Lilia Arellano
“La experiencia es la suma de nuestros desengaños”: Angúes
● Gobiernos estatales de Morena: violencia, pobreza y represión
● Veracruz: Cuitláhuac García exhibe su incapacidad e impericia
● Chiapas: ingobernabilidad y marginación con Rutilo Escandón
● Tabasco: Ley Garrote; cárcel a opositores con López Hernández
● Puebla: Miguel Barbosa decidido a evaporar al morenovallismo
Ciudad de México, 14 de octubre de 2019.- Los gobiernos estatales emanados del partido Morena no han mejorado las condiciones de vida de la población. Por el contrario, bajo su mandato se han incrementado los hechos delictivos, la violencia, la pobreza, el rezago económico y, lo que es peor, la represión a la población. Impera sobre todo la ingobernabilidad y se exhibe la incapacidad de los nuevos gobernantes, quienes se dedican a echarle la culpa a sus antecesores y cazar a sus adversarios políticos. También impulsan leyes las cuales les permitan la represión de sus rivales ideológicos, en el marco de nuevas normatividades contra las protestas y manifestaciones públicas inconformes con las administraciones estatales y federales. Intentan sobre todo borrar las huellas de la obra y aportaciones de gobiernos anteriores, y hasta realizan experimentos políticos tendientes a perpetrarse en el poder, como sucedió este domingo en Baja California.
VERACRUZ: INCAPACIDAD DE CUITLÁHUAC
El actual gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, ha demostrado ineficiencia e impericia política, así como una gran incapacidad para detener la violencia en la entidad, imperante desde el gobierno del priísta Javier Duarte, y seguido en el del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Además de encontrarse en los primeros lugares en el registro de ejecuciones y desapariciones, entre otros delitos, es, obviamente, uno de los estados más inseguros del país, con menor crecimiento económico, más pobreza y desempleo. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo ubican en el sexto lugar a nivel nacional en el número de homicidios dolosos, mientras muchos de los desaparecidos han sido encontrados en decenas de fosas clandestinas.
La violencia resentida en la entidad, ha llevado al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador a considerarla como uno de los estados prioritarios para la operación de los elementos de la Guardia Nacional (GN). En Veracruz fueron desplegados 4,800 elementos distribuidos en 8 coordinaciones. La GN comenzó a operar en el municipio de Minatitlán, luego de que un comando armado asesinara a 13 personas.
Veracruz ha sido el escenario de los crímenes más atroces atribuidos a los cárteles del narcotráfico, pues es punto clave en la distribución de drogas hacia Estados Unidos y el resto del mundo. En territorio veracruzano, de acuerdo a las autoridades estatales, operan al menos cinco cárteles: Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), “Zetas vieja escuela”, Cártel del Noroeste Z, Cárteles Unidos (cártel de Sinaloa unido con los Ántrax y Mando Sur Gente Nueva) y Jarochos Unidos.
Con el cambio de estafeta a Morena en el gobierno estatal, la violencia no ha disminuido, al contrario parece haberse agudizado. A esta situación contribuyó el enfrentamiento durante meses entre el gobernador morenista Cuitláhuac García y el fiscal estatal Jorge Winckler, el cual desembocó en la separación del cargo de este último, por carecer de “certificación” para ejercer su cargo, según alegaron los diputados de la bancada mayoritaria de Morena , el pasado 4 septiembre.
Los diputados del PAN trataron de detener la salida de Winckler, pues es uno de los suyos, el anterior gobernador Miguel Ángel Yunes fue quien propuso su nombramiento al Congreso en diciembre de 2016. Con votos del PAN, PRD y PRI, Winckler fue elegido para un periodo de nueve años, es decir, hasta 2025. Desde su nombramiento, García ha criticado cada movimiento del fiscal y no paró hasta destituirlo. Incluso llegó a denunciarlo ante la Fiscalía General de la República por ocultar presuntamente órdenes de captura contra delincuentes, y acusarlo de nexos con la delincuencia organizada.
Panistas amenazaron en el Congreso de la Unión de promover la desaparición de poderes en Veracruz, pero legisladores de Morena reviraron la posibilidad de ampliar esa figura hacia mandatarios de Guanajuato y Tamaulipas. El pleito artificial en el Poder Legislativo federal pudo desactivarse con la intervención de la secretaría de Gobernación. Sin embargo, la violencia no disminuye en la entidad y el gobernador exhibe un día si y otro también su incompetencia, como cuando al responder a una pregunta sobre la ejecución de una empresaria en Coatepec, señaló: “Qué bueno que están sobre esto. Cuando estaba Winckler sucedían cosas peores, lamentablemente, imagínate”… Bueno, peor, parece imposible, pero…
CHIAPAS: CRECE MARGINACIÓN, INGOBERNABILIDAD Y REPRESIÓN CON RUTILO ESCANDÓN
Organizaciones sociales del estado de Chiapas, gobernada por el morenista Rutilo Escandón, denunciaron este fin de semana, en un documento enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, la marginación se extiende en la entidad, las actividades económicas decrecen en lugar de prosperar, agravándose día con día la descomposición social, la pobreza y la conflictividad. La crisis más visible, subrayan, está en el área de la gobernabilidad, al perderse el principio básico de autoridad en diversos municipios y al quedar varias regiones como territorios dónde hace falta la aplicación de la ley.
La falta de oficio político, aseguran, ha aislado a los gobiernos de la población en general, y en especial de los actores sociales y políticos más dinámicos, de los cuales depende en última instancia la estabilidad social y la buena marcha de la economía. A escasos 10 meses del nuevo gobierno morenista, los chiapanecos y los mexicanos han visto incrementarse la protesta social y las revueltas contra autoridades municipales y estatales, el bloqueo constante de carreteras y casetas, la toma de presidencias municipales y oficinas de gobierno, el secuestro de servidores públicos, las peleas entre comunidades y pueblos, la expulsión y desplazamiento de familias, pero también la confrontación de poblaciones enardecidas contra las fuerzas públicas enviadas a reprimirlos.
Destacaron los casos más recientes: lo ocurrido en el municipio de las Margaritas, en donde el presidente Jorge Luis Escandón Hernández, fue amarrado y arrastrado debido al incumplimiento de compromisos con una comunidad, provocándose un grave enfrentamiento con saldo de varios heridos graves y 11 encarcelados; lo sucedido en Bochil, en donde la demanda de una obra pública de 4 comunidades, terminó en la confrontación de la población del lugar con la Guardia Nacional y la población estatal, dejando como saldo la muerte de un elemento de la GN, varios heridos y 4 personas encarceladas.
También lo acontecido en el municipio de Escuintla, donde la población inconforme con el presidente municipal y al ser desalojados con violencia por la fuerza pública, prendieron fuego al edificio de la presidencia, por lo cual fueron encarcelados 6 ciudadanos del lugar; ya antes se habían presentado hechos violentos parecidos en el municipio de Amatán, con el agravante de que ahí fueron asesinados los dirigentes sociales Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez. Asimismo, en Ixtapa pobladores han pasado situaciones igualmente violentas, y tensión social en los municipios de Oxchuc, Chilón y Chamula, donde existe un riesgo constante para la población.
La represión no se ha hecho esperar: los desalojos violentos empezaron en Solosuchiapa, en el mes de junio cuando habitantes del poblado Agustín Rubio Montoya, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), fueron desalojados del predio “Mina Santa Fe”, y encarcelaron a 20 campesinos.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la semana pasada una recomendación al gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón, por las condiciones de violencia, inseguridad, situación de riesgo constante y falta de protección en el municipio de Almada, donde debido a una disputa por posesión de tierras con el municipio de Chenalhó una persona de la comunidad de Tabak falleció y varias familias tuvieron que desplazarse a otras comunidades para refugiarse. El conflicto entre ambas demarcaciones tiene su origen en la disputa de 60 hectáreas, las cuales, tanto Aldama como Chenalhó aseguran que les pertenece, por lo que dese el año 2015 comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego, las cuales se intensificaron el año pasado.
La comisión detalló: “Para la CNDH, persiste una amenaza inminente contra las comunidades indígenas del municipio de Aldama que colindan con el municipio de Chenalhó, al permanecer bajo constantes ataques con armas de fuego (…)”.
Así está la Cuarta Transformación en Chiapas.
TABASCO: “LEY GARROTE”, CÁRCEL Y REPRESIÓN A OPOSITORES
El gobierno de Morena en Tabasco, encabezado por Adán Augusto López Hernández, se ha caracterizado por responder a opositores con cárcel y represión, incluso a quienes buscan empleos en la refinería a construirse en Dos Bocas. “Esto está violando las garantías de miles de mexicanos”, acusa la oposición en el Congreso local. López Hernández también se ha distinguido por una enorme sumisión al presidente Andrés Manuel López Obrador y al cumplimiento de sus deseos, incluso empleando a parientes directos del actual jefe del Ejecutivo federal.
Tal vez el hecho legislativo el cual dibuja de cuerpo entero a la administración de López Hernández es la aprobación de la llamada “Ley Garrote” en el Congreso estatal, a través de la cual puede encarcelarse a quienes realizan bloqueos en carreteras y obstruyan la obra pública y privada en Tabasco, particularmente pensada en no obstaculizar la construcción y puesta en operación de la refinería en la tierra natal del primer mandatario. Las reacciones de repudio en las redes sociales se dieron prácticamente de inmediato y la consideraron “represiva” y violatoria de las garantías individuales.
Militantes y dirigentes de oposición, así como representantes de la sociedad civil y organismos no gubernamentales manifestaron su sorpresa ante este dictamen, precisamente en el Congreso de la entidad natal de López Obrador, quien en territorio tabasqueño encabezó cientos de bloqueos a carreteras y pozos petroleros. La iniciativa en su parte medular contempla de 10 a 20 años de cárcel a quienes se manifiesten y bloqueen carreteras y también a quienes obstruyan obras públicas o privadas. Los tabasqueños consideran se atenta contra la libertad a manifestarse. El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) consideró represiva la iniciativa. Leonor Ramírez Bautista, presidenta de ese organismo, destacó: “lo más grave aquí es que se supone estamos en un gobierno de izquierda, la Cuarta Transformación, se supone que están muy preocupados y van a trabajar para el pueblo, pero con estas leyes nos queda claro que no es así”, subrayó.
El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, firmó: “no podemos aceptar garrote y cárcel como solución a las protestas sociales”, y convocó a las autoridades del gobierno a privilegiar el diálogo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló, a finales de julio pasado, esa ley es para “poner orden”. En su conferencia de prensa matutina indicó: “Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el principal de esta nueva legislación”.
A sólo tres días de haber sido aprobada por el Congreso y entre protestas ciudadanas, la “Ley Garrote” entró en vigor en Tabasco el pasado 1 de agosto, con lo cual aquellos que recurran a los bloqueos de obras públicas o privadas, como un medio de extorsión, podrían alcanzar hasta 20 años de cárcel. Los grupos opositores la consideran un atentado a la libre manifestación consagrada en la Constitución federal.
La sumisión de López Hernández a AMLO ha tenido sus recompensas, como el perdón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a una mega deuda de luz promovida por López Obrador cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco. La medida que incitaba a no pagar los servicios públicos y bancarios fue recomendada a los ciudadanos por el ahora titular del Ejecutivo federal, pues era una forma en la cual el político llamaba a sus simpatizantes a protestar tras haber perdido las elecciones ante el candidato priísta Roberto Madrazo. La deuda de luz de aproximadamente 500 mil tabasqueños ascendía a 11 mil millones de pesos y el pasado 15 de mayo fue condonada por la administración federal; además, para los habitantes de la entidad, se ha fijado la tarifa más baja de la nación tras argumentar se trata de una de las zonas más calurosas del país. ¿Y el resto del país?
PUEBLA: BARBOSA DECIDIDO A BORRAR EL MORENOVALLISMO
Al asumir, el pasado 2 de agosto, la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, inició el proceso de borrar el morenovallismo de la entidad, limpiando en todo el territorio poblano los colores partidistas del PAN y marcas en obras públicas, a través de las cuales el mandatario albiazul intentó perpetuarse en el poder. “El morenovallismo asumió prolongarse en el poder a costa de lo que fuera, y dejó marcas en vialidades, obras públicas, asignación de nombres sobre ellas, uso de colores partidarios en todo lo público, estadios, centros de convenciones, etcétera”, escribió el mandatario morenista. Algunas de las obras con esta marca son la Estrella de Puebla, el teleférico, los puentes atirantados, las estaciones de RUTA, centros de salud y hospitales, entre otras, identificadas por el color azul y blanco en piezas de talavera.
El mandatario postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) destacó al tomar posesión la deuda heredada por las dos administraciones pasadas asciende a 44 mil millones de pesos, por lo cual anunció auditorías para determinar responsabilidades, no sólo sobre esos pasivos, sino por los sobrecostos de obras públicas. Aseguró su gobierno se centrará en el combate a la inseguridad y la pobreza, y en erradicar la corrupción.
Barbosa generó polémica hace unos días al señalar que Dios castigó a quienes le robaron la elección en 2018, haciendo referencia a la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y a su esposo, Rafael Moreno Valle, quienes presuntamente murieron el 24 de diciembre de 2018, tras desplomarse el helicóptero el cual viajaban. Tras esos señalamientos, políticos del PAN exigieron ofreciera una disculpa pública, pero el mandatario morenista se negó y respondió: “Que se queden sentados”, pues, afirmó, no se disculpará por su dichos. Además acusó de rateros a los ex presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Sin duda, vienen tiempos difíciles para los ciudadanos poblanos.
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