Este martes 18 de agosto, los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán, en nombre de su grupo parlamentario, presentaron una solicitud de demanda de juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
En su escrito, entregado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, los legisladores perredistas señalan que “de 2010, año en que Javier Duarte de Ochoa asumió el cargo de gobernador del estado, a la fecha se han documentado por la prensa y por organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos, 140 agresiones a periodistas en la entidad, incluidas 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 18 amenazas, 15 actos de intimidación o presión, seis desplazamientos forzados, cuatro desapariciones, tres secuestros y 14 asesinatos, y dos asesinatos más de corresponsales de un diario veracruzano que se realizaron en la frontera entre el estado de Veracruz y Oaxaca, sin que en la mayoría de los casos se haya investigado ni mucho menos sancionado a los responsables por las autoridades ministeriales y judiciales con la efectividad, profundidad y dedicación que ameritan. El propio gobernador ha contribuido con sus declaraciones a sembrar la violencia; por decir lo menos, mediante amenazas veladas y advertencias”.
Los legisladores federales también destacan en su demanda de juicio político “el manejo indebido de recursos públicos federales en materia de seguridad pública por parte del Gobernador de Veracruz”, el cual “ha contribuido directamente al estado de inseguridad que priva en la entidad”. Y hacen referencia a las irregularidades detectadas y denunciadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, como que al 31 de diciembre de 2013, Veracruz no había ejercido 70.8 por ciento de los recursos transferidos a los rubros de seguridad pública y, en cambio, “se transfirieron 114 millones de pesos a cuentas no autorizadas provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública en materia de mando policial, mismos que se encontraban destinados a la capacitación de policías, aplicación de exámenes de control de confianza y compra de material y equipo”.
Mencionan también que de acuerdo con el Observatorio de las Finanzas Públicas de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública estatal arrastra un subejercicio del orden de más de 15 mil millones de pesos en total, lo cual indica, de acuerdo con los diputados del PRD, “que los recursos federales y estatales no fueron ejercidos para garantizar los fines de la seguridad pública, con ello el Gobernador del Estado de Veracruz provocó que los gobernados se hayan quedado en estado de indefensión en torno a su seguridad personal y ocasionando perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho. El Gobernador del Estado de Veracruz incumple con lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, restringiéndolos de hecho, al permitir el incremento de los índices delictivos al pasar de 30 mil 868 delitos del fuero común denunciados en la entidad a un aproximado de 37 mil delitos denunciados”.
En el resto de su demanda los diputados perredistas aluden específicamente al exilio y asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, de cuyo crimen responsabilizan a Javier Duarte por haber “cometido graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Veracruz, al no garantizar el derecho a su seguridad personal y al no cumplir con las respectivas obligaciones del gobernador para garantizarlo, en particular de quienes se dedican a la actividad periodística”.
“El gobernador del Estado de Veracruz violó las leyes federales en materia de protección de las víctimas, de periodistas, de seguridad pública y ejercicio de los recursos federales. Por todo ello la Cámara de Diputados debe iniciar juicio político en su contra”, cierra el texto de la demanda contra Duarte de Ochoa.
No hay absolutamente nada que permita siquiera suponer que Javier Duarte vaya a ser realmente sometido a juicio político. Su partido y sus aliados no lo permitirán, ni en ésta ni en la siguiente Legislatura.
Pero al menos alguien se atrevió a “ponerle el cascabel” al gobernador y a señalar lo que ha sido evidente desde hace mucho y que representa la verdadera responsabilidad de Javier Duarte, así como la tragedia de su sexenio: la debacle de la seguridad en Veracruz.
Ese juicio, como mencionamos con anterioridad, ya lo perdió el gobernador.
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