pegasus, el spyware israelí, en México amerita otra investigación internacional, puesto que la imagen del país sólo se ha visto empeorada… Primero llegó la revelación de que destacados luchadores anticorrupción mexicanos, activistas de derechos humanos y otros críticos del gobierno fueron objeto de vigilancia con un sofisticado software espía vendido al gobierno mexicano, para combatir el crimen y el terrorismo… Luego vino la “sorprendente” adición de que un equipo internacional encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes, también estaba siendo vigilado con el software espía conocido como Pegasus, el cual secretamente monitorea los teléfonos celulares… Dos cuestiones cruciales se entrecruzan en lo anterior: el abuso del gobierno de la tecnología de ciberguerra altamente sofisticada y costosa, y la falta de control por parte de los vendedores comerciales de herramientas de vigilancia masiva… En este caso, el Grupo NSO, una firma israelí, dijo que vendió Pegasus a los gobiernos, sólo después de comprobar sus prácticas de derechos humanos y sólo con la condición de que se utilizara únicamente para el seguimiento de criminales y los terroristas, pero después de venderlo no tiene control sobre cómo se utiliza el spyware.
La diputada federal panista, Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, llevo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la denuncia contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por las agresiones a periodistas y urgió a que se atienda la grave situación en México… Velázquez entregó personalmente la denuncia al Alto Comisionado de la ONUDH, Zeid Ra´ad Al Hussein, en la sede de sus oficinas en Ginebra, Suiza… El documento hace el recuento de los asesinatos de 11 periodistas de diciembre del 2006 a la fecha y de las violaciones en materia de derechos humanos por parte de Peña Nieto y funcionarios de su gobierno.
Decretar la alerta de género en la Ciudad de México exigieron a la Procuraduría General de la República legisladoras y activistas. Durante los últimos cinco años se registraron mil 744 feminicidios en la capital del país, destacaron las diputadas federales Alicia Barrientos y Delfina Gómez, ésta última con licencia, y el colectivo Mujeres sin Violencia, quienes pidieron ampliar la alerta a todo el Estado de México, el cual registró al menos 397 casos desde 2016 a la fecha…
La moda de poner en marcha hospitales inservibles está presente en el territorio nacional. En Quintana Roo, el Hospital General Jesús Kumate tuvo tres primeras piedras para iniciar su construcción hace casi diez años. Se inauguró apenas en el primer trimestre de este año y sin que pudieran llegar a esas instalaciones los enfermos. Siguen saliendo vicios en la construcción y obviamente los arreglos resultan super millonarios, dicen que van tantos que mejor hubiera sido construir otro, por cierto más cercano a quienes ocupan de estos servicios. El visto bueno lo dio la Secretaría de Salud, dependencia al parecer muy conforme con todas las deficiencias mostradas. Pero ese no es único, está otro, el de San Pablo del Monte en Tlaxcala, inaugurado desde diciembre del año pasado y sigue sin operar por fallas en el equipo, en las calderas, hasta distribución de gases se han detectado. Al quintanarroense envió EPN a un subsecretario; al de Tlaxcala fue personalmente y como se ha visto últimamente llego carente de la información debida y de nuevo hay reclamos y… ridículo…
Entre las notitas chiquitas pero picosas, encontramos el embargo por más de 7 millones de dólares decretado por la Fiscalía peruana en contra de nueve personas involucradas en el caso Odebrecht, entre ellas el ex mandatario Alejandro Toledo. Además de la incautación de 4 vehículos, tiene ya una orden de captura. En México, la secrecía rodea al asunto… En Estados Unidos es buscado todavía sin ofrecer recompensa pero, como en esta tierra no hay ninguna acusación en su contra y por lo tanto tampoco ordenes de presentación o aprehensión, El Geño, Eugenio Hernández, con no salir del territorio nacional sigue libre, vivito y coleando… Por tercera ocasión un líder transportista, Santiago Carrillo, habla de la contratación de una empresa que haga un estudio de movilidad para el municipio Benito Juárez, para evitar siga avanzando el tráfico vehicular y los congestionamientos que ya se resienten. Hace cuatro o cinco años habló de lograr un financiamiento de BID tanto para el estudio como para la adquisición de camiones nuevos. Ahora dice pagarán tal documento los empresarios del transporte… Veremos… Y pudiera ser también veamos se haga realidad el divorcio de la Karime de Javier, como estrategia de rescate o afirmación de una supuesta locura ya presentada desde hace algunos años y puede que la clasifiquen como hereditaria…
El Dober es el personaje maloso de moda en Quintana Roo. Clásico cachorro, no de la revolución ni de la tecnocracia sino con otras raíces, obligó con su detención a ver blindadas hasta los dientes las instalaciones de las corporaciones policiacas a las cuales les debemos gran parte de la inseguridad reinante. La Fiscalía, la delegación de la PGR, Migración, la Policía municipal, la estatal, tienen resguardados los inmuebles e inclusive cerradas calles y avenidas que convergen a los lugares. En tanto, los ciudadanos se las arreglan como pueden sabedores de que solamente si se les meten a la casa pueden defenderse, en los negocios, caminando o en el coche, no… Dicen de la operación de los escuchas en la entidad, se trata de personas dispuestas a pasar los mensajes importantes a sus jefes a los cuales clasifican como desobedientes porque cada vez que se las mientan… no van… Por fortuna en Yucatán decidieron se llevaran a cabo revisiones aleatorios en los camiones de pasajeros que salen de Quintana Roo. Hicieron bien porque desde la perla del Caribe no instalan retenes en sus carreteras…
Más valdría mantuvieran los funcionarios la boca cerrada. Apenas hablaron de planes estratégicos para devolverle la seguridad a Los Cabos, Acapulco y Cancún, y les calló el chahuistle. El motín carcelario en Acapulco, dejó 28 muertos, una decena de ellos, decapitados; en Los Cabos, los primeros cinco días de este mes ya dieron un promedio de tres ejecuciones diarias; y en Cancún permanecen resguardadas las instalaciones policiacas y sigue pagándose la cuota de 2 muertitos cada 24 horas… Si en verdad Lino Korrodi fue admitido en las filas de MORENA con el fin de que este partido cuente con información suficiente para contraatacar a Vicente Fox al momento de empezar a soltar improperios en contra de AMLO, deberán a comenzar a protegerlo. Los Amigos de Fox, curiosamente, han terminado en la tumba… La farsa de OHL y su venta accionaria ha puesto de nuevo en tela de juicio a la Bolsa Mexicana de Valores y sus tranzas, perdón, transacciones… Indignas pensiones esperan a 7 de cada diez mexicanos. Intentan aplacar ánimos y disminuir levantamientos ofreciendo en breve la posibilidad de hacer retiros antes de llegar a la etapa del retiro. Habrá que atenerse a esas nuevas consecuencias…
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