El gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, se encuentra en el ojo del huracán tras la orden judicial de repartir de inmediato miles de toneladas de alimentos que estaban depositados desde finales de noviembre pasado para comedores populares y barrios marginales. La medida llega después de que se descubriera que el gobierno mantuvo ocultos estos alimentos en depósitos del ministerio de Capital Humano, antes de Desarrollo Humano.
La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, amiga cercana del mandatario, se vio obligada a distribuir los alimentos tras el mandato judicial, luego de incumplir el plazo de 72 horas impuesto por el juez federal Sebastián Casanello. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en este proceso, dado que los alimentos fueron distribuidos con favoritismo hacia las provincias gobernadas por políticos de la alianza derechista Juntos por el Cambio, en coalición con La Libertad Avaza.
La situación tomó un giro inesperado cuando el ejército fue enviado para participar en la distribución, bajo la resolución de entregar los alimentos a la ONG Conin, dedicada a la protección de la infancia. Esta decisión generó controversia, ya que los militares carecen de experiencia en este tipo de tareas, y se denunció que el gobierno intenta privatizar la entrega de alimentos a pesar de tener información detallada sobre los comedores beneficiarios.
El gobierno de Milei se niega a reconocer las irregularidades encontradas por la justicia federal, que reveló discrepancias entre la cantidad de alimentos reportada por el ministerio de Capital Humano y la cantidad real encontrada en los depósitos después de la orden judicial. Según fuentes judiciales citadas por el diario digital Infobae, se descubrió que faltaban alimentos y que los productos vencidos no estaban presentes en los depósitos.
La dirigencia de Conin ha dejado claro que su función no incluye la distribución masiva de alimentos, y solo cuenta con centros en algunas provincias. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia y la equidad en la entrega de alimentos a los comedores y merenderos en todo el país.
El reparto desigual de alimentos, con una clara inclinación hacia provincias aliadas del gobierno, ha generado críticas y sospechas de motivaciones políticas detrás de esta decisión. Mientras que algunas provincias reciben grandes cantidades de alimentos, otras, como el densamente poblado conurbano bonaerense, reciben una proporción significativamente menor.
La situación se da en un contexto de creciente crisis económica y social en Argentina, con niveles de pobreza que superan el 55% según cifras del Observatorio de la Universidad Católica. El descontento social se refleja en los recientes paros y movilizaciones de docentes, estudiantes universitarios y trabajadores, lo que podría llevar a mayores protestas en el futuro cercano.
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