Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Todo el que aspira a avasallar a sus semejantes, se ve obligado a ser impostor y sanguinario”: Federico II
● Gobernadores y “corcholatas” contra el Poder Judicial
● Férrea defensa de la SCJN a jueces y división de poderes
● Corrupción enraizada en 4T, ahora en contratos del IMSS
Ciudad de México, 15 de agosto de 2023.- Al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación se le atraganta la división de poderes. Desde su segundo año de gestión, el presidente López Obrador intenta avasallar y dominar al Poder Judicial pues no le agradan sus determinaciones, dictámenes y órdenes porque van en contra de sus deseos personales. Primero lo intentó con la ampliación en el periodo de un presidente “carnal” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar. No pudo. Ahora y desde hace varios meses sigue emprendiendo contra los togados amenazándolos con el envío de una reforma constitucional para elegirlos “popularmente” y, por vía de mientras, con ataques carroñeros a los cuales agrega el recorte a su presupuesto por 25 mil millones de pesos.
Ya se dio cuenta el tabasqueño de la pérdida de poder, de la disminución en el efecto de sus órdenes y agresiones, tan es así que, a diferencia de antaño, cuando él solito podía, ahora mandó a los gobernadores morenistas y a sus “corcholatas” a seguir machacando para debilitar al Poder Judicial de la Federación, pues no le gustan sus órdenes, las últimas son la suspensión de la distribución de libros de la SEP en Chihuahua y la suspensión definitiva en donde se ordena al mandatario abstenerse de atacar a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición y quien encabeza hasta el momento todos los sondeos para ser la abanderada del Frente Amplio por México, para iniciar el camino de los comicios federales del próximo año.
Respecto a los libros de texto, no sólo es Chihuahua. De hecho suman 7 entidades en donde no los distribuirán: Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Coahuila. Ante esto, AMLO mandó la semana pasada a las gobernadoras, gobernadores y jefe de gobierno de CDMX a acusar a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y a la derecha mexicana de oponerse a la distribución de los libros de texto gratuitos. En un posicionamiento político, señalaron: “Con relación a la polémica generada por los contenidos y errores que han sido señalados como la causa para impedir la distribución de los libros escolares, los morenistas atribuyeron la postura a que los opositores quieren que la sociedad y el gobierno pasen por alto aquellos pasajes nefastos de la historia…”.
En su mañanera, López Obrador anunció –como si hiciera un favor- su gobierno acatará la orden del ministro de la SCJN Luis María Aguilar–a quien calificó como “deshonesto”- y suspenderá la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua. Aprovechó el foro palaciego para seguir atacando a quiénes no concuerdan con su administración: calificó de “reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván (PAN) –a quien no pudo vencer en las urnas- por haber presentado la controversia ante el Máximo Tribunal para impedir la distribución de estos libros en esa entidad. Y al ministro Luis María Aguilar de “deshonesto” porque ordena no se distribuyan, buscando dejar sin libros de texto a los niños y los estudiantes de Chihuahua”.
AMLO aseguró que la campaña en contra de los nuevos libros de texto de la SEP por parte de la oposición es debido a que vienen las elecciones federales de 2024 y “ya están queriendo manipular” a la población mexicana, cuando fue él quien adelantó el proceso de elección del candidato presidencial de Morena y la oposición lo imitó con un proceso similar en el Frente Amplio por México (FAM), quien tendrá primero su abanderado antes que la “corcholata” designada por la encuestadora única de la 4T, es decir, el dedo de López Obrador, pues las encuestas pagadas y hoy publicadas nuevamente por el régimen de la 4T sólo reflejan los deseos del cliente, es decir, el gobierno federal.
Sobre la restricción para ya no atacar a Xóchitl Gálvez, a quien por cierto desde sus mañaneras le está haciendo más fácil su campaña presidencial, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, solicitó a AMLO, por tiempo indefinido, dejar de atacar a la senadora panista. También prohibió a las autoridades hacendarias difundir su información fiscal, bancaria o empresarial. El juez federal otorgó la suspensión definitiva en el amparo promovido por la legisladora del PAN el 17 de julio, debido a la exhibición hecha por el jefe del Ejecutivo federal de información de sus empresas También señaló a la panista por recibir contratos por más de mil 400 millones de pesos por medio de sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.
Acusación no comprobada y por tanto, hasta ahora, falsa. El expediente judicial refiere: “Se concede la suspensión definitiva para los efectos y motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese; y electrónicamente a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita”. El juzgador enfatizó la medida cautelar, prevalecerá por tiempo indefinido mientras se resuelve el amparo. Remarcó se deben eliminar de las redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook, entre otras, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones así como contenidos audiovisuales en los cuales se alude a la aspirante presidencial del FAM.
Desde el arranque del 2020 y, sobre todo, cuando fue rechazada su propuesta de reforma y el “Plan B” electorales por el Poder Judicial de la Federación, el presidente amenazó a los magistrados y jueces con una reforma constitucional de gran calado, pero imposible de llevarla a cabo en este momento porque no cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión, anunciando la presentará para la próxima legislatura.
Según el tabasqueño, el Poder Judicial enfrenta problemas estructurales que van más allá de los jueces, magistrados y ministros, por lo tanto se requiere una reforma profunda abarcando la enseñanza de los abogados, quienes, sostiene, deben ser formados en el “humanismo”. Esto, destacó, “estaría inserto en una reforma del estado propiamente, porque sólo se han realizado cambios en el Poder Ejecutivo para evitar la corrupción”, la cual, por cierto, se ha enraizado en el círculo familiar, político y administrativo del actual inquilino de Palacio Nacional a través de la adjudicación de contratos directos.
AMLO repite una y otra vez “no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo”, luego de la invalidación del “Plan B”. Desde el pasado 10 de mayo adelantó será en septiembre del próximo año –un mes antes de que concluya su mandato- cuando presentará una iniciativa constitucional para reformar al Poder Judicial a fin de lograr los ministros sean electos con el voto popular, lo cual es una soberana tontería como se lo señalaron juristas, constitucionalistas y expertos en derecho.
Esa reforma constitucional es parte de su llamado “Plan C”, es decir, no únicamente ganar las próximas elecciones presidenciales, sino conquistar todo el Poder Legislativo con mayoría calificada (334 diputados y 96 senadores) y así aprobar su iniciativa sin necesidad del voto de la oposición. Todo el poder para AMLO. El mandatario criticó “se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedica a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”.
Además del intento de reformar el Poder Judicial a su entera satisfacción, el primer mandatario instruyó a su bancada en la Cámara de Diputados recortar su presupuesto. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó, de cara al análisis y discusión del Paquete Económico 2024, su grupo parlamentario hará una revisión minuciosa del gasto ejercido por el Poder Judicial de la Federación, en el cual, enfatizó, detectaron sus diputados gastos innecesarios de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos. Mier, diputado por Puebla, precisó: dentro de este rubro de gastos superfluos hay una partida de 3 mil millones de pesos –en un fideicomiso- destinados a reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de Distrito, y la revisión de 14 escoltas que tienen los carros blindados de cada uno de los integrantes y que se extienden en algunos casos para algunos jueces y magistrados de Distrito.
De igual forma, agregó, se revisarán los organismos constitucionalmente autónomos sobre los recursos carentes de relación directa para el cumplimiento del propósito por el que fueron creados. Aclaró, esto no tiene que ver con el gasto de los recursos destinados al desarrollo del objetivo principal del Poder Judicial: garantizar la administración de justicia en México de un millón 200 mil asuntos que ellos revisan. “Hay que acabar con la burocracia dorada que se niega a desaparecer en el Poder Judicial de la Federación”.
La “corcholata” hermana y opulenta, Adán Augusto López Hernández, desde meses atrás cumple las órdenes de AMLO y ataca al Poder Judicial. En las últimas semanas criticó las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “hay manipulación e intereses oscuros”. El aspirante morenista a la Comisión Nacional de Defensa de la Transformación, un escalón previo a la abierta postulación a la candidatura presidencial de Morena, señaló la semana pasada en su asamblea informativa 123 en la alcaldía de Iztapalapa de la CDMX, se manipularon los argumentos para censurar al presidente López Obrador al negarle la posibilidad de dirigirse a Xóchitl Gálvez, aspirante del bloque opositor, por supuestamente incurrir en violencia política de género.
Ante este furioso embate de AMLO y el régimen de la 4T, la defensa del Poder Judicial la encabeza Norma Piña, magistrada presidenta de la SCJN, quien subrayó la labor judicial no debe tener nombre o apellido, y sostuvo que la voz de los jueces federales es colectiva, tras criticar los reproches del tabasqueño al juez Martín Santos por las suspensiones por violencia política de género. Frente al personal del 14 Circuito Judicial Federal en Mérida, Yucatán, la magistrada Norma Piña señaló: “Desgraciadamente para muchos, el Poder Judicial somos sólo los ministros.
En ocasiones incluye a los Consejeros y a algunos magistrados y jueces, cuyos rostros se exhiben en el intento por ponerle un nombre a la función jurisdiccional (…) Un poder del Estado no tiene nombre ni apellido. El Poder Judicial Federal somos todos y ninguno en particular. Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos. Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos actuales, a las personas que actualmente lo conforman. Sin embargo, hoy ustedes y yo con cada actuación, con cada determinación, con cada contacto ciudadano somos la voz del Poder Judicial Federal”. Y remató: “con voz judicial bordamos día a día, la confianza de la ciudadanía para que nos permita resolver sus conflictos con apego a derecho y respeto a la dignidad de las personas involucradas. No tenemos nombre y apellido, pero sí una misma voz”.
DE LOS PASILLOS
De mil maneras se comprueba que la corrupción está enraizada en el seno del régimen de la 4T, a través de la asignación directa de contratos de obras de los gobiernos federal y estatales. El último caso revelado está en el IMSS, institución encabezada por Zoé Robledo. Otorgó cuatro jugosos contratos por más de mil millones de pesos en asignaciones directas o licitaciones para favorecer a una empresa turbia, con domicilios fantasmas e incluso cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata del Grupo PM Soluciones o PM Soluciones, que no figura en el Registro Público de Comercio y en diversos contratos ha otorgado direcciones distintas, en las cuales no se encuentra ninguna actividad relacionada con la empresa. Un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre los contratos del sector público, detectó el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa o empresas de nueva creación o con domicilios fantasmas. El IMSS gastó 45% de su presupuesto en compras mayoritariamente sin competencia, equivalente a más de 70 mil millones de pesos. ¿Son para el “cochinito” de la campaña para el gobierno de Chiapas?
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