Los abuelos llegaron a contar que Daniel Webster, por el año de 1847, siendo un destacado estadista de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera contundente expresó: “Todo gobierno que no se apoya en las leyes es un gobierno despótico, llámese como se llame”.
En un pasado reciente y en plena época del neoliberalismo, quien esto escribe, concurrió con todos los protocolos que la ley mandata a las constancias procesales integrantes de una denuncia penal en contra de la narco-política y, desde ese añejo tiempo, la voz de incriminación se lamentaba profundamente que la Procuraduría General de la República actuase como comparsa de criterios que buscaban brindar impunidad a la narco-política, lo cual convertía a dicha institución ministerial en una marioneta de tan nefando poder.
Desde otrora se dijo que al sostener la autoridad tales criterios se trastocaba nuestro Estado de Derecho, por aceptarse –sin discusión- y con sumisiones denigrantes las consignas del Poder Ejecutivo Federal de aquél entonces.
Fueron varios los procuradores generales de la República que les importó “madres” el respetar nuestro Estado de Derecho, que como bien se sabe es el regulador y ordenador de la vida en común de México. Aquellos que se decían ser abogados de la Nación, sólo se dedicaron a violar de manera flagrante y descarada los principios torales de nuestra Suprema Ley al no haber querido indagar los acontecimientos que dieron génesis a la narco-política y no obstante ello, la abogacía independiente ha pugnado desde siempre para que el Poder Ejecutivo Federal y la propia Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía de la Nación, se subordinen a los estatutos que marca el Derecho, toda vez que la Soberanía de nuestro México, debe ser limitada objetivamente por las reglas que conforman ese derecho y que buscan por ende, el bien público.
Existe un parteaguas de todas las desgracias que ha sufrido nuestro México y no obstante ello, dichos ministriles de justicia no lo quisieron ni quieren indagar; debido a esos lamentables acontecimientos que dieron origen a la narco-política se violaron a porfía todas y cada una de las normas jurídicas, no solo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino incluso aquellas normas morales y éticas que debieron prevalecer en la clase gobernante.
Con base en esa moral trapacera de sórdidos intereses políticos y económicos se brindó y brinda impunidad al narco-político más importante de la historia nacional; desventurado que en ejercicio de sus funciones, se coludió con narcotraficantes para descender aviones con clorhidrato de cocaína en Territorio Nacional y, no sólo ello, sino que pretendió con su mal hacer responsabilizar al ilustre uniforme verde olivo de esas aberrantes conductas delictivas.
Fue lamentable y lo es actualmente que diversos abogados de la Nación se convirtieran en marionetas jurídicas del poder de la narco-política, la cual se infiltró en nuestras instituciones de procuración de justicia; como bien lo afirmara en algún momento un tibio Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Hasta cuándo debe soportar México a la narco-política?. ¿Hasta cuándo habrá un Poder Ejecutivo Federal con mimbres de varón para combatir ese cáncer que tanto desprestigia y daña a la República?. ¿Hasta cuándo serán vigentes las palabras de Webster?. ¿Hasta cuándo tendremos un gobierno despótico?
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
