Para Regina
A cinco años, la misma impunidad
Por Aurelio Contreras Moreno
Era cuestión de tiempo para que los integrantes del círculo cercano del duartismo, acorralados por sus corruptelas, comenzaran a desollarse entre sí, sacando a la luz todo lo que se saben, ante la inminente caída de la guillotina sobre sus cabezas.
Tres años se tardó la ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colío, en sacar las garras y contraatacar abiertamente a su sucesor en el mismo cargo, Alberto Silva Ramos, responsabilizándolo de la filtración de información en torno de los malos manejos de los recursos en la oficina que ambos encabezaron y sacando a la luz algunas de las cosas que siempre supo sobre el comportamiento del grupo político del que formó parte y que en su momento, avaló.
Torvo y timorato como es, Silva hizo como que el golpe no fue cosa suya, mientras crecía la controversia de dimes y diretes entre quienes tuvieron la responsabilidad de la imagen no sólo de Javier Duarte durante su sexenio, sino de todo el Gobierno del Estado de Veracruz, con los resultados que todos conocemos.
Pero la razón de fondo de ese intercambio de podredumbre es la certeza de que van por ellos. De acuerdo con lo publicado por el portal Animal Político, la Fiscalía General del Estado tiene abiertas tres carpetas de investigación contra Domínguez Colío y Silva Ramos por el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social, dinero del que no existe soporte documental que compruebe en dónde y por qué se gastó.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que en el caso de Gina Domínguez, la ex funcionaria estatal y todavía presidenta de la Fundación Colosio Veracruz fue citada a declarar por la Fiscalía General del Estado, aunque no dio mayores detalles.
Fue una práctica común del gobierno duartista comprar conciencias, espacios y plumas durante las gestiones de Domínguez y de Silva. El gasto documentado de 2010 a 2014 en materia de difusión del gobierno estatal supera los ocho mil millones de pesos. Un derroche descomunal que no sirvió absolutamente para nada. Simplemente a partir de la “efectividad” de su trabajo, que está a la vista, puede comenzar a juzgarse el desempeño de ambos de ex funcionarios.
La más vulnerable de los dos es Gina Domínguez, pues no cuenta con fuero que la proteja de una posible acción penal en su contra, a diferencia de Alberto Silva, quien por lo menos de aquí a que concluya su periodo como diputado federal no tendrá de qué preocuparse, pues su partido, el PRI, no permitirá que lo desafueren si llegara a solicitarse, como quedó demostrado con el caso de Tarek Abdalá. Pero el fuero no es eterno.
Lo que sí tiene Gina Domínguez, y en abundancia, es información, la cual podría usar para hundir a más de uno y que no se tentaría el corazón en entregar en caso de serle preciso. No sería la primera de los duartistas en hacerlo, y muy probablemente tampoco la última.
De lo que no hay duda es que ambos, Silva y Domínguez, tienen responsabilidades, posiblemente de tipo penal y seguramente de corte deontológico, que enfrentar. El uso indiscriminado, abusivo y discrecional de los recursos, su enriquecimiento ostensible e injustificable, la proliferación y pago a empresas mediáticas que luego resultaron ser de su propiedad, así como la corrupción que alentaron en el medio periodístico en el estado de Veracruz, además de ominosa, ruin y despreciable, es imposible de ocultar.
La responsabilidad es compartida. Y el juicio de los veracruzanos sobre ellos, también.
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