En una publicación realizada el día de ayer por Zona Free, se señala a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de desatar una nueva ofensiva mediática contra el exgobernador Javier Corral, utilizando medios financiados con recursos públicos para acusarlo de supuestas faltas administrativas y defraudación fiscal.
Esta estrategia buscaría desviar la atención de la reciente liberación de César Duarte, exgobernador también acusado de corrupción.
En la investigación se indica que los medios encabezados por «El Diario», en una acción coordinada, publicaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal notificó a Corral sobre el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Esta ofensiva mediática ocurre justo después de que la gobernadora y el Poder Judicial fueran criticados por su presunta complicidad en la liberación de Duarte tras las elecciones del 2 de junio.
De acuerdo con ZonaFree, la campaña contra Corral se basa en dos denuncias presentadas en 2022. La primera, presentada en febrero por el diputado local Omar Bazán, solicita investigar la compra de un terreno.
La segunda, presentada en mayo por el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusa a Corral de defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones. Según la SFP, Corral no declaró un inmueble del cual se conduce como dueño, lo que constituye una falta administrativa grave.
A finales de junio, Campos Galván nombró a Roberto Javier Fierro Duarte, su exsecretario particular y exfiscal general del estado, como secretario de la Función Pública, en sustitución de María de los Ángeles Álvarez Hurtado. Fierro Duarte, quien previamente fungía como director jurídico de la Secretaría de Hacienda, ahora tiene como objetivo tapar los actos de corrupción de la gobernadora y perseguir a sus adversarios políticos.
Osiel Torres Molina, subsecretario de Fiscalización de la SFP estatal, también está implicado en la persecución de Corral. Torres Molina fue cómplice en la Operación Safiro en 2016, falsificando documentos para simular la prestación de servicios en el desvío de 246 millones de pesos del erario por parte de César Duarte hacia campañas del PRI.
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