El Gobierno federal reconoció inconsistencias en la reforma constitucional impulsada para limitar las llamadas “pensiones doradas”, al detectar que contiene disposiciones contradictorias que impiden su aplicación simultánea.
En un oficio fechado el 9 de junio, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, advirtió que la modificación al artículo 127 establece, por un lado, que los salarios de los funcionarios en activo no pueden superar la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo fija que las pensiones deben limitarse a la mitad de ese monto.
“Ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente (…) en virtud de que la pensión se calcula, ordinariamente, a partir del salario o remuneración obtenidos durante la etapa laboral activa”, señaló la funcionaria en el documento.
Ante esta contradicción, el criterio adoptado fue privilegiar la continuidad entre el ingreso en activo y la pensión, por lo que el tope de 50 por ciento quedó sin efecto en la práctica, convirtiéndose en una disposición que no será aplicada.
De esta forma, las dependencias federales ya pagan pensiones con un límite equivalente al salario de la Presidenta, que asciende a 134 mil 290 pesos netos mensuales.
La reforma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso sin modificaciones, luego de que se exhibieran públicamente los ingresos de miles de jubilados de paraestatales y de la banca de desarrollo. En su momento, legisladores defendieron el tope al considerar que “no constituye una restricción arbitraria” y que garantizaba el principio de austeridad republicana.
La iniciativa para modificar el artículo 127 fue presentada el 3 de marzo por Claudia Sheinbaum. En ese momento, la Consejería Jurídica estaba a cargo de Esthela Damián, quien dejó el puesto el 30 de abril, cuando fue sustituida por Luisa María Alcalde.
