ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
En un chat en el que participan distinguidos miembros del Foro, todos abogados de excelencia –no tinterillos como la mayoría de los que están bajo las órdenes de Alejandro Gertz, a quienes los jueces tienen que reprender cada vez que se presentan impreparados en los juzgados–, Iñaki Blanco, quien se desempeñaba como fiscal general de Justicia en el Estado de Guerrero, dio apenas su versión y opinión de los hechos que todos conocemos con el genérico Caso Ayotzinapa.
Le cedo el espacio, aclarando que los subrayados en negritas son del escribidor:
“Como resultado de los trabajos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, se vinculó a los hechos ocurridos la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, a 60 personas en calidad de sujetos activos de delitos cometidos en perjuicio de múltiples personas, entre ellas 43 jóvenes normalistas que resultaron desaparecidos. A diferencia de lo ocurrido con los imputados en distintos momentos por la Procuraduría General de la República (PGR), muchos de los cuales a la fecha han sido liberados por violaciones al debido proceso, todos los individuos que fueron consignados por la Representación Social de dicha entidad federativa, continúan en prisión, vinculados a proceso.
“Adicionalmente, resulta dable mencionar un dato que a la fecha es desconocido o soslayado por todos aquellos interesados en el análisis profuso, integral y objetivo del caso, esto es el operativo ministerial de rescate y resguardo de 68 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que se encontraron en lugares diversos de la localidad de referencia la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando aún no se sabía con certeza el número de jóvenes que se desplazaron al sitio en cuestión.
En ese orden de ideas, una vez más, estimo oportuno remitirme a la siguiente narrativa:
“La Fiscalía a mi cargo investigaba a la organización delictiva Guerreros Unidos desde meses antes de lo ocurrido en Iguala, en estrecha colaboración con la PGR, siendo instancia generadora y de intercambio permanente de información (nombres y posibles domicilios de algunos de sus integrantes —autoridades municipales, operadores o líderes de Los Tilos o Los Peques–, números telefónicos, hallazgo de fosas y un narcolaboratorio, exhumación de osamentas, declaraciones de testigos (Nicolás Mendoza Villa y Ernesto Pineda Vega) sobre el tema con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de mantener al tanto al Grupo de Coordinación Guerrero.
La noche de los hechos, fruncionarios federales fueron enterados
“La noche del 26 y las primeras horas del 27 septiembre de 2014, se actuó con inmediatez en la atención del asunto. Entre las acciones que se delinearon o implementaron al conocer de la agresión contra los normalistas destaca el intercambio de información con instancias o funcionarios públicos federales y estatales, tales como el delegado del CISEN, el delegado de la PGR, el encargado de la Coordinación de la PF y mandos de la Novena Región Militar.
“La representación social estatal intervino al momento en que tuvo conocimiento de la noticia criminal. Así las cosas, a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, un médico de guardia del Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo del ingreso de tres personas lesionadas, una de ellas en calidad de desconocida, por lo que se radicó el expediente respectivo.
“Fue hasta poco antes de esa hora que se me hizo saber por vía telefónica que se había suscitado un incidente (enfrentamiento o balacera) en la referida ciudad, en la que al parecer, estaban involucrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución ministerial no era parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por lo que no contó con información en tiempo real.
La policía municipal recibió órdenes de detener a los jóvenes
“No obstante lo anterior, hay que destacar las tareas de rescate y resguardo de más de 60 estudiantes que huían o se encontraban escondidos, en un intento por ponerse a salvo de los elementos de la policía municipal que los agredieron, tal como lo constató personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como las acciones que llevaron a determinar la identidad, en un primer momento, de 22 agentes de dicha corporación en calidad de probables responsables de los hechos, entre los cuales sobresale el trabajo pericial (pruebas de Harrison/Rodizonato y Lunge) que permitió concluir que los citados sujetos accionaron sus armas contra los normalistas y que existían correspondencias entre algunos de los elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de los policías.
“En este punto, resalta lo relativo a la manifestación llevada a cabo por un grupo de transportistas (transporte colectivo o taxis) y “policías comunitarios” que en actitud hostil, la tarde del 27 de septiembre exigieron a la Fiscalía General que se liberara al total de los policías municipales que fueron presentados en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal, por lo que a fin de evitar un incidente de consecuencias mayores (enfrentamiento), la autoridad ministerial determinó la retención y el traslado de 22 de dichos elementos a la ciudad de Acapulco para su posterior consignación.
“Tampoco debe olvidarse que como resultado de los trabajos de la Fiscalía General, el 3 de octubre se obtuvieron señalamientos por parte de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala en contra de Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, en el sentido de que fue éste quien ordenó la detención de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que se procedió a elaborar su consignación.
José Luis Abarca fue citado a declarar, pero no se presentó
“En aquellos días, la representación social estatal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de cateo para ingresar a distintos domicilios, entre ellos el del expresidente municipal José Luis Abarca, y obtener indicios, huellas o instrumentos de delito que permitieran robustecer las líneas de investigación con que contaba, lo cual trajo consigo la detención de Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Honorio Antúnez Osorio, El Patachín; Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, todos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes aportaron datos relevantes por cuanto hace a la mecánica de los hechos acontecidos en Iguala.
“Con motivo de lo expuesto, en los días siguientes, la Fiscalía General amplió el ejercicio de la acción penal contra 11 personas, lo cual dio un total de 33 personas consignadas, destacando entre ellas el expresidente municipal José Luis Abarca y el exsecretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez.
“Cabe subrayar que el 1 de octubre de 2014, la representación social solicitó la comparecencia de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, a efecto de que declarara respecto a los hechos acontecidos en esa localidad los días 26 y 27 de septiembre, sin que se hubiese atendido tal prevención, por lo que se giró la orden de localización y presentación respectiva. El mandamiento ministerial no tenía, en modo alguno, el alcance de privar de la libertad a la persona en cuestión, dado que en la citada fecha no existían señalamientos directos para establecer si tuvo algún grado de participación en la agresión perpetrada contra los normalistas y porque gozaba de fuero constitucional.
“La Constitución del Estado de Guerrero especifica quiénes son los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad política, entre los cuales se encuentran los presidentes de los ayuntamientos; asimismo, establece como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos la declaración de procedencia ante el Congreso local, ya que de lo contrario se actualiza una de las hipótesis previstas en el Código Penal de la mencionada entidad federativa para la acreditación del delito contra la administración de justicia.
Abarca fue desaforado por el Congreso, para luego consignarlo
“Con fundamento en lo dispuesto por la enunciada Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la Fiscalía General presentó y ratificó solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso Estatal, al igual que juicio de revocación de mandato, en contra del alcalde Abarca Velázquez, y una vez que se determinó procedente esta última promoción, se notificó tal resolución al Ministerio Público para los efectos legales a que hubiese lugar, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de la enunciada persona en calidad de probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, siendo obsequiado el mandamiento judicial de captura por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y cumplimentado días después.
“Derivado de nuestras investigaciones también se conoció el nombre de 25 sujetos que conformaban el grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Iguala, conocido como Los Bélicos, lo que da un aproximado de 60 personas identificadas como implicadas en carácter de responsables de los hechos de los más de cien que hoy están sujetas a proceso.
“Hasta donde hoy se sabe, particularmente de la lectura de la averiguación previa que se ha hecho pública por parte de la Procuraduría General de la República e incluso de los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la fecha no existen señalamientos certeros o contundentes en el sentido de que personal de la Fiscalía General haya prestado algún tipo de auxilio a los grupos criminales implicados en los hechos.
La lista de los entonces desaparecidos se redujo a 43
“Por otra parte, es importante mencionar que las tareas de búsqueda de los estudiantes por parte de la Fiscalía fueron permanentes desde el primer momento y que en ellas intervinieron de manera coordinada autoridades federales (PGR, PF, Ejército y Marina) y estatales (SSPE), porque ahora, pareciera, nada se hizo para encontrar y resguardar a las víctimas directas; cuando lo cierto es que siempre existió un objetivo común en ese sentido, a pesar de que fueron días de mucha confusión sobre el tema, sobre todo en lo relativo al número de no localizados o desaparecidos.
“Como ya se mencionó, en las primeras horas del 27 de septiembre, elementos de la Policía Ministerial rescataron a 68 estudiantes, tal como consta en el reporte de incidencias respectivo, siendo hasta varias horas después, esto es por la tarde del citado día, que algunos de los representantes legales de las víctimas directas e indirectas hicieron entrega de un listado de los normalistas que no aparecían.
“El listado de más de 60 estudiantes desaparecidos en principio, se redujo a 58, había algunos nombres repetidos, y posteriormente, esto fue el 30 de septiembre, se informó que fueron ubicados 14 alumnos, seis de ellos en sus casas, siete en la escuela y uno más sin vida (Julio César Rodríguez Ventura), además de advertirse que había un nombre duplicado o equivocado (Benjamín Ascencio Bautista, quien aparecía como Benjamín Acergo Bautista), siendo entonces cuando surgió el número 43, hoy por todos conocido, esto es varias horas después de ocurridos los hechos, sin que hasta antes de ello existiese información consolidada o fehaciente en ese sentido, pues ni las autoridades de la normal rural, ni los representantes legales contaban con una cifra exacta o certera del número de jóvenes que acudió a Iguala y el número que se encontraba en calidad de no localizados o desaparecidos.
El mismo Iñaki Blanco declaró ante la PGR y ante legisladores
“Debe tenerse presente que fue hasta el 28 de septiembre que se interpuso una denuncia por desaparición de personas, en agravio de 57 estudiantes de Ayotzinapa, y que no obstante ello, la Fiscalía General ya había iniciado un acta circunstanciada sobre el tema, por lo que se instrumentaron las tareas de búsqueda correspondientes.
“El propio abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, reconoció en una entrevista que concedió días después de los hechos que primero se buscaron a 57 a normalistas, que de esa lista había un nombre duplicado y que se agregó a un estudiante más como desparecido, el cual se creyó que estaba con su familia.
“’Hay dificultades en los primeros días. Estamos hablando del día 28, 29, hasta 30 todavía tenemos dificultades para reagrupar a los estudiantes. Todos los de primer año que estuvieron en los hechos, es difícil poder reagruparlos, porque muchos de los sobrevivientes se fueron a sus casas, el recuento estaba siendo difícil. Entonces, el primer recuento que tenemos es de 57 estudiantes desaparecidos, incluso la denuncia penal que se interpone en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero es con ese número y como prueba se dan los expedientes escolares de ellos, en los que aparecen sus certificados y boletas, y esas son las fotos que hoy están circulando’, afirmó el abogado Rosales.
“Añadió dicho abogado que hasta el 30 de septiembre se tuvo el número exacto de normalistas desaparecidos y que hubo dificultad para reconocer el cuerpo de Julio César Ramírez Nava, así como un nombre estaba duplicado en la lista de los 57 estudiantes.
“Resta decir que rendí declaración ministerial y ampliación de la misma ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, en los momentos en que fui requerido para tal propósito y que comparecí en tres ocasiones ante las Comisiones Legislativas creadas a nivel estatal y federal para el seguimiento del caso, a pesar de que en la última de las mismas ya no era servidor público y no existía imperativo legal para ello.
“Aun cuando a la fecha hay quien no lo recuerda, la Fiscalía a mi cargo, elaboró un informe integral sobre el caso que se hizo público en conferencia de prensa y mediante su entrega a diversos medios de prensa, en el cual se detallan las acciones llevadas a cabo por dicha institución en la atención del asunto de mérito.
“El tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre, por el contrario, la verdad siempre se abre camino, por lo que más temprano que tarde sabremos en forma fehaciente e indubitable qué ocurrió aquella fatídica noche en la ciudad de Iguala.”
Hasta aquí el abogado Iñaki Blanco, quien apenas declaró que la PGR de Jesús Murillo Karam le pidió declarar en contra del gobernador Ángel Aguirre, con la finalidad de señalarlo de presuntos vínculos con el narcotráfico.
En entrevista en Milenio Tv, el ex fiscal estatal aseguró que días después de la reunión en la que supuestamente se “fraguó” la llamada “verdad histórica”, la PGR incluso intentó consignarlo ante un juez.
Los enredos no aún no terminan.
Ya lo verá usted.
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