Lilia Arellano.
“Dinero en mano, calzón en tierra”: Madonna
• Gasto electorero en 2018
• Presupuesto y desorden financiero en las entidades
• Deudas, opacidad, subestimación de gastos: IMCO
• Comicios: neutralidad e independencia ofrece TEPJF
• Encauzado a elección presupuesto al campo: GCMA
• ONGs desmienten a EPN y rechazan hacer bullying
• Despilfarra en vuelos gobernador de Quintana Roo
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017.- Dados los niveles de rechazo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto entre la población mexicana, a nadie extraña se cocine un monumental fraude en la elección federal de 2018, cuando se renueven la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión (Senado y Cámara de Diputados), nueve gubernaturas, las 16 alcaldías y el primer Congreso de la Ciudad de México. La conformación del Presupuesto 2018, ya aprobado, y el desorden financiero en las entidades federativas, las cuales violan con frecuencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacen esperar un ejercicio del gasto con fines electoreros el próximo año, como lo advierte desde ahora el Instituto Mexicano para la Competitividad. La esperanza y la credibilidad se perdieron hace mucho, ahora lo único que les queda es dinero.
“Las elecciones que tendrán lugar el próximo año pondrán a prueba la solidaridad entre los órganos electorales, los partidos políticos, las instituciones gubernamentales y la ciudadanía”, señaló la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, quien consideró: más allá de los discursos, lo que ocurra en todas las etapas del proceso electoral, indicará el grado de madurez de nuestro sistema y servirá para medir la eficacia de la infraestructura electoral. La magistrada ofreció que el TEPJF se conducirá con neutralidad e independencia en el proceso electoral del próximo año, lo cual está por verse.
Pero, en mayor o menor medida, las 32 entidades federativas del país subestiman ingresos; gastan más de lo presupuestado y se endeudan más de lo planeado, corrobora el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2017. Esto representa un peligro para las elecciones federales de 2018, advierte Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, quien destaca: faltan controles de calidad en el tipo de información reportada por los estados. No sólo no están gastando lo que señalan, sino están erogando de más y de una forma opaca. Hay ausencia de controles, los cuales puedan garantizar que los recursos públicos van efectivamente a lo originalmente presupuestado y no terminen en una campaña electoral.
Los estados recaudaron el año pasado 251 mil 460 millones de pesos, 15 por ciento más de lo estimado. Esta cifra es mayor al presupuesto ejercido por el Estado de México que ascendió a 221 mil millones. Además, esos ingresos se gastan de manera discrecional. “Encontramos que para el año 2016, las entidades federativas tuvieron ingresos adicionales o excedentes de prácticamente más de 500 mil millones de pesos. Con este dinero se hubiese pagado el 50 por ciento de la deuda estatal y 11 estados habrían pagado la totalidad de su deuda o en el caso de Guerrero, hubieran logrado cubrir hasta seis veces la deuda pública de esta entidad federativa”.
Las entidades gastaron 223 mil 726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, es decir, 14 por ciento más. La mayor parte de esas erogaciones se fueron a los rubros de comunicación social y burocracia. En el primero, los estados erogaron más de 5 mil millones adicionales a lo autorizado, de tal suerte una cifra de 4 mil millones terminó en cerca de 9 mil millones y esto representa una variación de más de 100 por ciento. En el gasto burocrático se registran grandes excesos: Jalisco duplicó, tanto en 2015 como en 2016, el rubro nómina al pasar de 18 mil millones de pesos a 37 mil millones de pesos.
El otro lado de la moneda es un menor gasto en infraestructura: los estados aprobaron 113 mil 77 millones para la inversión en este rubro y sólo gastaron 103 mil 171 millones de peos, es decir, hubo un subejercicio de 10 mil millones. Otro dato alarmante es que las entidades contrataron deuda por 20 mil 186 millones de pesos adicionales a lo estimado; cifra equivalente al presupuesto de Morelos en 2016 que fue de 20 mil 492 millones de pesos.
De acuerdo al IIEG 2017, el cual muestra el cumplimiento entre el destino de los recursos asignados en los presupuestos estatales y la manera en cómo se gastó el dinero público durante el ejercicio fiscal, los gobiernos estatales registraron un bajo cumplimiento promedio, del 58 por ciento. Tabasco, Campeche y Puebla fueron los mejores evaluados, y los peores el Estado de México, Baja California Sur, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán y Chihuahua.
Guerrero fue la entidad con peor calificación, al obtener 13.90 por ciento de cumplimiento, le siguieron Baja California Sur (25%), Estado de México(37.5%), Ciudad de México (37.8%), Michoacán (39.2%) y Chihuahua (39.9%). Por el contrario, Tabasco (86.5%), Campeche (83%) y Puebla (81.3%) fueron los estados con mejor calificación.
PRESUPUESTO PARA ELECCIONES
La Cámara de Diputados asignó a la Secretaría de Agricultura 7 mil 800 millones de pesos más de lo originalmente propuesto por el Ejecutivo federal en su proyecto de presupuesto para el siguiente año, donde planteaba 64 mil 325 millones de pesos para esa dependencia, pero fueron aprobados 72 mil 125 millones de pesos, de acuerdo a los documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara baja.
El presupuesto de la Secretaría de Agricultura está orientado a subsidios y padrones relacionados con el tema electoral del siguiente año, más que a bienes públicos los cuales permiten tener una mayor modernización y tecnificación, señaló Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Dentro de los programas beneficiados se encuentran el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), al cual se habían propuesto 716.8 millones de pesos pero al final contará con mil 651.8 millones de pesos; el programa Proagro Productivo, tuvo un aumento de 150 millones de pesos con respecto a lo planeado, así que para 2018 se ejercerán 9 mil 462 millones de pesos; para el Procafé e Impulso Productivo del Café, del proyecto a lo aprobado el incremento fue de 34 por ciento, con un monto a ejercer de 783 millones de pesos.
El analista de GCMA destacó: “el tema productivo a mí me sigue preocupando, le seguimos dando subsidios en lugar de buscar el tema de bienes públicos donde realmente se vea un desarrollo en el sector agropecuario, ¿cómo aumentamos la productividad y la rentabilidad?, hacer mejor uso del agua, a largo plazo, es a dónde deberíamos de orientar los recursos presupuestales”.
Por falta de bienes públicos, como la tecnificación del riego, no se aprovecha el potencial productivo de las zonas económicas del sureste, donde se cuenta con recursos naturales, subrayó Juan Carlos Anaya, quien insistió: para aumentar la productividad se requiere invertir en investigación, infraestructura y capacitación.
ONGs RECHAZAN HACER BULLYING
Organizaciones civiles refutaron al presidente Enrique Peña Nieto y rechazaron hacer bullying a instituciones. Puntualizaron: las críticas por los resultados anticrimen están basadas en cifras oficiales y buscan construir soluciones conjuntas para resolver la crisis de inseguridad.
La sociedad civil hace notar fallas a la estrategia y al sistema no sólo porque están a la luz de todos, sino porque su papel es ser críticos y fungir como contrapesos de las autoridades, explicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. “No es bullying porque no estamos agarrando a una persona y la estamos humillando, no estamos lastimando a nadie, estamos señalando las fallas que están a la luz de todos. Aun cuando se les señala no hacen nada, imagínate si callamos, eso nos haría cómplices”, sostuvo.
Hacer observaciones a las autoridades es necesario para enfrenar las problemáticas, puntualizar las áreas en las que se debe trabajar y construir soluciones, señaló Gabriela Capó, directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). “No se puede decir que estamos haciéndole bullying a las instituciones, existen muchas organizaciones que lo que estamos buscando es por el contrario: construir un México más seguro, que le dé a los mexicanos esa seguridad y justicia que se necesita”, manifestó.
Usar el término bullying es impreciso, pues ésta práctica se da entre pares y la sociedad civil ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por no hacer críticas sin bases, consideró Irene Tello, coordinadora ejecutiva del Impunidad Cero. Por su parte, Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, concluyó: “no es sorpresa que un presidente quiera que le aplaudan al final del sexenio, pero esto es muy grave. Quien lo “bullea” son la realidad y los datos”.
EL PLACER DE VOLAR
Por “desempeño irregular de la función pública”, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez permanece en el Cereso de Chetumal, Quintana Roo. Su función consistió en dirigir una empresa estatal denominada VIP SAESA. Acusaron el uso indiscriminado de aviones tanto del entonces mandatario Roberto Borge como de su antecesor y de los integrantes de sus respectivos gabinetes, así como servicios prestados a terceros. Hicieron públicas listas de usuarios de ese servicio y la escandalera se levantó. En la capital estatal era visible el disgusto de los burócratas por verse limitados en sus percepciones salariales, muchos más por un despido realizado a raja tabla, con liquidaciones a medias en tanto los hangares lucían llenos de aeronaves lujosas al servicio de los funcionarios.
Empezó el nuevo mandato y el escenario en el FBO chetumaleño no cambió, se produjo una entrada aún mayor de aviones, avionetas e, inclusive, dentro del hangar más de un helicóptero. Viajes de fin de semana se multiplicaron. Se supo que algunos eran propios, como el del titular de Sefiplan, quien primero aseguró era propietario de la aeronave para, posteriormente, declarar lo tenía bajo un contrato en el cual un pago mensual le permitía utilizar determinado número de horas de vuelo y, al paso del tiempo, adquirirlo a un precio módico. La verdad nunca ha sido puesta al servicio de la transparencia. Son cientos los testigos de la evacuación de funcionarios los fines de semana y son vistos al momento de arribar a Cancún o a Playa del Carmen para su semanal reunión familiar.
Durante la campaña y al momento de levantarle cargos a Acosta Gutiérrez, de quien, paradójicamente, tienen una muy buena imagen en Chetumal y no lo consideran culpable de desvíos, dejando muy marcado sólo se la pasó cumpliendo órdenes, tal vez como lo hiciera el actual Auditor del Estado quien, confesó personalmente, solamente realizaba observaciones pequeñas sobre la documentación recibida para su revisión porque temía ser despedido de su único empleo. Para Manuel Palacios Herrera, ese argumento valió y hasta fue premiado con la posición cuando el solo hecho de este tipo de declaraciones le hubiese acarreado una serie de denuncias iniciadas por la omisión y complicidad. Como puede verse, la aplicación de la ley sigue siendo un misterio, un deseo inalcanzable, una remota posibilidad de contar con ella en el futuro.
Seguramente algo ya le habían indicado a don Carlos Manuel Joaquín González, al aseverar sobre el viaje realizado a los Estados Unidos en busca de eliminar la dañina alerta lanzada, abordó un avión de Interjet, no utilizó ninguno privado. Tal vez, en esa ocasión así fue y no puede demostrarse lo contrario al contar solamente con indicadores de los primeros seis meses de este año, en los cuales el gasto por el uso de aeronaves alcanzó los 41 millones de pesos. Seguramente ha influido en esta cifra y en el gasto, la lejanía de la entidad si se viaja a la Ciudad de México o a entidades del centro y Norte del país, pero ¿cuáles han sido los resultados de tales viajes? ¿Acaso han sido de promoción o para cumplir con los compromisos políticos sin que ello repercuta en renglones en favor de ciudadanos?
Serán peras o manzanas pero sigue siendo imaginaria la rendición de cuentas, la austeridad, el control del gasto, Antecesores a los mandatos de González Canto y Borge Angulo, ni soñando alcanzaron tales sumas. Incluso es el mayor gasto realizado en seis meses por un mandatario estatal de entre los 31 del país. Ciento 31 viajes fueron al interior del país entre enero y junio de este año. Uno, realizado en febrero, fue internacional. Algunas agencias informativas se dieron a la tara de establecer comparativos, resultando siete veces más caro cada vuelo que si viajara en primera clase en las aerolíneas con precios por boleto comprado horas antes de su salida, lo cual los encarece brutalmente.
La comodidad de viajar así no tiene igual y no se lanzaría crítica alguna si los resultados obtenidos en estos viajes fueran ligeramente reportados. Por ejemplo, los 26 realizados al interior del país son fáciles de detectar al conocerse de las reuniones en la capital del país de los cuadros de dirigencia del PAN y del PRD. Los aniversarios de cada uno de estos partidos, los llamados para conformar el bloque; asistir a los informes de los nueve ganadores de gubernaturas bajo estas siglas. Los llamados presidenciales. O sea, 105 viajes fueron de Chetumal a Cancún o a Playa o a Cozumel o de esos puntos a otros dentro de la geografía estatal. Falta conocer la información completa y no solamente el monto global y el número de vuelos realizados.
Falta información sobre el costo de los vuelos de sus funcionarios, de la presidenta del DIF, porque según declaraciones del titular de Sefiplan, Juan Melquiades Vergara, los usan para hacer más ágil su trabajo, para moverse rápidamente. Con estas aseveraciones puede apreciarse no ha gastado este gobierno solamente 41 millones y fracción sino mucho más. En caso de utilizar Vergara su propia aeronave, ¿él paga el uso del aeropuerto, el resguardo diurno y nocturno, el combustible, los pilotos, las aeromozas, el servicio de alimentos? ¿A que renglón se llevan esos gastos, al de la austeridad?
Para acabarla de amolar, el gasto en aeronaves realizado por el resto de gobernadores alcanza la cifra de cerca de 68 millones de pesos, con lo cual más del 60 por ciento de esa cifra es registrado solamente para el mandatario quintanarroense. De percibirse óptimos resultados de estos viajes, seguramente habría muchas consideraciones ante lo molesto de andar de un lado a otro, sujetarse a diferentes alturas con las consecuencias sobre el organismo, etcétera. Pero y pese a lo dicho por Vergara Fernández sobre ser considerados como “viajes de trabajo y no de placer”, ni siquiera puede hablarse de desempeños con resultados favorables de los miembros de su gabinete que abordan aeronaves “para que puedan moverse lo más rápido posible”.
Como es costumbre y aún y cuando los vuelos fueron reportados por la secretaría particular del mandatario acreditándolos de manera directa, la culpa de esa cifra recayó en la administración anterior porque, a decir del funcionario de la hacienda estatal, se han pagado pasivos heredados de la administración pasada. Luego de esta declaración, agregó no se trata de viajes sino de horas de vuelo ¿131? y el gasto contempla servicios contratados como vigilancia, taxi aéreo, atención médica, traslado de reos, entre otros. O sea que ha sido nuestra imaginación la testigo de las caravanas de camionetas transportando internos de Cancún a Chetumal. Tal y como sucede con los ejemplares miembros de la SEIDO, el chip está debidamente incrustado y no hay manera de aceptar que, para llegar a la transparencia, falta y mucho. No se puede dar lo que se carece.
UCA, UCA, QUIEN LO ENCUENTRA SE LO EMBORUCA
Ni para que alegar si el propio Fiscal General de Quintana Roo acepta que, con la liberación y el pago hecho por Mauricio Rodríguez Marrufo, se inició la etapa en la cual es suficiente con resarcir una parte, la marcada por Auditores, legisladores y funcionarios ligados al estilo de los elefantes –trompa y cola-, y nada más. Las fabulosas cifras antes escuchadas, declaradas como solamente una parte del gran saqueo, quedarán enterradas para dar paso a unos cuantos cientos de millones de pesos que dejarán sin alteración notoria las fortunas supuestamente forjadas a base del abuso, el fraude y el peculado. ¿Cuánto por bajar la suma? No se sabe ante lo sólido del argumento: nada puede hacerse sin pruebas.
Dicen las viejas lenguas: no hay peor enemigo que el herido y sobreviviente. Así que ya sabrán a que atenerse cuando, en su calidad de carniceros de hoy se conviertan en las reses de mañana. Es importante, ni duda cabe, la recuperación de dinerito, pero más saludable será conocer hacia dónde van a encauzar ese rescate y, sin generalidades, comprobadito con realidades. El PRI está de plácemes y avanza en sus intentos de recobrar territorio. Hay gente muy joven dispuesta a respetar el viejo proverbio: sentarse en el quicio de la puerta a esperar ver el cadáver del enemigo pasar. Mientras el momento llega nada como disfrutar del poder.
DE LOS PASILLOS
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, repitió sus advertencias de que EU está dispuesto a abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no se resuelven problemas clave. Antes del inicio de una quinta ronda de conversaciones para modernizar dicho acuerdo comercial, el funcionario estadounidense dijo que México y Canadá sufrirían mucho más que Estados Unidos si el pacto se acaba.
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