Lilia Arellano
“Un rico es diferente al que no lo es; tiene más dinero”: Ernest Hemingway
• Gira del adiós
• Reestructuran a la inútil y cara “CIA Totonaca”
• Empieza destape de candidatos a gobernadores
• Riqueza extraordinaria contra pobreza extrema
• Grupos bancarios elevan ganancias nuevamente
• Con grados de pobreza vive 75 % de municipios
• Cancún: temporada 2 de la serie Paraíso Violado
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2017.- Con bastantes meses de anticipación, Enrique Peña Nieto está realizando su gira de despedida. Entrega premios, reconoce a sus funcionarios, habla de resultados no visto durante este mandato y los dos anteriores, evita hablar de inseguridad, de muertos, de desaparecidos, se hace el sordo y se muestra molesto si, como hizo la senadora Layda Sansores, alguien se atreve a poner en entredicho sus afirmaciones. Tal vez no sea muy notorio en Año de Hidalgo, por lo menos en la recaudación de retirada de los funcionarios, y la razón es muy simple: han saqueado durante más de cinco, desde la campaña y, por lo tanto, si se le suma a las fortunas recibidas a manera de comisión, lo recolectado en el futuro se dedicará casi íntegro a lograr el triunfo de JAM.
Entre ceremonia de fin de mandato y evento social, el mexiquense palomea candidatos a gobernadores, atiende recomendaciones de aquellos cuyos servicios prestados los hacen asegurar posiciones, tanto personales como para la familia. Al Talibán Murat le pagaron la creación del Pacto por México haciendo a su hijo mandatario de Oaxaca. Sacar al PRI del hoyo y lograr la candidatura de Peña Nieto fue liquidado dejando a Humberto pusiera como sucesor a su hermano Rubén Moreira y, a éste último, le permitieron la comisión de semejante fraude a cambio de un vergonzoso silencio, porque esa pareja tiene para decir y mucho, tanto en lo oficial como en los renglones de exportación de estupefacientes. El siguiente junior en ascender, dicen, será Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa, la ex pareja de Manlio Fabio Beltrones, el yucateco sobreviviente de todos los gobiernos.
Tal vez no alcancen a llegar los destapes a la próxima semana y algunos aprovechen anticiparse. En el caso de Yucatán, Gamboa estaba cierto de acompañar hasta el próximo día 14 al Ejecutivo federal en su decisión para nombrar candidato. Sin embargo, el último día en el cual vio a Meade fue un domingo 5 de noviembre cuando solitos comieron y la participación tan anunciada para la elección se cerró. Lo cual no necesariamente quiere decir no atenderá la recomendación hacia su hijo pero la delantera mostrada por Jorge Carlos Ramírez Marín y el pago pendiente de factura por el triunfo en el Estado de México también pesan. Otro junior va para Chiapas: Roberto Albores, y sorprendentemente encontraron a otro Meade, éste en Morelos y será, de comprobarse el parentesco, el primer ejemplo de nepotismo y en plena campaña.
Arturo Zamora, parejota de “Clavillazo” Ochoa Reza en todas sus giras por el país, dizque para entrar en contacto y conocer a los dueños de los medios de comunicación –lo cual no significa reuniones con la prensa-, se ganó sin pasar baranda la dirigencia del cadáver cenopista para de ahí pegar el salto a la candidatura jalisciense. Si con anterioridad el tricolor buscaba un modelo, cierta similitud entre sus candidatos a fin de dar la apariencia de mantener un solo ritmo, mismos objetivos y disciplina hacia el Ejecutivo federal –recordemos las nominaciones de los jóvenes de cola corta o antes la de los empresarios emprendedores de la mediana edad-, hoy resaltan el pago de facturas, la liquidación de compromisos y la garantía de cerrar con broche de oro complicidades desde las cuales pueda, en su momento, mantenerse el tejido de la impunidad.
Si eso fuera todo, no estaríamos tan mal. Pero resulta que así como a las calladas acordaron lo del módulo migratorio gringo en el AICM, presentaron a la “CIA Totonaca” llamada Agencia Criminal de Investigación, cuyos resultados, como ha podido observarse, son nulos. Pero, como apenas si fue un primer paso para cumplir otra exigencia del vecino del norte, el encargado del despacho en PGR, Alberto Elías Beltrán, siempre tan dispuesto para cumplir cualquier orden y de ello en su corta permanencia ha dado muestras ejemplares, como la corrida de Santiago Nieto, o el asalto a las cajas de seguridad ubicadas en el inmueble de la First National Security, o la tapadera del caso Odebrecht y, por ende, el manto para cubrir a Emilio Lozoya, dio lectura al decreto presentado y firmado el día 4 del actual por el cual se le hacen adecuaciones a la mentada e inútil Agencia.
Desde el 25 de septiembre del 2013 crearon esta Agencia y sus responsabilidades son planear, coordinar, supervisar y evaluar las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo, a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de delitos. Bueno, eso dice el papel, la realidad marca un cero, cero, bongosero. No contentos con semejante pifia, ahora resulta los dotaron de unidad administrativa para crear políticas institucionales en materia de drogas acorde a estándares internaciones así como seguimiento de sus resultados u efectos, a fin de cumplir con los compromisos internacionales del Estado en materia de drogas. Es, como ha sido, para la pantalla exterior y nada más.
Les queda permitido organizarse como quieran y puedan; recursos suficientes provenientes de otras áreas para llevar a cabo política de drogas, investigaciones cibernéticas, operaciones tecnológicas, de alto impacto, capacitación y talento humano. Quien resulte el nuevo director tendrá un adjunto y ambos aplicarán criterios y están facultados para sellar acuerdos con estados y municipios. Se constituye esta Agencia en una oficina supervisora de todas las policías, podrán diseñar e implementar operaciones especiales que permitan la ubicación de objetivos en investigaciones de alto impacto social.
Como se observó, esta Agencia funciona desde hace más de 4 años y al frente ha estado Omar [García Harfuch hijo de Don Javier García Paniagua y nieto del general García Barragán), por lo que a más de uno le entran dudas sobre los nulos resultados, y otros señalan ha sido parte de la labor a emprender relacionada con el combate a las drogas, la serie de abusos y violaciones a la ley cometidas por los de la SEIDO, de donde surge la AIC, en Cancún, en lo relacionado con las cajas de seguridad. Y es que ya estuvo don Omar relacionado con bandas criminales, también por la posesión de propiedades e incluso la PGR le abrió una carpeta de investigación.
Los días por venir y la nada tranquilizante puesta en marcha de Agencias como la descrita, aunado a la aprobación de leyes dizque ligadas a la seguridad en tiempos electorales, hace prever un escenario más que difícil, altamente peligroso.
ESTERTORES DEL SEXENIO
Durante el último tramo de la administración federal actual, México está muy lejos de convertirse en una potencia económico o, al menos, en el rubro de la producción y exportación de alimentos, como lo adelantó el presidente Enrique Peña Nieto. La realidad es más descarnada: el mexiquense realiza una gestión al servicio del capital financiero internacional, quienes registran ganancias estratosféricas e históricas, ejecutó reformas para trasladar la riqueza nacional a corporaciones privadas, principalmente extranjeras, y deja un país sumido en la pobreza, donde predomina la corrupción y la violencia, cuyos costos llegaron a 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La ola de violencia e inseguridad incide decididamente en la actividad económica. “Vamos a tener que invertir más en seguridad para bajar esos índices de inseguridad tan elevados y también vamos a tener que invertir más en todo nuestro proceso de Estado de derecho, su institucionalización y eso requiere de recursos”, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tras una reunión con el aprendiz de canciller, Luis Videgaray. En tanto, en la Cámara de Diputados, en la sesión de este jueves, los legisladores demostraron su desinterés para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, pues no hubo más de cincuenta legisladores, quienes se dieron cita para escuchar los posicionamientos políticos respecto a lo realizado por el Legislativo en la materia.
Quienes han salido ganando en esta gestión federal, sin duda alguna, son los grupos financieros, mayoritariamente trasnacionales. En tan sólo diez meses, de enero a octubre de este año, la banca con operaciones en el país acumuló utilidades netas por más de 110 mil 433 millones de pesos, 22.3 por ciento más a las de igual lapso de 2016 y una proporción la cual supera en 10 tantos el mediocre crecimiento de la economía en tres trimestres del presente años, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tres cuartas partes de las ganancias fueron obtenidas por cinco instituciones, mientras otras 43 se repartieron el resto.
En el periodo de referencia, BBVA Bancomer ocupó el primer lugar en ganancias, con 32 mil 417 millones de pesos, lo cual representa el 29.35 por ciento de las generadas por el total del sistema. Banorte se ubicó en segundo lugar con utilidades por 15 mil 33 millones de pesos, 13.61 por ciento del total. En tercer sitio, Santander con utilidades por 14 mil 233 millones de pesos, 12.89 por ciento del total. Le sigue Citibanamex con utilidades por 12 mil 641 millones de pesos, el 11.45 por ciento del total. Y en el quinto puesto, Inbursa, con 8 mil 514 millones de pesos. Estos cinco bancos sumaron utilidades por 82 mil 838 millones de pesos, los cuales representan 75 por ciento de las generadas por el conjunto de las instituciones de crédito operando en el país.
El lado opaco de esta brillante moneda es la creciente pobreza de la población mexicana. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó el 75 por ciento de los municipios del país reportan un grado de pobreza la cual afecta a entre 50 y 100 por ciento de su población. En 190 municipios del país, más del 95 por ciento de la población vive en situación de pobreza, de acuerdo con las evaluaciones del Coneval. En Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, la proporción llega a 99.9 por ciento.
De acuerdo a los resultados de la Medición de Pobreza Municipal 2015, la mayoría de las demarcaciones con altos porcentajes de población con carencias sociales se concentran en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En total, son mil 840 municipios (75 por ciento de los 2 mil 457), donde más de la mitad de los habitantes está en ese nivel de carencia. Y de los 15 municipios con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema, 5 se encuentran en el Estado de México, siempre gobernador por el PRI: Ecatepec, con 90 mil; Chimalhuacán, con 72 mil; Toluca, con 55 mil; Ixtapaluca, con 44 mil; y Valle de Chalco, con 42 mil.
De acuerdo con el Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, ya sea en acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación, y si su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica.
Acapulco, Guerrero, se encuentra entre las demarcaciones del país con el mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema. En ese municipio, el cual enfrenta una crisis de seguridad, viven 93 mil 513 personas en dicha condición. De acuerdo a la reciente medición del Coneval, Chilón, Chiapas, y Ecatepec, Estado de México, se ubican en segundo y tercer lugar con más población en pobreza extrema, con 90 mil 526 y 909 mil 438, respectivamente.
El municipio más pobre del país es Santos Reyes Yucuná, en la región mixteca de Oaxaca. El 99.9 por ciento de su población está en esa condición. Además, el 97.4 por ciento de sus habitantes se encuentra en el umbral de la pobreza extrema, es decir, tiene más de tres carencias sociales y no dispone de ingresos para comprar la canasta alimentaria básica.
De acuerdo con el informe del Coneval, los municipios que en 2015 tuvieron los mayores porcentajes de población en situación de pobreza fueron: Santos Reyes Yucuná, Oaxaca; Santa María Zaniza, Oaxaca, con 99.7%; Aldama, Chiapas, con 99.5%; Chanal, Chiapas, 99.5%; San Juan Cancuc, Chiapas, 99.5%; San Andrés Duraznal, Chiapas, con 99.4%; San Juan Ozolotepec, Oaxaca, 99.4%; Nicolás Ruiz, Chiapas, 99.3%; Coicoyán de las Flores, Oaxaca, 99.3; San Simón Zahuatlán, Oaxaca, 99.3%; Cochoapa El Grande, Guerrero, 99.3% ; Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca, 99.3%; Chalchihuitán, Chiapas, 99.2%; Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, 99.2%; y San Miguel Tilquiapan, Oaxaca, 99.1%.
La mayoría de los mexicanos (68%) considera la vida actual es peor que en 1967. Los bajos ingresos y las pocas oportunidades de educación son las razones de esta situación de acuerdo a un sondeo global de Pew Research Center (PWC).
Junto con Venezuela, México encabeza la lista de un total de 38 países donde los ciudadanos muestran más pesimismo sobre su progreso respecto a hace medio siglo. En Venezuela el 72% asegura estaban mejor en 1967. En el conjunto de países de América Latina, más de la mitad de la población considera su situación es peor ahora que hace cinco décadas.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN ATORADO
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha logrado ponerse en funcionamiento debido a la falta de nombramientos y de conformación de los sistemas locales. A la fecha ningún estado ha constituido plenamente su Sistema Local Anticorrupción (SLA), a pesar de que debían estar listos desde julio pasado.
Uno de los causantes directos de esta situación es el propio gobierno federal, a quien no conviene un sistema anticorrupción independiente y autónomo. Esta falta de voluntad política por parte del titular del Ejecutivo federal se refleja en el trabajo legislativo. En el Senado de la República, la falta de consensos entre los distintos partidos obstaculiza el nombramiento del fiscal en la materia y de los jueces especializados que sancionarán los delitos anticorrupción.
Un acuerdo entre las bancadas del PRI, PAN y PRD se alcanzó en diciembre pasado para nombrar al fiscal anticorrupción, pero se cumple un año y los disensos prevalecen. Además, en abril pasado, el presidente Peña Nieto envió las propuestas de 15 magistrados que integrarán la sección tercera con cinco salas especializadas para atender y resolver los procedimientos administrativos sancionadores, por delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y/o particulares.
En el mes de julio se publicó la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA), la cual considera nuevas facultades para el tribunal en la Ley General del Sistema Anticorrupción y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Las propuestas del titular del Ejecutivo se encuentran en la “congeladora” de las comisiones de Hacienda y Justicia, pues la disparidad de criterios y sobre todo la protección de intereses particulares impide un acuerdo entre los partidos para sacar adelante esos nombramientos.
La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa implica una pieza importante para combatir la corrupción en todos los actos que puedan ser demostrados por la Auditoría Superior de la Federación, como el uso indebido de recursos públicos, ilegalidades en las licitaciones y adquisiciones de obras públicas, así como utilización indebida de información o conflicto de interés. Los magistrados están facultados para imponer sanciones que van desde la suspensión o destitución del empleo, económica o inhabilitación temporal para las infracciones cometidas por servidores públicos.
CNDH CONTRA LEY DE SEGURIDAD
Ante el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ombudsman Luis Raúl González rechazó la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, el cual se le otorgó a Miguel Álvarez Gándara. Llamó a los legisladores federales a elaborar leyes basadas en derechos humanos las cuales solucionen de fondo el problema de inseguridad en México.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) subrayó: “el fortalecimiento institucional y la certidumbre que se busca para nuestras fuerzas armadas, así como la certeza que se pretende en sus relaciones con la sociedad civil, no se logrará con una ley como la que actualmente se debate… Limitar nuestras opciones al despliegue reactivo de las fuerzas armadas, bajo la denominación que se le pretenda dar, sólo podrá atender los síntomas, más no dará una solución de fondo”.
González criticó: la legislación tiene diferencias conceptuales sobre la “seguridad interior”, por lo cual urgió una reflexión seria sobre el tema. También consideró la revisión de la estrategia de seguridad y justicia debe tener en su centro la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las policías. Asimismo, dijo debe propiciarse el retorno gradual de las fuerzas armadas a los cuarteles, a fin de que su lugar lo tomen las policías civiles.
A su vez, Miguel Álvarez Gándara, director del colectivo Servicios y Asesoría para la Paz, también se manifestó en contra de la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior y le solicitó a la CNDH que, en caso de ser avalada, presente una acción de inconstitucionalidad. En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, se manifestó por reformular la estrategia de seguridad vigente desde hace una década, basada en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
También un grupo de especialistas internacionales en temas de derechos humanos manifestó su inquietud ante la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en el Senado de la República, por considerar dicha norma significa un “grave riesgo” para las garantías individuales.
En una carta conjunta, Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre la Tortura; Ariel Dulitzky, ex integrante y presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Christof Heyns, ex relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, expresaron su “profunda consternación” por el proyecto de LSI, el cual ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
“La intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad en el país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”, subrayaron los especialistas.
DE LOS PASILLOS
Dio inicio la segunda temporada de la serie PARAISO VIOLADO con el traslado de las cajas de seguridad anteriormente resguardadas en el inmueble de FNS. De noche, tal y como sacaron los VIP sus pertenencias multimillonarias, se llevaron las bóvedas, supuestamente, al bunker de la PGR. Se cita: supuestamente, porque pese a la llegada de más de 70 usuarios al lugar a ninguno le fueron entregadas sus pertenencias. La cadena de mentiras siguió su curso: se han llevado sólo las ligadas a los expedientes de la delincuencia, afirmaron al tiempo de señalar deberían marcarse unos números telefónicos para obtener una cita y de inmediato les entregarían los valores.
De los dos números marcados para esta obtención, solamente uno era válido, el otro no y las causas son desconocidas. Una veintena tuvo éxito y logró ser citado a partir de las 9 y media de la mañana de ayer, al resto los llevaron a un calendario cuyo último día para esta acción es el 21 de diciembre. Se dijo se redujo el número de ministerios públicos y solamente quedaron aquellos que juzgaron terminarían una labor de revisión inexplicable, de señalamientos ofensivos, de entrevistas y trato de delincuentes a ciudadanos cuyo objetivo ha sido recuperar sus pertenencias. Como en las canciones infantiles, de los 20 que ahí estaban ninguno salió con lo depositado en las cajas. Les dijeron, después de más de 40 minutos de permanecer sentados frente al escritorio del MP, les llamarían por teléfono para indicarles a qué hora del próximo martes ya estarían listas sus pertenencias. El motivo: están revisando en México la documentación comprobatoria de sus bienes y desde allá darán la autorización de entrega.
Otros tuvieron como fecha de entrega los próximos 10 días y no se detuvieron con las mismas y añejas peticiones de documentación probatoria de cada prenda. A esto se suma ya se tienen los nombres de aquellos despojados de parte de sus bienes: dinero, centenarios, dólares, anillos, esclavas, un brillante de muy alto valor, añadiendo la solicitud de entregar un porcentaje del efectivo guardado a cambio de obtener todo lo ahí puesto. Se sabe, por voz y declaración propia de quienes aceptaron este soborno y de quienes siguen en el calvario por su negativa.
Este drama no visto en ninguna otra parte del mundo y menos aún con la saturación de violaciones a la ley, a los derechos humanos, los abusos, las mentiras, los atropellos, el mal trato –por cierto ahora son tan amables que caen en el extremo opuesto pero, al final, Juan te llamas y siguen con las manos vacías-, el robo, constituye material para una serie dramática en donde se conjunta el poder absoluto, el ejercido desde la más alta jerarquía, los temores y las traiciones de las mafias gubernamentales, la corrupción, el chantaje y, por supuesto, salen a relucir los protegidos, los aliados, los intocables.
Se prepara una demanda en forma, conjuntamente con denuncias por robo y daños al buen nombre de las personas al ser estas señaladas en medios de comunicación, por filtraciones de la SEIDO. Ahora que si la mentira se castigara habría más de una sentencia a cadena perpetua impuesta al encargado del despacho, al responsable de la SEIDO y a los jóvenes ministeriales a quienes por cierto, les están arruinando la carrera…
Al escribir estar líneas se analizaban las propuestas de las corrientes del PRD para presidir a ese partido, a fin de elegir al sustituto de Alejandra Barrales. Por el bloque de Nueva Izquierda, Iniciativa Galileos y Foro Nuevo Sol va el ex diputado y ex coordinador parlamentario, Miguel Alonso Raya. En tanto, Royfid Torres González es la propuesta de las corrientes Alternativa Democrática Nacional, Vanguardia Progresista e Izquierda Democrática Nacional, y una parte de Foro Nuevo Sol. Los dos bloques se encontraban empatados en número de consejeros, por lo cual se esperaba una negociación para presentar una fórmula única de presidente y secretario general.
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