Eduardo Sadot
Nunca en la historia de un país en paz, hubo tantos asesinatos de políticos o candidatos en un proceso electoral.
Competir para alcanzar uno de los 20 mil cargos en disputa, puede significar ganar o ser asesinado. Durante los primeros días del proceso han sido asesinados 23 candidatos de todos los partidos, la autoridad federal se ha comprometido a garantizar la seguridad de los candidatos federales, pero hasta el momento en que esto se escribe, ha dejado en manos de los gobiernos locales la seguridad de los candidatos locales, ello significa exponerlos, ya que en algunos estados de la república, la infiltración de las policías por la delincuencia, permite esperar que los candidatos no tendrían la seguridad garantizada.
El fondo, deja ver claramente, que las políticas públicas del gobierno federal en materia de seguridad son erráticas, donde la prioridad es cuidar la imagen del presidente a costa de la inseguridad de los ciudadanos, “no vayan a decir que es un gobierno represor” cuando lo importante es garantizar la seguridad, la vida de los ciudadanos y privilegiar las mínimas condiciones de seguridad que requieren los ciudadanos.
Si la delincuencia sabe que no se actuará en su contra interpreta que puede delinquir impunemente, porque claro, si el poder ejecutivo hiciera uso del derecho que le otorga la constitución de hacer uso de la fuerza pública, no pasaría esto, cómo hacerlo sin ser acusado de violencia excesiva de un estado represor.
No, eso iría contra la bandera de pacifista y respetuoso de los derechos del gobierno actual, así que, preferible que la delincuencia abuse, antes que manchar la imagen de un gobernante, es supone un egocentrismo exacerbado hasta los confines de la vanidad, primero para cuidar su paso a la inmortalidad “hacer historia” a precio de más de 181 mil muertos. El pueblo cree o creyó que el motivo era cuidar su paso a la historia, pero conforme pasan los días, más allá de la noble intención de pasar a la historia, aparece la intención de preservar el poder o imponer un proyecto de país, producto de febriles sueños de inmortalidad, sin considerar ninguna sugerencia que pretenda incluir las aspiraciones de la sociedad que vaya a ensombrecer el sueño mesiánico que le dispute su inmortalidad.
Proteger a los 20 mil candidatos con vehículos blindados o al menos cuatro elementos de custodia, eleva la cifra a destinar al menos ochenta mil elementos o de la guardia nacional, de marina armada de México o del ejercito, con el consecuente pago de sueldos y gastos de mantenimiento, pero en la elección de 20 mi elementos participan además al menos tres candidatos uno por cada alianza o partido, ello eleva la cifra por tres llegando a 240 mil elementos de seguridad, y otro tanto de vehículos blindados y armamento, sin contar a los suplentes, de dónde, mientras la ciudadanía quedaría estratégicamente desprotegida, nos preguntamos, que no habría sido mejor utilizar toda la fuerza del Estado en pacificar la país, recuperar los territorios ocupados por la delincuencia, con todo el equipo táctico, de inteligencia y reacción de las fuerzas armadas, porque, a pesar del poder de la delincuencia, la fuerza del Estado es infinitamente superior y en poco tiempo, si existe la voluntad política, con una operación relámpago, se pacifica al país. A menos que los compromisos del gobierno federal sean tan fuertes con la delincuencia que operen a su favor y sea mejor mirar para otro lado, ocuparlos de albañiles y ceder la plaza.
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