Ricardo Del Muro / Austral
La reciente detención del activista Luis Rey García Villagrán, el pasado 6 de agosto en Tapachula, ha encendido nuevamente una luz de advertencia en el debate nacional: ¿hasta qué punto en México se permite —o se reprime— la defensa de los derechos humanos, particularmente de los migrantes?
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que la detención del activista y defensor de migrantes es porque está vinculado al tráfico de personas.
“No es un activista. Tenía una orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas, ese es el delito, había una orden de aprehensión desde hace varios años y se cumplimentó la orden”, afirmó Sheinbaum.
La detención de García Villagrán ocurrió la mañana del lunes 5 de agosto, después de que el activista acudiera a una reunión en el parque Bicentenario de Tapachula, donde se reunió con un grupo de migrantes que salieron en una caravana que originalmente pretendía llegar a la frontera norte, pero que ahora tiene como destino la Ciudad de México para demandar la libertad del activista.
García Villagrán es fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., desde donde ha organizado caravanas migrantes que salieron principalmente de Tapachula hacia el centro y norte de México. Tiene formación en derecho. En 1997, fue sentenciado en Chiapas por secuestro y asociación delictuosa —cumplió 12 años y medio de cárcel, hasta ser liberado tras una intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El activista ha denunciado sistemáticamente corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), acusando a funcionarios de lucrar con visas, extorsionar migrantes y facilitar rutas clandestinas, e incluso de coludirse con el narcotráfico.
Activistas y sacerdotes como Irineo Mújica y Heiman Vázquez han denunciado que el arresto fue una represalia directa por las denuncias de corrupción que García Villagrán ha presentado contra autoridades del INM y COMAR.
Mújica calificó su detención como un «atropello inaceptable» y acusó al gobierno de criminalizar defensores de migrantes y Vázquez declaró: “El gobierno fabrica delitos a quienes dicen sus verdades” y “seguramente lo acusarán de delincuencia organizada o tráfico, lo que ellos hacen”. De acuerdo con el sacerdote, Luis no ha cometido ningún delito, y su único “error” ha sido denunciar a quienes extorsionan y explotan a las personas migrantes.
El Gabinete de Seguridad conformó ayer en su reporte la detención del activista: “ En Tapachula, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo del Estado, detuvieron a una persona, acusada por tráfico de migrantes y delincuencia organizada”.
No se trata, según las autoridades, de un castigo por su activismo, sino de la aplicación de la ley. Sin embargo, los tiempos, las formas y el contexto levantan serias dudas. Su aprehensión ocurrió justo antes del arranque de una nueva caravana que él mismo organizaba, y tras una serie de denuncias públicas contra agentes federales.
Al inicio de este año, el 21 de enero, la presidenta Sheinbaum destacó que, desde que había asumido el cargo, no había llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte, y celebró que el gobierno había logrado contener de manera eficaz la migración hacia Estados Unidos, un tema que es fundamental en el manejo de las restricciones arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump y que también será determinante al negociar el Tratado de Libre Comercio.
A su vez, Francisco Garduño, antes de dejar la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) acusó a las Organizaciones (sin especificar su tipo) de fomentar las caravanas de migrantes, e incluso se refirió al padre Alejandro Solalinde, como “el pollero de Dios” (Proceso, 13 de diciembre de 2024).
El desempeño de Garduño al frente del INM fue cuestionado por la militarización de las políticas migratorias y la muerte de un grupo de migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, además de ser omiso ante las denuncias de corrupción contra agentes migratorios.
A lo largo de 2023, diversos organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), exigieron una reforma integral del sistema migratorio mexicano, a cargo del INM. Acción que la presidenta Sheinbaum había encomendado a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras dejar la gubernatura de Puebla, en diciembre de 2024, pero el relevo se alargó hasta mayo de este año. RDM
